Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.630-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el artículo Nº 1 de la Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12591-329-2009, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29). Costas a la actora.
2Confirmar parcialmente el artículo 2° de la referida Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29), con más los intereses devengados desde el 05/05/2011. Costas por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 30% a cargo del Fisco y un 70% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-34824640-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Abril de 2024 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dr. Pablo A. Garbarino y Dr. Christian M. González Palazzo, a efectos de resolver el expediente N° 35.630-A, caratulado “ARGENTOIL SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/20 se presenta la firma ARGENTOIL S.A. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 871 (AD LAPL) de fecha 15 de diciembre de 2014 en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12591-329-2009, por la cual se la intima al pago de la suma de pesos $132.629,45.- por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del Código Aduanero, y por la que, asimismo, se le exige la suma de $132.629,45.- en concepto de tributos, todo ello en relación a la destinación de importación temporaria DIT Nº 07 033 IT11 001419 G. La firma importadora manifiesta que, con fecha 24 de octubre de 2008, se presentó en concurso preventivo ante el Juzgado Civil, Comercial y Minas N°1 de la Ciudad de San Luis, y que se habría decretado la apertura del mismo el día 31 de octubre de 2008. Que el reclamo de la Dirección General de Aduana (DGA) debió formularse ante dicho juzgado, conforme lo dispuesto por el art. 32 y concordantes de la LCQ, atento que la cuestión en trato quedaría sometida a las normas fijadas por la Ley 24.522 y Res. ANA 1645/94. Que la Aduana debió verificar su crédito, dentro del plazo establecido por la ley concursal. Que conforme los términos del art. 56 LCQ, la demandada contaba con dos años para impulsar dicha verificación desde la presentación en concurso, y al no efectuarlo, procede la prescripción de la acción de la Aduana respecto al crédito objeto de reclamo. Asimismo, sostiene que el servicio aduanero ha incurrido en un error en la liquidación, cuestionando la inclusión de los rubros Impuesto a las Ganancias e IVA adicional en la determinación de la multa. Además cuestiona la alícuota utilizada para la percepción del Impuesto a las Ganancias, señalando que corresponde un 3%. Ofrece prueba documental e informativa. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución aduanera, con expresa imposición de costas.
II. Que oportunamente, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocado por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Afirma que, de las constancias del expediente, surge que la actora no habría cumplido con la reexportación total de los insumos importados entes del vencimiento del plazo de la importación temporaria. Destaca que la carga de la prueba recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente que ha cumplido con las obligaciones propias del régimen dentro del plazo legal otorgado, y que no lo ha hecho en el marco de las actuaciones administrativas. Por ello, merece el reproche infraccional en los términos imputados por la DGA. Afirma la procedencia del derecho adicional, IVA Adicional y Ganancias. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12591-329-2009 se inicia con la Nota N° 653/09 de fecha 11/09/09, que establece que la firma Argentoil SA no habría cumplido con la reexportación/ nacionalización de la mercadería objeto del régimen, antes de la fecha de vencimiento 10/07/2008. A fs. 4 se encuentra la carpeta de la destinación 07 033 IT11 001419 G. A fs. 6 obra determinación de multas y tributos. A fs. 9 se dispone la instrucción del sumario, y se corre vista de lo actuado a la firma importadora, citando además a la garante Chubb Argentina de Seguros S.A. A fs. 12 se encuentra acuse de recibo de notificación dirigido a Argentoil S.A., notificada con fecha 05/05/2011. A fs. 16/18 y 22/23 la importadora y la compañia de seguros presentan sus respectivos descargos. A fs. 31 se encuentra informe sobre composición del crédito. A fs. 36/37 obra copia certificada de la póliza N° 593802. A fs. 47/49 se encuentra Dictamen N° 648 de fecha 15 de diciembre de 2014. A fs. 50/54 se dicta la Resolución N° 871 (AD LAPL) de fecha 15 de diciembre de 2014, apelada en autos.
IV. Que en primer lugar, analizaré la excepción de prescripción de la acción del Fisco interpuesta por la apelante, en razón de lo establecido en el art. 56 de la LCQ.
Se agravia la recurrente manifestando que se presentó en concurso preventivo ante el Juzgado Civil, Comercial y Minas N°1 de la Ciudad de San Luis, con fecha 24 de octubre de 2008, y que se habría decretado la apertura del mismo el día 31 de octubre de 2008. Que la Dirección General de Aduana debió peticionar la verificación del crédito reclamado, ante dicho juzgado, conforme lo dispuesto por el art. 32 y concordantes de la LCQ, atento que la cuestión en trato se encontraría sometida a las normas fijadas por la Ley 24.522 y Res. ANA 1645/94, debido al estado concursal de la apelante. Que la demandada no habría cumplido con la verificación referida dentro del plazo de dos años desde la presentación en concurso, conforme los términos del art. 56 LCQ, por lo que peticiona la prescripción de la acción de la Aduana respecto al crédito objeto de reclamo.
Que corresponde señalar que, para la determinación tributaria, no resultan aplicables los plazos de prescripción previstos por la referida ley 24.522 (Ley de Concursos y Quiebras), en tanto que la procedencia de los tributos y sus accesorios en materia aduanera, y con ello su plazo de prescripción y el procedimiento tendiente a aplicar, percibir y liquidar tributos, se rigen por una normativa específica -la aduanera- y es ésta la que debe prevalecer. Que el propio CA regula la forma de extinción de las obligaciones tributarias con exclusión de otras normas de fondo, por lo que su procedimiento no puede verse afectado por las disposiciones de la ley 24.522, que carece de fuero de atracción en esta materia.
Que, tratándose de normas de igual jerarquía dictadas por el Congreso de la Nación en ejercicio de facultades que le son otorgadas por la Constitución Nacional, ante un conflicto normativo debe aplicarse aquel texto legal que regule específicamente el tema que se pretende abarcar.
Que la especialidad de la ley tributaria, con exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos pronunciamientos, en los que se expresó que respecto a la determinación tributaria, la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión y la posibilidad de apelar ante los tribunales federales (conf. Hilandería Luján S.A.", del 30/9/86; Casa Marroquín S.R.L.", del 31/3/87); la ley concursal sólo debe ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero, como ya se anticipara, ello no veda al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (Gregorio c. Cosimatti, sentencia del 09/04/87), excluyendo de ese modo la competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.
Que, en definitiva, la prescripción de la acción del Fisco para determinar su crédito, debe regirse por lo dispuesto en los arts. 803 y ss del CA.
Conforme lo expuesto, se rechaza la excepción de prescripción opuesta por ARGENTOIL S.A., en los términos del art. 56 de la Ley 24.522.
V. Sentado lo precedente, corresponde dilucidar en autos si la resolución apelada se ajusta a derecho, en lo que ha sido materia de recurso.
Que no resulta controvertido que, mediante la destinación de importación temporaria Nº 07 033 IT11 001419 G , la firma importadora ARGENTOIL S.A. documentó el ingreso de insumos -tornos- correspondiente a la P.A. 8458.11.99.000E por una cantidad de 1 unidad, al amparo del régimen conforme decreto 1439/96, por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó en 10/07/2008.
Que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia – conf. artículo 250 CA – o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del CA.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa – Res. ANA 127/92 y sus modificatorias –, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir – en principio – constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la mercadería en cuestión, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados. Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los referidos documentos aduaneros que permitan acreditar la cancelación de la mercadería sometida al régimen suspensivo (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que en autos, al presentar su descargo en la instancia administrativa, como al momento de interponer el recurso de apelación, la apelante no ha brindado ningún elemento probatorio que acreditara la exportación de la mercadería importada temporalmente, previo al vencimiento de la destinación, que operó el día 10/07/2008, como tampoco ha demostrado haber gestionado la nacionalización de tales insumos, conforme los términos del régimen al cual se acogió voluntariamente.
En efecto, la parte actora no ha desvirtuado lo denunciado por la demandada, por lo que cabe concluir que se encuentran suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero, respecto de la falta de cancelación de la mercadería importada temporariamente, incurriendo así la firma importadora ARGENTOIL S.A. en la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la destinación temporal 07 033 IT11 001419 G.
VI. En consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
VII. Que corresponde entonces practicar liquidación de la mercadería en infracción, a efectos de determinar los tributos y multa adeudados en relación a lo cual, cabe aclarar, que no resultan procedentes las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias.
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA”; fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos. Que, en función a lo expuesto, corresponde practicar la siguiente reliquidación:
Item 1 (1 unidad)
Valor en Aduana USD 70.254,82 Derechos de Importación (28%) USD 19.671,34 Tasa de Estadística (0,5%) USD 351,27 Base IVA USD 90.277,43 IVA (21%) USD 18.958,26 TOTAL TRIBUTOS USD 38.980,87 – TC 3,018 (fs. 6 AA) = $ 117.644,29 TOTAL MULTA (graduación una vez) $ 117.644,29 Que, conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Confirmar el artículo Nº 1 de la Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12591-329-2009, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29). Costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 2° de la referida Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29), con más los intereses devengados desde el 05/05/2011. Costas por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 30% a cargo del Fisco y un 70% a cargo de la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar el artículo Nº 1 de la Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12591-329-2009, en cuanto impone la pena de multa, la que asciende a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29). Costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 2° de la referida Resolución Nº 871/14 (AD LAPL), en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 29/100 ($117.644,29), con más los intereses devengados desde el 05/05/2011. Costas por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 30% a cargo del Fisco y un 70% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. John Ryan Lussich (20-92016182-1). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2024.04.03 12:51:19 -03:00 Date: 2024.04.08 00:14:50 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.08 00:14:51 -03:00
Fin de la sentencia