Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 35.163-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Alfredo Raúl Arias a fs. 2/5vta.
2Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($883.421,73.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-79495399-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 18 de Agosto de 2026 SIN GASTOS”; Sentencia;
Se reúnen los Sres. Vocales miembros de la Sala “E”, Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria -la Vocalía de la 14º Nominación se encuentra vacante-, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados “ARIAS ALFREDO RAÚL S/ INCIDENTE DE BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS”, Expte. N° 35.163-A;
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. Que a fs. 44 del expediente principal N° 35.163-A, se ordena formar el presente incidente como consecuencia del beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Alfredo Raúl Arias.
II. Que a fs. 2/5vta. la incidentista hace referencia a la delicada situación que se encuentra atravesando. En primer lugar, el Sr. informa que tiene 64 años de edad, no posee un trabajo remunerado, ni jubilación ni pensión alguna. Agrega que trabajó en relación de dependencia hasta el año 1987 en Banco del Interior y Buenos Aires, no posee vivienda, ni ningún inmueble. Señala que vive en un departamento alquilado en la calle Pasteur N° 11 Piso 8° “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que su esposa es ama de casa y tampoco posee jubilación ni pensión. Asevera que el único bien que posee está constituido por ahorros que logró reunir a lo largo de su vida, y que dicho importe surge de las declaraciones impositivas que adjunta (ganancias y bienes personales). Agrega que para obtener su ingreso mensual, administra sus ahorros realizando inversiones financieras que le parecen convenientes, señala que siempre con su propio dinero y nunca para terceros. Arguye que sólo el pago de tasa de actuación implicaría reducir un 50% sus ahorros, que son su único medio de vida, lo que se traduciría a una gravísima violación al principio de igualdad ante la ley, a su derecho de propiedad, así como al derecho de defensa en juicio y del principio del debido proceso adjetivo (arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional). Cita jurisprudencia en apoyo a su postura y solicita se haga lugar al beneficio de litigar sin gastos peticionado.
III. Que mediante a fs. 9/12 la DGA contesta el traslado conferido de la solicitud del beneficio de litigar sin gastos planteada por la incidentista. Señala que en su presentación la incidentista hace mención a su situación financiera actual y que carece absolutamente de medios para afrontar los gastos causídicos. Señala que en realidad e independientemente del resultado de la producción de las pruebas, lo único que acredita es la falta de titularidad de bienes pero nada se acredita respecto a la imposibilidad de generar recursos. Destaca que los hechos invocados en el pedido de beneficio de litigar sin gastos, se encuentran en total contradicción con lo narrado en los hechos del recurso de apelación principal. Arguye que las operaciones financieras efectuadas por el peticionante del beneficio ascienden a 35 millones de pesos en un lapso corto de tiempo, y no se puede considerar que se trata de una persona retirada y que se asegura de su “subsistencia”, dicha afirmación resulta absolutamente ajena a toda lógica y repugna el sentido común. Cita jurisprudencia en apoyo a su postura y señala que, en efecto, se trata de un hábil operador financiero que maneja cuantiosas cifras de dinero y que no se trata de un jubilado que intenta “subsistir”. Destaca que en el recurso de apelación principal y en el presente beneficio, el Sr. Arias hace referencia a las cifras de dinero siderales como si fueran escasos recursos que le permiten una humana subsistencia, cuando, en realidad, una persona humilde jamás ha visto sobre una mesa las mencionadas sumas. Finalmente, señala la escasa prueba ofrecida y solicita el rechazo del beneficio, con costas.
IV. Que a fs. 13 se tiene por contestado el traslado del beneficio de litigar sin gastos y se hace lugar a la prueba ofrecida en el ap. III “PRUEBA” a), pto. B 1), pto. b 2), pto. b 3) y pto. B 4). A fs. 199 se otorga vista general de la causa a las partes y al representante del ARCA-DGI, y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”.
V. Que de la compulsa del presente surge que el beneficio peticionado se encuentra encaminado a evitar el pago inicial de la tasa de actuación ante este Tribunal, establecida en el artículo 2° de la ley 25.964. Que el beneficio de litigar sin gastos se encuentra regulado en el art. 78 y c.c. del CPCyCN y es una institución que tiende a proteger a quienes por insuficiencia de medios económicos no se encuentran en condiciones de asumir su defensa en el proceso. Su fundamento estriba en el principio de igualdad de las partes y su presupuesto de hecho es la situación de pobreza del peticionario, para lo cual no resulta necesario que dicha situación llegue a la indigencia, la que obviamente también queda incluida, en tanto el mencionado instituto tutela la igualdad de las partes dentro del proceso.
Que, según resulta de la presentación de fs. 2/5vta. la incidentista hace referencia a la delicada situación que se encuentra atravesando. En primer lugar, informa que tiene 64 años de edad, no posee un trabajo remunerado, ni recibo de jubilación ni pensión. Agrega que trabajó en relación de dependencia hasta el año 1987 en Banco del Interior y Buenos Aires, no posee vivienda, ni ningún inmueble. Señala que vive en un departamento alquilado en la calle Pasteur N° 11 Piso 8° “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que su esposa es ama de casa y tampoco posee jubilación ni pensión.
Que en las constancias de fs. 46 y 48 el Registro de la Propiedad Inmueble informa que “no hay titularidad registral a nombre de Rullan Silvia Isabel DNI 12.144.780 y Arias Alfredo Raúl Enrique DNI 8.208.997.”
Que a fs. 63/64 obran las copias de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales del Sr. Arias Alfredo Raúl.
Que a fs. 158 la Administradora del Consorcio de Propietarios Rivadavia 2293 Esq. Pasteur 11 CABA, informa que el Sr. Arias Alfredo vive en el edificio desconociendo el vínculo con la o las personas que viven con el Sr. Que a fs. 89, 90 y 92 obran diferentes informes de entidades bancarias, en los que surge que el Sr. Arias Alfredo Raúl no registra antecedentes como cliente de dichas entidades.
Que corresponde analizar si, en el caso, el Sr. Arias ha logrado acreditar la insuficiencia de recursos que exige el instituto del beneficio de litigar sin gastos, el cual constituye una excepción al principio general según el cual quien promueve una actuación judicial o administrativa debe afrontar los gastos que ella irroga. En tal sentido, la carga de demostrar la imposibilidad real de hacer frente a tales erogaciones recae sobre quien solicita el beneficio, mediante la acreditación de un estado de carencia patrimonial que torne imposible o excesivamente gravoso el acceso a la justicia.
Que de las constancias incorporadas al presente incidente no surge acreditada una situación de insolvencia o carencia de recursos que justifique la concesión del beneficio pretendido. En efecto, si bien las medidas probatorias producidas permiten concluir que el Sr. Alfredo Raúl Arias no registra determinados bienes a su nombre, ello resulta insuficiente para demostrar la imposibilidad económica invocada, dado que la ausencia de titularidad registral de bienes no constituye, por sí sola, prueba concluyente de incapacidad patrimonial para afrontar los gastos del proceso.
Que, por el contrario, de las manifestaciones efectuadas por el propio incidentista en el recurso de apelación principal surgen elementos que evidencian la realización de operaciones financieras de significativa magnitud económica, habiendo reconocido el movimiento de fondos por aproximadamente treinta y cinco millones de pesos en un lapso de dos años. Tales extremos resultan incompatibles con el cuadro de absoluta carencia de recursos descripto al promover el presente incidente y permiten concluir que el peticionante cuenta con una capacidad económica que excede ampliamente la mera satisfacción de necesidades básicas de subsistencia.
Que, en ese contexto, las afirmaciones vertidas en la solicitud del beneficio aparecen desprovistas de respaldo probatorio suficiente y, además, se presentan en contradicción con las circunstancias expuestas por el propio interesado en el expediente principal. A ello se suma que la actividad probatoria desplegada no logró demostrar la efectiva imposibilidad de afrontar los gastos derivados de la presente instancia, limitándose a acreditar aspectos parciales de su situación patrimonial.
Que no basta la sola afirmación de la existencia de una situación económico-financiera delicada para que el beneficio sea otorgado, pues es indispensable una actividad procesal, realizada con los medios establecidos en la ley ritual, tendiente a crear aquella convicción en el juzgador en relación a los hechos afirmados al iniciarse el beneficio (conf. “Zanello, Ronald Miguel” CNACAF, Sala I, 29/8/00). Ello es así, porque resulta necesario acreditar la insuficiencia patrimonial, presupuesto necesario para la procedencia de la exención que se pretende (conf. arts. 78 a 80 del CPCCN).
Que al respecto cabe tener en consideración que la valoración de la prueba y la concesión del beneficio quedan libradas a la prudente apreciación judicial de los hechos. Ello así, la supuesta carencia de recursos no es suficiente para eximirse de las obligaciones que se derivan de la iniciación y culminación de un proceso, en tanto tal dificultad constituye una característica propia del riesgo comercial que deben asumir quienes son empresarios o comerciantes.
Que, en razón de lo precedentemente expuesto y tratándose en el caso de una persona maneja cifras de dinero y que no se trata solamente de un jubilado que intenta “subsistir”, considero que no ha podido acreditar en el presente caso que carece de recursos para afrontar la tasa de actuación exigidos por la normativa procesal para la procedencia del beneficio de litigar sin gastos, por lo que debe desestimarse la petición.
Que el criterio expuesto es conteste con reiterada doctrina de la CSJN, que sostuvo que "En suma, en cada situación concreta, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos o la imposibilidad de obtenerlos de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión" (CSJN, in re "Agüero, Nora del Valle c/Tucumán, Provincia de y otro s/daños y perjuicios - incidente sobre beneficio de litigar sin gastos", del 28/08/2007). Que, por todo ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Alfredo Raúl Arias en el escrito de fs. 2/5vta., atento que las dificultades invocadas por el aquí peticionante no han sido contundentemente probadas. En cuanto a las costas, corresponde sean impuestas a la incidentista en razón de la actividad procesal efectuada por la representación fiscal.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Alfredo Raúl Arias a fs. 2/5vta.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($883.421,73.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juárez.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Denegar el pedido de beneficio de litigar sin gastos solicitado por el Sr. Alfredo Raúl Arias a fs. 2/5vta.
2. Costas a la vencida –conf. art. 68 C.P.CyC.N. y primer párrafo del art. 1163 del C.A.-.
3. Intimar a la incidentista para que, dentro del quinto día de notificada, ingrese el importe de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($883.421,73.-) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librar certificado de deuda -conf. art. 5° de la Ley 25.964-.
Registrese, notifíquese y por Secretaria General de Asuntos Aduaneros firme la presente, agréguese el incidente al expediente principal.-
Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación -conf. Art. 1162 del C.A.-.
Date: 2026.08.14 18:12:02 ART Date: 2026.08.18 16:10:45 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.18 16:11:15 -03:00
Fin de la sentencia