Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-766/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 25/29 por la Sra. María Isidra Arrúa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-766/16-TSJ Sentencia N°: 1065 Actor: ARRUA MARIA ISIDRA Demandado: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 05/06/20 Texto:
TOMO XVII -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1065 FOLIO Nº 3359/3364 PROT. ELECT. TSS1 004 C.201
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinte, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos: “ARRUA MARÍA ISIDRA C/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO AD-MINISTRATIVA”, Expte. Nº A-766/16-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 4º) Enrique Osvaldo Peretti, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Mercau dijo:
I. Que a fs. 25/29 la Sra. María Isidra Arrua con el patrocinio letrado de la Dra. Julia Cecilia Fernández, promueve demanda contencioso administrativa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, a través de la cual solicita que: “...se dicte sentencia declarativa del derecho de la presentante de ser incorporada al listado definitivo de docentes titulares para cubrir interinatos y suplencias de supervisión de la especialidad en el año 2015 y siguientes...” (cfr. foja 25).-
II. La actora, emprende el camino argumental de la demanda interpuesta, relatando que es docente, con ejercicio de funciones como maestra y profesora de música desde el año 1997. En este marco, procede a narrar los hechos que precedieron la presente actuación jurisdiccional: “Durante los años correspondientes 2012, 2013 y 2014 figuré en listado de postulantes de docentes titulares en condiciones de ascenso a la supervisión de educación especial, en los lugares 7, 4 y 6 respectivamente por orden de mérito, tal como lo acredito con la copia del listado que acompaño a la presente. Que en febrero del año 2013 luego de la reasignación de horas (Año que se implementa la nueva configuración del sistema educativo provincial, conformado por siete años de educación primaria y 5 años de educación secundaria) contando en ese año con 30 horas cátedras, me inscribo 2 horas titulares al nivel primario y las restantes, es decir 28 horas titulares en el nivel secundario.
En diciembre del 2014 fui excluida del listado de postulantes, por carecer de las 6 horas necesarias según el acuerdo 119/13 del Consejo Provincial de Educación, con el consecuente perjuicio que con ello me ocasiona, imposibilitándome y limitando mi derecho laboral a ascender en mi carrera como docente, además de la lesión a un derecho ya adquirido y otorgado por la misma administración, no dando los motivos suficientes para el dictado de dicha resolución, siendo la misma arbitraria e irrazonable.” (cfr. foja cit.). Relata, que solicita en su oportunidad la revisión de su condición de revista ante el Consejo Provincial de Educación, que deniega su inclusión en el listado de docentes titulares (Resolución Nº 1293/16 del CPE) (cfr. foja 25 vta.).- Al cuestionar la resolución del Consejo Provincial de Educación, afirma que: “...no es objeto de la presente cuestionar la facultad de la administración para establecer los requisitos dentro de la esfera de gobierno dentro de su competencia ni el alcance de la relatividad de los derechos.
El problema radica en la errónea aplicación de la normativa, con carácter retroactivo al caso particular y la restricción de la continuidad en el listado.” (cfr. foja 26 vta.).- Expresa: “El Acuerdo Nro. 119/13 emitido con fecha 5 de julio del 2013 por parte del Consejo Provincial de Educación, es atacado por ser arbitrario, ilegal, discriminatorio y carente de razonabilidad. El acuerdo lesiona de manera palmaria derechos adquiridos por cuanto hasta el dictado de la misma, yo poseía los requisitos para encontrarme en la lista de postulantes, es por ello [que] figuraba en los listados de postulantes año 2012, 2013 y hasta diciembre del año 2014, lo cual generó mi derecho a la postulación, que no puede revocarse en sede administrativa, ya que resulta evidente que figurar en una lista constituye un ‘Derecho’ y la forma de revocarlo es de corte netamente judicial y no obedeciendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia [...] Asimismo el dictado de dicho acuerdo aplicado con posterioridad a mi inclusión en los listados de postulación, carece de eficacia retroactiva, por lo cual mi derecho a figurar en los listados respectivos resultando adquiridos (sic) y por lo tanto no susceptible de ser revocado en sede administrativa.” (cfr. foja 27 vta.).- Afirma, que: “...este acuerdo tiene alcance general, ya [que] fue aplicado para todos los docentes que estén en condiciones de ascender en ese cargo, dicho acuerdo empieza a regir a partir de su entrada en vigencia, es decir 5/07/16, se aplica hacia el futuro, no pudiendo aplicarse en forma retroactiva al pasado y mucho menos revocar derechos que ya fueron adquiridos, como en el presente caso son derecho[s] a la ‘Postulación’.” (cfr. fs. 27 vta./28).- Asimismo, explica: “En el caso de autos, la que suscribe posee 19 años y siete meses de antigüedad en la docencia, efectivos a nivel primario, es decir del año 1997 hasta la actualidad, lo que me permite el derecho de figurar en los listados para ascender en mi carrera como docente.” (cfr. foja 28 vta.).-
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal (cfr. fs. 28 vta./ 29).-
Que, corrido el pertinente traslado a la parte demandada a foja 42 vta., el Consejo Provincial de Educación contesta demanda a fs. 79/90. Esgrime en primer lugar que: “...el Acuerdo N° 119/13 se encuentra en vigencia desde el mes de Julio de 2013, por lo que a todas luces habría expirado el plazo del art. 47 de la Ley N° 2600 en cuanto a la impugnación del acto de alcance general, y del art. 23 respecto de la hipótesis del art. 40 inciso c) del mismo Cuerpo Legal, considerando asimismo que no se configuraría el supuesto de hecho del art. 40 inciso d) del Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo.” (cfr. foja 84 vta.). Indica, que: “...el Listado Provisorio en cuestión fue tácitamente consentido por la actora, y adquirió firmeza, plasmándose en el Listado ‘Definitivo’, por lo que no puede apreciarse mella a sus derechos imputable al Consejo Provincial de Educación [...] Que tampoco impugnó en tiempo y forma el Acuerdo N° 119/13. Que no puede sostenerse válidamente la existencia de ‘derecho adquirido’ a participar en un Concurso, o como en el caso, a figurar como aspirante en un listado de orden de mérito, con exclusión de las normas vigentes al momento de producirse el concurso, o la inclusión en el listado, de corresponder por cumplimentar los requisitos, o la valoración de los antecedentes.” (cfr. foja 86). Considera que contrario a lo pretendido por la actora, no se configuraron los presupuestos para la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Ley N° 1260, pues “...el Consejo Provincial de Educación se encontraba plenamente facultado para, detectado un error en la elaboración de los listados (como ser la inclusión de quien no reúne los requisitos al efecto para integrar el Orden de Mérito ni ostentaba derecho adquirido a su respecto), subsanarlo en sede administrativa, puesto que no se había producido tampoco designación en cargo alguno en razón de tal Listado, sin que ello implique mala fe ni obrar doloso alguno.” (cfr. foja 87 vta.).- Ofrece prueba y finalmente solicita el rechazo de la demanda, con costas a la actora (cfr. fs. 89 vta./90).-
Que corrido el traslado de la demanda a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, es contestada por su representante Dra. Fernanda A. Loncon Paredes a fs. 153/162, adhiriéndose a la contestación de la demanda del Consejo Provincial de Educación y solicitando el rechazo de la acción intentada.-
A foja 163 se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, a fin de expedirse respecto de la admisibilidad formal de la demanda y materia de la litis (art. 60 del CPCA, Ley Nº 2600), expresando: “…estamos en presencia de materia Contencioso Administrativa, mediante acción promovida por quien refiere ser titular del derecho vulnerado. Por todo lo expuesto, esta Fiscalía entiende que es formalmente admisible la demanda instaurada, considerando que puede V.E. avocarse (sic) al conocimiento de las actuaciones…” (cfr. fs. 164 y vta.).- Que, a foja 166 se declara la cuestión de puro derecho en los términos del artículo 78 del Código de Procedimiento en lo Contencioso Adminis- trativo, disponiendo correr un nuevo traslado a las partes, no habiendo las mismas ejercido el derecho que dicha normativa confiere (cfr. certif. de foja 169).-
Se llaman autos para sentencia a foja 169 vta. y pasan los pre- sentes a estudio a fs. 170.-
III. Que introduciéndonos al estudio de las presentes actua-ciones, preliminarmente es menester referirnos al Acuerdo N° 119/13 emanado del Consejo Provincial de Educación.-
En dicho Acuerdo, se manifiesta: “Considerando: Que por Resolución N° 0027/13 ratificada por Acuerdo 010/13, se aprueba el Documento Base: Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Primaria Obligatoria en Santa Cruz.” (cfr. foja 2).-
Este Acuerdo, se refiere a la modificación del sistema educativo a nivel provincial durante el año 2012, que fuera ordenada por la Ley N° 3305, en consonancia con la Ley Nacional de Educación N° 26.206, por la cual dejaría de existir el sistema anterior que se caracterizaba por dividirse en dos ramas: Educación General Básica y la Educación Polimodal.-
La modificación del sistema implicó la creación de los niveles primario y secundario, con la particularidad de no corresponderse plenamente con el ciclo anterior en el caso del llamado 3er. ciclo de Educación General Básica. Es decir, que el curso que se llamaría 7°, se encontraba antes de la reforma en el último ciclo. Esta situación creaba una serie de irregularidades e inconvenientes a los efectos de la inclusión en los listados de los docentes, a los fines de las condiciones de ascenso.- Al efecto de corregir dichos inconvenientes, en el Acuerdo referenciado se dispone: “...Que la organización pedagógica mencionada anteriormente, establece la designación por hora cátedra para los 7° Grados en los espacios de: Educación Musical, Educación Física, Educación Plástica, Lengua Extranjera, Tecno-logía y Formación Ética y Ciudadana.
Que la estructura pedagógica e institucional aprobada oportunamente mantiene a los Profesores de Educación Secundaria en el dictado de horas curriculares en 7° Grado. Que por Resolución N° 980 de fecha 03 de junio de 2013 se determinó la confección de los Listados de Titulares de horas cátedra de 7° Grado, por la Junta de Clasificación de Educación Primaria. Que surge de esta situación, la necesidad de legislar sobre las condiciones de ascenso en referencia a quienes se desempeñan como titulares de horas cátedra de 7° grado, especialmente en aquellos espacios que cuentan con supervisión de las disciplinas, tal es el caso de las materias especiales...Artículo 1°: Determinar que el ascenso de los profesores que se desempeñan en las horas cátedra de 7° grado será únicamente a la Supervisión de la especialidad respectiva, si la hubiere en el Nivel Primario.
Artículo 2°: Establecer que para acceder al cargo de Supervisión de materias especiales, los docentes deberán poseer un cargo de maestro de materia especial y/o un mínimo de seis (6) horas cátedra titulares en la especialidad en el Nivel Primario cumpliendo con los requisitos estatutarios...Artículo 3°: Encomendar a la Junta de Clasificación de Educación Primaria, la inclusión en los Listados de aspirantes a cubrir interinatos y/o suplencias en la Supervisión de las materias especiales: Educación Plástica, Educación Musical y Educación Física, a los docentes que cumplan con las condiciones estipuladas en el Artículo 2° del presente.” (cfr. foja cit.).- Consecuentemente, como se expresa supra, el problema radicaba en que la nueva estructura pedagógica mantenía a los profesores de educación secundaria en el dictado de horas curriculares en 7° Grado.
Es decir, en el dictado de horas cátedra de un nivel que no era el suyo. De allí, la necesidad de reglar las condiciones para el ascenso de estos docentes.-
En el caso, se refiere al ascenso de los docentes que se desempeñaran como titulares para la supervisión en el nivel primario, cuando existiere dicho cargo. Como se expresa claramente, los docentes deberán poseer un mínimo de seis (6) horas cátedra titulares en la especialidad en el Nivel Primario.-
Expresado ello, debemos preguntarnos si la actora reunía los requisitos exigidos por la normativa citada, y por lo tanto declarar procedente su demanda, o si por el contrario es la demandada la que actuó de forma correcta al decidir lo contrario en el Expediente Administrativo N° 660.435/15, “Recurso de Reconsi-deración contra Listado de Docentes Titulares para Cubrir Int. y Supl. de Supervisión de la Especialidad - Docente Arrua María Isidra”, en el cual se rechaza su solicitud.- En dicho expediente, con fecha 19 de marzo de 2015 la actora presenta una nota (cfr. fs. 4 y 8), ante la Junta de Clasificación de Educación Primaria del Consejo Provincial de Educación, solicitando se la inscriba “...como habilitada para cumplir funciones de supervisión en el área música a nivel EPP en el año 2015.” (cfr. foja 8).-
Entre sus argumentos, y resumiendo sus antecedentes laborales, manifiesta: “...Prestación de servicios actual. Docente de música en Colegio Secundario 17 Barrio Codepro con 16 horas, 14 titulares y dos interinas. Docente en el Colegio Número Siete Nivel Secundario 14 horas titulares en música. Docente en la EPP 39 de Colon y Salta dos horas titular. Conservatorio de música 6 horas interinas Coro. Ingresa en la docencia en marzo de 1997 en el carácter de suplente de maestra de música en primer ciclo. En febrero de 2013 reasigna solo 2 horas a nivel primaria. De las 30 horas de primaria a esa fecha, solo conserva dos y se promueve a las horas secundarias que tiene actualmente y que son más arriba descriptas. El año 2012, 2013 y 2014, aparece en la lista de postulantes a supervisión de música en primaria. En diciembre de 2014 es eliminada de la lista de postulantes, por carecer de las 6 horas en EPP, debido a la reasignación anteriormente indicada. En marzo de 2014 estaba en la lista para aspirar a la supervisión, en diciembre se produce la eliminación de la lista...” (cfr. foja 4).- Como se observa, es la propia actora la que señala que en el nivel primario posee sólo dos (2) horas cátedra cuando la normativa exige seis (6), como se señalara supra.-
A fs. 14/15 del expediente referenciado obra Dictamen Nº 035/ 15 emanado de la Junta de Clasificación de Educación Primaria que manifiesta: “Que la docente Arrúa, María Isidra cuenta con dos horas cátedras Titulares en la EPP N° 39 ‘Pablo VI’ según aduce la misma en el presente recurso y certificaciones que obran en el legajo personal de la misma. Que no corresponde incluir a la Profesora Arrúa en los listados de Docentes Titulares para cubrir Interinatos y Suplencias de Supervisión de la Especialidad Año 2015 por no cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo 119/13 del Consejo Provincial de Educación.” (cfr. foja 15). Es por estos fundamentos, que se dictamina no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto. Finalmente a fs. 19/20 obra copia de la Resolución N° 3218/15 emanada del Consejo Provincial de Educación, que dispone “Rechazar el recurso de reconsideración mediante el cual se intenta impugnar el Acuerdo N° 119/13...” (cfr. foja 20).- La Sra. María Isidra Arrúa interpone recurso de reconsideración contra dicha resolución a fs 27/30 y a fs. 35/36 del citado expediente mediante Resolución N° 1293/16, el mismo es rechazado por el Consejo Provincial de Educación.-
Entre sus fundamentos, se expone: “Que el recurso presentado por la docente Arrua resultaba extemporáneo [...] Que la recurrente sostiene que a tenor de los Artículos 17° y 18° de la Ley N° 1260, debiera haberse instado su exclusión de los listados de puntaje en cuestión mediante una acción de lesividad en sede judicial. Que por el contrario, no se verifican los extremos requeridos por las normas mencionadas para proceder conforme solicita la Sra. Arrúa. Que la inclusión en un listado de puntajes sólo delimita a los aspirantes que se les ofrezca un determinado cargo, por orden de mérito, y sujeta la designación al efectivo cumplimiento de los requisitos necesarios al momento de practicarla. Que por lo tanto, no se han ‘...gene-rado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento...’, vedando la aplicación del Artículo 17° de la Ley N° 1260. Que asimismo, el Artículo 18° de tal cuerpo legal no resulta de aplicación, por cuanto no se estaría frente a un ‘acto regular’ respecto de su inclusión en listados previos, pues la incorporación en aquellos emitidos con posterioridad al dictado del Acuerdo N° 119/13 y la renuncia de la docente Arrúa a las horas cátedra en el Nivel Primario, se debió sólo a un error administrativo. Que tampoco podría alegarse la ‘inexistencia de perjuicio a terceros’, por cuanto conforme listado de fecha 21 de febrero de 2014, en el cual la presentante fuere consignada en sexto lugar, habría al menos ocho (8) docentes que mejorarían su orden de mérito al aplicarse la normativa en vigencia, cuestionada por la Sra. Arrúa. Que los restantes argumentos que esgrime la docente constituyen en lo sustancial una reiteración de aquellos ya desestimados mediante la Resolución ahora en crisis, sin apreciarse elementos que permitan acceder a lo solicitado. Que por lo expuesto, corresponde rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la docente María Isidra Arrúa.” (cfr. fs. cit.).- El procedimiento administrativo realizado resulta correctamente fundado y ajustado a la normativa aplicable al caso; y como consecuencia de ello la decisión a la que se arriba. No obstante, debe responderse a los cuestionamientos realizados por la Sra. María Isidra Arrúa.-
IV. En primer lugar debe recordarse que en el terreno del Derecho Administrativo, el acto administrativo consiste en una decisión general o especial emanada de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus propias funciones y referida a derechos, deberes o intereses administrativos; el punto de validez del mismo, debe atender a los siguientes presupuestos: que la manifestación de voluntad no esté corrompida por cualquier vicio del consentimiento -error dolo o violencia-, que el acto se dirija a cumplir la finalidad prevista en la ley -legitimidad-, y que la autoridad haya obrado dentro de los límites de sus facultades -competencia-. Recién entonces puede afirmarse, que se trata de un acto válido (Bielsa, Rafael, “Derecho Administrativo”, T° II, La Ley, 6ta. ed., Bs. As., 1964, número 254, pág. 143) (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1047, Folio 3271/ 3278).- Por su parte en el artículo 14 de la Ley Nº 1260 se establece que el acto administrativo resulta nulo de nulidad absoluta e insanable, en los siguientes casos: “a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo en cuando se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta. b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en éste último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocado; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.”.- Así, la actora afirma que no es objeto de la demanda el cuestionamiento de la facultad de la Administración a los efectos de establecer los requisitos que deberán aplicarse dentro de su competencia. Sostiene, que el problema radica en la errónea aplicación de la normativa (Acuerdo N° 119/13), “...con carácter retroactivo al caso particular y la restricción en la continuidad en el listado.” (cfr. foja 26 vta.).- No obstante lo manifestado, resulta ser la misma actora quien afirma que no reúne los requisitos solicitados en la norma, al expresar que a partir de febrero de 2013 sólo queda con dos horas en el nivel primario, llevando el resto de sus horas de docencia al nivel secundario.-
En atención a ello y por un evidente error administrativo, la Sra. María Isidra Arrúa es incluida en el listado de docentes para cargos de supervisión del nivel primario hasta el año 2014. Cuando ello es advertido por la autoridad competente, el error es corregido.-
Asimismo, la actora afirma que el Acuerdo le fue aplicado con carácter retroactivo.-
Sin embargo dicho argumento resulta insostenible. Ello, pues la Sra. María Isidra Arrúa ya no reunía los requisitos establecidos por el Acuerdo N° 119/13 al tiempo del dictado del mismo, es decir, no existió aplicación retroactiva.-
Analizado ello, debemos preguntarnos si, como se afirma, existió lesión a un derecho adquirido.-
La respuesta negativa se impone claramente. Se tiene el derecho de ser incluido en el listado respectivo, solo cuando se han cumplido con los requisitos que se encuentran estipulados para ello por la normativa correspondiente. Situación esta que no se configuró en el caso de la actora.-
De allí que resulta ajustada a derecho la decisión administrativa de rechazar el reclamo de la Sra. María Isidra Arrúa.-
Como afirma correctamente la demandada, el Consejo Provincial de Educación tiene la facultad de subsanar errores en sede administrativa en casos como estos sin acudir a un remedio extremo como es la acción de lesividad.-
Efectivamente, la acción de lesividad no resultaba procedente en el caso, pues al no existir acto administrativo que hubiese generado derechos subjetivos, la administración no se veía obligada a interponerla.-
En efecto, el artículo 17 de la Ley N° 1260 señala que: “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa. No obstante si el acto hubiere generado prestaciones que estuvieren en vías de cumplimiento sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.”.- Es decir, como surge claramente del enunciado, la regla es que la solución a la irregularidad se suceda en sede administrativa; mientras que la declaración judicial de nulidad (mediante la acción de lesividad), resulta ser la excepción.-
De su lado, el artículo 18 del citado cuerpo normativa establece que: “El acto administrativo regular, del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado. Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio si la revocación, modificación o sustitución de acto lo favorece sin causar perjuicios a terceros y si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los administrados.”.- Como se ha desarrollado supra, no existió acto administrativo que hubiese generado derechos subjetivos a favor a la actora.-
En definitiva, claramente nos encontramos ante un error en la elaboración de un listado, en el cual la actora se encontraba incorrectamente incluida; hecho éste que no amerita una medida como la indicada.-
Por todo lo expuesto, es que nos encontramos en los presentes con actos administrativos válidos.-
V. Que, por último, descartadas las irregularidades denunciadas y comprobada la razonabilidad de la actuación de la actora, desvirtuándose por ende toda posible vulneración de derechos subjetivos de la actora, es que la demanda interpuesta debe ser rechazada.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Mariani, Fernández, Peretti y Ludueña Campos por compartir sus fundamentos adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
A la segunda cuestión la Dra. Mercau dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso ad- ministrativa interpuesta por la Sra. María Isidra Arrúa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 29; y difiriendo la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Mariani, Fernández, Peretti y Ludueña Campos, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Mercau.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 05 de junio de 2020.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Reneé Guadalupe Fernández y de la Sra. Presidenta Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta a fs. 25/29 por la Sra. María Isidra Arrúa contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.-
4. Diferir la regulación de honorarios de la letrada interviniente -por la actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-.-
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004C.201 Tomo: XVII Sentencia: 1065 Folio N°: 3359/3364 Secretaría: 1
Fin de la sentencia