Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 48723-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) admitir el recurso de la actora y hacer lugar parcialmente al de la demandada en los términos y con el alcance supra expuesto; b) imponer las costas de ambas instancias por sus respectivos vencimientos (conf. arts. 71 y 279, CPCCN); y c) declarar inoficioso un pronunciamiento respecto a los recursos vinculados con los emolumentos fijados por el Tribunal Fiscal a fs. 213/213vta.
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31088/2025 ARIMEX IMPORTADORA SA (TF 48723-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, marzo de 2026.
Los presentes actuados caratulados “Arimex Importadora SA (TF 48723-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”; y
1. Que, el 7/10/24 el Tribunal Fiscal hizo lugar a la acción de repetición por los períodos 2010, 2011 y 2014, y la rechazó respecto a los ejercicios 2012, 2013 y 2015. Impuso las costas según sus respectivos vencimientos y difirió la regulación de honorarios hasta tanto se aprobara la liquidación ordenada (fs. 169/171vta.).
Para así resolver, sostuvo que:
La controversia planteada debía resolverse con arreglo a la doctrina adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, sent. del 3/07/09, y aseveró que los hechos involucrados en cada caso debían ser examinados bajo los parámetros establecidos en dicha oportunidad;
El Máximo Tribunal no estableció un porcentaje concreto como límite aplicable, sino que, conforme a las pruebas de la causa, entendió que el pago del Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste discutido resultaba confiscatorio al representar para Candy S.A. más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación;
El informe pericial obrante a fs. 103/116 posee conclusiones claras que permiten analizar la situación de la actora a la luz del precedente supra referenciado.
El fisco había impugnado el informe en función a la forma en que la contribuyente había ingresado el tributo (esto es, a través de retenciones y percepciones) ya que, de acuerdo al criterio de ARCA, el mayor saldo disponible no se encuentra sujeto a repetición sino que deberá ser devuelto por el procedimiento correspondiente. Sin embargo, subrayó que la objeción no fue efectuada en la oportunidad procesal pertinente por lo que debía ser desestimada.
Las conclusiones del informe pericial conducían a tener por demostrada la existencia de un supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido en el precedente “Candy” por cuanto las tasas efectivas (calculadas sobre el resultado impositivo) ascienden a 154,19%, 62,98% y 216,02% (sin cómputo de quebrantos de ejercicios anteriores), en los ejercicios 2010, 2011 y 2014, respectivamente.
En los períodos 2012 y 2013, la aplicación de las normas del ajuste por inflación impositivo en las declaraciones juradas no arrojó impuesto a pagar de modo que correspondía estar a las conclusiones de la Corte en Fallos: 335:1923 según las cuales “cuando la declaración jurada arroja quebranto ‘no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados’ y, por ende, no existe posibilidad de confiscatoriedad” (fs. 170vta.). Citó jurisprudencia posterior de la Corte y de esta Cámara que recepta la mencionada doctrina judicial. En esa línea precisó que: (i) en el ejercicio 2012 el resultado impositivo fue negativo -quebranto- ($24.513.145,66 y $36.281.679,91, en las declaración jurada original y rectificativa, respectivamente); y (ii) en el período 2013, producto del traslado del quebranto del período 2012, el resultado impositivo, sin ajustar por inflación, fue negativo ($25.402.159,19), y con ajuste arrojó quebranto por $13.954.573,44. Asimismo, el resultado (negativo) se mantiene “aún cuando la empresa no compute el quebranto del ejercicio anterior” (fs. 170vta.). Respecto al período 2015, precisó que el resultado impositivo sin aplicar las normas del ajuste fue de $94.922.920,79 vs. $76.249.580,48 con ajuste. Así pues, puntualizó que el impuesto determinado ascendió a $33.223.022,28 y la tasa efectiva fue del 43,57% que se reduce a 39,53% si no se computa el quebranto del período 2012. En consecuencia, entendió que aun cuando la alícuota efectiva del 39,53% superara a la legalmente prevista en la ley del gravamen vigente para el ejercicio 2015, no podía ser calificada de confiscatoria “ya que no tiene la significación suficiente como para tornar aplicable la doctrina del citado precedente al encontrarse muy alejada de la tasa del 62% que fuera tenida en cuenta por la Corte” (fs. 171). Puntualizó que los intereses resarcitorios debían calcularse desde la fecha de interposición del reclamo administrativo previo y liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” (conf. art. 151 de la ley 11.683).
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31088/2025 ARIMEX IMPORTADORA SA (TF 48723-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 2º) Que, disconformes con esa decisión, ambas partes interpusieron y fundaron sendos recursos de apelación (cfr. fs. 187, 188, 200/206 y 236/239). El Fisco y la parte actora replicaron los agravios de su contraparte a fs. 249/258vta. y 252/260vta., respectivamente.
La parte actora se agravió respecto al rechazo de la acción de repetición relativa al período fiscal 2015. A tal fin, alegó que no había fundamento jurídico o normativo concreto para justificar que la alícuota efectiva de ese ejercicio no resultaba confiscatoria. En este punto, aseveró que “se supera la tasa fijada por ley, lo que ya es un parámetro más que suficiente para tornar en confiscatorio un tributo” (fs. 202vta./203). Añadió que existen numerosos antecedentes jurisprudenciales que han declarado la confiscatoriedad del bloque normativo por porcentajes menores al invocado en el precedente “Candy”. Transcribió jurisprudencia en línea con su argumento. A su turno, la demandada circunscribió sus agravios a la repetición del ejercicio fiscal 2014 -y sus costas- y a la tasa de interés aplicada para todos los períodos. Indicó que la declaración jurada del período 2014 que incorpora el ajuste por inflación arroja quebranto y no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados, por lo que no existe posibilidad de confiscatoriedad alguna. En esa misma línea, remitió a la doctrina del precedente de Fallos: 335:1923. Asimismo, arguyó que la tasa efectiva del 216,02% “no surge de un cálculo comparativo coherente, idóneo ni homogéneo, hecho que plasma la arbitrariedad de lo resuelto” (fs. 237).
En lo relativo a la tasa de interés, solicitó que se aplique aquella fijada en las resoluciones del Ministerio de Economía de acuerdo a lo dispuesto por el art. 179 de la ley de rito. Citó jurisprudencia de esta Alzada.
En lo atinente a las costas del período fiscal 2014, puso de manifiesto que, al propiciar la revocación del fallo, debían ser impuestas a la actora. El 5/09/25 dictaminó el Fiscal General. En síntesis, explicó que se encuentra en debate si la prohibición de aplicar el sistema de ajuste por inflación en forma íntegra genera a la actora una carga tributaria confiscatoria, en relación con los períodos fiscales 2014 y 2015.
En este sentido, precisó que la doctrina de la Corte veda considerar, sin más, que toda alícuota efectiva superior al 35% es confiscatoria. Sin embargo, indicó que se ha reconocido jurisprudencialmente la viabilidad de que sean los magistrados quienes determinen, en cada caso y con arreglo a las probanzas rendidas en él, cuál es la alícuota resultante de cotejar la liquidación del tributo con y sin ajuste por inflación, en exceso de aquélla a partir de la cual puede entenderse que existe una absorción de una parte sustancial de la renta o del capital del contribuyente. Con relación a la constitucionalidad de la tasa de interés prevista en la resolución 314/04 del entonces Ministerio de Economía, recordó que las Salas del fuero han admitido planteos similares al de la contribuyente.
3. Que, el agravio de la actora con respecto al ajuste por inflación del período 2015 exige determinar si el precedente “Candy” resulta aplicable al caso en tanto la alícuota efectiva del impuesto que se encontraba compelida a pagar sin aplicar los mecanismos de ajuste por inflación, representaba el 39,53% del resultado impositivo ajustado, sin contemplar el quebranto originado en el período 2012 por aplicación del ajuste por inflación impositivo (conf. fs. 113 y punto 3 in fine del informe pericial).
Ahora bien, teniendo en cuenta las conclusiones del informe pericial contable relativas al ejercicio 2015, cabe estar a lo resuelto por esta Sala in re “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 1º/06/21. En esa oportunidad el Tribunal sostuvo que, aun cuando las diferencias no resultaban idénticas a las examinadas por la corte en “Candy” (en ese caso 46,72% vs. 62%), la adopción de la tesitura fiscal no podía admitirse, pues implicaría —lisa y llanamente— la asunción por la contribuyente de una obligación tributaria que resulta confiscatoria respecto de la renta obtenida en el período 2015 al exceder de modo considerable la alícuota prevista en la ley de Impuesto a las Ganancias (doctrina replicada en el pronunciamiento dictado por esta Sala, in re “RPB Sociedad Anónima c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/03/22 en el que la alícuota efectiva ascendía a 47,70%).
En esa misma línea, esta Cámara ha precisado que la ausencia de coincidencia con los porcentajes verificados en “Candy” no obsta a la aplicación de su doctrina en supuestos con cifras menores, con fundamento —invocada por el propio precedente de la Corte— en la magnitud de la desproporción entre las sumas exigibles. Así, se ha sostenido que, “en la medida en que la alícuota prevista en la ley del gravamen es del 35%, un porcentaje superior —en principio— redunda en un supuesto de confiscatoriedad en los términos que ha sido definida por la Corte Suprema de —SALA IV— 31088/2025 ARIMEX IMPORTADORA SA (TF 48723-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Justicia de la Nación haciendo aplicación de los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional” (Sala III, “Paolini Hnos. S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/04/18; Sala II, “Central Piedra Buena S.A. c/ E.N. – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 16/07/15).
Asimismo, este ha sido el temperamento adoptado por la Corte recientemente al resolver la causa caratulada “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa “Paolini Hnos. S.A. c/ EN – AFIP – DGI s/ proceso de conocimiento”, sent. del 21/05/24, en la que aplicó el precedente “Candy” cuando la alícuota efectiva del impuesto representaba el 43,57% de la base imponible.
Por último, cabe destacar que in re “Bridgestone Argentina SAIC c/ EN-AFIP s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 10/12/24, este Tribunal coligió que “el porcentaje que representa el importe del impuesto aplicando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo del Título VI de la LIG asciende al 41,28%, es decir, está por encima de la tasa estatutaria del impuesto a las ganancias 35% generándose así un resultado confiscatorio por absorber una parte importante de la renta” (el subrayado es propio).
En función a lo expuesto, corresponde admitir el agravio deducido por la parte actora y hacer lugar a la repetición del período 2015.
4. Que con respecto al período fiscal 2014, la pericia contable informó que el Impuesto a las Ganancias determinado por la actora al 31/12/14 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo, ascendió a $13.969.806,19 mientras que el resultado impositivo ajustado por inflación se reduce a $0 como consecuencia del cómputo del quebranto por $17.025.386,18 proveniente de la declaración jurada (ajustada por inflación) correspondiente al período 2012. Ello así, los expertos señalaron que "no resulta posible determinar matemáticamente una tasa efectiva del gravamen toda vez que el cociente entre los citados conceptos arrojaría una tasa efectiva del impuesto ‘infinita’. Asimismo, corresponde añadir que la mencionada tasa efectiva del gravamen se puede terminar y se reduce al 216,02% cuando el cálculo matemático de la tasa efectiva surge del cociente entre el Impuesto a las Ganancias determinado de Arimex Importadora S. A. al 31/12/2014 sin aplicar el ajuste por inflación impositivo previsto por el Título VI de la ley del Impuesto, que como fuera expuesto asciende a $13.969.806,19; y el resultado impositivo ajustado por inflación de la Compañía correspondiente a ese período fiscal sin computar el quebranto originado en el período fiscal 2012 por aplicación del ajuste por inflación impositivo, en cuyo caso arroja una ganancia de $6.466.813,96” (fs. 112vta./113).
En este escenario, cabe destacar que si bien asiste razón al Fisco en cuanto sostiene que —de acuerdo a la doctrina de la Corte— no cabe fundar un supuesto de confiscatoriedad en el menor tributo que se hubiese abonado a causa del cómputo del quebranto del ejercicio del año anterior [conf. doctrina de Fallos: 335:1923 y CSJ 612/2013 (A -49)/CS1 “Alubia S.A. c/ AFIP - Dirección General Impositiva s/ repetición”, sent. del 4/11/14], lo cierto es que tal planteo no resulta dirimente en la presente causa. Ello es así, ante todo, porque la procedencia del ajuste por inflación correspondiente al ejercicio 2012 -del que derivaría el quebranto computado en el primer escenario contemplado por la pericia para el período 2014- se encuentra desestimada por existir pronunciamiento firme sobre el punto (conf. resolución del a quo aquí apelada y memorial deducido por la parte actora). En tales condiciones, el quebranto resultante de aplicar el ajuste por inflación en el ejercicio 2012 no puede ser jurídicamente considerado para el análisis del período fiscal 2014.
En ese escenario es que cobra relevancia el segundo de los cálculos efectuados por los expertos contables, según el cual el Impuesto a las Ganancias determinado por la actora al 31/12/2014 -sin aplicar el ajuste por inflación impositivoasciende a $13.969.806,19, mientras que el resultado impositivo ajustado por inflación correspondiente a ese mismo ejercicio, pero sin computar el quebranto proveniente del año 2012, arroja una ganancia de $6.466.813,96, lo que determina una tasa efectiva del 216,02%.
En función a lo expuesto, la doctrina sentada por la Corte —en cuanto rechaza el reconocimiento de un quebranto resultante de la aplicación del ajuste por inflación y de la posibilidad de su traslado a un ejercicio posterior— no obsta a la solución aquí adoptada, pues en el sub examine no se admite el quebranto del ejercicio 2012 (ajustado) ni se hace producir efecto alguno a su respecto; antes bien, se prescinde de él y se atiende exclusivamente a la incidencia que, en el ejercicio 2014, tiene la determinación del gravamen sobre una renta ajustada por inflación del propio período. Desde esa perspectiva, la alícuota efectiva del 216,02% acreditada pericialmente revela una absorción sustancial de la renta gravada y excede todo parámetro razonable de imposición, configurándose así el supuesto de confiscatoriedad contemplado por la doctrina de “Candy”.
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31088/2025 ARIMEX IMPORTADORA SA (TF 48723-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En nada modifica lo expuesto la “incorrección de la técnica de liquidación” a la que alude la demandada y/o su objeción respecto a la tasa efectiva del 216,02% en cuanto a que “no surge de un cálculo comparativo coherente” (fs. 237) puesto que las cifras aplicadas por el Tribunal Fiscal surgen de la pericial contable que no fue impugnada oportunamente en los términos ahora propuestos por el fisco (conf. fs. 117/118vta.). A ello debe añadirse que las observaciones de la demandada en su memorial no contienen una crítica concreta y circunstanciada que permita desacreditar la veracidad de la alícuota efectiva supra mencionada.
En virtud de las consideraciones efectuadas supra, corresponde desestimar los agravios del fisco con relación a la cuestión examinada en este considerando.
5. Que, en cuanto a la aplicación de la tasa de interés prevista en la resolución 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, cabe remitir a lo expuesto por esta Sala en la causa nº 68.476/2018/CA1 “Maselis, Analía Edith c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/03/19.
Por tales motivos, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en cuanto pretende la aplicación de la tasa de interés fijada por el art. 4º de la resolución 314/04 y hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la actora en su contestación de agravios, debiéndose liquidar los intereses admitidos en el marco de la presente causa a la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina hasta el 31/07/19.
Por lo demás, se advierte que por medio de la resolución 598/2019, publicada en el Boletín Oficial el 18/07/19, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (art. 4º). Por consiguiente, desde el 1°/08/19 al 31/08/22, corresponde aplicar la tasa de interés supra transcripta (cfr. esta Sala, “Fauvety, Martha Adelina c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, causa 16.973/2020, sentencia del 8/2/2022; “Muiños, Alberto César c/ EN – AFIP s/ Dirección General Impositiva”, causa 11.695/2020, sentencia del 8/3/2022; “Villegas, Carlos Alberto c/ EN – AFIP – Ley 20628 s/ amparo ley 16.986”, causa 6512/2021, sentencia del 17/3/2022; entre otras).
A partir del 1°/09/22 rigió la resolución (MH) 559/2022 (B.O.
25/08/22) que en su art. 4º disponía que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, en el tres como ochenta y cuatro por ciento (3,84 %) mensual”. En consecuencia, a partir del 1º/09/22 y hasta el 31/01/24 los intereses deben ser liquidados de conformidad con la tasa establecida en la resolución (MH) 559/2022. [en análogo sentido, esta Sala in re “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 1º/12/22].
Por último, a partir del 1º/02/24 corresponderá aplicar la tasa prevista en el art. 4º, primer párrafo, de la resolución 3/2024 (B.O. 22/01/24) —de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de esa norma— y considerar las modificaciones dispuestas por la resolución 199/2025 (B.O. 28/02/25) —aplicable a partir del 1º/03/25 — y por la resolución 823/2025 (B.O. 25/06/25), con efectos desde el 1°/07/25. En nada modifica lo expuesto el planteo genérico formulado por la contribuyente respecto a la inconstitucionalidad de tasa de interés inferior a la tasa pasiva. Al respecto, no puede dejar de recordarse que los reglamentos que aquí se pretenden impugnar, gozan de presunción de legitimidad (arg. art. 12 de la ley 19.549) y que además han sido dictados por el organismo habilitado a tales efectos [cfr. en sentido similar, esta Sala en la causa 55802/2022 “Clodinet SA (TF 112063665-I) c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo organismo externo”, sent. del 01º/12/22].
Además, corresponde recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico, por lo que requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución —SALA IV— 31088/2025 ARIMEX IMPORTADORA SA (TF 48723-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Nacional (conf. Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922 y 330:855 y 5345, entre muchos otros). Del mismo modo, se ha dicho que la tacha de invalidez de una norma impone demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional y causa un gravamen; y, para ello, se requiere que el pedido pertinente tenga un sólido desarrollo argumental y cuente con fundamentos de igual carácter (conf. arg.
Fallos: 324:3345; 325:1201; 327:831, 1899; 329:4135; 337:149; 339:1277, entre otros). Esta carga, no puede considerarse cumplida con cuestionamientos que no den cuenta precisa de las cláusulas y/o principios constitucionales vulnerados (cfr. Fallos: 342:1170). En el caso, los agravios de la accionante basados en que la aplicación de una tasa de interés inferior a la tasa pasiva no mantendría incólume el contenido económico y resultaría en enriquecimiento sin causa, no cumplen con las premisas antedichas (conf. en análogo sentido, esta Sala in re “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 7/11/23).
Máxime cuando son numerosos los casos en los que esta Cámara, de forma invariable, ha sostenido la aplicación de las tasas previstas en las resoluciones (MH) 598/19 y (ME) 559/22, en los casos de repetición de tributos (cfr., a título ejemplificativo, esta Sala “Clodinet SA” op. cit.; Sala I in re 49.713/2016 “Lufkin Argentina SRL c/ EN-AFIP-DGI s/Dirección General Impositiva”, sent. del 15/11/22; Sala II, 80.607/2018 “Industrial and Commercial Bank of China S.A. c/E.N. -A.F.I.P. - D.G.I. s/dirección general impositiva”, sent. del 16/06/22; Sala III, 10.307/2017 “Duke Energy Cerros Colorados SA c/ EN - AFIP - DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 25/08/23; 35.502/2019 “M Royo SACIIFyF c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 19/09/23; Sala V, 91.692/2017 “BBVA Banco Francés SA c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 24/10/23; entre muchos otros).
En función a lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso incoado por el fisco y modificar el pronunciamiento apelado en los términos y con el alcance dispuesto en este acápite.
6. Que, en atención al modo en que se resuelve, corresponde declarar inoficioso pronunciarse respecto a los recursos de apelación de honorarios de fs. 218 y 226 toda vez que el a quo deberá practicar una nueva regulación en función a lo aquí decidido.
Por las consideraciones efectuadas, SE
a) admitir el recurso de la actora y hacer lugar parcialmente al de la demandada en los términos y con el alcance supra expuesto; b) imponer las costas de ambas instancias por sus respectivos vencimientos (conf. arts. 71 y 279, CPCCN); y c) declarar inoficioso un pronunciamiento respecto a los recursos vinculados con los emolumentos fijados por el Tribunal Fiscal a fs. 213/213vta.
Regístrese, notifíquese y -oportunamente- devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia