Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. F A L L A: 1º) Denegar los recursos de fs. 153 y vta. y 247, que se tuvieran presente con efecto diferido, por no haber sido mantenidos en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito (arts. 91 y 92 ley 1444).- 2°) Desestimar los agravios de la parte actora en lo referido a la responsabilidad solidaria de los codemandados Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres; como así también respecto del rechazo del S.A.C. sobre indemnización sobre preaviso y rechazo de las indemnizaciones del art. 80 LCT, art. 2 Ley 25.323 y 132 bis LCT.- 3°) Admitir los agravios referidos a la fecha de extinción de la relación laboral, debiendo entenderse que respecto de Rubén Alberto Arias fue en fecha 04/12/15 y, de Julio Rodrigo Mansilla el 09/12/15; el agravio correspondiente a la procedencia del SAC sobre la indemnización por antiguedad y el último agravio del recurrente en lo referido a la entrega de los certificados laborales, y emplazar a la demandada a la entrega del certificado del art. 80 de la LCT en el plazo de 10 días hábiles de notificada la presente, bajo apercibimiento que ante su incumplimiento se devengará la multa establecida en el …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9253/26 Sentencia: Definitiva Actor: Arias Rubén Alberto y Otro Demandada: Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas la Unión Limitada y otros.
Objeto: Laboral Fecha: 02-07-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 2 del mes de julio de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ARIAS RUBEN ALBERTO Y OTRO C/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS LA UNION LIMITADA Y OTROS S/ LABORAL", Expte. Nº 36.031 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia N° 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9253/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio Fernández y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Corresponde tratar los recursos concedidos con efecto diferido? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. El Dr. Paulo L. Schmidt, apoderado de la parte demandada, interpuso a fs. 153 y vta. recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria obrante a fs. 147 y vta., el que fue concedido a fs. 154 en relación y con efecto diferido. A fs. 247 la misma parte interpuso recurso de apelación contra la denegatoria de la absolución de posiciones en su carácter de representante legal de la demandada, el que se tuvo presente con efecto diferido.
El art. 91 de la ley 1444 impone la carga de mantenerlo mediante el sólo requisito de expresar los agravios correspondientes cuando se dicta la sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de esta. Si bien en la sentencia no se expresó nada acerca de dichos recursos, corresponde a este tribunal decidir si la parte lo hubiera mantenido. La recurrente no mantuvo los recursos diferidos en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito por lo que corresponde por aplicación de lo dispuesto por el art. 92 de la ley 1444, denegar los mismos sin más trámite. Así propongo al Acuerdo que se proceda.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
II. La solución propuesta por la preopinante es la que indica la ley del rito que se indica (art. 92 ley 1444). Adhiero pues al voto que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
III. A fs. 52/59 se presentan el Dr. Paulo Luis Schmidt y la Dra. Marta Soledad Quiroga y promueven demanda laboral en representación de Rubén Alberto Arias y Julio Rodrigo Mansilla Marquez, contra la Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión Ltda., Sergio Lavie Larreguy y Alejandra Gabriela Torres. Reclaman la suma de $661.292,58 correspondientes a Rubén Alberto Arias, y $319.746,05 a Julio Rodrigo Mansilla Marquez, o lo que más o menos resulte de la producción de la prueba del proceso con intereses, en concepto de remuneraciones mes de noviembre/15; diferencias salariales diciembre/14 a noviembre/15; días diciembre/15; S.A.C. proporcional segundo semestre/15; vacaciones proporcionales 2.015; preaviso; integración mes de despido; indemnización por antiguedad; S.A.C. sobre dichos rubros;
indemnización art. 2° Ley 25.323; indemnización art. 132 bis LCT e indemnización art. 80 LCT. Relatan que Rubén Arias ingresó a trabajar para la demandada el 05/06/1998 como chofer de larga distancia, con una jornada de 8 horas diarias, y cubría diversos servicios según cronograma. Continuan diciendo que desde el año 2.014 la cooperativa comenzó a tener demoras en el pago de haberes, para luego liquidarlos de manera irregular, por debajo de los niveles salariales vigentes y sin la realización de los aportes provisonales, lo que habría sucedido durante la conducción de los codemandados, en virtud de lo cual sostienen que serían responsables solidarios. Expresan que ante tal situación, Rubén Arias remitió telegrama, que no obtuvo respuesta, motivo por el cual a través de una nueva misiva, comunicó su despido indirecto y reclamó pago de la indemnización y remuneraciones correspondientes, además de la entrega de la documentación prevista por la norma en fecha 04/01/2016, lo que tampoco fue contestado. Respecto de Julio Rodrigo Mansilla Marquez, relatan que ingresó a trabajar para la demandada el 02/12/08, como chofer de larga distancia en distintas lineas y destinos que ésta mantenía en la zona. Afirman que atravesó idéntica situación que Arias, y actuó de idéntica forma, comunicando su despido indirecto el 03/12/2015, lo que no fue contestado. Sostienen que Sergio Lavie Larreguy y Alejandra Gabriela Torres, en su carácter de presidente y secretaria de la cooperativa, son responsables solidarios de los créditos laborales que se reclaman, de acuerdo a ejercer la conducción y administración de la sociedad. Practican liquidación, exponen el derecho en que funda su pretensión y ofrecen la prueba de la que ha de valerse.-
IV. A fs. 121 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria con resultado negativo y a fs. 103/113vta. la Dra. María Carolina Sotomayor y el Dr. Luis María Della Rosa contestan demanda en representación de Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas "La Unión" limitada. Plantean excepción de prescripción y subsidiariamente efectúan negativas de rigor. Explican que su representada abonó en tiempo y forma los salarios y que, por causas que desconocen, ambos actores dejaron de concurrir a sus trabajos el 01/10/14, sin que se tenga más noticias de ellos, por lo que se configuró la causal establecida en el último párrafo del art. 250 LCT. Continúan diciendo que al tomar conocimiento de la acción, la demandada confeccionó los certificados del art. 80, los cuales acompañan. Advierten sobre los telegramas efectivamente recibidos y sobre los que fueron remitidos a un domicilio diferente, con lo que concluye que la intimación efectuada, no constituiría una denuncia del contrato fundado en justa causa. Sobre los certificados del art. 80 LCT, destacan que la parte accionante no alegó el daño que le produjo el no haberlos retirado y agregan que, los actores nunca concurrieron a la sede de la empresa para su entrega. En cuanto a la pretensión de la responsabilidad solidaria de los codemandados, sostienen que que el art. 310 de la Ley F-0067DJA no resulta aplicable a las entidades cooperativas por no estar incluído en la expresa remisión realizada por el art. 118 Ley F-9060 DJA, además de que los criterios consagrados en el tercer párrafo de la norma mencionada, deben ser apreciados restrictivamente. Agregan que, de considerar aplicable la responsabilidad, la doctrina y jurisprudencia son contestes en considerar que la ley responsabiliza a los socios, únicamente en los supuestos de uso desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objetivo social. Impugnan liquidación. Se opone a la tasa solicitada por el actor. Efectúan manifestaciones sobre la documentación acompañada por el accionante. Ofrecen prueba, fundan en derecho, y hacen reserva del caso federal.-
V. Por su parte, Alejandra Gabriela Torres y Sergio Lavie Larreguy, contestan demanda a fs. 114/120vta., con el patrocinio letrado del Dr. Luis María Della Rosa. Plantean excepción de prescrición de los rubros que se hayan devengado con anterioridad a la interposición de la demanda. Plantean falta de legitimación pasiva, apoyándose en el fundamento expuesto por la demandada en ese sentido. Subsidiariamente contestan demanda. Luego de las negativas de rigor, exponen su versión de los hechos. Explican que la Cooperativa, pese a los múltiples inconvenientes gremiales y sectoriales abonó en tiempo y forma los salarios a los actores, y por causas que se desconocen ambos dejaron de concurrir a sus trabajos el 01/10/2014, sin que se tengan más noticias de ellos, motivo por el cual se configura el supuesto establecido en el último párrafo del art. 250 Ley P-1018DJA. Reitera lo dicho por la demandada en cuanto a los telegramas laborales remitidos por los actores. Consideran que la obligación de entregar el certificado de trabajo no les alcanza, ya que nunca fueron empleadores de los actores, y los datos necesarios para la confección de los certificados, resultarían de los libros de la Cooperativa empleadora. Impugnan liquidación. Se manifiestan sobre la tasa de interés pretendida por los actores y sobre la documentación acompañada por éstos. Ofrecen prueba, fundan en derecho y hacen reserva del caso federal.-
A fs. 122 amplían ofrecimiento de prueba los apoderados de la Cooperativa demandada, y lo mismo realiza la actora a fs. 136/137 y vta., a la vez que contesta el traslado conferido a 138/143 VI.- A fs. 159 y vta. se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y admitida se clausura el período probatorio a PE940541-2024, poniéndose los autos para alegar, sin que ninguna de las partes haya ejercido ese derecho.-
VII. A PE2015926-2025 se dicta sentencia de primera instancia que declara la identidad de la designación de la persona jurídica demandada como Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas La Union Limitada; declara la falta de legitimación pasiva de Sergio Lavie Larreguy y Alejandra Gabriela Torres, e impone las costas al actor; declara confesa a la demandada; rechaza la falta de idoneidad subjetiva de testigos planteada por la demandada, respecto de los testigos ofrecidos por la actora; hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Rubén Alberto Arias y Julio Rodrigo Mnasilla Márquez contra Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas La Unión Limitada por indemnización por despido. Dispone que el capital de condena deberá ser abonado dentro de los 10 días de encontrarse firme y consentida la liquidación que oportunamente se practique con más los intereses devengados. Establece la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A., desde que la suma es debida y hasta dentro de los 10 días de encontrarse notificada la suma determinada y, para el caso de incumplimiento, la resultante devengará intereses a la Tasa Pasiva promedio que publica el B.C.R.A. desde que es debida hasta su efectivo pago; rechaza las multas del art. 2 de la Ley 25.323 y de los arts. 80 y 132 bis de la LCT; hace saber a la parte demandada, que en el plazo de 10 días de notificada, deberá realizar las declaraciones juradas correspondientes ante ARCA a los fines de que los reclamantes puedan acceder a los certificados digitales, bajo apercibimiento de establecer conminatorias a favor de los trabajadores y por cada día de demora; dispone el pase al gabinete contable a los fines de practicar liquidación final. Impone las costas a cargo de la parte demandada en calidad de vencida hasta el límite del 25% de responsabilidad. Difiere la regulación de honorarios y determinación de la tasa de justicia, al momento procesal oportuno.- La sentencia es recurrida por la parte actora, interponiendo recurso de apelación a PE2052608-2025. Obra en PE2054605-2025 ampliación de agravios.-
VIII. A través de sus apoderados, los actores se agravian del rechazo de la demanda contra Sergio Lavie Larreguy y Alejandra Gabriela Torres. Consideran que no existió un estudio criterioso de los antecedentes del caso en particular, ya que si bien el sentenciante hace referencia a lo resuelto por el Excmo. Tribunal de Justicia en los autos caratulados “CARRIZO JULIO CESAR C/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LA UNIÓN LIMITADA Y OTRS S/ LABORAL –COBRO DE ESOS” EXPTE. N° 2516/2022-TSJ, la situación procesal y probatoria no es idéntica, en tanto, en esta causa, se incorporó prueba medular, que fue enteramente omitida y que justifica la responsabilidad solidaria de los codemandados de autos, prueba que menciona. En segundo lugar, se agravian de que el sentenciante considera como fecha de finalización de la relación laboral el día 03/12/2015, cuando conforme surge del informe brindado por el Correo, la relación laboral de Rubén Arias se extendió del 05.06.1998 al 04.12.2015 y la de Julio Mansilla Márquez desde el 02.12.2008 al 09.12.2015. Se agravian en tercer término, del rechazo del SAC proporcional a la indemnización sustitutiva de preaviso conforme art. 232 de la LCT y SAC sobre indemnización por antigüedad art. 245 LCT, alegando el criterio sostenido en la causa “Tulosai c/ Banco Central de la República Argentina”, pasando por alto el criterio de esta Cámara. En cuarto lugar se agravian del rechazo de las indemnizaciones del art. 2 de la ley 25.323, la indemnización del art. 80 de la LCT y art. 132 bis de la LCT, y consideran que tal criterio resulta contrario a derecho, arbitrario e inconstitucional. En oportunidad de ampliar agravios, exponen que lo resuelto en cuanto a los Certificados de trabajo y de servicios y remuneraciones, exigidos por el art. 80 de la LCT, no se condice con lo solicitado en la demanda y lo dispuesto por la norma, por lo que corresponde condenar a la demandada a hacer entrega en el plazo previsto para el cumplimiento de la sentencia, de la documentación prevista en la mencionada norma.-
La parte contraria no contestó el traslado de los agravios.-
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
IX. Ingresando al tratamiento del primer agravio propuesto por la parte actora, esto es, la procedencia de la responsabilidad solidaria de los codemandados Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres, adelanto el rechazo del mismo.-
En este punto, debo atender que si bien adherí al voto del Dr. Monelos en su oportunidad en los autos caratulados "CARRIZO JULIO CÉSAR C/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LA UNIÓN LTDA. Y OTROS S/LABORAL" Expte. N°36.100/17, no puedo dejar de considerar que en los autos de mención el Excmo. Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de fecha 07/11/23, inscripta al Registro N° 741 Folio N° 4491/4500, consideró que no se encontraba acreditada la relación de causalidad del accionar de Lavié Larreguy con los rubros indemnizatorios perseguidos por los actores, que permitan inferir su responsabilidad y modifica sustancialmente el criterio aquí sostenido.-
Si bien al exponer agravios el recurrente afirma que la situación procesal y probatoria no es la misma que en los autos mencionados, y que en los presentes se omitió la valoración de prueba medular, como ser la contestación de la Inspección General de Justicia de la que resulta que Lavié Larreguy es el socio gerente de la empresa de transportes ETAP, entiendo que, aún observando dichas pruebas no alcanza a conmover el criterio sostenido por el Tribunal Superior y no nos encontramos ante una sociedad fraudulenta o ficticia, o que constituya un mero recurso para violar la ley, eje central a analizar en supuestos como el invocado. Ello con la trascendencia que importa la doctrina casatoria que dicho tribunal representa. -
Sumado a ello, considero importante destacar lo mencionado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los autos "Admed, Sara Nélida y otros c/Eben Ezer S.A. y otros s/ Despido" de fecha 04/05/2011: "los socios integrantes de la empresa empleadora no pueden ser responsabilizados solidariamente si la personalidad jurídica no fue utilizada como un mero instrumento para perjudicar a terceros o para violar la ley, sino que se trata de una entidad regularmente constituida, con auténticos fines, que en su actividad social cometió actos ilegales sancionados expresamente por la ley", cuestión que sigue la misma situación que en éstos.-
Sumado a ello, debe tenerse presente que Alejandra Gabriela Torres, renunció como secretaria y socia, cuestión que fue tratada y admitida el 23 de octubre de 2014, conforme acta obrante en página 36 -22- del incidente de copias agregado a autos.-
Con motivo en lo expuesto, considero que el agravio en este sentido debe ser rechazado y así lo propongo al acuerdo.-
X. Constituye otro agravio de los actores, la fecha que el sentenciante tomó como de finalización de la relación laboral. Advierto que conforme surge de fs. 208, el telegrama a través del cual se notificó el despido de Rubén Alberto Arias fue recepcionado en fecha 04/12/15. En cuanto a Julio Rodrigo Mansilla, dicha notificación se efectuó el 09/12/15. Por tal motivo, asistiéndole razón al recurrente, corresponde admitir el agravio en tal sentido, y deben ser las fechas mencionadas las consideradas como de extinción de la relación laboral, en razón de que fue en dichas oportunidades en que la demandada tomó conocimiento del contenido de dichas misivas.-
XI. Se agravia la parte actora por no haberse condenado al pago del SAC sobre el preaviso. En este aspecto la suscripta ya se ha expedido en los autos "OJEDA ARIAS DANIEL NATANAEL C/ VERTAS S.A. S/ S/ LABORAL - COBRO DE PESOS", EXPTE. DE CÁMARA Nº9006/25; en sentencia registrada al TºCIV; Rº3165, Fº129/136 del 10 de diciembre de 2025. En dicha oportunidad señale que se califica al sueldo anual complementario como la doceava parte de las remuneraciones percibidas por el trabajador (art. 121 LCT), en tanto que como lo indica la misma normativa la indemnización sustitutiva de preaviso es una indemnización (art.232 LCT), por lo tanto no participa de los caracteres remunerativos. Cabe señalar que la remuneración se abona al trabajador como contraprestación de su labor, en tanto que la indemnización repara un daño, en el caso no haber preavisado tempestivamente. Por esta razón no corresponde la liquidación de SAC sobre dicho concepto. Por lo tanto este agravio debe desestimarse.-
En mismo punto la parte se agravia por no haberse otorgado el SAC sobre la indemnización por antigüedad. Debo señalar que la norma que regula este instituto está alcanzada por la reforma introducida por la ley 27802, entiendo de aplicación el artículo conforme su anterior redacción, teniendo en cuenta la época en que se dedujo la demanda y el momento del distracto. Así la anterior redacción del art. 245 señalaba que debe tomarse como base la mejor remuneración, normal, y habitual devengada durante el último año. Antes de ello decía "percibida", y el Sueldo anual complementario o aguinaldo es una remuneración que se devenga día a día, y tiene un pago diferido en dos oportunidades anuales. Asiste razón al recurrente en los precedentes señalados en que la suscripta adhirió también a la postura que transcribe (autos “CRUZ, José Armando c/ MEPRISA y otros s/ Laboral”, Expte. Nº 15.8949). En atención a ello este reclamo debe prosperar.-
XII. La parte actora sostiene que en un claro ataque a los derechos adquiridos por el trabajador, la seguridad jurídica y violación flagrante al derecho de propiedad de raigambre constitucional, el Juez rechaza la procedencia del art. 2 de la Ley 25.323, la indemnización del art. 80 y 132 bis de la LCT. Respecto a ello, cabe señalar que si bien disiento con los fundamentos expuestos por el magistrado de la instancia de grado, comparto el rechazo de la procedencia de dichos ítems. Considero que la sanción prevista en la norma tiene una naturaleza represiva y por tal es de interpretación restrictiva, castiga la conducta del empleador que retiene aportes del trabajador y no los ingresa a los sistemas de seguridad social. Se ha decidido en este aspecto que "...La propia disposición legal contenida en el art. 132 bis de la LCT establece que se trata de una sanción conminatoria que, como tal, posibilita, en función de su naturaleza, el análisis de la conducta del deudor; en efecto, el resarcimiento en examen debe ser graduado en función de la medida del incumplimiento, puesto que debe existir razonabilidad y proporcionalidad entre el incumplimiento y la sanción." (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: VII, Lopez Silva Hernan Marcelo c/ Aerolineas Argentinas S.A. y otro s/ otros reclamos, 25 de marzo de 2024, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M-149776-AR|MJJ149776|MJJ149776). En caso de que al realizarse el cómputo de las diferencias que por este proceso se reconozcan pudieren existir diferencias de aportes habrá de liquidarse las mismas para ser integradas. Entiendo por ello que en etapa de ejecución de sentencia, deberá comunicarse a AFIP esta circunstancia a sus efectos. Resulta prematuro en esta instancia la aplicación de una sanción sin que se encuentren dados los presupuestos para su procedencia. Por esta razón este agravio no puede prosperar.-
XIII. En cuanto al último agravio expuesto, referido a la obligación de entregar los certificados laborales previstos por el art. 80 LCT, estimo le asiste razón al recurrente.-
En efecto, toda vez que la entrega de la documentación mencionada en la norma constituye una obligación que pesa sobre la empleadora, corresponde emplazar a la misma a efectivizar dicha obligación en el perentorio plazo de 10 días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento que ante su incumplimiento se devengará la multa establecida en el artículo de mención.-
XIV. Por la forma en que se analizaron los agravios y el resultado obtenido entiendo que se debe eximir de costas en esta instancia (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444).-
Por las razones hasta aquí expuestas entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe modificarse en la medida de lo analizado.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XV. Por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XVI. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Denegar los recursos de fs. 153 y vta. y 247, que se tuvieran presente con efecto diferido, por no haber sido mantenidos en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito (arts. 91 y 92 ley 1444); 2°) Desestimar los agravios de la parte actora en lo referido a la responsabilidad solidaria de los codemandados Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres; como así también respecto del rechazo del S.A.C. sobre indemnización sobre preaviso y rechazo de las indemnizaciones del art. 80 LCT, art. 2 Ley 25.323 y 132 bis LCT; 3°) Admitir los agravios referidos a la fecha de extinción de la relación laboral, debiendo entenderse que respecto de Rubén Alberto Arias fue en fecha 04/12/15 y, de Julio Rodrigo Mansilla el 09/12/15; el agravio correspondiente a la procedencia del SAC sobre la indemnización por antiguedad y el último agravio del recurrente en lo referido a la entrega de los certificados laborales, y emplazar a la demandada a la entrega del certificado del art. 80 de la LCT en el plazo de 10 días hábiles de notificada la presente, bajo apercibimiento que ante su incumplimiento se devengará la multa establecida en el art. 80 LCT; 4°) Confirmar el fallo en lo restante que no ha sido materia de agravios. 5°) Eximir de costas en esta instancia en atención a la forma en que se analizaron los agravios, el resultado obtenido y no haber sido contestados los agravios (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444); 6°) Tener presente la reserva del caso federal.
7. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XVII. Coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 02 de julio de dos mil veintiseis.
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. F A L L A: 1º) Denegar los recursos de fs. 153 y vta. y 247, que se tuvieran presente con efecto diferido, por no haber sido mantenidos en el plazo y la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91 de la ley del rito (arts. 91 y 92 ley 1444).- 2°) Desestimar los agravios de la parte actora en lo referido a la responsabilidad solidaria de los codemandados Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres; como así también respecto del rechazo del S.A.C. sobre indemnización sobre preaviso y rechazo de las indemnizaciones del art. 80 LCT, art. 2 Ley 25.323 y 132 bis LCT.- 3°) Admitir los agravios referidos a la fecha de extinción de la relación laboral, debiendo entenderse que respecto de Rubén Alberto Arias fue en fecha 04/12/15 y, de Julio Rodrigo Mansilla el 09/12/15; el agravio correspondiente a la procedencia del SAC sobre la indemnización por antiguedad y el último agravio del recurrente en lo referido a la entrega de los certificados laborales, y emplazar a la demandada a la entrega del certificado del art. 80 de la LCT en el plazo de 10 días hábiles de notificada la presente, bajo apercibimiento que ante su incumplimiento se devengará la multa establecida en el art. 80 LCT.- 4°) Confirmar el fallo en lo restante que no ha sido materia de agravios.- 5°) Eximir de costas en esta instancia en atención a la forma en que se analizaron los agravios, el resultado obtenido y no haber sido contestados los agravios (art. 68 y ccs. CPCC, por remisión del art. 121 ley 1444).- 6°) Tener presente la reserva del caso federal.- 7º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.- El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 043 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3214 Folio Nº: 084/091 Secretaria: 1
Fin de la sentencia