Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 17576840-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 15/11/2024, puntos 1° y 2°; y
2Tratar la apelación deducida contra el auto regulatorio y fijar los honorarios correspondientes a la actuación seguida por la actuación desplegada por el profesional actuante por la actora ante esta instancia judicial (Considerando X).
Buenos Aires, 1 de abril de 2026.
VISTOS estos autos CAF18.050/2025 “Armando Pettorossi e Hijos SA (TF 17576840-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” y CONSIDERANDO:
I. Por resolución DV ORR1 350/2022 -y su rectificativa, DV ORR1 14/2023- (conf. esp. fs. 61/150 y 151/154 del hipervínculo que antecede), la Dirección Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la ex AFIP - DGI:
-determinó de oficio, con carácter parcial, la materia imponible, respecto del IVA, por los períodos fiscales 6/2016 a 2/2019, de Armando Pettorossi e Hijos SA, determinando un saldo a ingresar de $6.301.058,49, con más intereses, intimando a la contribuyente a cancelar tal monto bajo apercibimiento de exigirlo por ejecución fiscal; -aplicó una multa de $2.742.711,30, en los términos del artículo 46 de la ley 11.683, por los períodos 6/2016 a 7/2017, intimando a la contribuyente a cancelar lo así debido bajo apercibimiento de exigirlo por ejecución fiscal;
-difirió la aplicación de sanciones por los períodos fiscales 8/2017 a 2/2019, de conformidad con lo normado por el artículo 20 de la ley 27.430.
II. Armando Pettorossi e Hijos SA solicitó la revisión de dicho acto (conf. esp. fs. 6/29 del hipervínculo que antecede).
III. En pleno desarrollo del trámite recursivo ante el Tribunal Fiscal de la Nación, Armando Pettorossi e Hijos SA hizo saber que se habría acogido al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por ley 27.743 respecto del reclamo involucrado en autos (conf. esp. fs. 504 del hipervínculo que antecede).
Al punto, indicó haber formulado un plan de regularización por la suma de $6.301.058,40, con más intereses, consolidados a la fecha de presentación, cuya deuda fuera incluida en el formulario F.1003, a cancelar en tres cuotas; así como también haber presentado el formulario F.408/PD de allanamiento o desistimiento; dando así cumplimiento a los recaudos establecidos por el régimen.
En esa oportunidad, en respaldo de sus dichos como documentación, acompañó: formulario F.408, de allanamiento; impresión del sistema de la ex AFIP respecto de las sumas adeudadas en concepto de IVA por los períodos involucrados en autos, resumen del plan de facilidades de pago, código T324735, al que adhiriera; y formulario F.1003, de adhesión al plan de facilidades de pago según régimen establecido por ley 27.743, con más detalle del mismo (conf. esp. fs. 493, 495/496, 498, 500/501 y 506/510 del hipervínculo que antecede). Al respecto, el Fisco Nacional destacó (conf. esp. fs. 523/525 del hipervínculo que antecede):
-en cuanto al cumplimiento del recaudo formal de confección del formulario F.408, que la contribuyente habría consignado como “monto cuestionado” solamente lo referido al tributo, cuando en rigor debía incluir el total del recurso impetrado, incluyendo intereses y multa, si la hubiera;
-respecto de las causales de exclusión previstas en el artículo 4° de la ley 27.743, que de sus archivos no surgía que la contribuyente poseyera registrados juicios universales en trámite, finalizados ni paralizados; así como tampoco causas penales. Sin embargo, en lo que respecta a las causales relativas a delitos comunes que tuvieran conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, solicitó que se corriera traslado a la fiscalizada a los fines que manifestara, con carácter de declaración jurada, no encontrarse incursa en las causales de exclusión de la ley y sus reglamentaciones.
Sobre la base de tales circunstancias, el Fisco Nacional requirió que una vez verificado que la contribuyente no se encontrara incluida en las causales de exclusión previstas en el artículo 4° de la ley 27.743, se la tuviera por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, con costas; o bien, caso contrario, se continuara con el trámite recursivo del caso; dejando constancia que lo expresado no importaba aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la normativo bajo referencia.
En este contexto, Armando Pettorossi e Hijos SA informó que ni la empresa ni sus integrantes se encontraban subsumidos en algunas de las causales de exclusión previstas en el artículo 4° de la ley 27.743; y que presentó el formulario F.408 adicional, de allanamiento incluyendo intereses y multa, tal como le fuera requerido por el Fisco Nacional, adjuntando copia en respaldo de ello. En consecuencia, peticionó que el Fisco Nacional se expidiera en torno al acogimiento al régimen de regularización de deudas (conf. esp. fs. 530/531 y 533 del hipervínculo que antecede).
IV. En este contexto, por resolución del 15/11/2024 (conf. esp. fs. 540/543 del hipervínculo que antecede), la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
-tuvo a Armando Pettorossi e Hijos SA por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, por su obligación tributaria en el IVA por los períodos fiscales 6/2016 a 2/2019, como así también respecto de la porción de los intereses resarcitorios conforme lo normado por el artículo 6°, literal a), de la ley 27.743; con costas a su cargo (punto 1°);
-tuvo por condonada la porción de intereses que excediera aquellos que formaron parte de la regularización, según lo dispuesto por el artículo 6° de la ley 27.743; ello sujeto a la cancelación total de la obligación sustancial, con más los intereses no condonables, con costas por su orden (punto 2°);
-tuvo por condonada la multa aplicada por el acto cuestionado, ello conforme lo normado por el artículo 7º de la ley 27.743; con costas por su orden (punto 2°); y -reguló los honorarios de los profesionales actuantes en defensa del Fisco Nacional (punto 3°).
V. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 568 y 572/580 del hipervínculo que antecede).
En sustancial síntesis, cuestionó la decisión adoptada, en tanto y en cuanto, pese a existir un saldo impago correspondiente a capital no conformado y sus respectivos intereses, la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación tuvo por condonada en forma total la sanción y los intereses que excedieran aquellos que forman parte de la regularización con costas por su orden.
Tildó de arbitraria la solución alcanzada.
Resaltó que la regularización llevada a cabo por la contribuyente, habría sido voluntariamente parcial.
Reiteró que Armando Pettorossi e Hijos SA adeuda un saldo correspondiente a capital e intereses no conformados, máxime siendo que no declaró un saldo técnico determinado por la resolución DV ORR 350/2022.
En este sentido, afirmó que las sumas declaradas por la contribuyente, así como las sujetas a los planes de regularización no coincidirían con los montos resultantes del acto determinativo. Agregó que la diferencia pendiente de pago ascendería a $589.778,40, en concepto de capital, con más sus respectivos intereses.
En función de lo expuesto, peticionó que, por el saldo impago de las obligaciones involucradas en autos, a las que no correspondería extender los beneficios previstos en el artículo 6° de la ley 27.743, debía tener a la actora por desistida de la acción, en los términos de los artículos 304 y 305 CPCCN, con costas a su cargo.
Por lo expuesto y con el alcance indicado, el Fisco Nacional solicitó que se revocara el pronunciamiento apelado, con costas a cargo de la contribuyente.
Dicha presentación mereció réplica de su contraria (conf. esp. fs. 608/614 del hipervínculo que antecede).
VI. La regulación de honorarios efectuada en favor de la defensa del Fisco Nacional, también fue motivo de recurso, interpuesto por considerarlos bajos (conf. esp. fs. 545 del hipervínculo que antecede).
VII. Pues bien, examinados los antecedentes del caso, se advierte que los agravios vertidos por el Fisco Nacional lucen improponibles a los fines de revisar lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación, por no haber sido cuestiones postuladas en la oportunidad debida; esto es, al tiempo en que se le corriera traslado del denunciado acogimiento de Armando Pettorossi e Hijos SA al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por ley 27.743 respecto del reclamo involucrado en autos.
En esa oportunidad, cabe reiterar, el Fisco Nacional se limitó a manifestar, por un lado, que al confeccionar el formulario F.408, la contribuyente habría consignado como “monto cuestionado” solamente lo referido al tributo, cuando en rigor debía incluir el total del recurso impetrado, incluyendo intereses y multa, si la hubiera; y, por otro, respecto de las causales de exclusión previstas en el artículo 4° de la ley 27.743, que si bien de sus registros no surgía que se encontrase comprendida en supuesto alguno, solicitó que se le corriera traslado a los fines que manifestara, con carácter de declaración jurada, no encontrarse incursa en ningún supuesto que le impidiera acogerse al régimen.
Y, sobre la base de lo que pudiera responder la contribuyente, en caso de no encontrarse incluida en las causales de exclusión previstas en el artículo 4° de la ley 27.743, solicitó que se la tuviera por desistida de la acción y del derecho, incluso del de repetición, con costas; o bien, caso contrario, se continuara con el trámite recursivo del caso.
En estos términos, se pronunció el Fisco Nacional en torno al acogimiento al régimen de regularización de obligaciones tributarias establecido por ley 27.743, sin exponer objeción alguna en torno a los montos incluidos en el plan de pago generado, respecto de tributo determinado en la resolución impugnada.
Por tanto, lo argumentado al tiempo de recurrir lo resuelto por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, no importa sino la introducción de un tópico que no fuera expuesto en la oportunidad debida; máxime cuando no se advierte la existencia de impedimentos valederos para haber llevado a cabo tempestivamente el control del caso y formular la objeción ahora traída a juicio, siendo que, junto con el escrito por el que informara el acogimiento al plan de regularización de deudas, la actora acompañó la documentación respaldatoria antes mencionada.
A todo evento, cuadra dejar sentado que la “reserva”
efectuada en torno a la no aceptación del acogimiento ni reconocimiento del derecho del solicitante a gozar de los beneficios establecidos en la ley 27.743, luce genérica, infundada y desconexa del trámite procedimental acordado por el Tribunal Fiscal de la Nación al planteo de Armando Pettorossi e Hijos SA; que, tal como se viene explicando, exigía de parte del Fisco Nacional que, en esa oportunidad, llevando a cabo el debido control de la documentación presentada por la contribuyente y de sus registros se pronunciara, formulando las objeciones que estimara corresponder, entre las cuales, la que ensayara a efectos de cuestionar el pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación debió necesariamente incluir el item referido al saldo técnico (que, a lo sumo, representa una deducción en favor del contribuyente -retenciones, percepciones y pagos-; conf. resolución DV ORR1 350/2022, artículo 6°), recién ahora mencionado.
De este modo, la cuestión recursiva intentada por el Fisco Nacional luce inatendible a los fines de revisar el pronunciamiento del 15/11/2024 (conf. arg. artículo 277 del CPCCN); máxime cuando no se erigía valladar alguno para que lo hiciera en la oportunidad debida. En virtud de lo antes expuesto, siendo que la materia recursiva fue introducida por el Fisco Nacional recién al tiempo de cuestionar lo resuelto por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, se concluye que luce formalmente inadmisible, por resultar el fruto de una reflexión tardía (conf. mutatis mutandi arg. artículo 277 del CPCCN, aplicable en virtud del artículo 197 de la ley 11.683).
VIII. Lo hasta aquí expuesto determina el rechazo del recurso intentado por el Fisco Nacional contra lo resuelto en los puntos 1° y 2° de la resolución del 15/11/2024, lo que conlleva la confirmación del pronunciamiento dictado por la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto al acogimiento al régimen establecido por ley 27.743.
IX. Atento al modo en que se resuelve, y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general, las costas relativas a la actividad desplegada por ante esta instancia judicial, quedan a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
X. Finalmente, avocándose al tratamiento del recurso interpuesto contra el auto regulatorio del punto 3° de la resolución 15/11/2024, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado las labores desplegadas por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa.
Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito. Al fin de lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos “Seguridad Cono Sur SA c/PNA - Disp. 36/12”, sent. del 4/6/2013 y sus citas; entre muchos otros).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Así, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados (conf. resoluciones DV ORR1 350/2022 y 14/2023, lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación el 15/11/2024 y lo decidido precedentemente) y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante las tres etapas del pleito cumplidas y el desistimiento efectuado, corresponde, confirmar -en lo que fue materia de recurso- los honorarios regulados en el punto 3° del pronunciamiento del 15/11/2024 en favor de los letrados intervinientes por la dirección letrada y representación del Fisco Nacional (conf. artículos 14, 16, 20, 21, 24, 25, 29, 44, literal b), y concordantes de la ley 27.423, según decreto 1077/2017).
Asimismo, también sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, por las tareas desarrolladas ante esta instancia judicial, corresponde regular en la suma de ciento ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y cuatro pesos ($184.964; equivalentes a 2 UMA) los emolumentos del doctor Cristian Eduardo Fabris, patrocinante, actuante en la defensa de la actora (conf. artículos 14, 21, 24, 29, 30, 44, literal b), y concordantes de la ley 27.423. El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala, en autos “Beccar Varela, Emilio - Lobos, Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso en que los profesionales no hubieran denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo hagan.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 15/11/2024, puntos 1° y 2°; y 2°) tratar la apelación deducida contra el auto regulatorio y fijar los honorarios correspondientes a la actuación seguida por la actuación desplegada por el profesional actuante por la actora ante esta instancia judicial (Considerando X).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese al Tribunal Fiscal de la Nación.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia