Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.163-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora.
2Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5810/2014, dictada el 5 de septiembre de 2014 en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12128-184-2012 y 12181-1769-2013, en cuanto condenó al Sr. Alfredo Raúl Enrique Arias al pago de una multa de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($35.736.869), por la comisión de la infracción prevista en el art. 979, apartado 1, del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
3Declarar que este Tribunal carece de competencia para expedirse sobre la inconstitucionalidad del art. 3° de la resolución apelada y del Decreto N° 258/1999, conforme al art. 1164 del Código Aduanero, con el alcance expuesto en el considerando XV.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-91302393-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Septiembre de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Dr. Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación y, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “ARIAS, ALFREDO RAÚL c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 35.163-A.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que a fs. 23/41 vta., se presenta por apoderado el Sr. Alfredo Raúl ARIAS e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 5810/2014, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12128-184- 2012 el día 05/09/2014, por la cual se lo condenó al pago de una multa que ascendía a la suma de $ 35.736.869 (PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE) como autor de la infracción al régimen de equipaje prevista y penada por el art. 979 del Código Aduanero.
Relata que se le imputa haber efectuado entre los años 2010 y 2012, varias salidas del país con destino a la República Oriental del Uruguay, llevando en cada oportunidad, dinero argentino de curso legal -pesos-, los que declaraba ante las autoridades aduaneras mediante el formulario OM 2250/B y que en mayo de 2013 se le imputó, con motivo de la realización de uno de sus viajes, el transporte de la suma de $ 400.000. Derivado de esta situación, se le impone la multa de $ 35.336.869. Acusa que la Aduana sostiene falsamente que egresó del país entre 2010 y 2012 dichos valores extrayéndolos del territorio aduanero bajo el régimen de equipaje de mercadería, que no sería el admitido en estos casos, de conformidad con el art. 489 el Código Aduanero. Refiere que, en el período en análisis, retiraba de cuentas bancarias que poseía en sendas entidades financieras en esta ciudad de Buenos Aires, sumas en moneda nacional de curso legal. Luego con los pesos argentinos, extraídos de las mismas, viajaba a Montevideo, declarando en cada oportunidad los respectivos importes ante Aduana. En Montevideo los cambiaba por pesos uruguayos y luego a dólares estadounidenses, para comprar, a través de un agente de valores inscripto, autorizado y controlado por el Banco Central de Uruguay la cantidad, especie y Títulos Valores que luego vendía en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a través de una Sociedad de Bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires, a su vez inscripta y controlada por la Comisión Nacional de Valores. Y así el importe obtenido de dicha venta en el mercado local, lo depositaba en su cuenta bancaria y luego lo utilizaba, eventualmente, para una inversión financiera similar.
Resalta que siempre se trató de inversión de sus ahorros, que no poseía jubilación, ni casa propia, y siempre de operaciones financieras no comerciales, para procurar su subsistencia y la de su esposa.
Sostiene que los pesos argentino egresados no son mercadería, que la mera existencia de nomenclatura arancelaria no es argumento suficiente para considerar al dinero de curso legal como mercadería, puesto que su esencia es la de ser una media de cambio, unidad de medida y reserva de valor. Cita jurisprudencia.
Sostiene la inaplicabilidad del Código Aduanero, respecto del dinero, en relación al egreso/ingreso de billetes, en tanto y en cuanto afirma que no son mercadería, y que el art 979 del citado cuerpo legal que, regula el régimen de equipaje, habla de la mercadería admitida para este régimen, y colige que al no ser el dinero mercadería, hay inexistencias de reglas que establezcan tributos aduaneros o limitaciones para el ingreso o egreso de dinero argentino de curso legal.
Que esto está perfectamente establecido y aclarado en la RG 2705/2009, y que curiosamente su texto es ignorado, desvirtuándose el sentido de las previsiones del art. 979 del C.A.
A partir de lo que reseña, considera que la resolución que recurre, resulta nula de nulidad absoluta, ya que contraría las previsiones de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, ya que carece de competencia el servicio aduanero para aplicar la sanción apelada, quedando fuera del ámbito de su jurisdicción administrativa. Alega la inconstitucionalidad de la cláusula 3ra. del fallo aduanero que cuestiona y del Dto. 258/99, por ser abusiva e ilegal la adjudicación del cincuenta por ciento de la multa a los empleados y funcionarios de la aduana en tanto los mismos empleados y funcionaros que al imponerla carecen de objetividad y por tanto resulta en clara violación de los art. 16, 17, 18. 19 y 31 de la C.N. Así como contraviene por desproporcionado y desmesurado el monto de la multa impuesta, y exorbitante.
Reitera que no existe infracción: que las inversiones del suscripto están fuera del alcance del Código Aduanero, toda vez que se trata de operaciones financieras y nunca comerciales o industriales.
Y subraya que no existe norma alguna que restrinja, limite o establezca tributos aduaneros al egreso de billetes de curso legal en el país. El único requisito es la declaración, lo que remarca cumplió cabalmente. Invoca la nulidad de todo lo actuado en sede aduanera, con fundamento en la ilegalidad del proceder de los agentes aduaneros.
Insiste en que el dinero no mercadería, con base a fundamentaciones doctrinarias que transcribe, para concluir en que no puede razonablemente afirmarse dicho carácter al dinero de curso legal –divisas en este caso- y al mismo tiempo, reconocer su verdadera y genuina esencia que no es otra que ser un medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor.
Expresa que en el supuesto que se considere mercadería a las divisas, el encuadre infraccional, sin perjuicio de considerar a esta parte exenta de responsabilidad, en todo caso debería ser el de una declaración inexacta. Funda lo expuesto, en el hecho que la conducta objeto de reproche recae sobre mercadería admitida aduaneramente y, desde esta perspectiva considera eventualmente, la posibilidad de imputar al actor de no haberla declarado correctamente.
Finalmente alude que la conducta que se le endilga es lícita, que las inversiones realizadas tuvieron naturaleza financiera, nunca comercial ni industrial, reitera que se pretende asimilar moneda de curso legal con mercadería, cuando, insiste, que de la simple lectura de los arts. 979 y 503 del C.A. y de l0 RG 2570/09, establecen su diferencia. Remarca las previsiones del art. 19 de le la CN, y en este sentido enfatiza que las operaciones financieras del suscripto con sus propios ahorros y en nombre propio, nunca estuvieron prohibidas. El acto administrativo apelado vulnera su derecho a ejercer actividad lícita, amparada por el al art. 14 de la CN; que además carece de los recaudos obligatorios previstos en la Ley N° 19549, siendo nulo de nulidad absoluta; que el art. 3° de la resolución en crisis es inconstitucional y, finalmente que el monto de la multa impuesta es exorbitante, y constituye una salvaje e inconcebible violación a los arts. 16, 17, 18 y 31 de la C.A. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto administrativo apelado, dejando sin efecto el mismo, disponiendo el archivo de las actuaciones.
II. Que a fs. 51/64 se presenta la representación fiscal, por apoderado y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas relacionadas a la presente causa.
Efectúa una reseña de los hechos obrantes, haciendo referencia que las presentes actuaciones se originaron a raíz de la denuncia formulada mediante la Nota N° 2383/2012 (SDG OAM) según la cual al efectuarse una consulta a la base de datos “EGRESO DE VALORES”, se observaron reiteradas salidas del país con moneda de curso legal efectuadas por el aquí actor, Sr. Alfredo Raúl Arias, en los términos de la Resolución 2705/2009 y su modificatoria RG 3010/10, entre mayo de 2010 y agosto de 2012, por un monto equivalente a $ 35.336.869 Afirma que el resultado de la consulta de datos posee sustento documental, que luce agregado a fs. 118/200 del sumario administrativo.-
Que se desnaturalizó el régimen de equipaje. Que el Sr. Arias, en cada oportunidad en que viajo al exterior, documentó distintos montos que oscilaron entre los $ 400.000 y los $ 900,000, no pudiéndose dejar de lado que el actor reconoció en su escrito de apelación, haber realizado las operaciones que se le endilgan. Hace referencia a un memorando de la División Revisión y Recursos II, dependiente de la DGI, de donde surge que el actora, habría efectuado salidas similares, dándole un destino ajeno al espíritu del régimen de equipaje. Asimismo, acusa que es el mismo actor quien luego de reconocer la operatorio y de explicarla en detalle en su apelación, asume el fin de lucro que conlleva y que cobra vital importancia para el tipo infraccional analizado, ya que la finalidad comercial hace a la esencia misma del régimen de equipaje.
Puntualiza en la contradicción en la que caería la actora al afirmar que con la operatoria que describe logra una ganancia, entre lo que compra y lo que vende, no pudiendo aseverar que no realiza una actividad con fines comerciales. A ello se suma la habitualidad de esta conducta. Y agrega, la representación fiscal, que el actor señala que esto permite su subsistencia y la de su cónyuge. Como corolario el Fisco resalta que la repetición de una misma actividad y su continuidad surgen evidentes, toda vez que es el mismo apelante que manifiesta que se trata de su única y habitual actividad.
Analiza el art. 488 que establece que efectos constituyen equipaje, y asimismo el art. 490 del mismo cuerpo legal que establece qué es lo que queda prohibido importar o exportar bajo ese régimen, y cuál es el tipo de mercadería que no constituye equipaje.
Respecto a la objeción planteada por el recurrente, acerca que los pesos argentinos no serían mercadería y su insistencia con esa defensa, manifiesta, haciendo referencia a numerosos fallos dictados sobre el particular que es mercadería todo aquello que es susceptible de ser importado o exportado por el mentado régimen y la facultad del servicio aduanero de ejercer el control no está de ningún manera excluida.
Cita lo establecido por la Convención del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y sus explicaciones complementarias.
Insiste que desde el punto de vista aduanero los billetes de curso legal nacionales o extranjeros son mercaderías que encuentran su clasificación como tales en el Nomenclador Arancelario Aduanero. Cita jurisprudencia. En consecuencia al ser los billetes de banco de curso legal mercadería, y al ser susceptibles de ser importados o exportados, como el resto del universo de mercaderías, la Dirección General de Aduanas tiene las facultades de control sobre dichas operaciones al como se lo impone el DNU 618/97. Independientemente del contralor y las funciones que le corresponden al BCRA.
Que, por otra parte yerra la actora al sostener lo contrario e insistir que todo lo relacionado con el dinero no puede ser competencia del servicio aduanero, toda vez que la declaración OM 2250B se efectúa ante el Servicio Aduanero, por los que mal puede la mercadería que allí se declara quedar fuera de su control.
También contradice el argumento del apelante relativo a que en las oportunidades previas en que extrajo del territorio aduanero billetes de Pesos argentinos, complementando el formulario correspondiente no recibió objeción alguna por parte de funcionarios aduanero, no implica reparo de favorable acogida, pues el no haber sido denunciado con anterioridad por una ilicitud, no invalida la denuncia posterior. En todo caso podría alegarse prescripción. Sin embargo aclara que ella no operó en el caso sub examine, como se desprende de las fechas de los viajes, versus la fecha de la denuncia que diera origen a la apertura del sumario infraccional. Refuta la inconstitucionalidad del Dto. 258/99, y hace una breve síntesis histórica, las modificaciones introducidas por esta norma al art. 15 de la Ley 22.091, de autarquía aduanera, luego a su vez modificada por el art. 2° de la Ley 23.993, respecto del régimen de estímulo a favor de funcionarios aduaneros, el que luego se consideró su necesaria modificación haciendo partícipes de la distribución a todos los agentes del servicio aduanero.
Más allá de ello, remarca que la actora olvida que las multas dictadas por la Aduana tiene revisión jurisdiccional posterior y recién al ser confirmadas por la justicia pude tornarse ejecutables y distribuibles en la proporción correspondiente a los empleados aduaneros. Por lo cual concluye que en lo relativo a este tema no existe agravio constitucional, careciendo de validez las objeciones al decreto formuladas por la contraria.
Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal y por último solicita que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando en todo el decisorio aduanero, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. A fs. 70 se tuvo por presentada a la demandada y por contestado el traslado conferido y por acompañadas las actuaciones administrativas. Con posterioridad, mediante providencia de fecha 08/09/2026, obrante a fs. 90/90 vta. de estoa actuados, se rechazaron las medidas probatorias ofrecidas por la parte actora en su escrito de inicio y se dispuso elevar este expediente a conocimiento de la Sala "E". A fs. 94, el día 15/09/2026, se llamaron autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas N° SIGEA 12128-184-2012 se inician a fs. 1/3, con la incorporación de la Consulta EGRESO DE VALORES donde se detalla las fechas, e importes extraídos por el actor desde 15/05/2010 hasta el 09/08/2012. A fs. 7, con la NOTA N° 1383/2012 SDG OAM, a partir de la consulta a la base de datos “EGRESO DE VALORES”, donde se describen las reiteradas salidas del país del actor, con moneda de curso legal, entre mayo de 2010 y agosto de 2012, formulándose denuncia a los fines de la investigación de la posible comisión de la infracción tipificada por el art. 979 del C.A. A fs. 8 se acumuló el sumario aduanero 12181-1769-2013 iniciado a partir de una denuncia N° 102/13 de la División Resguardo en función de un acta de constatación de fecha 21/05/2013, dando cuenta de la salida del país del Sr.
Arias, con destino a la República Oriental del Uruguay, transportando la suma de $ 400.000, previa declaración en el Formulario OM 225/B. A fs. 12 luce Nota 1420/1 (SDG OAM) que da cuenta de salidas similares del apelante. A fs. 20/21 obra la respuesta dada por la División Sumarios de Prevención de la DGA, al solicitársele su intervención, sobre la conveniencia de dar aviso a la Justicia Federal, por presunto lavado de dinero, este contesta a fs. 20/21, que no existen elementos hasta el presente para denunciar delito alguno. A fs. 24 se dispone la apertura del sumario. A fs. 31/39, el Sr. Arias presenta su defensa y las medias de prueba pertinentes a fin de desvirtuar la imputación. Que a fs. 81, se dispone apertura del sumario en el marco de la actuación 12181-1769-213, que en ese momento tramitaba por separado.
A fs. 87 el interesado contesta vista conferida, pero en forma extemporánea. A fs. 105, se provee no haciendo lugar a la nulidad planteada y se dispone la acumulación de ambos sumarios contenciosos en atención a existir identidad de sujeto, objeto y causa. A fs. 108/113 luce una nueva presentación del hoy actor, solicitando la nulidad de la notificación y la inaplicabilidad del Código Aduanero, como norma reguladora del presente sumario y archivo de las actuaciones. A fs. 115, esto se deniega. A fs. 118/200, lucen agregadas las copias de los formularios OM 2250/B que fueran solicitadas y que amparaban la carga informática de la consulta “EGRESO DE VALORES”, relacionadas con el administrado. A fs. 209 pasan los autos a resolver, lo que así acontece, con fecha 05/09/2014, obrando el decisorio aduanero dictado en autos N° 5810/2014, a fs. 210/215.
Y a fs. 217, consta la cédula de notificación del fallo aduanero al actor, Sr. Alfredo Raúl Arias, el día 19/09/2014.
V. Que corresponde, en primer término, precisar el marco normativo aplicable y determinar si el servicio aduanero resultaba competente para fiscalizar los hechos examinados y aplicar la sanción recurrida. El art. 10 del Código Aduanero considera mercadería, a los fines de ese ordenamiento, a todo objeto susceptible de ser importado o exportado.
Los billetes de banco de curso legal son objetos materiales susceptibles de ser trasladados físicamente a través de las fronteras. Su función económica como medio de pago, unidad de cuenta o reserva de valor no excluye, por sí sola, su consideración como mercadería a los fines específicos del control aduanero.
Que sin desconocer que un sector de la jurisprudencia en materia penal económica citada por la actora (CNAPE, Sala A, causa 58247, 25/08/2008, voto de los Dres. Hendler y Repetto) sostiene que los instrumentos representativos de valores dinerarios no constituyen mercadería salvo operaciones de entidades emisoras, este Tribunal comparte el criterio -receptado también por la CFCP, Sala IV, in re 'Ikei'- que atiende a la susceptibilidad de importación/exportación y a la clasificación arancelaria conforme los arts. 10 y 11 del C.A. La posición sostenida por el recurrente, según la cual los instrumentos representativos de valores dinerarios no constituirían mercadería salvo que fueran objeto de compraventa por entidades emisoras, no resulta aplicable al supuesto examinado.
En autos no se discute la circulación electrónica de fondos ni la transferencia contable de activos financieros. Se examina el traslado físico de billetes de banco a través de las fronteras del territorio aduanero, efectuado personalmente y en reiteradas oportunidades por un viajero.
La inclusión de los billetes dentro del concepto del art. 10 del Código Aduanero no importa desconocer su naturaleza monetaria, gravar necesariamente su ingreso o egreso ni equipararlos, a todos los efectos jurídicos, con las restantes mercaderías del comercio. Significa únicamente reconocer que su desplazamiento físico internacional queda sujeto al control del servicio aduanero y a las condiciones previstas por el régimen mediante el cual se pretende efectuarlo.
Que la recurrente atribuye al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Legumbres S.A. y otros s/contrabando” (Fallos: 312:1920, sentencia del 19/10/1989) manifestaciones textuales entrecomilladas referidas a la naturaleza no mercantil del dinero que no se encuentran en dicho pronunciamiento. En efecto, el objeto de esa sentencia -tanto en el voto de la mayoría como en la disidencia del Dr. Caballero- se circunscribió a determinar si las refrendaciones bancarias falsas presentadas ante el servicio aduanero para eludir el régimen de control de cambios delegado por el Banco Central (Comunicación A-39) configuraban el delito de contrabando previsto en el art. 863 del Código Aduanero, cuestión ajena a la calificación de los billetes como mercadería en los términos de los arts. 10 y 11 del mismo cuerpo legal. El precedente invocado no contiene, por tanto, pronunciamiento alguno sobre el punto que la recurrente le atribuye.
La competencia ejercida en el caso no supone atribuir al servicio aduanero funciones propias del Banco Central de la República Argentina ni emitir juicio acerca de la licitud cambiaria, financiera, impositiva o penal de las inversiones efectuadas por el actor.
La cuestión consiste en establecer si los billetes fueron extraídos mediante un régimen aduanero compatible con las características concretas de la operatoria y si la conducta quedó comprendida en el art. 979 del Código Aduanero.
En consecuencia, corresponde desestimar el agravio referido a la incompetencia de la Dirección General de Aduanas.
VI. Que los arts. 488 a 490 del Código Aduanero regulan el régimen de equipaje.
El art. 488 dispone que la importación y exportación de los efectos que constituyeren equipaje puede efectuarse de conformidad con ese régimen especial.
El art. 489 establece que constituyen equipaje los efectos nuevos o usados que un viajero, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiera razonablemente utilizar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, siempre que por su cantidad, calidad, variedad y valor no permitieran presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales.
A su vez, el art. 490 prohíbe importar o exportar bajo el régimen de equipaje mercadería que no constituyere equipaje.
La misma delimitación surge del Régimen Aduanero de Equipaje en el MERCOSUR, aprobado por la Decisión CMC N° 53/08 e incorporado al ordenamiento nacional mediante la Resolución General AFIP N° 2731/2009. De acuerdo con ese régimen, no basta con que los efectos sean transportados personalmente por un viajero. Deben encontrarse razonablemente vinculados con las circunstancias del viaje y no revelar, por su cantidad, naturaleza, variedad o valor, una finalidad comercial o industrial.
Por otra parte, la Resolución General AFIP N° 2705/2009 regulaba el egreso de dinero en efectivo, cheques de viajero, moneda nacional e instrumentos monetarios.
La norma distinguía entre moneda extranjera y moneda nacional.
La limitación cuantitativa y la canalización por intermedio de entidades financieras previstas en sus arts. 1° y 3° se referían al dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y a los metales preciosos amonedados. Respecto de la moneda nacional de curso legal, el art. 4° imponía el deber de declarar su egreso cuando el importe fuera igual o superior al equivalente a diez mil dólares estadounidenses. La Resolución General AFIP N° 3010/2010 sustituyó el formulario anteriormente previsto por el OM-2250/B.
De ello se sigue que, durante el período examinado, el egreso de pesos argentinos por encima del equivalente a diez mil dólares estadounidenses no se encontraba prohibido por su sola cuantía ni debía necesariamente realizarse mediante una entidad financiera.
El monto determinaba la obligación de formular la declaración correspondiente.
Las constancias agregadas a fs. 118/200 de las actuaciones administrativas acreditan que el recurrente presentó los formularios OM-2250/B vinculados con los egresos registrados en la consulta denominada “EGRESO DE VALORES”. También se encuentra documentada la declaración correspondiente a los $400.000 transportados el 21 de mayo de 2013.
Debe reconocerse, por tanto, que el actor cumplió el deber formal de declarar el dinero transportado. Sin embargo, ese cumplimiento no agota el análisis.
La obligación de declarar el egreso de moneda nacional y la admisibilidad de los billetes bajo el régimen de equipaje constituyen cuestiones diferentes.
La declaración permitía al servicio aduanero conocer los valores transportados y ejercer los controles pertinentes. No convertía automáticamente cualquier cantidad de dinero, cualquiera fuera su destino, frecuencia y modalidad de traslado, en equipaje admitido por el art. 489 del Código Aduanero.
VII. Que la recurrente invoca el art. 503 del Código Aduanero y sostiene que la Resolución General AFIP N° 2705/2009 estableció un régimen especial que excluiría la aplicación de las normas generales sobre equipaje. El agravio no puede prosperar.
El art. 503 dispone que, salvo disposición especial en contrario, el régimen de equipaje no puede aplicarse concurrentemente con otros regímenes que prevean un tratamiento especial.
La Resolución General AFIP N° 2705/2009 no creó una destinación aduanera autónoma para la exportación comercial de moneda nacional ni desplazó la definición legal de equipaje.
Reglamentó el control del egreso de valores transportados por viajeros y estableció, respecto de la moneda nacional, una obligación de declaración al alcanzarse determinado umbral.
Esa regulación especial no suprimió las condiciones establecidas por los arts. 488 a 490 del Código Aduanero para la utilización del régimen de equipaje.
No existe, por tanto, aplicación concurrente de dos regímenes incompatibles.
La Resolución General AFIP N° 2705/2009 determina cuándo debía declararse la moneda nacional. Los arts. 489 y 490 determinan si los efectos declarados podían ser extraídos bajo el régimen de equipaje. Finalmente, el art. 979 establece la consecuencia infraccional cuando un viajero extrae por esa vía mercadería no admitida en tal carácter.
La interpretación contraria conduciría a sostener que la sola presentación del formulario OM-2250/B habilitaba a cualquier persona a utilizar indefinidamente el régimen simplificado de equipaje para trasladar cantidades ilimitadas de dinero afectadas a una actividad comercial, financiera o profesional.
Ese resultado no surge del texto de la resolución general y resultaría incompatible con la definición legal del art. 489.
VIII. Que, antes de ingresar al detalle pormenorizado que se expone en el considerando siguiente, corresponde anticipar la magnitud global de la operatoria examinada, en tanto ella ilumina el sentido de la decisión que aquí se adopta. Los cincuenta y seis egresos de moneda nacional acreditados en autos, ejecutados entre mayo de 2010 y mayo de 2013, representaron en conjunto un monto equivalente a aproximadamente ocho millones trescientos mil dólares estadounidenses. No se trató, entonces, de un viajero que en una o pocas oportunidades trasladó fondos propios por encima del límite reglamentario. Se trató de una verdadera "calesita" o "rulo" financiero -mecanismo consistente en el traslado físico y sucesivo de pesos argentinos, utilizados como insumo para la reiterada compra y venta de títulos valores entre ambas plazas- sostenido de manera sistemática durante tres años (55 operaciones en dos años y una en el tercero), con una escala que excede varias veces cualquier noción razonable de equipaje personal. Es precisamente esa desproporción entre el medio empleado -el régimen simplificado y de excepción previsto para los efectos personales de un viajero- y el fin perseguido -una actividad financiera organizada y lucrativa, de magnitud relevante- la que desnaturaliza el régimen de equipaje y sitúa la conducta examinada dentro del tipo infraccional del art. 979 del Código Aduanero.
De la consulta “EGRESO DE VALORES” y de los formularios OM-2250/B agregados a fs. 118/200 surgen cincuenta y cinco egresos de moneda nacional efectuados entre mayo de 2010 y agosto de 2012, por un total de $35.336.869.
A ello se agregó el egreso de $400.000 efectuado el 21 de mayo de 2013.
La actora cuestiona la exactitud de determinados datos del sistema informático. Señala que en algunas pantallas aparece consignada una nacionalidad incorrecta, domicilios que no le corresponderían, falta de firma y registros aparentemente duplicados.
Sin embargo, la resolución no se sustentó exclusivamente en una impresión genérica de la base informática. A fs. 118/200 fueron incorporadas las copias de los formularios OM-2250/B que respaldan la carga de la consulta “EGRESO DE VALORES”. La identidad del recurrente, su número de documento, las fechas y los importes considerados fueron confrontados con esa documentación.
En particular, los registros del 16 de junio de 2010 y del 8 de junio de 2012 aparecían, en la consulta informática, acompañados por cargas incompletas de “438” y “804,82”, respectivamente. Dichas cargas no fueron adicionadas nuevamente al total, pues correspondían a los mismos egresos documentados por $438.000 y $804.823. Excluidas esas aparentes duplicaciones, la sumatoria de los cincuenta y cinco egresos coincide con los $35.336.869 considerados en la resolución apelada.
Por consiguiente, las inconsistencias secundarias de determinadas pantallas no desvirtúan los formularios agregados ni la cuantía total acreditada.
IX. Que, a los solos fines de apreciar la entidad económica de la operatoria, corresponde exponer el equivalente aproximado en dólares estadounidenses de cada egreso.
La conversión no modifica los importes nominales considerados por la autoridad aduanera ni constituye una nueva base de cálculo de la multa.
Se utiliza únicamente como elemento descriptivo de la cantidad y del valor de los efectos transportados, circunstancias expresamente contempladas por el art. 489 del Código Aduanero.
A tal efecto se toma, como pauta uniforme, la cotización vendedora correspondiente al día hábil inmediato anterior a cada egreso, conforme surge de la serie de Tipo de Cambio de Referencia - Comunicación "A" 3500 del BCRA, criterio temporal previsto por la propia reglamentación para establecer equivalencias monetarias. Los resultados poseen carácter estimativo y se expresan en cifras redondeadas:
Importe TC (día hábil anterior, Com.
Fecha Equivalente aproximado declarado "A" 3500)
12/05/2010 $ 410.000 USD 105.242 3,8958 02/06/2010 $ 410.000 USD 104.304 3,9308 09/06/2010 $ 417.000 USD 106.337 3,9215 11/06/2010 $ 441.000 USD 112.572 3,9175 16/06/2010 $ 438.000 USD 111.572 3,9257 18/06/2010 $ 450.000 USD 114.615 3,9262 24/06/2010 $ 460.000 USD 117.063 3,9295 08/07/2010 $ 450.000 USD 114.335 3,9358
Importe TC (día hábil anterior, Com.
Fecha Equivalente aproximado declarado "A" 3500)
08/04/2011 $ 394.000 USD 97.200 4,0535 13/04/2011 $ 400.000 USD 98.770 4,0498 15/04/2011 $ 420.000 USD 103.316 4,0652 06/05/2011 $ 450.000 USD 110.262 4,0812 10/05/2011 $ 440.000 USD 107.785 4,0822 11/05/2011 $ 438.000 USD 107.306 4,0818 17/05/2011 $ 436.550 USD 106.880 4,0845 19/05/2011 $ 450.000 USD 110.138 4,0858 23/05/2011 $ 449.000 USD 109.874 4,0865 24/05/2011 $ 449.000 USD 109.882 4,0862 26/05/2011 $ 449.500 USD 109.996 4,0865 27/05/2011 $ 449.000 USD 109.874 4,0865 02/06/2011 $ 478.000 USD 116.899 4,0890 08/06/2011 $ 500.000 USD 122.175 4,0925 09/06/2011 $ 500.000 USD 122.175 4,0925 10/06/2011 $ 497.000 USD 121.442 4,0925
Importe TC (día hábil anterior, Com.
Fecha Equivalente aproximado declarado "A" 3500)
21/06/2011 $ 598.000 USD 146.050 4,0945 05/09/2011 $ 650.000 USD 154.127 4,2173 12/09/2011 $ 655.000 USD 155.804 4,2040 15/09/2011 $ 676.000 USD 160.818 4,2035 16/09/2011 $ 681.000 USD 161.977 4,2043 19/09/2011 $ 688.000 USD 163.634 4,2045 20/09/2011 $ 700.000 USD 166.480 4,2047 21/09/2011 $ 746.000 USD 177.738 4,1972 22/09/2011 $ 790.000 USD 188.499 4,1910 26/09/2011 $ 890.000 USD 211.754 4,2030 27/09/2011 $ 962.000 USD 228.802 4,2045 03/05/2012 $ 520.000 USD 117.634 4,4205 10/05/2012 $ 638.000 USD 143.678 4,4405 18/05/2012 $ 795.000 USD 178.632 4,4505 07/06/2012 $ 601.400 USD 133.933 4,4903 08/06/2012 $ 804.823 USD 179.396 4,4863
Importe TC (día hábil anterior, Com.
Fecha Equivalente aproximado declarado "A" 3500)
12/06/2012 $ 800.000 USD 178.213 4,4890 14/06/2012 $ 845.205 USD 188.221 4,4905 15/06/2012 $ 871.891 USD 193.969 4,4950 20/06/2012 $ 800.000 USD 177.667 4,5028 22/06/2012 $ 832.764 USD 184.845 4,5052 25/06/2012 $ 890.030 USD 197.333 4,5103 26/06/2012 $ 900.760 USD 199.579 4,5133 03/07/2012 $ 919.930 USD 203.075 4,5300 10/07/2012 $ 951.078 USD 209.849 4,5322 11/07/2012 $ 930.264 USD 204.972 4,5385 12/07/2012 $ 917.568 USD 202.094 4,5403 23/07/2012 $ 896.232 USD 196.456 4,5620 25/07/2012 $ 898.554 USD 196.590 4,5707 03/08/2012 $ 928.165 USD 202.347 4,5870 09/08/2012 $ 883.155 USD 192.103 4,5973
Subtotal USD 8.246.283 $ 35.336.869 — 2010/2012 aproximadamente Importe TC (día hábil anterior, Com.
Fecha Equivalente aproximado declarado "A" 3500)
21/05/2013 $ 400.000 USD 76.302 5,2423
Total general $ 35.736.869 USD 8.322.585 aproximadamente — Que, aun cuando los equivalentes expuestos son aproximados, permiten apreciar objetivamente la magnitud de la operatoria.
Cada egreso representó, en términos generales, sumas cercanas o superiores a los cien mil dólares estadounidenses. Numerosas operaciones superaron los ciento cincuenta mil dólares y algunas alcanzaron valores próximos o superiores a los doscientos mil dólares.
En conjunto, los fondos transportados representaron aproximadamente ocho millones trescientos mil dólares estadounidenses en un período de poco más de dos años.
La relevancia de ese dato no radica en establecer una prohibición cuantitativa respecto de la moneda nacional, que no existía en esos términos, sino en valorar la cantidad, el valor, la reiteración y las circunstancias de los viajes a los fines del art. 489 del Código Aduanero.
X. Que tampoco se encuentra controvertida la finalidad de la operatoria.
El propio recurrente explicó que retiraba pesos argentinos de sus cuentas bancarias, viajaba a Montevideo, los convertía inicialmente en pesos uruguayos y luego en dólares estadounidenses, adquiría títulos valores a través de un agente autorizado en la República Oriental del Uruguay y posteriormente los vendía en el mercado argentino. El producido de esas operaciones era depositado nuevamente en sus cuentas bancarias y podía ser empleado en nuevas operaciones de idéntica naturaleza.
Manifestó, asimismo, que obtenía una diferencia entre el precio de adquisición en el exterior y el precio de venta en la República Argentina, y que esa renta constituía el medio de subsistencia suyo y de su esposa. El origen lícito de los fondos, su pertenencia al actor y la intervención de entidades financieras o bursátiles autorizadas no han sido desvirtuados.
Tampoco surge de las actuaciones que se hubiera comprobado lavado de activos, evasión fiscal, intermediación financiera no autorizada o algún otro delito.
Esos extremos no determinan, sin embargo, la admisibilidad de los billetes bajo el régimen de equipaje. La infracción examinada no sanciona el origen ilícito del dinero ni la realización de inversiones financieras. Lo que debe determinarse es si la modalidad física elegida para ejecutar esa actividad podía ampararse en el régimen especial utilizado.
La respuesta es negativa.
Los fondos no eran transportados para atender gastos personales vinculados con el viaje, efectuar consumos durante la permanencia en el exterior, afrontar una contingencia particular ni realizar un desplazamiento ocasional de ahorros.
Los billetes constituían el objeto material de los viajes.
El actor se desplazaba al exterior para transportar el dinero, convertirlo y afectarlo a una operatoria financiera habitual y lucrativa.
La circunstancia de que las inversiones fueran realizadas por cuenta propia y no involucraran fondos de terceros no excluye su finalidad económica.
El art. 489 no limita la noción de finalidad comercial a la actividad de intermediación por cuenta ajena ni a la compraventa tradicional de cosas.
Dentro del régimen de equipaje, la expresión distingue los efectos vinculados con el uso, consumo o necesidades personales del viajero de aquellos trasladados sistemáticamente como parte de una actividad económica organizada y destinada a producir una renta.
La actividad principal desarrollada por el recurrente era financiera. Sin embargo, el traslado físico reiterado de los billetes constituía una fase indispensable de esa actividad y se encontraba directamente afectado a la obtención de un beneficio económico.
La cantidad de viajes, su proximidad temporal, el creciente valor de los fondos y la suma acumulada permiten descartar la afirmación de que se trató de unas pocas operaciones personales carentes de habitualidad.
XI. Que la conclusión anterior no resulta alterada por el hecho de que cada egreso hubiera sido declarado y materialmente admitido por los agentes intervinientes.
Debe distinguirse el control individual efectuado en cada oportunidad del análisis integral practicado posteriormente.
En cada viaje, el agente aduanero recibía un formulario correspondiente a una operación determinada, verificaba la coincidencia entre el importe declarado y el dinero transportado y registraba el egreso.
Esa actuación no implicaba necesariamente que el funcionario conociera:
• la totalidad de los viajes anteriores;
• la frecuencia de los egresos;
• el importe acumulado;
• la finalidad económica común;
• ni la continuidad de la operatoria.
La consulta posterior de la base “EGRESO DE VALORES”, la incorporación de los cincuenta y cinco formularios, la información fiscal obtenida y las explicaciones proporcionadas por el propio recurrente permitieron reconstruir la secuencia en su integridad.
Fue ese control posterior el que hizo visible la habitualidad, la magnitud económica y la utilización sistemática del desplazamiento personal como instrumento de una actividad financiera.
No se trata de modificar retroactivamente el contenido de operaciones lícitas. Se trata de valorar hechos acumulativos cuya verdadera dimensión no podía necesariamente ser advertida mediante el examen aislado de cada viaje.
La recepción de los formularios y la autorización material para continuar el trayecto no constituyeron actos administrativos particulares mediante los cuales la Aduana hubiera reconocido expresamente el derecho del recurrente a desarrollar indefinidamente esa operatoria bajo el régimen de equipaje.
La situación correspondiente al 21 de mayo de 2013 tampoco modifica esta conclusión.
En esa oportunidad, el servicio aduanero conoció el importe transportado y la explicación relativa a la finalidad financiera de los fondos. Sin embargo, la verificación de la exactitud de esa declaración individual no equivalió a una autorización jurídica de la actividad global.
La incompatibilidad con el régimen utilizado surgía de la valoración conjunta de todos los egresos y no exclusivamente de la finalidad declarada en una operación aislada.
Por consiguiente, no se configura una conducta contradictoria de la Administración ni un error inevitable inducido por la autoridad.
Que a ello se suma que el régimen de equipaje constituye, dentro de la sistemática del Código Aduanero, uno de los regímenes especiales previstos en el Capítulo Cuarto de la Sección VI, concebido como una excepción al régimen general de importación y exportación, cuyo objeto -conforme lo señala la Exposición de Motivos del Código en el comentario a dicho Capítulo- es facilitar y simplificar el tránsito de los efectos y pertenencias de los viajeros, y que por ello aparece limitado y circunscripto al tráfico de aquellos efectos que se revelen, subjetiva y objetivamente, como admisibles para la vía de que se trata. Tratándose de un régimen de excepción, su interpretación no puede extenderse más allá de los supuestos que le dieron origen, ni servir de cobertura para el desarrollo de una actividad ajena a esa finalidad por la sola circunstancia de que cada operación individual hubiera sido formalmente declarada.
Que esta conclusión resulta además consistente con el principio de control aduanero diferido o “ex post”, receptado por el Convenio de Kyoto revisado de la Organización Mundial de Aduanas, según el cual la agilización del tránsito fronterizo -que explica la simplicidad del trámite previsto para el régimen de equipajetiene como necesaria contrapartida la potestad de la administración aduanera de verificar con posterioridad la corrección sustancial de lo declarado. La aceptación de una declaración en el momento del cruce de frontera responde, así, a una lógica de facilitación operativa, y no importa un juicio definitivo sobre la legitimidad de la operatoria, la cual puede ser objeto de control y, en su caso, de sanción, en una instancia posterior.
XII. Que el art. 979, apartado 1, del Código Aduanero sanciona al viajero que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero, por vía de equipaje, mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones.
Los elementos objetivos del tipo se encuentran claramente configurados: los billetes constituyen mercadería a los fines del control aduanero; fueron extraídos del territorio aduanero por el recurrente en su condición de viajero; la vía utilizada fue el régimen de equipaje; y, por su cantidad, valor, reiteración y afectación a una actividad financiera habitual y lucrativa, no constituían equipaje en los términos del art. 489.
Debe precisarse que la prohibición relevante no recaía sobre la exportación de pesos argentinos considerada en abstracto. Recaía sobre su extracción bajo el régimen de equipaje cuando las circunstancias demostraban que los efectos no reunían las condiciones para ser admitidos en tal carácter.
La declaración exacta de los importes no excluye la infracción. La conducta sancionada no consiste en haber ocultado el dinero, falseado el formulario u omitido el deber de declarar. Consiste en haber utilizado un régimen aduanero improcedente para ejecutar una operatoria que excedía manifiestamente su finalidad legal. Tampoco corresponde el reencuadre subsidiariamente solicitado en el art. 954 del Código Aduanero. No se atribuye una diferencia entre lo declarado y lo efectivamente transportado ni una inexactitud susceptible de producir alguna de las consecuencias contempladas en esa disposición. La controversia radica en la procedencia del régimen utilizado, supuesto específicamente alcanzado por el art. 979.
XIII. Que en lo que respecta a la culpabilidad de la conducta desplegada, debe tenerse presente que el recurrente no efectuó un traslado extraordinario ni una operación aislada cuya incompatibilidad con el régimen pudiera razonablemente pasarle inadvertida.
Durante más de dos años realizó cincuenta y cinco egresos por sumas elevadas, con una finalidad financiera común y mediante un mecanismo deliberadamente organizado y reiterado.
La magnitud acumulada de los fondos y la continuidad de la actividad impedían razonablemente considerarla comprendida dentro de los efectos personales propios de un viajero.
La presentación de los formularios acredita que el actor conocía la existencia de controles específicos sobre el egreso de valores.
El cumplimiento de ese deber formal no lo eximía de verificar si la vía simplificada empleada resultaba jurídicamente adecuada para el desarrollo sistemático de su actividad económica.
La ausencia de observaciones en controles anteriores tampoco configura un error insuperable, pues la característica determinante -la habitualidad- sólo podía advertirse plenamente mediante la reconstrucción integral de los egresos.
Por ello, no concurren circunstancias que permitan excluir la culpabilidad de su accionar.
XIV. Que corresponde tratar el planteo de nulidad del auto de apertura del sumario y de la resolución apelada. La recurrente invoca los arts. 7 y 14 de la ley 19.549 y sostiene que el acto fue dictado por autoridad incompetente, carece de causa, objeto y motivación, vulnera el procedimiento y encierra desviación de poder. Los planteos vinculados con la competencia del servicio aduanero, la condición jurídica de los billetes, la aplicación del régimen de equipaje, la existencia de finalidad comercial y la subsunción de la conducta en el art. 979 fueron examinados en los considerandos precedentes.
La discrepancia de la parte con la interpretación normativa y la valoración de los hechos efectuadas por la autoridad administrativa no determina la nulidad del acto.
La resolución individualizó las operaciones imputadas, precisó los importes, indicó las normas aplicables y expresó las razones por las cuales consideró que los billetes no constituían equipaje y que la conducta quedaba comprendida en el art. 979.
La resolución fue dictada en ejercicio de las facultades legalmente atribuidas al servicio aduanero y dispuso una sanción expresamente prevista por el Código Aduanero.
Las referencias efectuadas por la parte a malos tratos, demoras, insinuaciones o conflictos personales con determinados funcionarios no resultan suficientes para demostrar que el procedimiento sancionatorio hubiera perseguido una finalidad distinta de la aplicación del régimen infraccional.
En cuanto a la alegada denegación de prueba en sede administrativa, la nulidad exige la demostración de un perjuicio concreto.
La recurrente tuvo conocimiento de la imputación, presentó descargo, ofreció prueba, formuló sucesivas presentaciones y contó ante este Tribunal con una instancia de revisión plena.
La prueba vinculada con el origen de los fondos, la titularidad de las cuentas, la operatoria bursátil y la inexistencia de delito no altera la cuestión determinante, pues esos extremos fueron admitidos y no constituyen el fundamento de la sanción.
No se ha demostrado, por tanto, que la falta de producción de alguna medida hubiera impedido ejercer eficazmente el derecho de defensa o modificar la solución del caso.
En consecuencia, corresponde rechazar el planteo de nulidad.
XV. Que la recurrente cuestiona la constitucionalidad del art. 3° de la resolución apelada y del Decreto N° 258/1999, en cuanto establecen el destino del producido de las multas.
El art. 1164 del Código Aduanero impide a este Tribunal declarar la inconstitucionalidad de las leyes aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que exista jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hubiera declarado previamente su invalidez.
No se ha invocado un precedente del Alto Tribunal que habilite a este Tribunal a apartarse de la normativa cuestionada.
Por lo demás, el destino legal del producido de la multa no modifica los elementos de la infracción, la escala sancionatoria ni la competencia de este Tribunal para revisar integralmente el acto.
En consecuencia, el planteo no puede prosperar.
XVI. Que la recurrente sostiene que la multa es confiscatoria y desproporcionada.
La Resolución DE PRLA N° 5810/2014 aplicó una multa equivalente a una vez el valor en aduana de los billetes involucrados, esto es, el mínimo previsto por el art. 979, apartado 1, del Código Aduanero.
La suma de $35.736.869 no resulta de la aplicación de un multiplicador agravado, sino de la acumulación del valor nominal de los fondos correspondientes a los egresos comprobados.
La entidad de la sanción no puede juzgarse prescindiendo de la magnitud económica de la conducta. Como quedó expuesto, los traslados representaron aproximadamente USD 8,3 millones a valores oficiales de la época y fueron ejecutados mediante cincuenta y seis operaciones comprendidas en un período de tres años (55 operaciones en dos años y una operación en el tercero).
El origen lícito de los fondos, su declaración y la ausencia de ocultamiento diferencian el caso de otras conductas de mayor gravedad.
Esas circunstancias no justifican, sin embargo, reducir la multa por debajo del mínimo legal mediante la facultad excepcional contemplada en el art. 916 del Código Aduanero.
No se trató de una infracción ocasional, de escasa significación económica o meramente formal. Se verificó una operatoria reiterada, de elevada cuantía y destinada a una actividad lucrativa, para cuya ejecución se utilizó sistemáticamente un régimen especial que no correspondía.
En consecuencia, corresponde confirmar la multa impuesta.
XVII. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde imponer las costas a la parte actora vencida, conforme al art. 1163 del Código Aduanero.
Por ello, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5810/2014, dictada el 5 de septiembre de 2014 en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12128-184-2012 y 12181-1769-2013, en cuanto condenó al Sr. Alfredo Raúl Enrique Arias al pago de una multa de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($35.736.869), por la comisión de la infracción prevista en el art. 979, apartado 1, del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Declarar que este Tribunal carece de competencia para expedirse sobre la inconstitucionalidad del art. 3° de la resolución apelada y del Decreto N° 258/1999, conforme al art. 1164 del Código Aduanero, con el alcance expuesto en el considerando XV.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero en lo sustancial, al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Rechazar el planteo de nulidad formulado por la parte actora.
2. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 5810/2014, dictada el 5 de septiembre de 2014 en las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12128-184-2012 y 12181-1769-2013, en cuanto condenó al Sr. Alfredo Raúl Enrique Arias al pago de una multa de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE ($35.736.869), por la comisión de la infracción prevista en el art. 979, apartado 1, del Código Aduanero, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
3. Declarar que este Tribunal carece de competencia para expedirse sobre la inconstitucionalidad del art. 3° de la resolución apelada y del Decreto N° 258/1999, conforme al art. 1164 del Código Aduanero, con el alcance expuesto en el considerando XV.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la DGA y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Héctor Hugo Juárez y el Dr. Juan Manuel Soria –por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación– cfme. art. 52 del RPTFN y art. 1162 del Código Aduanero.
Date: 2026.09.18 14:16:14 ART Date: 2026.09.18 15:02:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.18 15:02:57 -03:00
Fin de la sentencia