Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 52469304-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
4339/2024 ARGENSUN SA (TF 52469304-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, mayo de 2024.
1. Que, por resolución del 19/9/23, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones AD CAMP 64 y 65 del 2023, recaídas en las actuaciones SIGEA 19144- 758-2020 y 19144-885-2020, en cuanto habían denegado la devolución de la suma total de $287.702,59, abonada en concepto de derechos de exportación, en los términos del decreto 793/18 y con relación a los permisos de embarque 18008EC01009329T y 18008EC01008068.
Para así resolver, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden porque entendió que la actora pudo tener motivos para litigar como lo hizo, fundándose en la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. pp. 250-254 de la versión digital del expediente TF 52469304-A, remitida con el oficio del 4/4/24).
2. Que, disconforme, el Fisco Nacional interpuso y fundó recurso de apelación el 31/10/23, que se concedió el 7/11/23 y fue replicado el 22/11/23 (v. pp. 257-262, 276 y 334-349, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, por su parte, la actora interpuso apelación el 1/11/23, que se concedió el 7/11/23, se fundó el 22/11/23 y fue replicada el 19/2/24 (v. pp. 272, 276, 287-318 y 323-327, expte. cit.).
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por el Máximo Tribunal en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
También planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista para los supuestos de repetición en la resolución ME 559/22 porque, al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanzaba a cubrir la inflación y lesionaba su derecho de propiedad.
4. Que, el 7/5/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
5. Que las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24619189-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31/5/22; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución del 19/9/23, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el artículo 1° del decreto 793/18 por el período comprendido entre su fecha de entrada en vigor (BO 04/09/18) y hasta el 4/12/18 —momento en que cobró vigencia la ley 27.467 que otorgó rango legal a su contenido—, y admitir la devolución del importe en pesos abonado por tal concepto con relación a las destinaciones de exportación 18008EC01009329T y 18008EC01008068S, oficializadas el 17/10/18 y el 6/9/18 respectivamente (v. pp. 89 y 154, expte. cit.); más los intereses previstos en el artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
6. Que se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado, sustancialmente vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial examinar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 14/4/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 4/4/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 4339/2024 ARGENSUN SA (TF 52469304-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia