Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 36.988-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $453.949 (Pesos cuatrocientos cincuenta y tes mil novecientos cuarenta y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 181.579 (Pesos ciento ochenta y un mil quinientos setenta y nueve) por la representación procesal, los que quedan a cargo de Arguay S.A, teniendo en cuenta a tales fines, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y la tarea desarrollada por el ente Fiscal, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 421.150 (Pesos cuatrocientos veintiún mil ciento cincuenta) por el patrocinio letrado y de $ 168.460 (Pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de Claudia Raquel Supeña, teniendo en cuenta a tales fines, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y la tarea desarrollada por el ente Fiscal, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-83722108-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Agosto de 2022 “ARGUAY S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado”
En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. Nº 36.988-I (y acumul. Nros. 36.989-I, 47.394-I y 47.778-I), caratulado “ARGUAY S.A. s/recurso de apelación - Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado”
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 17/23 y fs. 110/116 Arguay S.A. interpone recurso de apelación contra las resoluciones N° 186/2012 (DV RRLP) y N° 187/2012 (DV RRLP) ambas de fecha 31 de agosto de 2012 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinó de oficio su obligación impositiva en los Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2009 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 02/2007 a 01/2009 con más intereses resarcitorios, y se le aplicaron sendas multas equivalentes al 70% de los impuestos omitidos según el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.)
A fs. 214/228 Arguay S.A. apela la resolución N° 185/2016 (DV RRLP) de fecha 27 de septiembre de 2016 dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se determinó su obligación impositiva en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2013 con más intereses resarcitorios, y se le aplicó una multa equivalente a tres veces el impuesto omitido en conformidad con los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). A fs. 294/308 Claudia Raquel Supeña interpone recurso de apelación contra la resolución N° 329/2016 (DV RRLP) de fecha 28 de diciembre de 2016 dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional La Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por la que se determinó su obligación en el carácter de responsable solidaria de la contribuyente Arguay S.A. por las deudas determinadas en los Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2013 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/2011 a 07/2013 con más intereses resarcitorios y se le aplicaron multas equivalentes a tres veces el Impuesto a las Ganancias omitido en el período fiscal 2013 y el Impuesto al Valor Agregado omitido en los períodos fiscales 02/2012 a 07/2013 según los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), mientras que por los períodos 06/2011 a 01/2012 del Impuesto al Valor Agregado y por el período fiscal 2012 del Impuesto a las Ganancias se dejo en suspenso la aplicación de sanción en los términos del art. 20 de la ley Nº 24.769. Expone que durante fiscalización aportó la información y la documental referida a la depuración de las acreditaciones bancarias analizadas, sobre el circuito financiero y la registración contable del préstamo efectuado por los socios, y también copias de los resúmenes bancarios.
Indica que en las resoluciones N° 186/2012 y N° 187/2012 se cuestionó el préstamo otorgado luego de examinar la situación del socio Aníbal Suarez, quien poseía los fondos con origen en dinero ahorrado producto de su trabajo y la venta de dos inmuebles. Agrega que en respaldo, acompañó dos contratos de mutuos y Actas de Directorio en las que se aprobó el citado préstamo, por lo que se agravia de que se entendió que no se probó el origen del dinero declarado en sus declaraciones juradas del Impuesto sobre los Bienes Personales ni su capacidad económica-financiera y se consideró que se trataba de un incremento patrimonial no justificado.
Se queja de que no se hayan reconocido los importes aportados por el socio ni el acrecentamiento de la deuda declarada.
Sobre las multas impuestas con sustento en el art. 45 de la ley de procedimiento manifiesta su disconformidad. En lo que hace al ajuste practicado en la resolución N° 185/2016 informa que se cuestionaron las operaciones celebradas con los proveedores Pivot S.A. y Pivot S.R.L. por entender que habían sido respaldadas con documentación apócrifa, cuando se trataba de facturas validas que habían sido generadas por imprentas autorizadas, las transacciones fueron canceladas con cheques y obran también recibos. Niega que se trate de actos simulados y que las adquisiciones impugnadas no se relacionaban con su actividad.
Apunta que cumplió con sus obligaciones en lo que se refiere a sus registros contables, y documentación de respaldo: facturas, remitos, cheques, retenciones y constancias emitidas por AFIP, sin que tampoco corresponda encuadrar su accionar en el art. 46 de la ley de procedimiento fiscal.
Por último, la Presidenta Claudia Raquel Supeña al exponer sus agravios respecto de la determinación de su responsabilidad solidaria reitera los argumentos esgrimidos por la empresa al deducir el recurso de apelación contra la resolución N° 185/2016.
Ofrecen únicamente prueba documental y por los argumentos que desarrollan y la jurisprudencia citada piden que, oportunamente se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 58/71, 132/142, 247/255 y 358/367 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Hace saber que se constató que la recurrente consignó un pasivo en el rubro “otras deudas” de los Balances Contables de los ejercicios 2008 y 2009 por los importes de $306.500 y $ 1.210.000 con Notas a los Estados Contables sobre su composición, en el caso del ejercicio 2008 como “Socio 2 Cuenta Particular” y en el ejercicio 2009 como “Socio Suarez Cuenta Particular”. Expresa que debido a la falta de documental sobre la deuda, se relevó la situación del socio sin que se pudiera avalar que contaba con medios pecuniarios ni el origen del patrimonio declarado, razón por la cual se aplicó el art. 18 inc. f) de la ley de procedimiento tributario para acordar el tratamiento de incremento patrimonial no justificado.
Remarca que la actora no expuso agravios contra los restantes ajustes efectuados, como son el cálculo de intereses presuntos sobre el excedente de los honorarios aprobados, la duplicidad del registro de comprobantes y gastos no deducibles.
En lo que hace a las multas por omisión recalca que no expuso agravios concretos por lo que entiende que fueron consentidas, a lo que añade que se configuraron los elementos objetivo y subjetivo que ameritan su imposición al haber incurrido en una conducta omisiva negligente y culpable.
Respecto del siguiente ajuste describe que se verificaron inconsistencias vinculadas a los proveedores Pivot S.A. y Pivot S.R.L. que hicieron concluir que se trataba de proveedores inexistentes, por ende al registrar las operaciones la apelante las simuló con la finalidad de deducir gastos ficticios.
Señala que se observó que los recibos exhibidos informaban pagos realizados con cheques con numeración correlativa, sin indicar importes y sin especificar las facturas que cancelaban, a lo que se agrega que además no se pudo identificar a los cobrantes, entre otras irregularidades sobre las que remite a la resolución recurrida. Describe las tareas desarrolladas por la inspección y repara en que el cargo se sustento en indicios graves, precisos y concordantes que no fueron rebatidos.
Con relación a la multa aplicada según los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) distingue que la firma recurrente consignó en sus registros contables, en función de facturas apócrifas, gastos inexistentes, lo que afectó seriamente la materia imponible al exteriorizar un impuesto menor al que correspondía. Sobre la determinación de la responsabilidad solidaria de Claudia Raquel Supeña alega que se acreditó, lo que no fue controvertido, que revestía el carácter de Presidente de Arguay S.A. con efectiva injerencia en su destino societario durante los períodos involucrados, por lo que también pide que se confirme la procedencia de la sanción.
Sobre los intereses resarcitorios pide que sean convalidados al responder a lo prescripto en el art. 37 de la ley Nº 11.683 -t.o. 1998 y mod.- y no haber sido objetados.
Por los argumentos que desarrolla, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 190 se acumuló el Expte. Nº 36.989-I al que lleva el Nº 39.988-I, a fs. 375 se dispuso acumular la causa Nº 47.778-I a la Nº 47.394-I y por último a fs. 414 se acumuló el Expte. Nº 47.394-I al Nº 36.989. Que a PV-2022-45698607-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y a IF-2022- 79375772-APN-VOCXII#TFN se ponen para dictar sentencia.
IV. Que la recurrente se encontraba inscripta en la actividad principal de venta al por menor de máquinas y equipos para oficina y sus componentes y repuestos, y en las secundarias de cría de ganado equino en hayas y venta al por mayor de mantelería, ropa de cama y artículos textiles para el hogar.
Que previo a todo, cabe mencionar las contradicciones incurridas por la apelante con relación a los actos que dice recurrir en cada uno de los recursos de apelación interpuestos en autos, lo que también es puesto de relieve por el ente fiscal y finalmente subsanado tras varios pedidos formulados por las vocalías instructoras previo a la acumulación de los Exptes. Que a ello se agrega que dado lo confuso y reiterativo de su relato, al introducir cuestiones que se perfilan como ajenas a autos, corresponde señalar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones sino tan sólo pronunciarse en aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970).
Que por otro lado, el ente fiscal (fs. 263 y 408) hace saber que la recurrente presentó planes de pago con relación al Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2012 y 2013, sin que conste presentación de declaraciones juradas o del de Formulario F. 408/NM, de lo que se corrieron reiterados traslados a la misma (fs. 267, 271, 274, 276, 418), que no fueron respondidos, por lo que a fs. 421 se dispuso que continúen los autos según su estado y si bien a fs. 405/406 la actora mencionó que “se acogió a la moratoria” no brindó otras precisiones ni acompañó documentación que acredite pago alguno de las sumas reclamadas en autos.
V. Que a los efectos de seguir un orden en la exposición corresponde en primer lugar abordar el tratamiento de los ajustes practicados en las resoluciones N° 186/2012 y N° 187/2012, en las que se describen las constataciones efectuadas por el personal fiscalizador.
Con relación a los períodos fiscales 2008 y 2009 se otorgó el tratamiento de incremento patrimonial no justificado al pasivo informado en los balances cerrados al 31/01/2008 y 31/01/2009 como “otras deudas” con Notas a los Estados Contables sobre su composición, en el caso del ejercicio 2008 como “Socio 2 Cuenta Particular” y en el ejercicio 2009 como “Socio Suarez Cuenta Particular”. Se advirtió que de las registraciones contables del Libro Diario Nº 2 surgían ingresos de dinero a través de la cuenta Caja que totalizaban los montos de $ 306.500 y $ 1.210.000 que se referían a préstamos efectuados por el Sr. Suarez, Director Suplente, y debido a la ausencia de documentación de respaldo se dispuso el tratamiento antes mencionado.
Así también en los citados períodos se detectaron operaciones con duplicidad en su registración por lo que se adecuó el gasto y otras operaciones por gastos en concepto de turismo no deducibles conforme el art. 80 de la ley del Impuesto a las Ganancias -t.o. 1997 y mod.-.
En el caso del período fiscal 2009 en el rubro “otros créditos” figuraba la cuenta particular “retiros Director a Cta.”, a lo que se le otorgó el tratamiento de “disposición de fondos o bienes a favor de terceros, no realizados en interés de la empresa”, según el art. 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias y art. 103 de su Decreto Reglamentario para calcular un interés presunto.
Que al articular su defensa ante este Tribunal la actora únicamente exteriorizó agravios sobre la impugnación del pasivo, sin hacer ninguna referencia a los restantes ajustes mencionados precedentemente, los que deben ser confirmados al observarse que el ente fiscal procedió conforme a las normas pertinentes para practicarlos. Que por lo tanto, en lo que hace al pasivo descripto la recurrente si bien brinda explicaciones las mismas no fueron acompañadas por documentación fehaciente que constituya plena prueba del pasivo asentado en su documentación contable. De esta manera, en sede administrativa, aportó copias simples de dos contratos de mutuos, Actas de Directorio y copias simples de Escrituras de venta de tres inmuebles, sin que con ello se haya podido acreditar la capacidad del socio para hacer el préstamo ni tampoco la traslación del capital de un sujeto a otro, ni su aplicación o posterior cancelación, a lo que se agrega que ante esta instancia no ofreció ningún otro elemento que coadyude a refutar el criterio fiscal, al no acompañar otras constancias documentales ni tampoco ofrecer la producción de un informe pericial contable con puntos que permitan reconstruir la composición y secuencia del pasivo.
Se advierte que el proceder del Fisco Nacional se correspondió a la falta de acreditación de la existencia del pasivo por parte de la firma recurrente, por lo que sobre la base de estas consideraciones resulta que haber acudido al mecanismo previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal atento las falencias constatadas resulta ajustado a derecho en atención a la falta de elementos probatorios.
Que correspondía a Arguay S.A. demostrar que no se trató de un incremento patrimonial no justificado, lo que no ha sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada, conforme se desprende de lo expuesto. Por lo tanto, resulta procedente el presente cargo practicado por el Fisco Nacional, por lo que, corresponde convalidar los ajustes efectuados en el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias en las resoluciones N° 186/2012 y N° 187/2012.
VI. Que cabe referirse a las multas aplicadas en las resoluciones objeto de tratamiento en el Considerando precedente, las que fueron impuestos con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Que al encontrarse acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta en dicha figura al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que se haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximir su conducta, cabe disponer la confirmación de las multas aplicadas.
VII. Que el siguiente de los cargos a considerar resulta de la resolución N° 185/2016 en la que se impugnaron gastos en el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2013 con origen en facturación apócrifa emitida por los proveedores Pivot S.A. y Pivto S.R.L.
Que entre las inconsistencias advertidas por el personal actuante cabe mencionar que de los recibos aportados se pudo reparar que los pagos se hicieron con cheques con numeración correlativa sin detalle de los importes de cada cheque y sin precisar la factura que se cancelaba. Además estos cheques eran en su mayoría por importes inferiores a $ 5.000 debido a que una misma factura era cancelada con varios cheques, por otro lado al controlar el débito de los valores en los extractos bancarios se observó que fueron presentados al cobro en plazos que excedían los 12 meses. Se agregaron copias del anverso y reverso de los cheques, lo que permitió visualizar que si bien fueron emitidos a la orden del proveedor respectivo fueron endosados con una firma ilegible con la sola indicación de “apoderado” y fueron cobrados por terceras personas.
Se agrega además que no se pudo establecer una correlación entre los bienes adquiridos y los bienes luego vendidos. Al concurrir al domicilio de las empresas la persona que revestía la condición de Presidente de Directorio de la S.A. y Socio gerente de la S.R.L. manifestó que la Arguay S.A. nunca fue su cliente, y desconoció su firma de los cheques. Dicha persona aportó copias de facturas de igual numeración lo que permitió constatar que habían sido emitidas a nombre de otros clientes.
Que en virtud de lo cual, se impugnaron los gastos deducidos al inferirse que se trató de operaciones inexistentes respaldadas con documentación apócrifa carente de valor fiscal.
Que conforme se expuso durante la etapa de fiscalización Arguay S.A. aportó la documentación antes mencionada referida a las operaciones cuestionadas.
Que sin embargo, no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que sus argumentos se refieren únicamente a aspectos formales, sin arrimar ningún otro elemento que brinde sustento fáctico a las operaciones cuestionadas, resultando fundamental las manifestaciones del propio integrante de ambos proveedores que negó las operaciones y además respaldo sus dichos con las facturas exhibidas a los inspectores, lo que sumado a las restantes irregularidades advertidas llevaron a la conclusión de que las operaciones fueron simuladas.
Que la recurrente no puede agraviarse por el proceder fiscal ya que la determinación se practicó conforme los datos recolectados por la inspección, debido a que ella solo aportó las constancias documentales que por sí solas resultaron insuficientes.
Que las circunstancias desarrolladas demuestran la imposibilidad probatoria en la que se encuentra para lograr desvirtuar el ajuste objeto del presente Considerando, resultando insuficientes las escasas probanzas incorporadas durante la instancia administrativa, a lo que se agrega que ante este Tribunal no ofreció ninguna otra, como ser la producción de un informe pericial contable con el cual se pueda reconstruir no solo el circuito de pago sino el circuito físico de los bienes.
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir que el criterio seguido por el ente fiscal para impugnar los gastos originados en las facturas apócrifas resulta acertado.
Que en la misma resolución se impugnó un gasto no vinculado a la actividad consistente en la compra de un reloj de la marca Omega Speedmaster, lo que claramente no guarda ninguna vinculación con las actividades en la que la contribuyente se encontraba inscripta, por lo que más allá de sus manifestaciones intentando justificar la adquisición lo cierto es que la postura fiscal resulta ser la correcta.
Por lo tanto, resultan ajustados a derecho los cargos practicados y por ello, corresponde ratificar los ajustes efectuados en el Impuesto las Ganancias en la resolución N° 185/2016.
VIII. Que cabe hacer mención de la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias -resolución N° 185/2016- con sustento en los arts. 46 y 47 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal.
Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en el Considerando que antecede ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la aquí recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas, sin que existan elementos que justifiquen un reencuadre de la conducta, o la consideración de un supuesto de error excusable.
IX. Que corresponde resolver sobre la procedencia de la extensión de responsabilidad de la Sra. Claudia Raquel Supeña por el incumplimiento de Arguay S.A. en el pago de su deuda tributaria en los Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2013 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/2011 a 07/2013. Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815-I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señalo: “que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.” Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”.
Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, ya que mediante las Resoluciones Nros. 185/2016 (DV RRLP) y 186/2016 (DV RRLP) ambas de fecha 27 de septiembre de 2016 se determinaron las obligaciones tributarias del deudor principal, Arguay S.A., en los Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2012 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/2011 a 07/2013, por lo que al encontrarse incumplidas las intimaciones de pago, resulta procedente que el ente fiscal inicie el procedimiento de determinación de oficio con relación al responsable solidario, dictándose el 28 de diciembre de 2016 la determinación respecto de éste último, es decir una vez vencido el plazo otorgado a la deudora principal.
Que ello así, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas; una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que según los elementos agregados la Sra. Supeña fue designada Presidente del Directorio de Arguay S.A. mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 20 de fecha 2/02/2013 por un período de tres ejercicios y según información obrante en la base de datos del organismo fiscal ejercía dicho carácter desde el año 2010, lo cual no es discutido por la misma.
Cuando se examinaron los cheques emitidos por la sociedad se verificó que ella era la firmante, ademas que según las bases de datos del ente fiscal actuaba como representante/apoderada/firmante de las cuentas bancarias de titularidad de Arguay S.A.
Durante el procedimiento fiscalizador la Sra. Supeña atendió a los agentes, informó sobre la actividad de la sociedad y suscribió las actas labradas.
Por último, se dejó constancia que la misma era la administradora de relaciones de la clave fiscal de la empresa recurrente.
Que con los elementos reunidos resulta acreditado que la Sra. Supeña ejercía el cargo de Presidente de Arguay S.A. durante los períodos fiscales reclamados, por lo que en virtud de dicho carácter tenía participación en la toma de decisiones sociales y en el manejo de los fondos de propiedad de la firma, al poder operar sus cuentas bancarias.
Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Lo que no acontenció en autos debido a que centró su defensa en argumentos que hacen al fondo del ajuste practicado a la deudora principal y no en intentar desvirtuar la responsabilidad atribuida, sin introducir ningún elemento que apunte en dicho sentido, es decir que avalen que no poseía el manejo y administración de los fondos sociales en orden a no poder cumplir correctamente con los deberes tributarios a su cargo.
Que ello así, la recurrente Claudia Raquel Supeña resulta responsable solidaria por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamó a la sociedad Arguay S.A. en concepto de Impuestos a las Ganancias de los períodos fiscales 2012 y 2012 y al Valor Agregado de los períodos fiscales 06/2011 a 07/2013.
X. Que resta referirse a las multas aplicada a la responsable solidaria.
Que en el caso de autos, al analizar la responsabilidad personal y solidaria de la Sra. Supeña respecto de la deuda determinada a Arguay S.A.., se concluyó que la misma, en su carácter de Presidenta del directorio, era responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la deudora principal al recaerle el deber de presentar las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado y las Ganancias y pagar los tributos correspondientes, sin haber aportado probanzas que la releven de dicha responsabilidad.
Que ello así, se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar su conducta en la figura infraccional aplicada, al haberse presentado declaraciones juradas engañosas que ocasionaron un perjuicio fiscal, por lo que cabe disponer la confirmación de la multa aplicada.
XI. Que teniendo en cuenta que los intereses resarcitorios constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA el DGI, 01/06/2000), al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer su confirmación.
XII. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O'Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $453.949 (Pesos cuatrocientos cincuenta y tes mil novecientos cuarenta y nueve) por el patrocinio letrado y de $ 181.579 (Pesos ciento ochenta y un mil quinientos setenta y nueve) por la representación procesal, los que quedan a cargo de Arguay S.A, teniendo en cuenta a tales fines, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y la tarea desarrollada por el ente Fiscal, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
3. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 421.150 (Pesos cuatrocientos veintiún mil ciento cincuenta) por el patrocinio letrado y de $ 168.460 (Pesos ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta) por la representación procesal, los que quedan a cargo de Claudia Raquel Supeña, teniendo en cuenta a tales fines, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas y la tarea desarrollada por el ente Fiscal, siendo aplicable al efecto lo dispuesto por ley N° 21.839, modificada por la ley N° 24432).
4. Se deja constancia que las sumas reguladas en los puntos precedentes no incluyen el Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.11 13:04:31 -03:00 Date: 2022.08.11 15:13:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.11 15:38:02 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.11 15:38:03 -03:00
Fin de la sentencia