Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 15.343
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada con costas al ejecutante vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 556 del C.P.C.C. art. 31 ley 14967)
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 31 días del mes de marzo de 2026 reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "Arrate Jose Luis C/ Soriano Manuel Antonio S/ Cobro Ejecutivo" Expte. 15343, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente Sra. Jueza Doctora Ana Clara Issin, Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza y Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 26/6/2025?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. El día 26 de junio de 2025 el Señor Juez de grado dictó sentencia interlocutoria rechazando el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23928 -según Ley 25561-, peticionada por la parte ejecutante; imponiéndole las costas.
Para resolver de este modo, sobre la premisa de la existencia de una relación de consumo, y luego de referirse a los derechos que el ejecutante postula como vulnerados, entiende que esos argumentos no son aplicables en el caso.
Señala que “la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires también ha dicho que ante el conflicto entre la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24240), cuyos principios protectorios poseen raigambre constitucional, con la consecuente tutela diferenciada que conlleva, y cualquier otro derecho de índole patrimonial o relativo al derecho de propiedad, debe imperar un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables (ver CSN "Fallos" 331819; ìd. causa H 270.XLII, "Halabi", del 24/2/2009, consid. 13), como ocurre con los usuarios y consumidores (art. 42, Const. Nacional; 37, Ley 24240; doc t. S.C.B.A. causa C 98790, del 12/8/2009; voto del Dr. HITTERS en causa C.109.193, del 11/8/2010; S.C.B.A., C109.305, 1/9/2010, "Cuevas...")”
Luego de mencionar los alcances de la tutela judicial efectiva en materia consumeril, y el contenido del artículo 37 de la LCD, con más las normas contenidas en el CCyCN, concluye que el precedente "Barrios, Hector Francisco c/ Lescano, Sandra Beatrìz y otra s/ Daños y Perjuicios" (C.124.096) de la SCBA no es aplicable al caso.
II. Contra esta decisión el ejecutante apela y funda el recurso. (v. presentación del 7/7/2025)
En el memorial cuestiona la denegatoria por considerar una extensiva y abusiva aplicación del fallo Cuevas -por no encontrarse aquí en juego la cuestión de competencia-, en tanto lo que se ejecuta es un cheque. Asimismo aduce violación del principio dispositivo y de preclusión y abuso de facultades con violación al debido proceso y derecho de defensa. Aduce que no hay un intento en el presente proceso de hacer valer cláusulas abusivas o predispuestas que impliquen una desnaturalización de la deuda.
Seguidamente, señala las conclusiones del precedente "Barrios" y afirma que la prohibición de indexar implica “un despojo patrimonial” para su parte, realizando cálculos sobre el monto liquidado de la deuda, a tasa pasiva BIP, tasa activa restantes operaciones y por el índice CER. Califica a la fundamentación de dogmática, indicando que la interpretación de los derechos del consumidor debe ser coordinada e integrada con los restantes derechos constitucionales, en el caso el derecho de propiedad, debido proceso y defensa en juicio. Agrega que la referencia al artículo 37 de LDC es totalmente ajena a las circunstancias del caso. Afirma que "...aquí no hay cláusulas predispuestas, ni abuso contractual, ni desnaturalización de las obligaciones del proveedor. Por el contrario, se desnaturalizan las obligaciones del deudor, en desmedro violento del derecho a la propiedad de mi mandante".
Luego indica que la decisión es absurda y con mención de la doctrina legal cuya aplicación peticiona, señala que "...la descalificación ha de proceder en cada caso, en la medida en que el mantenimiento del criterio anterior con eje en la regla prohibitiva del art. 7º de la ley 23.928, en su cotejo con una alternativa plausible de conservación del capital con arreglo a índices u otro método de actualización equivalente, tratándose de una deuda dineraria, fuere generadora de un menoscabo a los derechos tutelados por el ordenamiento jurídico; llevare a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio", indicando las pautas sentadas en el pronunciamiento Barrios.
Aduce que en base a ello propuso el índice de actualización CER “en tanto índice objetivo, que viene aplicándose en el país desde hace más de 20 años. Si el juez entendió que debía aplicarse otro mecanismo, debió hacerlo. Pero no simplemente rechazar la inconstitucionalidad propuesta". Insiste en su planteo, reiterando los términos de su presentación del 12/5/2025 y peticiona la revocación de la sentencia impugnada, admitiéndose el planteo de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23928 y disponiéndose la indexación del crédito con más el interés peticionado.
III. El memorial mereció réplica del ejecutado (v. presentación del 4/8/2025), y la Fiscalía General contestó la vista que le fuera conferida. (v. presentación del 18/11/2025)
IV. Ingresando al tratamiento del recurso, estimo pertinente realizar una breve reseña de lo actuado, en tanto ello enmarcará mi propuesta al acuerdo.
De las constancias y antecedentes del presente juicio ejecutivo, surge que el instrumento es un pagaré sin protesto suscripto el 16/9/2008 por el ejecutado, por la suma de $ 35.999,60, con pacto de intereses moratorios del 48 % anual capitalizables mensualmente y de punitorios los que se fijan en el 50 % de los intereses moratorios. (v. f. 10/11)
Es decir, no se trata de un cheque tal como lo postula el apelante. En la demanda el ejecutante impulsó la ejecución -con base en el título que afirma presentó al cobro el 20/12/2010- por la suma indicada, con más los intereses a “tasa activa”, más costos y costas y solicitó medida de embargo sobre un bien del ejecutado (v. demanda ejecutiva de fs. 15/16 del 13/12/2013)
Proveída la ejecución y la medida cautelar (f. 17 v. res. del 10/2/2014), se tomó razón del embargo dispuesto sobre un camión del ejecutado (v. fs. 18/20 trámites del 16/6/2014), diligenciándose el mandamiento de intimación y embargo y citación para oponer excepciones el 20/10/2015 (v. diligencias de fs. 28/29).
No presentándose el ejecutado la sentencia de trance y remate fue dictada el 29/10/2015. Allí se ordenó llevar adelante la ejecución contra Manuel Osvaldo Soriano por la suma de $ 35.999, 60 con más los intereses pactados en el pagaré.
Sin que se registre actividad alguna en el proceso desde el 29/10/2015 el expediente fue paralizado en el año 2019 hasta que el ejecutante se presenta nuevamente el 17/3/2025 solicitando su desparalización. En esta presentación solicita además que se “decrete embargo preventivo de los fondos que posea el deudor en el Banco de la Nación Argentina (en cualquier tipo de cuenta que fuera), hasta cubrir la suma reclamada en autos con más lo presupuestado por V.S. para atender a intereses, costos y costas de la presente ejecución.”
El 18/3/2025 se ordena el embargo, librándose el oficio presentado por el ejecutante al Banco de la Nación Argentina a fin de trabar embargo “sobre los fondos que eventualmente pudiera tener el Sr. MANUEL ANTONIO SORIANO, argentino, DNI 12.692.176, CUIT 20-12692176-5, depositados en Caja de Ahorro, Plazo Fijo y/o Cuenta Corriente, en su entidad bancaria, ello hasta cubrir la suma de $35.999,60 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100).- en concepto de capital reclamado, con más la suma de $18.000 (PESOS DIECIOCHO MIL).- presupuestados para responder a gastos, intereses, costos y costas.”
El 26/3/2025 la entidad bancaria informa que procedió al embargo de los fondos, los que fueron transferidos tal lo ordenado y a petición del ejecutante, a la cuenta judicial (v. trámites del 26/3/2025 y 7/4/2025). La medida cautelar fue notificada el 30/4/2025 (v. trámite del 5/5/2025) Luego de ello, el ejecutante -el 12/5/2025- solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ley 23928, solicitando la indexación del crédito. De esta petición se corre traslado al ejecutado en su domicilio real. (v. res. del 12/5/2025) La cédula es librada el 22/5/2025.
Mientras la petición del ejecutante era sustanciada, el ejecutado se presenta el 23/5/2025 adjuntando comprobante de depósito por la suma de $356.096,01, indicando que corresponde al capital reclamado $ 35.999,60, intereses moratorios -calculados desde la mora hasta la fecha de su presentación- por la suma de $ 249.397, 34, intereses punitorios por idéntico período por la suma de $ 124.698,67, descontándose la suma de $ $53.999,60 que ya se encuentra embargada en autos. Asimismo adjunta comprobantes de pago de la tasa y sobretasa de justicia. Ello es sustanciado, oponiéndose el ejecutante en función del pedido de actualización de su crédito. (v. res. 26/5/2025 y presentación del 3/6/2025) Finalmente el ejecutado se opone a la declaración de inconstitucionalidad y actualización del crédito, (v. presentación del 12/6/2025), dictándose finalmente la resolución apelada.
V. Anticipo que la decisión debe confirmarse pero no por los argumentos que surgen de la sentencia traída a revisión.
Tal como ha sido valorado recientemente por este Tribunal “la simple calidad de consumidor, por sí sola, no impide la declaración de inconstitucionalidad pues ello implicaría hacer una excepción generalizada que la doctrina legal no porta, sino que además conduciría a desvincular el análisis del caso concreto para efectuar tal declaración, soslayando los estándares particulares a evaluar en el caso en examen.” (expte. nro. 15144 "Arrate c/ Tótaro", reg. elec. 179 (RS) del 20/10/2025)
Concretamente allí se valoró que “lo dirimente es practicar un correcto examen de la circunstancias que rodean el caso y que permitan vislumbrar si la "brecha lesiva" en el crédito se constata, y a quien corresponde atribuir su configuración."
Reiteradamente este Tribunal ha señalado que la aplicación de la doctrina del antecedente “Barrios” (SCBA C. 124.096 sent. del 17/4/2024) a un caso concreto, requiere en su análisis la observancia prevalente de los principios y condicionamientos enumerados en el considerando V. 17. D que”imponen un estándar propio en la valoración que debe realizar la judicatura para el examen circunstanciado de la “brecha lesiva” en el equilibrio de las prestaciones".
Esos principios y condicionamientos son: 1) la interdicción del enriquecimiento sin causa; 2) la interdicción de conductas que importen un abuso del derecho; 3) la buena fe; 4) la equidad; 5) la equivalencia de las prestaciones; 6) la morigeración de los resultados excesivos que arrojare el uso de mecanismos de actualización cuando sobrepasen el valor actual del daño o de la prestación debida y, en su caso, 7) el esfuerzo compartido (arts. 17, 28 y concs. Const. nac; 1, 9, 10, arg. arts. 332, 729, 772, 88 inc. "b", 961, 965, 1.061,1.091, 1.716, 1.732, 1.738, 1.747, 1.794 y concs., Cód. Civil. Y Com.; Fallos: 323:1744; 325:2875; 330:801, y Fallos 330:855, 5345; 334:698, entre muchos).
Esos ejes rectores, de examen preferente, deben estructurar la decisión judicial encolumnada bajo el mandato de la equidad, imponiendo a la judicatura un análisis equilibrado que tenga en perspectiva la indemnidad del crédito pero con los límites señalados. En tal equilibrio, el abuso del derecho se torna un valladar infranqueable, en pos de evitar la plausible vulneración de los derechos del deudor” (conf. esta Alzada en expte. 14.291, reg. elec. 82 (S) del 13/05/2025, nro. 15144, reg. elec. 179 (RS) del 20/10/2025, entre muchisimos otros)
Bajo estas pautas, teniendo en consideración que el proceso se encontró sin impulso por el apelante por más de una década -aun con embargo ejecutorio trabado antes de la paralización del expediente- y lo actuado con posterioridad a la desparalización, la pretensión del recurrente se desentiende de la conducta que tuvo en el proceso, aún con posterioridad a la doctrina del antecedente Barrios.
Es que tal como se evidencia de la reseña realizada -v. considerando IV- el ejecutante luego de solicitar la desparalización del proceso, procedió al embargo del crédito en los términos que pidió el 17/3/2025 y una vez materializado, pretendió su actualización, en contradicción con su conducta anterior (art. 1067 del CCyCN).
Estimo pertinente recordar que “Como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe resultan inadmisibles las alegaciones que importan ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces.” (SCBA LP C 122544 S 17/05/2021 “Crimson Investment S.A. c/ Villanueva, María Cristina y otros s/Desalojo” entre muchos otros)…”(esta Alzada Expte. 13.011, reg. elect. 98 (S) del 15/08/24, expte. 14883, reg. elec. 88 (RS) del 19/5/2025)
De lo considerado se advierte una conducta procesal del ejecutante, que no se compadece con la petición que formula, en tanto persiguió el cobro de su acreencia en primer lugar trabando embargo sobre un bien mueble del ejecutado -año 2014/2015- sin impulsar la subasta para el cobro de su acreencia, dejando transcurrir un extensísimo período de tiempo sin impulsar el proceso -2015/2025-, para luego, después de diez años, vigente la doctrina legal, trabar embargo sobre fondos existentes en una cuenta bancaria del ejecutado y sin realizar -en esa oportunidad- petición alguna de la actualización, la que recién solicita una vez transferidos los fondos a la cuenta judicial.
Por lo demás al solicitar la declaración de inconstitucionalidad el ejecutante, se desentiende de los intereses decididos en la sentencia, en tanto la liquidación– a fin de demostrar el perjuicio que invoca- la realiza computando tasas -pasiva BIP o activa restantes operaciones- que no fueron las decididas en la sentencia, en tanto la condena remitió a los intereses pactados en el título -moratorios y punitorios-. De este modo y además de lo ya referido se debilita el planteo del ejecutante. Es que la aplicación de la doctrina legal del caso “Barrios”, exige algo más que comparar aritméticamente si una suma es mayor a otra en relación a determinadas fechas y tasas, sin que puedan soslayarse las particularidades del caso y la propia conducta procesal de la parte en el proceso. (conf. considerando V.17.c)
Sobre el particular este Tribunal sostuvo que “Tal razonamiento conduce a argumentos dogmáticos que lejos de exponer la concreta brecha lesiva que afecta la incolumnidad del crédito, trasuntan una conducta reñida con la buena fe, motorizando una litigiosidad innecesaria. El desequilibrio en esos casos no reposa en la equivalencia de las prestaciones, sino en la conducta procesal asumida en el decurso del proceso.” (expte. 14883, citado)
En efecto, la prudencia que emerge de la citada doctrina legal y que se impone a la judicatura “ha sido señalada de manera concreta por la doctrina, alertando que: “De la lectura de “Barrios” se desprende que para la aplicación del mecanismo de preservación los jueces deben realizar lo que el precedente denomina una “estimación fundada”…Esto implica que no debe expresar un razonamiento mecánico y matemático. La respuesta jurisdiccional no puede ser exhibir el formato de una plancha que se replica monótonamente; tiene que estar ligada a una serie de variables que hacen a la consideración del caso, de sus peculiaridades, de las características del deudor y del acreedor, de la conducta que han desplegado tanto en el plano procesal como en el negocial, entre otras razones relevantes. Y todo ello debe ser evaluado a través del prisma de la prudencia y de ciertos principios generales de consideración insoslayable. (de la Colina, Pedro. “Algunas precisiones sobre la doctrina legal del precedente “Barrios” de la SCBA, a un semestre de su dictado” Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3209/2024).” (conf. expte. 14883 y 15144, citados)
En este marco adquiere plena operatividad la teoría de los actos propios del ejecutante, quien pudiendo haber llevado adelante la ejecución con embargo ejecutorio, consintió -por su falta de impulso procesal- la paralización del procedimiento por más de diez años. Idéntica valoración corresponde realizar respecto de la conducta seguida por el apelante con posterioridad a la vigencia de la doctrina legal en el antecedente "Barrios", -ya referida- y el modo en que fueron calculados los guarismos al plantearse la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23928. Todo ello es dirimente en el caso y conduce a la confirmación de la sentencia por los argumentos expuestos, con costas al ejecutante. Por los argumentos expuestos voto por la AFIRMATIVA El Sr. Juez Doctor Loiza votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
La Sra. Jueza Doctora Bulesevich votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ANA CLARA ISSIN DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia apelada con costas al ejecutante vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 556 del C.P.C.C., art. 31 ley 14967)
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada la Señora Jueza Doctora Bulesevich votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 31 de marzo de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: Confirmar la sentencia apelada con costas al ejecutante vencido, difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad. (art. 556 del C.P.C.C. art. 31 ley 14967)
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes y la funcionaria interviniente (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Devuélvase.
Dra. Analía Duarte (Fiscalía General)
Dr. Villegas Manuel (Ap. parte actora)
Dr. Gattelet Luis Fernando (Pat. parte demandada)
Fin de la sentencia