Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 85317166-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(i) admitir los agravios de la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos en el decreto 793/2018; (ii) reconocer el reintegro de los derechos de exportación abonados al oficializar la destinación identificada con el permiso de embarque 18078EC01001539 V; y (iii) imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
39432/2023 ARGENSUN SA (TF 85317166-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “ARGENSUN SA (TF 85317166-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (i) rechazar las defensas de nulidad de notificación y cosa juzgada formuladas por la parte actora y demandada, respectivamente, y (ii) confirmar —con costas por su orden— la resolución nº 7/2022, emitida por la Aduana de San Rafael, en virtud de la cual se rechazó la acción de repetición por derechos de exportación, con fundamento en el decreto 793/18, solicitada en el marco de una operación identificada con el permiso de embarque 18078EC01001539V, oficializada con fecha 12/12/2018 (v.
pronunciamiento del 29 de marzo de 2023).
II. Para así decidir, los Dres. González Palazzo y Juárez entendieron aplicable la doctrina legal fijada en el Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”.
El Dr. Soria sostuvo que no resulta aplicable el límite temporal dispuesto en el art. 3º del acuerdo plenario dado que, al entrar en vigencia la ley 27.647 el 4/12/2018, en lo que al caso importa, desapareció la cuestión referente a la constitucionalidad del decreto 793/18 planteado por la actora, conforme el precedente de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica” que invocó. Ello así, y atento a que el permiso de embarque fue oficializado el día 12/12/2018, los derechos de exportación correspondiente a esa operación fueron abonados encontrándose vigente la ley 27.467 (B.O. 4/12/2018) que ratificó los derechos de exportación previstos en el decreto cuestionado.
III. Disconforme, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que debidamente fundado fue contestado (v. presentaciones digitales del 11 de mayo, 1º de junio y 25 de julio del 2023). Sus quejas pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) Corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica” para resolver el caso. (ii) El Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación sin que existiera una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; ya que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”.
(iii) Resulta indudable que, no habiendo una clara política legislativa, el Poder Ejecutivo no tenía facultades para fijar derechos de exportación. En primer lugar, porque la delegación legislativa en materia tributaria no está permitida. En segundo lugar, porque la creación de un derecho de exportación no es una materia de administración. Y, en tercer lugar, porque, admitiéndola de modo absolutamente excepcional, no existía, a esa fecha, ninguna ley que delimitara una clara política legislativa en concordancia con la manda prevista en el art. 76 de la Constitución Nacional.
(iv) En esta línea, los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo que aquí se cuestionan, violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria. (v) Siguiendo los lineamientos del Alto Tribunal en el precedente mencionado, los derechos de exportación adquieren virtualidad recién a partir de la vigencia de la ley 27.467 que ratificó el decreto, a la vez que determinó mediante una clara política legislativa, la posibilidad del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 39432/2023 ARGENSUN SA (TF 85317166-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Poder Ejecutivo de modificar exclusivamente la alícuota de los derechos de exportación y con expresa limitación del máximo en dicho parámetro. (vi) La “ilegitimidad de los derechos de exportación impuestos por normas extra-legales, se limita al período en que no fue ratificada por una Ley del Congreso y que la ratificación de una norma constitucionalmente inválida, sólo puede operar para el futuro.”
IV. Los agravios de la firma actora encuentran una adecuada respuesta en las consideraciones y conclusiones desarrolladas por esta Sala I en supuestos sustancialmente análogos. Los que llevan a admitir el recurso interpuesto por la parte actora (causas nº 13.061/22 “Newsan SA (TF 9748062-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 2/2 /23, nº 37.320/22 “Newsan SA (TF 09753823-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/5/23, n° 46.839/22 “Newsan SA (TF 15215523-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 11/5 /23, nº 69.725/22 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 24608890-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo”, del 6/6/23, nº 72.150/22 “Minera Santa Cruz SA (TF 55646542-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, y nº 9009/23 “Minera Santa Cruz SA (TF 75753886-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 4/7/23, nº 30183/23 “Xeitosiño SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 26/9/23).
Pronunciamientos en los cuales, este tribunal, por aplicación del precedente “Camaronera Patagónica” de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Esto quiere decir que, al dictar el decreto 793/18, el Poder Ejecutivo Nacional ejerció una potestad de la que carecía, resintiendo el diseño del orden constitucional vigente.
Resta señalar que, el decreto 793/2018 fue ratificado por ley posterior, en el caso, la ley 27.467 denominada “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional 2019” (B.O. 4/12/2018). Lo que hizo, en su art. 82, que entró en vigencia después de los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial (conf. art. 5 del CCyC; esta sala, causas nros. 34604/2023 “Lindal Argentina SA” y 41959/2023 “Bayer SA”, pronunciamientos del 7 de noviembre y del 22 de diciembre de 2023, respectivamente).
En igual sentido, se expidió la Sala II, en tanto concluyó que la ley la ley 27.467 “no tiene efecto retroactivo y carece de eficacia para ello, pues rige para el futuro. El aludido art. 82 de la ley 27.467 entró en vigencia a partir de los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial (art. 5º del C.C. y C.N.)” (causa nº 22524/2023 “Xeitosiño SA”, pronunciamiento del 11 de julio de 2023).
V. En consecuencia, corresponde declarar la invalidez del derecho de exportación, previsto sin sustento legal, por el decreto 793/18, y reconocer el derecho de la firma actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados al oficializar las destinación identificada con el permiso de embarque 18078EC01001539 V, con fecha 12/12/2018. La devolución debe efectuarse en pesos, en atención a lo determinado en el pronunciamiento de la Corte Suprema en el precedente “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 15 de mayo de 2014 (consid. 8°); y toda vez que de la compulsa de las actuaciones administrativas se observa que el tributo cuyo restitución se reconoce fue abonado en pesos (en igual sentido, esta sala, causa nro. 29.530/2014 “Siderca SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de febrero de 2016, y sus citas).
A dichas sumas, deberán adicionarse intereses a partir del 9 /1/2020, fecha en que interpuso el reclamó de repetición, con arreglo al art. 811 del CA, y hasta su efectivo pago. Asimismo, de acuerdo con el art. 812 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 39432/2023 ARGENSUN SA (TF 85317166-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del CA, corresponde aplicar la tasa de interés prevista en el art. 4° de las resoluciones Ministerio de Hacienda 598/2019 y Ministerio de Economía 559/2022 y 3/2024. Todo ello, según la vigencia temporal de esas normas con arreglo al art. 9º de la resolución 559/2022 y 10 de la resolución 3 /2024.
VI. En atención al modo en que se decide, las costas de ambas instancias deben imponerse a la parte demandada por resultar sustancialmente vencida (conf. arts. 68, párrafo primero, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de lo expuesto, VOTO por: (i) admitir los agravios de la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos en el decreto 793/2018; (ii) reconocer el reintegro de los derechos de exportación abonados al oficializar la destinación identificada con el permiso de embarque 18078EC01001539 V; y (iii) imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
El juez Rodolfo Eduardo Facio adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: (i) admitir los agravios de la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y declarar la inconstitucionalidad de los derechos de exportación establecidos en el decreto 793/2018; (ii) reconocer el reintegro de los derechos de exportación abonados al oficializar la destinación identificada con el permiso de embarque 18078EC01001539 V; y (iii) imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia