Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial, Sala III de Lomas de Zamora
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo celebrado quedó establecido:
1Que la sentencia de fs. 122/130 debe confirmarse.
"ARMANI PEDRO DANIEL Y OTRO/A C/MARRA MARIA ZULEMA S/ ACCION DE REDUCCION"
J.6 SALA III CAUSA:3435 N°REG.SENT.DEF.N°1 FOLIO N°1
En Lomas de Zamora, a los 5 días del mes de febrero de 2013, reunidos en Acuerdo Ordinario los Jueces de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, de este Departamento Judicial, doctores: Norberto Celso Villanueva y Sergio Hernán Altieri, con la presencia del Secretario del Tribunal, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa número: 3435 , caratulada: “ARMANI PEDRO DANIEL Y OTRO/A C/MARRA MARIA ZULEMA S/ ACCION DE REDUCCION ”. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial del mismo Estado, la Cámara resolvió votar las siguientes:
1. ¿ Es justa la sentencia apelada ?
2. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar ?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, “in fine” del C.P.C. y C.); dio el siguiente orden de votación: Dr. Norberto Celso Villanueva y Dr. Sergio Hernán Altieri.
A la primera cuestión, el Dr. Norberto Celso Villanueva dijo:
A) ANTECEDENTES – SENTENCIA - AGRAVIOS
I. El magistrado titular del Juzgado del fuero n° 6 dictó sentencia definitiva a fs. 122/130, desestimando la excepción de prescripción de la acción opuesta por María Zulema Marra, con costas a su cargo.
Por otro lado, admitió la acción de reducción promovida por Pedro Daniel Armani y Karina Isabel Armani contra María Zulema Marra, condenando a la demandada a abonar a los accionantes la suma de $ 42.360 con más intereses a calcular desde la fecha de la constatación de la utilidad de los inmuebles, esto es desde el 26 de febrero de 2009 y hasta el efectivo pago, conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
Impuso las costas a la demandada vencida, difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Ambos contendientes apelaron dicho pronunciamiento, siéndoles concedidos sendos recursos a fs. 132 y 135. Los actores expresaron agravios a fs. 147/149, mereciendo la respuesta de fs. 160/167 de su contraria. En su momento, la demandada presentó sus fundamentos en forma extemporánea, declarándose la deserción de su embate a fs. 159.
III. En su crítica, los actores se agravian de la desestimación de su pedido de revocación del usufructo constituído a favor de la demandada. Al respecto, señalan que si el magistrado de la instancia de origen determinó que la porción disponible para el causante fue superada por la constitución del usufructo, ningún sentido puede tener –a su parecer- la continuación de un gravamen que afecta ilegítimamente su derecho. Por otra parte, se queja del monto de la condena impuesta a la demandada por considerarlo reducido, entendiendo que la misma no debe limitarse a estimar los arriendos efectivamente percibidos sino a computar el uso y goce que pudo hacer la usufructuaria, así como también de lo que realizará a futuro.
B) SUFICIENCIA TÉCNICA DE LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS
Antes de adentrarme en la médula de las críticas, corresponde dejar aclarado, en orden a los reparos opuestos por la representación letrada de la demandada (ver fs. 160/161), que la pieza tildada de insuficiente traída a consideración de este Tribunal, satisface sustancialmente los requisitos que el Código de rito exige para considerar abastecida la crítica, por lo que el pedimento allí formulado no podrá recibir favorable recepción en esta sede revisora (doctr. arg. art. 260 del Código Procesal C. y C.)
C) EXPRESIÓN DE AGRAVIOS - TRATAMIENTO
1. Anticipo que el recurso no puede prosperar.
Y aclaro que, aun cuando las razones que aquí se desarrollarán no armonizan con la admisión de la pretensión, la solución positiva adoptada en la instancia originaria no podrá variar en orden a la prohibición de reformar la decisión en perjuicio del apelante (cfr. arts. 266 y 272 del CPCC).
Sentado lo dicho, cabe recordar que la presente acción fue deducida con el objeto de moderar los alcances del usufructo vitalicio constituido por el fallecido Raimundo Armani a favor de María Zulema Marra sobre dos inmuebles que componen el caudal relicto. Los hedereros del primero alegaron que la afectación les resulta excesivamente onerosa, en tanto sobrepasa la porción disponible de que el causante podía servirse. Sobre dicho marco causal peticionaron la restitución de las sumas percibidas en exceso de la legítima por la usufructuaria en concepto de arriendo de los bienes hereditarios.
En el petitorio de dicho escrito inaugural, solicitaron la desafectación del gravamen constituido sobre los inmuebles.
2. Si bien el uso y goce de un bien puede ser cuantificado monetariamente cuando se lo otorga por un determinado lapso, ello no puede ser realizado cuando el usufructo se constituye de por vida, en tanto se desconoce a priori la longevidad del beneficiario, además de otras variables como la posible fluctuación de los valores de arriendo de los inmuebles, eventual alza generalizada de precios, etc., lo que impide apreciar la incidencia que dicho gravamen ejercerá sobre la totalidad del patrimonio del de cujus (Vidal Taquini, Carlos H., “Heredero forzoso: preterición y legado de usufructo”; LL 1987-C, 317).
Empero el legislador, enterado de dicho escollo, decidió asumir la solución pragmática prevista en el art. 917 del Code francés para el mismo intríngulis.
Previsión que concretó en el art. 3603 del Código Civil referida a los legados, aunque aplicable también al usufructo constituído por actos inter vivos, en orden a la identidad de ratio, en tanto en ambos casos nos situamos frente a una liberalidad (cfr. Borda, Guillermo A.; “Tratado de Derecho Civil – sucesiones”; Bs. As., Perrot, 1994; t° II, pág. 103. Medina, Graciela en la obra colectiva de Bueres, Alberto J. –dir.- y Highton, Elena I. –coord.-, “Código Civil y normas complementarias – Análisis doctrinal y jurisprudencial”; Bs. As., Hammurabi, 2007; t° 6ª, págs. 796/797. Zannoni, Eduardo A.; “Derecho Civil – Derecho de las sucesiones”; Bs. As., Astrea, 1997; t° 2, pág. 237). Dicho precepto contiene dos opciones, excluyentes entre sí.
Esa regla permite que el heredero haga sus cálculos y decida si le conviene más esperar a que el usufructo se extinga o cancelarlo con el abandono de la cuota libre. De este modo, el heredero sacrifica parte de su capital, pero sanea su patrimonio, suprime gravámenes molestos y cumple la voluntad del causante, dentro del margen autorizado.
De lo que se trata es de que el heredero tenga, a pesar de la liberalidad, el goce libre e inmediato de su legítima.
Y como bien se ha dicho, el legitimario viene a ser el juez de su interés (cfr. CNacCiv., Sala C, diciembre 4-985, “ Rodríguez Santos de Rinaldi, S. c/ Rodríguez Santos, Alberto O.”, La Ley 1987-C, pág. 323), lo que entraña que la estimación de la conveniencia de una u otra postura, queda a su soberano arbitrio, sin que la jurisdicción pueda suplir su voluntad.
Es él, el heredero, quien tiene que asumir el riesgo de determinar si le resulta más gravoso sostener el usufructo o entregar la cuota libre. El artículo 3603 abre esa opción al heredero en cualquier caso en que haya un usufructo o renta vitalicia. No hay necesidad alguna de producir prueba de que la manda excede la porción disponible, siendo una manera de evitar toda incertidumbre, toda discusión sobre valores. Es lógico, entonces, que el heredero sea –como se dijo- el juez de sus propios intereses y, por otro lado, el legatario de nada puede quejarse si se le entrega la totalidad de la porción disponible (cfr. Borda, ob. cit., t° II, págs. 102/103).
Como se deja ver de lo dicho, los actores sólo contaban con dos posibilidades: respetar el usufructo constituído a favor de la demandada o bien, solicitar la revocación del mismo entregando a la usufructuaria la porción de capital de que hubiera podido disponer el causante.
Ninguna de dichas actitudes concretas fue asumida por los demandantes.
3. Por el contrario, dedujeron su pretensión reclamando la “reducción” del usufructo a lo que hubiese superado la porción disponible, para finalmente en el petitorio solicitar la desafectación del gravamen (ver fs. 19 vta. y 23).
Amén de las serias dificultades de establecer un cálculo –siquiera aproximado- del monto del usufructo sin plazo a que ya hiciera referencia, la petición excede los efectos previstos en la ley. El supuesto normativo dentro del que se subsume el caso en revisión, no contempla la minoración del gravamen a una porción de la misma, como se pide en la pieza liminar. Nótese la prístina aclaración que el codificador formuló en su nota al precepto citado, señalando que “…la disposición testamentaria creando un usufructo y una renta vitalicia no es reducible; pero si el heredero legítimo cree que le es onerosa, tiene derecho para obligar al legatario a recibir en su lugar la cantidad de que el testador podía disponer. El legatario no puede quejarse, pues que se le entrega todo lo que el difunto podía dejarle…”
Por el contrario, sí está prevista la requerida revocación del usufructo, mas no en los términos planteados en la demanda, dado que los quejosos no han entregado en propiedad a la accionada ni ofrecido hacerlo, la porción de bienes libres de la herencia. La lectura del escrito de demanda no deja lugar a dudas que su intención es la de percibir una porción de los arriendos de los que la usufructuaria resulta beneficiaria como locadora y no la de renunciar a la porción disponible del acervo a favor de ésta. Dicha actitud muestra que los herederos han descartado la posibilidad de optar por la entrega de la porción disponible, en el momento en que podían hacerlo, por lo que en adelante ya no podrán ejercer dicha opción (cfr. Zannoni, ob. cit., t° 2, pág. 240; Borda, ob. cit., t°II, pág. 107)
Corolario de cuanto llevo dicho, es que corresponde confirmar la desestimación del pedido de revocación del usufructo, aunque por las razones aquí señaladas.
4. En cuanto al pedido de que se extienda la condena a períodos a los que la usufructuaria no arrendó el inmueble, pero durante los cuales gozó del uso del mismo, le cabe idéntica solución.
Dicha respuesta se colige de lo expuesto en el punto anterior, en tanto no es procedente el planteo de reducción proporcional del gravamen.
Idéntica tesitura cuadra aplicar en cuanto se pide extender la condena a períodos futuros.
5. Finalmente me permito recordar, atendiendo las consideraciones que expusiera, que el marco del recurso impide adentrarse en la parte dispositiva de la sentencia que arriba consentida a esta instancia (cfr. arts. 266 y 272 del CPCC).
Ergo, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión: por compartir los mismos fundamentos, el doctor Altieri dijo que:
VOTA EN IGUAL SENTIDO.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la segunda cuestión, el Dr. Norberto Celso Villanueva expresó: Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde confirmar la apelada sentencia de fs. 122/130. En orden al criterio objetivo de la derrota, propicio que las costas se impongan a los actores apelantes vencidos (cfr. art. 68 del CPCC). Propicio diferir la consideración de los honorarios profesionales, hasta la oportunidad en que se practiquen las correspondientes determinaciones en la instancia de origen.-
ASI LO VOTO
A la segunda cuestión, el Dr. Altieri dijo que: VOTA EN IGUAL SENTIDO.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo celebrado quedó establecido:
1. Que la sentencia de fs. 122/130 debe confirmarse.
POR ELLO: Y fundamentos consignados en el Acuerdo, confírmase la apelada sentencia de fs. 122/130. Costas a los actores apelantes vencidos. Difiérese la consideración de los honorarios profesionales hasta la oportunidad señalada al tratar la segunda cuestión.- Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.-
Fin de la sentencia