Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-102775836-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 1 de Septiembre de 2023 En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal subrogante de la 3° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal subrogante de la 1º Nomnación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 40.870-I caratulada: "ARMANDO SCHOLLES Y CIA S.R.L. s/ recurso de apelación –impuesto al valor agregado-”.
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 49/56 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 29 de agosto de 2014, suscripta por la Jefa de la División y Recursos de la Dirección Regional Posadas de la AFIP-DGI, mediante la cual se determina de oficio el impuesto al valor agregado por los 03/10 a 09/10; 11/10 a 01/11, 03/33 a 06/11, 08/11 y 09/11, con más intereses resarcitorios. Asimismo se aplica una multa por los períodos 07/10, 08/1, 09/10, 03/11 y 06/11, equivalente a dos tantos del impuesto presuntamente evadido, con sustento en lo dispuesto por los arts.46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Manifiesta la actora que su actividad principal es la elaboración de yerba mate, señalando que el proceso de elaboración se realiza con la percepción de hojas de yerba mate de sus clientes, y la realización de una primera etapa de industrialización consistente en el zapecado y canchado de dicha materia prima, obteniendo como producto final la “Yerba Mate Canchada”, la que luego es vendida a los molinos para que procedan a efectuar la molienda y envasado para su consumo al público en general.
Señala que el organismo fiscal impugnó los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado, emergentes de facturas vinculadas con los siguientes sujetos: Idemar Senger y Don Gabriel S.R.L., por considerar las operaciones que fueron inexistentes por supuesta falta de capacidad económica para realizar los hechos imponibles.
Refiere luego a las pruebas ofrecidas en sede administrativa, respecto de cada uno de los proveedores y las conclusiones a la que arriba el ente fiscal concluyendo que en relación al Idemar Senger se ha probado que era un productor, intermediario y acopiador de hoja de yerba mate, inscripto correctamente en el Instituto Nacional de Yerba Mate, lo que unido a la probanza del dinero que le ingresó, permiten acreditar la veracidad de las compras cuestionadas.
Respecto de las operaciones realizadas con Don Gabriel S.R.L. señala que es un productor inscripto en el Instituto Nacional de Yerba Mate bajo el Nº 17150 con una superficie cultivada de 80 hectáreas.
Agrega que en ningún caso la AFIP cuestionó el ingreso efectivo de la mercadería comprada y tampoco ha recibido cuestionamiento la forma de pago ni el cumplimiento de los recaudos para conocer la situación fiscal del contribuyente -al momento del pago, estaba habilitado, no estaba en la base APOC y podía facturar perfectamente-.
Pone de resalto que conforme de la base de datos de la AFIP, Don Gabriel S.R.L. fue incorporado a dicha base el 19/04/2012, con efecto retroactivo al 02/01/2010.
Considera que este invento del Fisco de otorgar efecto retroactivo a la incorporación de un contribuyente a una base de datos propia, y en base a eso impugnar el crédito fiscal de las facturas emitidas, que en su momento cumplían con todos y cada uno de los requisitos fiscales, es una consagración de la arbitrariedad y una manera de desplazar la responsabilidad de la ineficacia de los controles que están a cargo del organismo recaudador. Por último, ofrece prueba informativa y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 64/83 contesta la representación fiscal el traslado del recurso.
Manifiesta que atento a la reiteración de los agravios, no cabe más que ratificar las conclusiones del Juez Administrativo, cuyos considerandos hace propios.
En relación a los intereses resacitorios, señala que la actora no ha efectuado agravio alguno, por lo que corresponde entender que los mismos han sido consentidos, como así también la sanción aplicada. Acompaña los antecedentes de la causa y peticiona se rechace el recurso interpuesto, con costas.
III. A fs. 91 se abre la causa a prueba. Que mediante PV-2023-58338668-APN-VOCIII#TFN se clausura el periodo probatorio y se elevan los autos a consideración de la la Sala A. A fs. 124/127 obra el alegato del Fisco Nacional, no habiendo hecho uso de ese derecho larecurrente y mediante IF.-2023-98854726- APN- VOCIII#TFN, pasan los autos a sentencia.
IV. Que corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución apelada.
Que conforme surge de las constancias de autos y de los antecedentes administrativos acompañados, el ente recaudador, en ejercicio de las facultades que le son propias, practicó una fiscalización a la recurrente a través de la cual constató que su actividad principal es la elaboración de yerba mate.
Que el origen de los cargos se encuentra en la orden de intervención N° 753,226 mediante la cual se fiscalizó el impuesto al valor agregado por los períodos enero de 2010 a diciembre de 2012, en lo que aquí interesa, impugnándose los proveedores SENGER IDEMAR y DON GABRIEL S.R.L.
V. Que conforme lo expuesto en el Considerando precedente, el tema a decidir en autos refiere a la procedencia de la impugnación de los créditos fiscales de las facturas por parte del Fisco Nacional respecto a los proveedores mencionados de la actora, la que originó la obligación frente al impuesto al valor agregado.
Que a fin de dilucidar la cuestión, debe analizarse la situación de los proveedores puestos en crisis, a la luz de la actividad fiscalizadora obrante en las actuaciones administrativas (fs. 167/174 informe de inspección de los antecedentes administrativos).
SENGER IDEMAR: tiene como actividad declarada el cultivo de tabaco, de yerba mate, venta al por menor en minimercado con predominio de productos alimentarios y bebidas, servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.
Que localizado el Sr. Senger, en su domicilio fiscal, los actuantes realizaron un acta con las manifestaciones del mismo, en la cual señalan que su actividad comercial está relacionada a la agricultura, cultivo de yerba mate y de eucalípto -entre otros-, que se encuentra inscripto como productor primario, que no recuerda en qué impuestos se encuentra inscripto, como tampoco recuerda el monto de facturación efectuada en el período 2009. Que posee solamente una caja de ahorro en el Banco Macro. Sus clientes son Armando Scholles y Cia S.R.L., Yerbatera Kleñuk y cooperativas. Por su parte, son proveedores son Mundo del Agro S.A. y Si Agro. Que tiene dos empleados en relación de dependencia, no recuerda cuál es la A.R.T. contratada y desconoce el monto que paga por ella. Que el único bien que posee es un camión Mercedes Benz 1517 modelo 1980. (fs. 408/414 -informe final de inspección de los antecedentes administrativos del Sr. Senger Idemar-).
Mencionan los inspectores que el domicilio fiscal en el cual fue localizado el contribuyente corresponde a una vivienda familiar, la cual es de condiciones precarias de edificación (paredes de madera) y de reducidas dimensiones.
Respecto de los proveedores se informa que San Martín Gabriel señaló que efectuó operaciones de ventas al Dr. Senger desde el 3/2007, los montos de cada comprobante no superan los $ 1.000, que fueron abonados al contado. Multigrado S.A. dicha informa un total de ventas efectuado entre 1/1/2007 y el 31/12/2009 de $ 54.281,41, el detalle de las ventas consistieron en elementos para alambrar, fertilizantes y pesticidas y una compra de semillas de cebolla y repollo. Los medios de pago utilizados fueron cheques de terceros y efectivo. Otto Marcelo Javier, informa que realizó una única operación, que se abono en efectivo y no especifica en qué consistió. En cuanto a los proveedores Reartes Fernando Daniel y Grupo Agros S.R.L., no respondieron la solicitud de información. En cuanto a las empresas que efectuaron compras al Sr. Idemar Senger, en su mayoría informaron la adquisición de hoja verde yerba mate, tung y leña, también servicios de flete y compras de mandioca. No se especifica el origen y destino de los servicios de fletes.
Que el Banco Macro S.A. informa que registra en sus sistemas cuatro cuentas a nombre del contribuyente, todas ellas cajas de ahorro en pesos. Se observan en su mayoría acreditaciones por notas de créditos por cheques propios, depósitos de algunos clientes, los débitos son por extracciones “retiro caja de ahorro”. La Dirección General de Rentas informa que el Sr. Senger no registra antecedentes de inscripción en el impuesto a los ingresos brutos. La municipalidad de San Vicente señala que no registra alta comercial en sus bases de datos. El Registro de la Propiedad Inmueble informa que no se registran inmuebles a nombre del Sr. Senger. Por último se lo incluyó en la base de datos E-Apoc, con el motivo “Sin capacidad económica”.
DON GABRIEL S.R.L.: su actividad económica es la elaboración de yerba mate; cultivo de té y otras plantas cuya hojas se utilizan para preparar bebidas; servicios de labranza, siembra, transplante y cuidados culturales; venta por mayor de productos de madera, excepto muebles; venta al por menor de maderas y art. de madera y corcho, excepto muebles; transporte automotor de carga; venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías; servicios agrícolas y venta al por menor de prendas y accesorios de vestir, excepto calzado, art. de marroquinería, paragüas y similares. (fs. 101/115 informe de inspección de los antecedentes administrativos de Don Gabriel S.R.L.).
Se concurrió al domicilio fiscal, el que se hallaba cerrado y con evidentes signos de abandono; el local posee un cartel con la leyenda “Asociación Civil Con.Vi.Vir”. Consultados los vecinos manifestaron no conocer a la firma Don Gabriel S.R.L., aunque sí a uno de sus socios, el Sr. Coimbra Angel Gabriel, quien ya falleció. También indicaron que el local hace mucho tiempo que se encuentra cerrado.
Se localizó a la dueña del local, Sra. Bárbara Beatriz Barrero, quién ratificó que efectivamente se lo alquiló a la empresa Don Gabriel S.R.L., exhibiendo copia del contrato de fecha 14/10/2009, quien lo firma es la Sra. Paredes Saturnina. Se entrevistó a la Sra. Paredes que negó su participación con la firma Don Gabriel SRL y que sus únicos ingresos provienen de su jubilación. El Registro Público de Comercio indicó el carácter de socia gerente de la empresa a la Sra. Paredes Saturnina y de socio al Sr. Coimbra (ya fallecido).
Posteriormente se presenta una nota firmada por la Sra. Gladis Mabel Paredes, quien lo hace como supuesta Apoderada de la firma, carácter que no acredita de forma alguna. De los siete puntos del requerimiento, sólo adjunta copias de resúmenes bancarios de la firma.
Ante la imposibilidad de constatar algún indicio de desarrollo de actividad o capacidad operativa de la firma, se consultó la información disponible en la base e-fisco: a) la sociedad se halla inscripta en un total de nueve actividades, no necesariamente relacionadas entre sí, de las que no se pudo constatar siquiera el desarrollo de una de ellas; b) registra pagos mínimos o escasos teniendo en cuenta el volumen de actividad declarada -solamente en Impuestos a las Ganancias, sobre los Bienes Personales Acc. o Participaciones y otros conceptos previsionales-, en el impuesto al Valor Agregado no registra ningún pago; c) registra falta de presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias por el ejercicio 2011, también de Impuesto sobre los Bienes Personales -Acc. o Participaciones-, mismo período; d) con respecto al impuesto al Valor Agregado, se observan presentaciones habituales de declaraciones juradas, aunque en su gran mayoría no determinan saldo a ingresar; e) la firma no registra información de ningún tipo de bien registrable a su nombre, si de cuentas bancarias habilitadas (aunque con escasas acreditaciones informadas si se tiene en cuenta el volumen supuestamente operado por la firma), tampoco se encuentra informada como “Consumidor Relevante RG 1434”.
De la circularización a organismos públicos, surge que la Municipalidad de Oberá indica que la firma Don Gabriel SRL se encuentra inscripta, aunque según declaraciones juradas no tiene movimiento y no registra deuda hasta la fecha.
En relación a los supuestos proveedores -aunque por montos pequeños ya que no se pudo acceder a más información- y las respectivas respuestas que se obtuvieron, en ningún caso se pudo determinar si los conceptos facturados se hallaban o no relacionados al desarrollo de la o las actividades de la firma. Por su parte, dos de los clientes informados contestaron que se les facturó conceptos diferentes: a uno de ellos se le vendió “yerba mate canchada” y al otro “tareas culturales realizadas en plantaciones de pino”
En virtud de las informaciones, los actuantes solicitaron la inclusión en la base E-APOC como “sin capacidad económica” desde el 01/01/2010.
VI. Que ello sentado, corresponde ahora que este Tribunal aprecie el elenco probatorio obrante en los presentes autos.
Que como prueba documental, la actora acompaña, constancias de pago del régimen de anticipos del impuesto a los ingresos brutos respecto del proveedor Sr. Idemar Senger, y del detalle de los productores yerbateros de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones y una constancia del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en el que se encontraría inscripto el mencionado proveedor.
Que en cuanto a la prueba informativa producida en esta instancia se libró oficio al Instituto Nacional de Yerba Mate, en la que seseñala en relación al Sr. Idemar Senger que se le inició una inspección en el año 2011 y se le imputaron los siguientes hechos: 1) la realización de una declaración irregular, dado que declara al momento de la inspección como productor la existencia de quince hectáreas de yerba mate cultivada, con un rendimiento de 8000 kgs. por hectárea lo cual da un total de 120.000 kgs. anuales; y según documentación obrante en las actuaciones, durante el período enero de 2008 a octubre de 2010 entregó un total de 11.414.066 kgs., lo cual teniendo en cuenta el rendimiento declarado, en ese período daría un total de 360.000 kgs. de hoja verde de yerba mate, lo que arroja una diferencia de 11.054.066 kgs.; ello en contraposición a lo establecido en la Res. 02/04 del INTM. 2) Falta de inscripción de yerbatales arrendados mediante contratos de fecha 10 de marzo de 2006; 5 de mayo de 2007; 12 de julio de 2007 y 7 de febrero de 2006, en infracción a los establecido en la Res. 02/04 y 3) Falta de cumplimiento de los requerimientos efectuados mediante Actas Generales Nº 3312 y 3416, en contraposición a lo establecido en el art. 8, inc.) g de la Res. 54/08 del INYM. Se remitió al Área Legales el 02/10/2012, para prosecución del trámite correspondiente.
En relación a Don Gabriel S.R.L. señala que no existen constancias de haberse realizado inspecciones en los años 2010-2011.
VII. Que entrando al análisis de la cuestión de fondo, respecto del impuesto al valor agregado, corresponde señalar que respecto de estos proveedores la impugnación ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves, precisos y concordantes, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y que los bienes a los que ellas se refieren efectivamente hayan sido adquiridos a tales proveedores, en cuanto se acredita entre otros, que se trata en todos los casos de sujetos sin capacidad operativa, patrimonial y económica necesarias para efectuar las operaciones comerciales que registran con la actora. No registra capacidad operativa suficiente propia e incluso tampoco considerando sus supuestos proveedores.
En el presente caso, resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Al ser ello así, corresponde que la actora, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditara la verdad de sus dichos, esto es, demostrar y evidenciar la sustantividad de las operaciones impugnadas por la inspección actuante, toda vez que es la parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo y en cuanto tales impugnaciones poseen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida (cfr. “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 27/03/2002, confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cont. Adm. Federal, Sala IV, 27/04/2007). Si bien el organismo fiscal no puede colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto, lo cierto es que los indicios reunidos por el Fisco Nacional son suficientes para dudar de la existencia de las operaciones, siendo la recurrente la que carga con la prueba de demostrar lo contrario, lo que no ha ocurrido en la presente causa.
Conforme a reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo. Formado el convencimiento en cuanto a la imposibilidad de los sujetos emisores de las facturas en juicio de efectuar tales operaciones por la falta de capacidad opertiva suficiente para afrontar las mismas operaciones, resulta lógico que se observen las mismas por la falta de confianza que inspira dicha documentación, justificando su impugnación. Por último, se debe recordar en tal sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. En ambos casos ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con los proveedores indicados en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50- M) /CS1 R.O. “Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25 de agosto de 2015).
Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo “9º) Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...". Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.”
Ahora bien, en el particular, surge que ante los graves indicios en que sustenta el ajuste el Fisco Nacional, la parte actora no ha logrado desvirtuarlos con la prueba aportada en las presentes actuaciones.
También, cabe mencionar que si bien no le son imputables a la contribuyente los incumplimientos de terceros así como que no le es oponible que en el domicilio no puedan ser ubicados, si le cabe a ella relevar la calidad de aquellos con quienes supuestamente contrató, y en tal sentido resulta oportuno mencionar que no pueden considerarse las impugnaciones realizadas por el Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis individual como pretende equivocadamente, para concluir si tenía obligación de conocerlas o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial con sus proveedores, que se conjugan con un conjunto de otras anomalías propias de operaciones irregulares En conclusión, dado que no se reúnen los requisitos necesarios a fin de validar el cómputo de los créditos fiscales correspondientes a las operaciones de compras supuestamente efectuadas a los proveedores cuestionados por falta de capacidad operativa económica y financiera suficiente, no habiendo logrado sustentar la recurrente la existencia de tales operaciones con medios probatorios idóneos, contando con dicha oportunidad, se resuelve confirmar las impugnaciones efectuadas de los créditos fiscales por el Fisco Nacional en la resolución recurrida sobre el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que en cuanto a los intereses resarcitorios es pertinente recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Que en atención a lo expuesto y no habiendo acreditado la actora que la mora en el ingreso de sus obligaciones fiscales no le es imputable, corresponde confirmar los intereses resarcitorios aplicados en la resolución apelada, con costas.
IX. Que, finalmente resta expedirse con respecto a la procedencia de las multas aplicadas por defraudación –sustentadas por los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones)- graduadas en dos veces el importe determinado sobre los ajustes practicados en el Impuesto al Valor Agregado que se confirma.
Que debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento, ello exige del ente recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re "Ruggiero, Aldo", sentencia del 21/12/2006, "...la configuración de la defraudación tributaria requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino que también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado”.
En este punto, visto la serie de investigaciones que tuvo que llevar a cabo la fiscalización –ver lo referenciado precedentemente en el Considerando IV- es que se puede considerar que la actora utilizo un ardid o engaño para llevar a cabo una disminución en el impuesto declarado.
Que lo concerniente al fondo de la cuestión no ha podido aportar detalles fehacientes y relevantes sobre la veracidad de las operaciones de compras realizadas con los proveedores cuestionados por la fiscalización ni que permitan desvirtuar las presunciones contempladas en el artículo 47 de la ley de rito y que fueron utilizadas por el Fisco Nacional.
Por lo expuesto ut supra, se concluye que la sanción aplicada por el organismo fiscal ha sido adecuadamente ponderada, toda vez que se acreditó no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino que también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
En este sentido, la actora no acompañó ningún tipo de elemento probatorio que permitan acceder al convencimiento de que ha procedido conforme a derecho, sino que por el contrario, las irregularidades destacadas pueden considerarse como maniobras tendientes a ocultar al Fisco Nacional la verdadera magnitud de la operatoria comercial que lleva a cabo.
Por lo expuesto, ante la ausencia de soporte probatorio, tanto en sede administrativa, como ante este Tribunal y en atención a las circunstancias expuestas, corresponde confirmar la sanción aplicada, con costas. La Dra. O'Donnell dijo:
Atento a la solución propiciada por el Vocal Instructor, teniendo especialmente en cuenta las consideraciones que en relación a los proveedores objetados, Senger Idemar y Don Gabriel S.R.L. se hacen en el Considerando V y VI de su voto, a lo que cabe agregar que fueron dados de baja e inhabilitados por el INyM, todo lo cual que permite concluir en la inexistencia de las operaciones y la legitimidad de los cargos fiscales.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.08.31 20:14:27 -03:00 Date: 2023.09.01 13:02:48 -03:00 Agustina O'Donnell Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.01 16:39:47 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.01 16:39:49 -03:00
Fin de la sentencia