Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 66.230
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada y declarar que el día 14-9-2014 Cristian Norberto Gaspar Aroza adquirió por usucapión el 50% del inmueble Circ. II; Secc. B; Ch. 139; Manz. 139-d; Parc. 12; Matrícula N°6360 del Partido de Bolívar (011) sito en calle Bolivia n°464 de la ciudad homónima, cuya titularidad registral se encuentra actualmente en cabeza del demandado fallecido sin herederos, Pascual Gallo (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015, ss. y ccds., C.C.; art. 24 y ccs., Ley 14.159; arts. 3, 7 y ccs., CCCN).
2Disponer que en origen se ordenen las diligencias necesarias para procurar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, previo pago de las cargas de rigor (art. 34 inc. 5, CPCC).
3Con costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 y 274, CPCC; caus. cits.).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Causa nº: 2-66230-2020 "AROZA CRISTIAN NORBERTO GASPAR C/ GALLO PASCUAL S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - AZUL
En la ciudad de Azul, a los veintiocho días del mes de Junio del año Dos Mil Veintidós, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48, Ley 5.827), con la presencia del Secretario, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Aroza, Cristian Norberto Gaspar c/. Gallo, Pascual s/. Prescripción Adquisitiva Vicenal/Usucapión” (Causa Nº 66.230), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi y Dr. Peralta Reyes. Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del 30-6-20?.
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
I.1. Cristian Norberto Gaspar Aroza demandó la usucapión del 50% del inmueble identificado catastralmente como Circ. II; Secc. B; Ch. 139; Manz. 139d; Parc. 12; Matrícula N°6360 del Partido de Bolívar (011), sito en calle Bolivia n° 464. Acreditó ser titular registral del 50% del bien y manifestó que la pretensión está dirigida contra el fallecido titular registral del restante 50%, Pascual Gallo, y/o sus eventuales herederos (fs. 57/63).
Relató su versión de los hechos, ofreció prueba y solicitó que se admita la demanda.
2. La citación por edictos del demandado y eventuales herederos resultó infructuosa, por lo que intervino la Defensoría Oficial.
3. Producida la prueba, el 30-6-20 se rechazó la demanda.
Se dijo en la sentencia de la anterior instancia que se trata de una usucapión entre condóminos y, luego de analizarse en detalle la prueba producida, se concluyó que el actor no justificó haber intervertido el título ni poseído en exclusividad la totalidad del bien durante el tiempo apto para prescribir.
4. El actor apeló (30-7-20), siéndole concedido el recurso libremente (3-8-20).
En la expresión de agravios del 10-3-22 tachó la sentencia de formalista y dijo que no valoró que el pleito se entabló contra un condómino fallecido hace cincuenta años (1970) sin herederos ni sucesión iniciada, y que éstas circunstancias imposibilitan probar la exclusión, aunque el “dato objetivo del fallecimiento EXCLUYE por sí solo la posesión de dicho condómino”. Ante ese panorama el apelante se preguntó: “Como hace el restante poseedor para probar la exclusión de ese otro poseedor fallecido y sin herederos?”.
Luego de repasar las diferentes pruebas rendidas (testimonial, de informes, el pago de impuestos, acta de constatación, etc.), entendió que “la demanda debe prosperar pues puede legítimamente presumirse que luego de la muerte del copropietario, ante el desconocimiento de la existencia de herederos, el actor continuó con ánimo de dueño sobre el 100% operando con ello la interversión del título”. Pidió que se revoque la sentencia y se tenga por adquirido el dominio del 50% del inmueble por prescripción.
5. Practicado el sorteo (29-4-22), corresponde dictar sentencia.
II. Cristian Norberto Pascual Aroza (condómino titular registral del 50% del inmueble) pretende usucapir el 50% perteneciente al restante cotitular registral, Pascual Gallo, que falleció hace más de cincuenta años en el año 1970 (certificado de defunción de fs. 8) y cuyos eventuales herederos –debidamente citados por edictos- no comparecieron, lo que suscitó la intervención de la Defensoría Oficial (arts. 145, 146, 147, 341, CPCC; Beatriz A. Areán, “Juicio de usucapión”, ed. Hammurabi, 4ta. ed., pág. 293 y ss.).
Puestos a la tarea de abordar la impugnación del actor, para quien la sentencia de primera instancia resultó adversa, es conveniente hacer una breve referencia a la jurisprudencia a la que usualmente se acude en los casos de usucapión entre condóminos, pues este recurso argumentativo permitirá evidenciar que la base fáctica de autos presenta notas que la diferencian de la generalidad de esos precedentes, y justifica, paralelamente, adoptar una solución también distinta.
Pues bien, en general se expresa que “la usucapión entre condóminos exige la exteriorización de la intención de poseer de forma exclusiva respecto de los demás propietarios, ello así porque los derechos que otorga el condominio sobre la cosa pueden confundirse con la posesión ejercida sobre la totalidad del inmueble, por lo que quien pretende adquirir debe probar la interversión del título originario mediante el cual comenzó a poseer el inmueble y dicha prueba requiere especial rigor en su apreciación por parte del juzgador” (cfr. arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680 ss. y cdtes. y art. 4015 –texto según ley 17.711- del Cód. Civ.; esta Sala, causas n° 61.330 del 29-5-17, “Ballarena…”; n° 63.023 del 22-9-20, “Vernucci…”; n° 65.263 del 18-5-21, “Bolpe…”).
Así, el condómino que pretende prescribir debe justificar haber intervertido su título mediante actos inequívocos de exclusión de sus coposeedores, de modo tal que no queden dudas que su antigua coposesión, compartida, mutó a una posesión exclusiva y excluyente. Ello porque “el condómino no es poseedor a título precario, como lo es un usucapiente tercero, puesto que, por hipótesis, posee como propietario (art. 2676, Cód. Civ.) y puede gozar de la cosa común conforme el destino de ella (art. 2684). De tal modo los actos que habitualmente habilitan la prueba de la posesión para el usucapiente no son suficientes en el caso del condominio, si no se prueba que el condómino ha excluido cualquier acto de posesión de los otros condóminos…” (Cámara Nacional Civil, Sala F, sent. del 28/5/10 “Cassinelli…”, La Ley Online, AR/JUR/21313/2010, con primer voto del Dr. Zannoni).
Siempre en ese sentido se ha decidido que “la parte actora debe acreditar que los copropietarios tomaron conocimiento de su intención de prescribir la totalidad del inmueble sin que pueda existir ninguna clase de duda al respecto, dado que los actos de la usucapiente podrían confundirse con el ejercicio de los derechos que la ley otorga al condómino sobre la cosa común (art. 2676 ss. y cdtes. del Cód. Civ.)” (esta Sala, causas n° 61.330, n° 63.023 y n° 65.263, cits.).
Estas últimas palabras vienen a cuenta pues representan el principal argumento utilizado por los tribunales para rechazar en una nada despreciable cantidad de casos las demandas de usucapión planteadas entre condóminos. Sin ir más lejos, esta sala ha decidido que “la parte actora debe acreditar que los copropietarios tomaron conocimiento de su intención de prescribir la totalidad del inmueble sin que pueda existir ninguna clase de duda al respecto, dado que los actos de la usucapiente podrían confundirse con el ejercicio de los derechos que la ley otorga al condómino sobre la cosa común” (esta Sala, causas n° 61.330, n° 63.023 y n° 65.263, cits.).
A grandes rasgos, y en cuanto sirve al declarado propósito argumentativo, son éstos los pilares interpretativos sobre los que reposa la usucapión entre condóminos. Ahora bien, en lo que sigue expondré las razones por las que considero que la pretensión del actor debe ser receptada, ya que la base fáctica que le da sustento presenta diferencias sustanciales que impiden que sea razonablemente aprehendida bajo aquella jurisprudencia (art. 3, CCCN).
1. Partiré del asiento n° 1 de la columna “a” del informe del Registro de la Propiedad Inmueble de fs. 25/27 basado en folio real, en la que se publicita que desde el 14-10-1969 la titularidad dominial del bien objeto de autos se encontraba en cabeza de Ignacio Borrego y del demandado Pascual Gallo, en la proporción de 50% para cada uno (los antecedentes dominiales más antiguos contenidos en el folio personal F°96/19 que allí se referencian, son irrelevantes a los fines del sub-caso). En otro orden de ideas, también está demostrado que Pascual Gallo murió soltero a los 71 años de edad el día 7-9-1970, y que Ignacio Borrego falleció el 13-9-1994 no sin antes haber instituido heredero de todos sus bienes a Cristian Norberto Gaspar Aroza, actor en la presente causa (certificado de defunción de fs. 8; y fs. 4/7, 28, 50vta. de los autos “Borrego, Ignacio s/. Sucesión”, que tengo a la vista). Asimismo, y por aplicación de las normas sucesorias entonces vigentes, se tiene que desde el 13-9-1994 Cristian Norberto Gaspar Aroza se convirtió en condómino del 50% del inmueble, pese a que el cambio de la titularidad registral de esa concreta porción indivisa recién se operó el 19-9-2011 (cf. asiento n° 4 de la columna “a”, del informe de dominio de fs. 25/27; arts. 3282, 3412, 3413, 3414, 3415, 3417, 3418, 3420, 3713, 3717 y ccs., C.C.; art. 7, CCCN).
Sin embargo, con criterio realista es preciso señalar que el condominio entre Aroza y Gallo tuvo apenas una existencia meramente formal, o registral si se prefiere, dado que en el momento en que Aroza adquirió el 50% por muerte de su testador Ignacio Borrego, Gallo ya había fallecido sin herederos hacía más de veinticuatro años (el 7-9- 1970).
La proclamada inexistencia de herederos del demandado se impone, por fuerza, a partir de una valoración conjunta del informe negativo del Registro de Juicios Universales (fs. 65), del resultado infructuoso de la citación por edictos a posibles herederos (fs. 78/82), y de los más de cincuenta años transcurridos desde el fallecimiento de Gallo sin que nadie en todo ese tiempo esgrimiera derechos que pudieran colisionar con los que aquí sustentan la pretensión del actor (repárese que si bien los testigos conocen a Aroza desde hace más de treinta años, nunca conocieron a Pascual Gallo, muerto mucho tiempo antes).
La valoración integral de estos elementos probatorios que guardan entre sí coherencia de sentido, lleva inexorablemente a concluir que Pascual Gallo murió sin dejar herederos (arts. 375, 384, CPCC; cf. Gabriel H. Quadri, “La Prueba en el Proceso Civil y Comercial”, ed. AbeledoPerrot, T. I, págs. 609 a 613).
2. Precisamente por esta última circunstancia afirmaba antes que en realidad nunca existió un condominio entre el actor y el demandado, ya que para el momento en que Aroza heredó el 50% del inmueble por fallecimiento de Ignacio Borrego (lo que ocurrió el día 13-9- 1994), Pascual Gallo ya llevaba muerto sin herederos más de veinticuatro años, concretamente, desde el 7-9-1970.
Y tan es así que desde el mismo día 13-9-1994 en que sucedió a Ignacio Borrego en el 50%, Aroza -que ya habitaba en el inmueble objeto de autos (las declaraciones de los testigos son categóricas al respecto)-, comenzó a poseer para sí en exclusividad y a la vista de todos el 100% de la cosa. La inexistencia de herederos del restante cotitular registral fallecido -ya para aquél momento- veinticuatro años antes, torna inverosímil interpretar que Aroza comenzó a poseer para otro el 50% del inmueble del que entonces no era dueño. Conocedor de que Pascual Gallo carecía de herederos que pudieran controvertir su posesión sobre la totalidad de la cosa, desde el mismo día en que devino dueño del 50% de la cosa por fallecimiento de Ignacio Borrego (el 13-9-1994), Aroza comenzó una posesión exclusiva, excluyente y con ánimo de dueño sobre el 100% del inmueble objeto de autos.
Lo que ocurre es que en su calidad de condómino poseedor por derecho propio del 50% del inmueble en el que habitaba desde hacía mucho tiempo, Aroza ya mantenía un vínculo posesorio con la cosa que era innecesario cambiar a fin de que refleje la exclusividad de su posesión (en los términos requeridos por la jurisprudencia citada), pues ello era precisamente lo que venía haciendo Aroza a la vista de todos y sin oposición desde el mismo momento en que advino titular del 50% de la cosa. Teniendo en cuenta que Pascual Gallo llevaba veinticuatro años fallecido, desde el mismo instante en que advino condómino por testamento del 50% del inmueble, Aroza se erigió además en poseedor exclusivo, excluyente y a la vista de todos del 100% de la cosa. ¿Para quién, si no para sí, habría de poseer ese otro 50% del inmueble?. Y dado ese particular escenario fáctico, ¿a título de qué, si no de dueño exclusivo y excluyente, habría de ejercer la posesión de la cosa?.
No es ocioso señalar que supuestos como el de autos, que presentan características de inusual y particularísima excepcionalidad, obligan a proceder con suma prudencia, ya que extremar “el cumplimiento de la prueba explícita de la interversión implicaría incurrir en un exceso ritual, y ello en detrimento de la justicia del caso”, máxime cuando durante todo el tiempo en que el actor habitó en el inmueble no hubo intento alguno –judicial o extrajudicial- por parte de potenciales interesados, de disponer, usufructuar o turbar a aquél en el uso exclusivo de la cosa (Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala III, 9-4-18, “Roldán Bermúdez, Consuelo c/. Soccol, Teresa y ot. s/. usucapión”).
La Corte Suprema de la Nación ha señalado que “en la interpretación de la ley no puede prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma” (Fallos: 324:2107). Así, “la hermenéutica de las normas constitucionales y legales no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente y habrá de ser aplicado al tiempo de la emisión del fallo judicial” (Fallos: 324:2153). Es útil recordar las enseñanzas de Borda: “El fundamento esencial de la usucapión es la necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo. Quien durante largos años ha cultivado un inmueble, incorporando riqueza a la comunidad, debe ser protegido por la ley, afianzado en su derecho, estimulado en su trabajo. Esta solución es tanto más justa si se piensa que frente a él está un propietario negligente, que ha abandonado sus bienes y quien se desinteresa de ellos no merece la protección legal…La usucapión es también un modo de resolver un problema que de otra manera no tendría solución. Supóngase un bien abandonado largo tiempo por su dueño. Otra persona lo ocupa, lo posee, lo trabaja. Pero no tiene título. De no mediar la usucapión, estaría siempre expuesto a una reivindicación originada en títulos que datan quizá de 100 o 200 años atrás. En esas condiciones, con un perpetuo peligro sobre sus derechos, que no tiene forma de eliminar, el poseedor se desanima, no hace mejoras, no invierte; en una palabra no hace producir al bien todo lo que podría dar una explotación intensiva, protegida por la seguridad que da el derecho de propiedad. Y si como es posible, nadie reivindica ese inmueble, quedará perpetuamente en esa situación de incertidumbre, sin que nada pueda mejorar las condiciones del dominio. Esta situación requiere una solución. Es lo que hace la prescripción adquisitiva. De lo dicho surge que la prescripción tiene un fundamento de orden público, como que ha sido regulada no sólo atendiendo al interés del poseedor, sino también al interés social” (Guillermo A. Borda, “Tratado de derecho civil – Derechos reales”, ed. Perrot, T. I, págs. 309 y 310).
En lo que sigue podrá advertirse que las pruebas recolectadas, debidamente analizadas en conjunto de conformidad con las pautas elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Nacional antes mencionadas, contribuyen a crear la convicción de que efectivamente se verificaron actos materiales de ocupación de antigua data por parte del condómino actor sobre la totalidad del inmueble (arts. 375 y 384, CPCC). Para comenzar, me referiré a las declaraciones que los testigos prestaron en la audiencia videograbada del 14-3-19, las que se exhiben coherentes y coincidentes entre sí.
Así, Modesto Aurelio Pequi, remisero que dijo conocer a Cristian Aroza de toda la vida por haber concurrido a la escuela con su hijo mayor, declaró haber llevado “muchísimas veces al padre, a la madre a la quinta que habitaban con el señor Borrego”, aunque “al señor Gallo no lo ubico físicamente”. Sostuvo que “desde que yo lo conozco a Cristian Aroza ha vivido toda la vida ahí en la quinta”, “la habitó desde que nació….cuarenta años más o menos”, lo que sabe “porque tiene la misma edad que mi hijo”, “él nació ahí en la quinta”. Testimonió que “falleció el Sr. Borrego y después…murió el padre, el señor Aroza…y él quedó con la madre viviendo en la quinta”, que “conoció a Borrego pero no a Gallo”, que “Gallo y Borrego vivían juntos en la quinta”, que “eran solteros los dos, no tenían familia”, que “la casa está muy habitable”, por reformas que supuestamente “hizo Cristian porque para mí siempre es el dueño”. Remarcó que “desde que yo lo conozco a Cristian Aroza ha vivido toda la vida ahí en la quinta”, “excepto ahora que está alquilada” (ésta última declaración coincide con lo manifestado por el propio Aroza en el escrito de demanda; fs. 58vta.).
En el mismo sentido se inscriben las declaraciones de Marcos Emilio José Cossimo, ex compañero de escuela secundaria y conocido del actor. Este testigo expresó que Cristian Aroza “vivió toda la vida ahí”, “nació ahí”. Y precisó que vivió allí “con sus papás. El papá de él falleció en el año 95, una semana antes que el mío”, brindando una precisión temporal sobre el tiempo de la posesión. Agregó que “siempre vivió con la mamá, el papá, el padrino que falleció un tiempo antes”, refiriéndose –claro está- a Ignacio Borrego. Dijo saber que Pascual Gallo “vivía en la quinta con el padrino de Cristian”, que “era un hombre soltero”, y que “Gallo falleció mucho tiempo antes que naciera Cristian”. Refirió que Cristian Aroza “con el padrino sí vivió porque vivió toda la vida ahí”, “hasta el momento en que falleció el padrino, vivían juntos”.
Finalmente, Fernando Sebastián Lanzinetti, que trabaja como cajero en la Municipalidad de Bolívar y compartió escuela primaria con Cristian Aroza a quien dijo conocer desde hace “treinta y cinco años o más”, se expidió en idénticos términos a los anteriores testigos. Sostuvo que Aroza “suele ir a abonar a la municipalidad, yo le cobro” (aseveración que debe analizarse conjuntamente con los recibos de pago de tasa retributiva de servicios municipales de fs. 36/46, que efectivamente están intervenidos con sello de la Municipalidad de Bolívar). Manifestó que “en el colegio solíamos ir a la quinta donde él vivía”, y que cuando –más adelante- por su trabajo en la Municipalidad “repartía los recibos, él vivía ahí”. Recordó que “vivía con su padrino, Ignacio Borrego, vivía su papá, Chino Aroza…vivía su mamá y vivía él”, a la vez que dijo no saber nada de Pascual Gallo.
Como anticipé, las declaraciones de los tres testigos ofrecidos se muestran precisas y coherentes en relación a los hechos fundantes de la pretensión actora, evidenciando sus respectivos testimonios un conocimiento directo y personal de los mismos. Todos ellos refirieron conocer a Cristian Norberto Gaspar Aroza desde hace más de treinta años, y también expresaron haber conocido en vida a quienes fueron sus padres e, incluso, a Ignacio Borrego cuando todos vivían juntos en el inmueble de Bolivia n° 464 de Bolívar. Al mencionar que conocieron personalmente a Ignacio Borrego –quien falleció en 1994-, los testigos dan una idea cierta de cuánto tiempo hace que presenciaron las circunstancias fácticas relevantes que fueron llamados a probar, situando sus declaraciones –cuanto menosdesde antes del fallecimiento del mencionado Borrego.
En suma, los testigos, sin vinculación de amistad o familiaridad con Aroza, son particularmente creíbles pues desde fuera de su “círculo íntimo” percibieron que aquél se comportaba públicamente como dueño exclusivo del inmueble, al tiempo que no advirtieron actos de terceros que se opongan a esa posesión.
Pero ello no es todo, pues las liquidaciones del impuesto inmobiliario emitidas a nombre de Cristian Aroza dan cuenta de numerosos pagos –muchos de ellos anuales- por los períodos comprendidos entre los años 2010 y 2016. Y cabe destacar que ésta información encuentra respaldo en la página web de ARBA, en la que puede consultarse que al 8/6/22 el inmueble Partida 011-022768-0 no tiene deuda por tal concepto (https://app.arba.gov.ar/AvisoDeudas/generarAvisoProcesar.do).
En cuanto al mandamiento diligenciado en fecha 27-
11-18, pudo constatarse que el inmueble de Bolivia n° 464 de Bolívar se trata de una casa habitación compuesta de tres habitaciones, cocina comedor, living y baño en buen estado de conservación sobre un terreno alambrado en su perímetro y bien mantenido con plantas y césped, de aproximadamente cien metros de frente por cuarenta de fondo con una añosa arboleda. Y que desde hace un año es habitado por Carlos Nahuel Valdez, su esposa y su hijo, en carácter de inquilinos de Cristian Aroza según contrato que exhibieron al Oficial de Justicia (en la demanda del 7-9- 17 Aroza había manifestado que estaba alquilada, aunque a persona distinta en aquél momento; fs. 58vta. y 93). Y aunque ello sólo importa la concreción de actos jurídicos y no materiales, la información recabada en el mandamiento adquiere relevancia pues permite visualizar que quienes allí habitan reconocen al actor de autos como dueño del inmueble.
También se agregaron diversos recibos de pago de la tasa retributiva de servicios municipales por el inmueble de autos, individualizado ante la Municipalidad como padrón n° 26908 (ya me referí brevemente a ellos cuando abordé el testimonio de Lanzinetti; fs. 36/47); y recibos por prestación del servicio eléctrico en el domicilio de Bolivia n° 464, emitidos por la cooperativa prestataria a nombre de Cristian Norberto Gaspar Aroza (fs. 48/54).
Entiendo que el análisis integral de las pruebas recolectadas permite demostrar verosímil y razonablemente la veracidad de los hechos alegados por el actor acerca del comienzo y el mantenimiento de la posesión pública, pacífica, ininterrumpida, exclusiva y excluyente por más de veinte años sobre el inmueble objeto de autos, esto es, desde la muerte de Ignacio Borrego (doct. art. 3, CCCN; arts. 375 y 384, CPCC). Y en este punto debo insistir una vez más en la relevante diferencia que presenta la base fáctica del sub-caso con relación a otros casos de usucapión entre condóminos que ha tocado resolver a éste Tribunal, ya que aquí la comprobada inexistencia de herederos de Pascual Gallo obliga a preguntarse: ¿frente a quién debió haber desplegado Aroza actos de interversión del título sobre el restante 50% del inmueble, a fin de abastecer los recaudos que de ordinario exigen los tribunales para la usucapión entre condóminos? ¿Además de las incorporadas, qué otra prueba adicional de la posesión exclusiva y excluyente debió exigírsele al actor, si cualquier acto que pudiera exteriorizarla hubiera sido –en el marco del sub-caso- igualmente indiferente para lograr una reacción de legítimos contradictores, comprobadamente inexistentes?
Lo que ocurre es que en estos supuestos de usucapión entre condóminos en los que el demandado se encuentra largamente fallecido y en su lugar no se hace presente ningún contradictor legítimo (el tiempo, la soltería y otras circunstancias hacen presumir como altamente improbable que lo hagan), el hecho de la incomparecencia adquiere una importancia trascendental y debe ser especialmente valorado, toda vez que la ausencia de “alguien a quien oponerla” relativiza la necesidad de demostrar la exteriorización de la interversión con la intensidad que sí exige la ley, en escenarios diferentes.
De más está decir que esta última apreciación de ninguna manera implica relevar al condómino que pretende prescribir de la carga de la prueba de la interversión; sólo significa que frente al fallecimiento del cotitular registral demandado, la incomparecencia de potenciales contradictores debidamente citados se trata de una circunstancia relevante que debe ser especial y contextualmente valorada al momento de resolver a fin de que el pronunciamiento de mérito no se desentienda de sus consecuencias (arts. 375 y 384, CPCC; CSJN, Fallos: 324:2107; 324:2153). Ello, claro está, sin pasar por alto la acotada participación que cabe al Defensor Oficial en este tipo de contiendas.
Por ello entiendo que, al menos desde su advenimiento como condómino del 50% del inmueble en fecha 13-9-1994 y conocedor además de la inexistencia de herederos de Pascual Gallo –circunstancia que luego habría de corroborar la prueba producida en autos-, Cristian Norberto Gaspar Aroza se erigió también en poseedor animus domini de la totalidad del inmueble en cuestión, habiéndose consolidado su calidad de único dueño del bien merced a la posesión pública, pacífica, exclusiva e ininterrumpida de veinte años, a las cero horas del día 14-9- 2014 (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015, ss. y ccds., C.C.; art. 24 y ccs., Ley 14.159; arts. 3, 7 y ccs., CCCN).
III. Para finalizar diré que los más de veinte años transcurridos desde que el actor comenzó a poseer de manera pública, pacífica, exclusiva e ininterrumpida el bien objeto de autos, hacen innecesario citar a los estados provincial o municipal (art. 2441 ss. y ccs., CCCN).
IV. Por lo expuesto, propongo al acuerdo revocar la sentencia apelada y declarar que el día 14-9-2014 Cristian Norberto Gaspar Aroza adquirió por usucapión el 50% del inmueble Circ. II; Secc. B; Ch. 139; Manz. 139-d; Parc. 12; Matrícula N°6360 del Partido de Bolívar (011) sito en calle Bolivia n°464 de la ciudad homónima, cuya titularidad registral se encuentra actualmente en cabeza del demandado fallecido sin herederos, Pascual Gallo (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015, ss. y ccds., C.C.; art. 24 y ccs., Ley 14.159; arts. 3, 7 y ccs., CCCN). En la instancia de origen se dispondrán oportunamente las diligencias necesarias para procurar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, previo pago de las cargas de rigor (art. 34 inc. 5, CPCC).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se resuelve: revocar la sentencia apelada y declarar que el día 14- 9-2014 Cristian Norberto Gaspar Aroza adquirió por usucapión el 50% del inmueble Circ. II; Secc. B; Ch. 139; Manz. 139-d; Parc. 12; Matrícula N°6360 del Partido de Bolívar (011) sito en calle Bolivia n°464 de la ciudad homónima, cuya titularidad registral se encuentra actualmente en cabeza del demandado fallecido sin herederos, Pascual Gallo (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015, ss. y ccds., C.C.; art. 24 y ccs., Ley 14.159; arts. 3, 7 y ccs., CCCN). En la instancia de origen se dispondrán oportunamente las diligencias necesarias para procurar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, previo pago de las cargas de rigor (art. 34 inc. 5, CPCC). Con costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 y 274, CPCC; esta Sala, causas n° 47.309 del 24-8-04, “Gelabert de Lacentre…”; n° 57.104 del 12-3-13, “Chiappara…”; n° 61.593 del 12-9-17, “Perriard…”; n° 61.416 del 26-12-17, “Savone…”; Sala I, autos “Gregorini, Mario Alejandro…” del 14-9-10); diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 28 de Junio de 2022.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada y declarar que el día 14-9-2014 Cristian Norberto Gaspar Aroza adquirió por usucapión el 50% del inmueble Circ. II; Secc. B; Ch. 139; Manz. 139-d; Parc. 12; Matrícula N°6360 del Partido de Bolívar (011) sito en calle Bolivia n°464 de la ciudad homónima, cuya titularidad registral se encuentra actualmente en cabeza del demandado fallecido sin herederos, Pascual Gallo (arts. 2353, 2373, 2377, 2384, 2407, 2408, 2409, 2411, 2458, 2508, 2673, 2675, 2676, 2680, 4015, ss. y ccds., C.C.; art. 24 y ccs., Ley 14.159; arts. 3, 7 y ccs., CCCN). 2) disponer que en origen se ordenen las diligencias necesarias para procurar la respectiva inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, previo pago de las cargas de rigor (art. 34 inc. 5, CPCC). 3) Con costas de ambas instancias en el orden causado (arts. 68, 69 y 274, CPCC; caus. cits.). 4) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31, Ley 14.967). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase.
Fin de la sentencia