Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.840-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución Fallo Nro. 39/2017 (AD ROSA), recaída en la actuación SIGEA n° 12550-1137-20152, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 839.468.-
2Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 74% a cargo de la actora y en 26% a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-42395991-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” para resolver en los autos caratulados “EL ARRAYÁN SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 37.840-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 18/30 se presenta la firma EL ARRAYAN SA, mediante apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo N° 39/2017 (AD ROSA) de fecha 19 de enero de 2017, dictada en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12550-1137-2012, por la que se la imputó por la comisión de la infracción prevista y penada en el Art. 9 de la Ley 21.453, e intimando el pago de $ 1.133.281,80 en concepto de multa. En primer lugar, realiza una breve descripción de los hechos y del derecho cuestionado. Remarca que la infracción endilgada en un comienzo estuvo asociada al art. 969 del Código Aduanero, y luego fue re encuadrada bajo el prisma infraccional del art. 9 de la Ley 21.453, sin realizarse una nueva corrida de vista. Pone de manifiesto la imposibilidad de cumplir con las declaraciones juradas requeridas toda vez que la pérdida o la no obtención de la ventaja DEJAUTO provocó la imposibilidad de cumplir con el contrato. Destaca que el acto administrativo emanado por la Aduana carece de los elementos básicos y esenciales del mismo determinados en el Art. 7 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y que no existe causa o fundamento para el bloqueo de la ventaja DEJUATO ya que considera que la misma cumple con la totalidad de los requisitos exigidos. Seguidamente subraya que, de manera intempestiva e infundada, fue excluida de la posibilidad del uso de la ventaja DEJAUTO, resultando imposible la concreción de la operación. Define y explica el origen y fundamentos de la ventaja DEJAUTO. Finalmente, ofrece prueba y solicita que, se dicte su sobreseimiento.
II. Que a fs. 38/41 la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. En primer lugar realiza un breve resumen del objeto de la causa y, por imperativo procesal, niega cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas que acompaña como prueba documental. Resalta que la propia actora, en su escrito de interposición de recurso, reconoce no haber cumplido con la exportación en trato. Destaca que, se encuentra acreditado y reconocido por la firma EL ARRAYAN SA, no pudo cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de la DJVE involucrada por haber sido privada de utilizar la ventaja DEJUAUTO, entendiendo que dicha ventaja constituye un derecho adquirido del que fue privada de manera arbitraria. Subraya que las operaciones y ventajas del SIM no gozan de carácter de derechos adquiridos ya que la facultad de la AFIP para habilitarlas es discrecional, y que la recurrente confunde discrecionalidad con arbitrariedad. Hace énfasis en que, mediante la Resolución 1921/05, se establecen pautas objetivas para que la ventaja DEJUAUTO se encuentre habilitada, y que la misma se trata de una ventaja que se deriva en un beneficio para el exportador, pero jamás un derecho adquirido. Manifiesta que la firma EL ARRAYAN SA no cumplió con la obligación de exportar la mercadería que fue declarada en la 11052DJVE0010018Z por lo que debe confirmarse su incumplimiento al régimen al cual se acogió voluntariamente, y no existe caso fortuito o fuerza mayor que permita excusarse. Realiza una explicación de la normativa involucrada, concluyendo que la especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del C.A. no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero apelado con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas N° 12550-1137-2012 se inician a fs. 1/2 con la consulta a la DJVE 001018 Z y el informe 631/12 a través del cual se informa que la mercadería documentada no ha sido embarcada, no cumpliendo con el mínimo exigido del 90% de la normativa vigente. A fs. 3 obra el acta de denuncia 516/2012, en tanto que a fs. 5 surge el aforo de la mercadería. A fs. 8/9, mediante Resolución N° 868/12, se instruye sumario contencioso y se corre vista de todo lo actuado a la firma EL ARRAYAN SA. A fs. 18/30 la recurrente contesta la vista conferida y ofrece prueba. A fs. 31 se tiene por presentada a la firma actora y se provee la prueba ofrecida. A fs. 39 obra contestado el oficio dirigido a la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al consumo interno. A fs. 44/47 surge el dictamen N° 202/2016. A fs. 52/59 obra la Resolución Fallo N° 39/17. A fs. 70 la aquí actora informa la interposición de recurso de apelación ante el tribunal fiscal, acompañando el escrito de apelación y el formulario F4.
IV. Que, corresponde analizar si resulta ajustada a derecho la Resolución Fallo N° 39/17 (AD ROSA), recaída en las actuaciones administrativas 12550-1137-2012, mediante la cual se le exige a la firma exportadora el pago de una multa por la infracción prevista y penada por el art. 9 de la Ley 21.453.
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.” Que, por su parte, el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.” Que, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada…”.
Que conforme surge de la documentación obrante en autos y de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE11052DJVE001018Z, la aquí actora comprometió la exportación de 4000 toneladas de la mercadería clasificada en la P.A. 1201.00.90.190N a un valor FOB unitario oficial de U$S 490.- por tonelada, respecto de la cual no habría cumplido con al menos el 90% de la exportación comprometida; a saber: 3600 toneladas, de las cuáles no acreditó la exportación de tonelada alguna, por cuyo motivo el servicio aduanero, en primer término, le endilgó la infracción prevista en el art. 969 C.A., y la terminó condenando, mediante la Resolución Fallo 39/2017, al pago de una multa en los términos del art. 9 de la Ley 21.453.
La actora sostuvo, en la instancia aduanera y mantiene en esta instancia, que en el presente caso se produjo un hecho sobreviniente, ajeno a ella, que resultó imprevisible e inevitable, esta circunstancia resultó ser la pérdida o la no obtención de la ventaja DEJUATO, y que para la misma es de aplicación lo dispuesto por el art. 731 C.A. Remarca que no ha habido fundamento para el bloqueo de la ventaja DEJUATO ya que misma cumple con la totalidad de los requisitos exigidos, y que al haber sido excluidos de la posibilidad del uso de dicha ventaja, ha resultado imposible la concreción de la operación.
Para probar sus dichos solicitó librar oficio al Departamento de Selectividad/Dirección de gestión del riesgo (DGA) y un informe pericial contable que obra a 91/96.
Que lo alegado por la recurrente a los efectos de justificar su incumplimiento no puede prosperar. En efecto, del análisis de la documentación acompañada resulta que la aquí actora, en relación al ROE verde N° 100077746 asociado a la DJVE N° 11052DJVE001018Z no ha embarcado el mínimo exigido del 90% de la normativa vigente, es decir de las 4000 toneladas que declaró bajo la posición arancelaria SIM N° 1201.00.90.190N, no llegó a exportar mercadería alguna. Tampoco controvierte el hecho denunciado, sino que justifica su proceder a través de la falta de obtención de la ventaja DEJUAUTO, circunstancia que no le permitió diferir el pago de tributos, no pudiendo hacer frente a los mismos y solicitando se encuadre su conducta en lo que surge del art. 731 del C.A.
Que, el ARTICULO 731 del C.A. dispone lo siguiente: Cuando el exportador acreditare fehacientemente que no ha podido exportar en los plazos, formas y condiciones contemplados en el artículo 730 por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, se podrá prorrogar el plazo correspondiente o exceptuarlo de dicha obligación de exportación.
Que, en el caso de autos, resulta evidente que lo planteado por la actora resulta ser un riesgo mismo del negocio, no pudiendo justificar su falta de cumplimiento en la no obtención de un beneficio otorgado por la Aduana. Si bien la aquí actora podría presentar todos los requisitos previstos para la obtención de la ventaja DEJUATO, lo cual no es motivo de análisis de la presente, tal negativa por parte del servicio aduanero no implicaría ser una causal tendiente a transformarse en un hecho sobreviniente que determine la total imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones asumidas. La citada circunstancia debería ser prevista por cualquier agente dispuesto a practicar el comercio, ya que como se mencionó precedentemente, son cuestiones que hacen al riesgo mismo del negocio. Dicho esto, las causales invocadas por la recurrente para justificar su falta de exportación de la mercadería declarada no pueden ser comprendidas dentro de las excepciones previstas en el art. 731 C.A. Que la situación descripta por la actora no puede justificar la exclusión de responsabilidad. En efecto, el régimen de la ley Nº 21.453, que resulta de la DJVE en cuestión, resulta ser un régimen especial que involucra ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa.
Que, por otra parte, lo alegado por la actora para justificar el incumplimiento de la DJVE cuestionada, en el sentido de que, por razones de falta de otorgamiento de la ventaja DEJAUTO no pudo cumplir con la exportación de las cantidades declaradas, toda vez que al no poder diferir el pago de los tributos de la forma prevista a través del citado beneficio, no pudo hacer frente a las obligaciones contraídas, no configura un hecho sobreviniente, ajeno a ella, imprevisible e inevitable, o al menos la firma exportadora no acreditó fehacientemente que se trate de un caso fortuito o fuerza mayor.
Cabe aquí recordar, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en autos “Urruti de González” del día 1/12/92, que la prueba del caso fortuito está a cargo de quién la invoca (art. 377 del Código Procesal) y requiere la comprobación fehaciente del carácter imprevisible e inevitable del hecho o de los hechos a los que se adjudica la condición de causal de exoneración, lo que en la especie no se ha verificado.
Que, por su parte, también cabe mencionar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la 11052DJVE0010018Z sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90%, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
V. Que, por último, corresponde analizar el monto de la multa impuesta.
Que la actora entiende que correspondía aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10% conforme lo establecido en el art. 969 del CA, y no del 15% establecido en el art. 9 de la ley 21453.
Que tanto el art. 969 del C.A. como el art. 9 de la ley 21.453 tratan dos tipos infraccionales que reprimen la misma conducta, por lo que corresponde la aplicación de una sola de ellas.
VI. Que, analizando ambas normas, considero que, a la luz del principio de la ley penal más benigna– conforme el art. 861 del CA – se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
VII. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA. En tales condiciones, corresponde fijar la multa en el 10% del valor en aduana de la mercadería no exportada (4000 tn = $8.394.680), la que asciende a la suma de $839.468.
VIII. Que, en consecuencia, se confirma parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el suscripto – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
IX. Que, por último, y toda vez que, en definitiva, el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo Nro. 39/2017 (AD ROSA), recaída en la actuación SIGEA n° 12550-1137-20152, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 839.468.-
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 74% a cargo de la actora y en 26% a cargo de la demandada.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que, remitiéndome al relato de los hechos y del derecho formulado por el Dr. Garbarino, a la luz de lo resuelto por la Sala I de la CNCAF en la causa nº 17.648/2013 “Hierros SA (TF 30154-A) c/ DGA”; la Sala II en “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.IA C/ DGA” del 27/4/17; la Sala III, en “LDC Argentina S.A. (TF 25647-A) c/DGA”, del 25/08/2011 y en “GEAR SAAICF c/DGA”, del 15/03/2016 y por la Sala V en “Cremer y Asociados S.A. c/D.G.A.”, del 15/12/2016, por razones de economía y celeridad procesal, he de apartarme del criterio que he mantenido desde antaño –y que bien explica el Vocal preopinante- y votar en disidencia respecto de la aplicación al caso del principio de la “ley penal más benigna”, pues “equivale, en los hechos, a dejar sin efecto el supuesto infraccional del art. 9 de la ley 21.453 para una pluralidad de casos posibles, ya que no habría ningún supuesto en que fuera procedente aplicar la sanción prevista en esa legislación especial” (CNCAF SALA I 62646/2018 GLOBAL CEREALES SA (TF 32260-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO).
En consecuencia, VOTO por:
Confirmar la Res. 39/2017 AD ROSA dictada en la actuación Sigea 12550-1137-20152en cuanto fue materia de agravio con Costas a la vencida.-
El Dr. Soria dijo:
Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución Fallo Nro. 39/2017 (AD ROSA), recaída en la actuación SIGEA n° 12550-1137-20152, declarando que la multa que se impone a la firma recurrente asciende a la suma de $ 839.468.-
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 74% a cargo de la actora y en 26% a cargo de la demandada.
Regístrese. Notifíquese al Dr. Erik Wagner (20-36088707-4) y Dr. Marcelo Oscar Abaca (20-14392777-7). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.04.27 16:24:17 ART Date: 2026.04.27 18:13:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.27 18:42:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.27 18:43:56 -03:00
Fin de la sentencia