Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.564-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución DE PRLA n° 6099/14, recaída en el expediente SIGEA 12194-108-2007, en cuanto condena a la firma PWHQ SA y al despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, al pago de una multa de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 43.504,87) por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, en relación a las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X.
2Costas a las co-recurrentes.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-48261877-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Abril de 2023 PWHQ S.A.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “AROSTEGUI HÉCTOR MARCELO c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 35.564-A, al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.581-A, caratulado “PWHQ S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 13/20 se presenta el despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA n° 6099/14, por la cual se lo condena en forma solidaria con la firma exportadora, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., respecto de las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X, por el supuesto ingreso de un monto de divisas distinto al que hubiere correspondido. Sostiene que según la DGA la infracción se habría configurado al no haberse incluido en el campo FOB los gastos de despacho de exportación, los cuales fueron incorporados en el campo ajuste a incluir en divisa. Agrega que se trató de un mero error material que en modo alguno pudo llevar a interpretar que se ha configurado una infracción de declaración inexacta, máxime cuando no ha existido perjuicio alguno para la DGA. Opone la nulidad de la denuncia formulada al sostener que carece de fundamento fáctico y jurídico, ya debe tener como fundamento la totalidad de los hechos verificados y debe, además, estar basada en la normativa vigente para tales supuestos de hecho. Manifiesta que en el caso, no ha existido perjuicio alguno en contra de la Aduana, ya que el valor FOB y el valor imponible de la mercadería son conceptos distintos que no deben ser confundidos, por lo que no ha existido declaración inexacta. Alega que no sólo es necesaria la existencia de una declaración inexacta, sino que debe provocar alguno de los efectos previstos en los tres incisos del art. 954, caso contrario no es punible en sí misma. Cita jurisprudencia. Agrega que en el caso el servicio aduanero no hizo ajuste ni cuestionamiento alguno al valor declarado, reconociendo que no existió perjuicio fiscal, por lo que no se configuró la infracción aquí imputada. Además, continúa, cumplió íntegramente con los requisitos establecidos por el art. 332 del C.A., al haber declarado verazmente la cantidad, peso, origen, procedencia, etc, de la mercadería, por lo que en el caso, estamos en presencia de un error material involuntario, comprobable de la simple vista por el servicio aduanero, lo que no constituyó declaración inexacta ni ocasionó perjuicio fiscal alguno. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del Caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 25/27 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso. Hace un breve resumen de los hechos. Efectúa una negativa genérica de los dichos de la contraria. Cita el art. 954 y concluye que es clara la conducta típica delimitada por el Código Aduanero, habiéndose configurado en el caso en cuestión. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 47 se tiene por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa y se abre la causa a prueba. A fs. 70, se tiene por cumplida la prueba ofrecida y ordenada a fs. 47, con las copias de los permisos de embarque obrantes en las actuaciones administrativas.
IV. A fs. 77/84 ref. se presenta la firma PWHQ S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA n° 6099/14, por la cual se la condena en forma solidaria con el despachante de aduana, al pago de una multa por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A., respecto de las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X. Resume los hechos para concluir que en el caso se abonaron correctamente todos los derechos de exportación ad valorem, no hubo ningún perjuicio fiscal sino un error formal administrativo en la carga de datos en el SIM, constituyendo un error no punible. Agrega que en el caso, nunca existió la posibilidad de ingreso del exterior de un importe a cobrar distinto al que correspondiere. Cita jurisprudencia. Alega que la confección del documento aduanero le corresponde materialmente al despachante que no cumplió en forma idónea con su tarea. Cita el art. 959 del C.A. Sostiene que en el caso, solamente se utilizó un casillero incorrecto para consignar un valor, y luego mediante un ajuste se llegó al valor correcto, no siendo impugnado el valor FOB por la DGA, quién toma el error formal para tratar de fundamentar una declaración inexacta. Cita jurisprudencia. Afirma que aun cuando se considerara probada la imputación formulada, atento a existir en la especie un error excusable, ello es causal de exención de sanción. Ofrece prueba, plantea reserva del Caso Federal y solicita revoque la determinación efectuada por el Fisco, con costas.
V. Que a fs. 113/117 ref., se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso respecto de la firma exportadora. Efectúa una breve reseña de los hechos. Señala que en el caso se advirtió una diferencia resultante entre las declaraciones efectuadas en las destinaciones de exportación y lo verificado por el servicio aduanero, al advertirse que se consignó erróneamente el monto FOB en el campo FOB total. Cita jurisprudencia. Afirma que la postura propiciada por la contraria sería de una flexibilidad tal que se desnaturalizaría el régimen clasificatorio acordado por ley, conduciendo a una situación de peligro y gravedad que llevaría a que cualquier importador pueda acogerse a un régimen tributario más beneficioso, sin cumplir con los requisitos cuyo sometimiento exige esta ley. Se refiere a la responsabilidad del despachante de aduana. Ofrece prueba, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
VI. Que a fs. 121, en fecha 9/11/17, se resuelve acumular la causa n° 35.581-A, caratulada “PWHQ S.A. c/ DGA s/apelación” a la presente causa.
VII. Que a fs. 127, vencido el período probatorio, se certifica que la prueba no se produjo en atención a que se la tuvo por cumplida con las copias de los permisos de embarque obrantes en las actuaciones administrativas. Con posterioridad, se elevan los autos a esta Sala “F” y pasan a sentencia, atento a lo dispuesto a fs. 127.
VIII. Que la Actuación 12194-108-2007 se inicia con la denuncia formulada por la Sección Regímenes Promocionales de la División Registro de Exportación contra PWHQ S.A., por la presunta comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del C.A., en relación a las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X, acompañando a tal efecto la Nota N° 265/07 explicativa de los hechos imputados como así también los ejemplares 2 de los permisos de embarque involucrados y demás documentación complementaria (fs. 3/58). A fs. 59 se liquida la multa mínima. A fs. 60 se dispone la apertura del sumario y se corre vista a la exportadora y al despachante de aduana de la infracción imputada, habiéndose notificado la firma exportadora el 3/11/2010 y el despachante de aduana el 7/12/2010. A fs. 64/73 contesta vista la firma PWQH S.A. y a fs. 78/81 lo hace el despachante de aduana. Finalmente, a fs. 85/86 se dicta la resolución DE PRLA n° 6099/14, aquí apelada por ambos imputados.
IX. Que en primer lugar corresponde tratar la nulidad planteada por el co-actor, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, de la denuncia formulada, al sostener que carece de fundamento fáctico y jurídico, ya debe basarse en la totalidad de los hechos verificados y en la normativa vigente para tales supuestos de hecho. Que tal planteo no puede prosperar. En efecto, según resulta de las actuaciones administrativas, la denuncia efectuada por la Aduana se fundamentó en la Nota N° 265/07, acompañada a la misma de la que resultan los hechos explicativos de la infracción imputada como así también el derecho aplicable. Asimismo, se acompañó a la misma, los ejemplares 2 de los permisos de embarque involucrados como así también toda su documentación complementaria.
Que, en consecuencia, no se advierte en el caso el agravio concreto planteado por el co-actor en este sentido, siendo que, además, dada la posibilidad que tienen las partes, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, corresponde rechazar el planteo efectuado el co-actor en autos, ya que el vicio alegado no le causa indefensión o gravamen que no puede ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la CSJN, que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205-549 y 267-393).
X. Que, sentado ello, corresponde analizar si la resolución DE PRLA n° 6099/14, aquí apelada, se ajusta a derecho, en cuanto condenó a las aquí co-recurrentes, al pago de una multa por comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.
Que por medio de los permisos de embarque 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X, registrados el 18/05/2005, 11/05/2005 y 22/06/2005, respectivamente, ante la aduana de Buenos Aires, la firma PWHQ S.A. documentó, por medio de su despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, la exportación para consumo de mercadería con destino a Honduras, Portugal y México, respectivamente. Que, con posterioridad, la Sección Regímenes Promocionales detectó que en el campo FOB CASILLERO de los P.E. enumerados en el párrafo anterior se declaró un valor FOB distinto al mismo y que dicha situación intentó ser regularizada incluyendo los gastos de cada operación en el casillero “Ajustes a Incluir”. A criterio del servicio aduanero, dichos gastos no son ajustes a incluir admisibles en el marco de la valoración de la mercadería, razón por la cual se formuló denuncia y se instruyó sumario por presunta infracción al art. 954, ap. 1), inc. c), del C.A. contra la exportadora y su despachante de aduana. Que el referido art. 954 dispone en su apartado 1 que: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir”, en cuanto aquí interesa: “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
Que, corresponde mencionar que a los efectos de la configuración de la infracción en trato es presupuesto necesario la existencia de una diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.
Que el art. 735 del C.A. dispone que para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, el valor imponible de la mercadería que se exportare para consumo es el valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y el valor FOT o el valor FOR según el medio de transporte que se utilizare, en operaciones efectuadas por vía terrestre, entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro en el momento que determinan para cada supuesto los artículos 726, 727 ó 729, según correspondiere, como consecuencia de una venta al contado.
Que el art. 736, inc. a), del C.A. preceptúa que ese valor debe incluir la totalidad de todos los gastos ocasionados hasta “el puerto en el cual se cargare en el buque con destino al exterior, para la mercadería que se exportare por vía acuática”.
Que el art. 739 del C.A. detalla especialmente los gastos a que se refiere el art. 736 de ese ordenamiento. Que de la compulsa de los operaciones de exportación involucradas en autos, puede observarse que, en todos los casos, en el campo “FOB Total en Dólar” se declaró un valor inferior y que en el campo “Ajuste a Incluir en Divisa” se declararon los gastos incurridos hasta el puerto de Buenos Aires, esto es “gastos de exportación y gastos de embalaje”, los cuales, a su vez, fueron discriminados en las facturas de exportación Nros. 9998-00000177, 9998-00000170 y 9998-00000193, respectivamente.
Que se evidencia que en dichos documentos aduaneros ha existido una diferencia entre lo declarado y lo comprobado.
XI. Que sentado ello corresponde ahora analizar si, efectivamente, los efectos que esa diferencia entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación, produjo o pudo haber producido, en caso de pasar inadvertida.
Que, en lo que aquí interesa, los efectos que esa diferencia debe producir o haber podido producir, en caso de pasar inadvertida es “c) El ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de la diferencia”. -conf. art. 954, ap. 1, inc. c), del C.A.-.
Que la coactora PWHQ S.A., sostiene que se trató de un mero error formal administrativo en la carga de los datos, no punible, resultando de aplicación el art. 959 del C.A.
Que la norma señalada requiere que la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración, lo que no acontece en autos, ya que –en el caso- la inexactitud surge del cotejo de la documentación complementaria, específicamente de las facturas de exportación.
Que, en efecto, y tal como ya se dijo, del análisis de los permisos de embarque y las facturas de exportación acompañadas, resulta que tanto los gastos de exportación como los de embalaje, que debían incluirse en el campo valor FOB, están discriminados en las facturas referidas y fueron incorporados en el campo “ajustes a incluir”, arrojando por ende, un valor en aduana comprensivo del monto total FOB que debió ser declarado.
No obstante ello, el servicio aduanero requirió comparar lo declarado en los permisos de embarque con la descripción que surgía de las facturas comerciales, para así advertir la diferencia de declaración, es decir que la inexactitud no surge de la propia declaración sino de su comparación con la documentación complementaria correspondiente.
Que en tal sentido, corresponde aplicar al caso, el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Petrobrás Energía S.A. c/ DGA”, de fecha 6/3/14. En dicho precedente, sostuvo que: “…Que la literalidad de la expresión utilizada por el legislador en el artículo 959, inciso a, al establecer que la inexactitud debe surgir de la ‘simple lectura de la propia declaración’, permite afirmar que dicha previsión se refiere a aquella clase de error que en la terminología utilizada por los ordenamientos que antecedieron al Código Aduanero era concebido como el error de hecho evidente e imposible de pasar inadvertido…esto es, aquél que resulta a simple vista del propio texto de la declaración comprometida, sin necesidad de acudir al cotejo con la documentación complementaria u otra clase de constancias…”. Asimismo, sostiene que: “…Tal conclusión es acorde con el principio del despacho en confianza –en el que reposa el sistema aduanero- consistente en una declaración previa por parte de la persona legalmente facultada para hacerlo ante la Aduana, mediante la cual se compromete a que sus manifestaciones además de ajustarse a la verdad, permitan conocer en forma completa, clara, precisa y concisa la naturaleza, especie y calidad de las mercaderías, con la finalidad de lograr su correcta clasificación y valoración por parte del servicio aduanero. En efecto, tal principio requiere, como contrapartida, un riguroso sistema sancionatorio que reprima los casos en los que la declaración comprometida es inexacta”.
Que, en igual sentido y remitiendo al antecedente recién citado, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Río Chico SA c/ DGA”, del 23/09/14.
Que, en consecuencia, habiéndose declarado un valor FOB menor al que correspondía -y sin perjuicio de que se hayan incluido los importes omitidos en el campo “Ajustes a incluir”-, ello determina la configuración de la infracción imputada en autos, ya que ello pudo haber generado un ingreso desde el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondía -en este caso-, menor.
Que, por su parte, el hecho de que en las facturas de exportación acompañadas se hayan discriminado los importes correspondientes a “gastos de exportación y gastos de embalaje” que debieron incluirse en el valor FOB -tal como ya se dijo- y por más que dichos importes coincidan con los que constan en el campo “ajuste a incluir”, no obsta a la conclusión a la que se arriba, ya que las facturas de exportación constituyen documentación complementaria, no surgiendo la inexactitud de la propia declaración, por lo que no se trata de un mero error formal que no pudo pasar inadvertido por el servicio aduanero, tal como sostiene la co-recurrente.
XII. Que, con respecto a la responsabilidad del despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, cabe señalar que el despachante de aduana no sólo actúa como mandante del importador-exportador, carácter que lo obliga a desenvolverse de conformidad al mandato, sino que también es un profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con la aduana. Es justamente dicha calidad la que determina que exista un mayor deber de obrar diligentemente y una mayor responsabilidad, tanto con respecto a su mandante como con respecto al servicio aduanero.
Que debe tenerse presente que “Dado el interés del Estado en el debido control del tráfico internacional, que descansa en el principio del 'despacho en confianza' y su correlativa 'declaración aduanera previa', es función del auxiliar del comercio colaborar con el Estado en la tarea de un despacho rápido y seguro. Lo que constituye una lógica contrapartida de la confianza que el Estado deposita en él al momento de la declaración aduanera. Esta relación de confiabilidad en la colaboración con el resguardo de los regímenes de restricciones o de facilitación (sea por vía tributaria o no tributaria) de la importación o exportación de ciertas mercaderías le otorga a esta categoría de auxiliar del servicio aduanero una gravitación aún mayor que la mero auxiliar del comercio” (Alsina, Mario A, Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P., y Vidal Albarracín, Héctor G., Código Aduanero comentado, completado y actualizado por Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Vidal Albarracín, Héctor G., Cotter, Juan P., Sumcheski, Ana L, y Vidal Albarracín (h), Guillermo, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2011, t. I, p. 129).
Que la importancia de la actividad desarrollada por estos profesionales fue destacada en el segundo párrafo del punto 1 de la Exposición de Motivos del Código Aduanero, bajo el título II, “Auxiliares del comercio y del servicio aduanero”, Capítulo Primero, “despachantes de aduana” señalando, entre otras cosas que “se evidencia (...) que son varios los intereses comprometidos en la gestión realizada por este profesional. El del Fisco, en la medida en que el despachante colabora a la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros, el del servicio aduanero, cuya actividad se ve facilitada por la intervención del profesional y el relativo al comercio de importación y exportación cuyas operaciones aduaneras tramitan”. Que, debido a la trascendencia, tanto para el importador-exportador como para el servicio aduanero, de la actividad que desarrolla dicho actor en el ámbito del comercio internacional es que se le exige cierto grado de idoneidad, lo que se evidencia, entre otras cosas, en los requisitos que se le exigen para poder desenvolverse como tal. Entre ellos, se destaca -en cuanto aquí interesa- la exigencia de “(...) haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que se establecieren” -cfme. art. 41, inc. b), del C.A.-. En definitiva, no se trata de un simple mandatario, sino de un profesional, que debe reunir requisitos, entre los cuales se encuentra la necesidad de adquirir conocimientos específicos en el ámbito del comercio exterior y es, justamente, su preparación especializada la que lo habilita a actuar en el carácter de mandatario calificado por sus conocimientos en materia aduanera.
Que dicha circunstancia conlleva, como contrapartida, mayores posibilidades de incurrir en responsabilidad jurídica -tanto en el ámbito del Derecho privado, con relación a su mandante (ya sea importador o exportador), como en el ámbito del Derecho público, frente al servicio aduanero-. Ello así, en virtud de que, al exigírsele idoneidad, no actúa como un mero gestor, debiendo poner la mayor prudencia y diligencia en el desarrollo de sus tareas, lo que lo eleva, según se ha señalado en cierto ámbito de la doctrina, a la categoría de “técnico asesor del comercio exterior” (ver “La responsabilidad del despachante de aduana”, Héctor G. Vidal Albarracín, Guillermo Vidal Albarración, Juan M. Sluman, Guía Práctica y Ediciones IARA S.A., Buenos Aires, 2009, p. 47).
Que, en esa línea de pensamiento, cabe señalar que de la interpretación de los arts. 902 y 908 del C.A., resulta que la solidaridad en el pago de la multa impuesta como consecuencia de una declaración inexacta, nace en cabeza del despachante “salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo”. Que de ello se desprende que el buen o mal desempeño en su actuación profesional es valorada en función del cumplimiento de los deberes que impone la legislación aduanera. Consecuentemente, ello es lo que debe tenerse presente al tiempo de valorar la actuación del citado profesional, resultando decisivo para la atribución de responsabilidad por la actuación profesional del mismo.
Que, si bien, conforme reiterada jurisprudencia, el despachante de aduana no es, en principio, penalmente responsable si no se ha apartado de las instrucciones impartidas por el importador, dicho profesional no acreditó en autos haber cumplido con las obligaciones a su cargo como auxiliar del servicio aduanero. Que cabe destacar que, para un adecuado ejercicio de sus funciones, el despachante hubiera debido extremar los recaudos a fin de comprometer una manifestación veraz, toda vez que, debió saber, debido a su profesión el modo en que la operación de autos debía ser declarada, resultando desacertado el modo en que llevó a cabo la declaración.
Que, precisamente, la especial relación que se entabla entre el servicio aduanero y las personas que desarrollan su actividad profesional en el área del comercio exterior, torna aplicable el principio general del derecho, receptado en el actual art. 1725 del Cód. Civ. y Com. (anterior art. 902 Cód. Civ.), conforme al cual cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.
Que, por lo demás, cabe señalar que en el caso la propia firma exportadora sostiene en su recurso que “…la confección del documento aduanero de exportación corresponde materialmente al despachante de aduana, auxiliar del servicio aduanero, quien no cumplió en forma idónea su tarea, ya que en forma errónea consignó un valor en la declaración que luego subsanó mediante un ajuste…”.
Que, por lo expuesto, cabe concluir que el despachante de aduana, frente a las circunstancias del caso, resulta responsable en forma solidaria con la firma exportadora por la infracción cometida. Que, en virtud de lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la resolución DE PRLA n° 6099/14, recaída en el expediente SIGEA 12194-108-2007, en cuanto condena a la firma PWHQ SA y al despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, al pago de una multa de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 43.504,87) por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, en relación a las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X.
2. Costas a las co-recurrentes.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Vocal preopinante.
No obstante, corresponde dejar sentado que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 24.553-A., del 3/12/2013, y “NUTRIBRAS SA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 36.507-A, del 3/12/2020, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines de la imposición de la multa objeto de autos, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la sanción recurrida, de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos; extremo sobre el que no corresponde pronunciamiento alguno, por razones de celeridad y economía procesal, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver la presente cuestión, por lo que cabe proceder a decidir en torno a la sanción de marras sin considerar el temperamento asumido por el suscripto en las sentencias de referencia (conf. Esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, Expte N° 27.252-A, del 10 de marzo de 2016, entre muchos otros. ASI LO VOTO.-
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución DE PRLA n° 6099/14, recaída en el expediente SIGEA 12194-108-2007, en cuanto condena a la firma PWHQ SA y al despachante de aduana, Sr. Héctor Marcelo Arostegui, al pago de una multa de CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 43.504,87) por la comisión de la infracción al art. 954, ap. 1, inc. c) del CA, en relación a las destinaciones de exportación 05001EC01 nros. 046261E, 043746J y 058190X.
2. Costas a las co-recurrentes.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.04.28 14:15:37 -03:00 Date: 2023.04.28 14:23:25 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.28 14:32:45 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.28 14:32:46 -03:00
Fin de la sentencia