Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123732
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 11 de marzo de 2020.
Los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó, en lo sustancial, la acción promovida por Diego Eduardo Velázquez contra Ariel Dada S.A., mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales (v. fs. 106/126).
Para así decidir, tuvo por no acreditado que el actor hubiera realizado las tareas descriptas en la demanda, en la categoría profesional y en las jornadas y horarios allí denunciados. Asimismo, juzgó demostrado que el vínculo concluyó por decisión del trabajador, quien se consideró despedido sin justa causa.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-X-2018), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 135/136.
En su escrito recursivo denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica. En esencia, su crítica se dirige a impugnar dos aspectos del fallo. Por un lado, la conclusión del sentenciante en cuanto desestimó el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, por considerar que las partes se hallaban vinculadas a través de un contrato eventual. En tal sentido, sostiene que la prueba de la eventualidad de los servicios pesaba sobre la empleadora. Por otro, objeta que el a quo limitara la responsabilidad de las costas -a cargo de la demandada- por aplicación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la ley 20.744.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por las sumas correspondientes a los rubros reclamados en la demanda que no prosperararon y son objeto de recurso, más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de las costas que realizó el sentenciante y el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina cuyo quebranto denuncia en el remedio- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria, como lo son, en la especie, aquéllas vinculadas a determinar -con arreglo a las circunstancias de hecho verificadas en la causa- si las partes se encontraban unidas por un contrato de trabajo eventual o por tiempo indeterminado, asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019).
III.2. Finalmente, sin perjuicio de la ausencia de interés de la parte actora para cuestionar la limitación de la responsabilidad por las costas impuestas a la demandada (causas L. 122.153, "Caparrós", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.905, "Báez", resol. de 14-VIII-2019), cierto es que el embate parte de una premisa errónea, en tanto de la lectura del fallo atacado surge que el a quo -en postura mayoritaria- concluyó que no correspondía la aplicación del tope previsto en los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. fs. 120 y vta.), transitando de tal modo el interesado por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013 y L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
SERGIO DANIEL ALFANO Subsecretario
Registrada bajo el n°114
mlp
Fin de la sentencia