Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2019-70058888-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de litispendencia planteada por la actora, con costas.
2Suspender el trámite en las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia y ésta se encuentre firme en la causa “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-56025261-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 3 de Junio de 2022 En Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Rubén Alberto Marchevsky (Vocal Titular de la 3ra. Nominación) y Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2da. Nominación), a fin de resolver la causa EX-2019-70058888-APN-SGAI#TFN caratulada: “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. s/recurso de apelación”, El Dr. Marchevsky dijo:
I. Que mediante IF-2019-70058741-APN-DTD#JGM se interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 24/2019 (DV DEOB) y 25/2019 (DV DEOB), ambas dictadas el 2 de mayo de 2019, suscriptas por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI.
Por la primera de ellas, se determinó de oficio la obligación tributaria de la contribuyente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 02/2002 a 03/2003), determinándose el saldo técnico –primer párrafo del art. 24 de la ley del tributo- y el saldo de libre disponibilidad para los períodos fiscales 02, 04, 05, 06, 08 y 12/2002 y 01/2003, y se estableció el saldo a ingresar a favor del organismo recaudador para los períodos fiscales 03, 07, 09, 10 y 11/2002 y 02 y 03/2003, con más sus respectivos intereses resarcitorios. Asimismo, se le aplicó una multa equivalente al 70% del tributo presuntamente omitido -períodos fiscales 03, 07, 09, 10 y 11/2002 y 02 y 03/2003- con sustento en artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
En tanto que mediante la segunda resolución se determinó de oficio el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, por el período fiscal 2002, cuyo saldo a favor del Fisco Nacional fue compensado de oficio hasta su concurrencia con el impuesto a ingresar declarado en el Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2004- por aplicación del art. 81 de la ley procedimental.
La actora manifiesta que la cuestión en debate se centra en la vigencia y la aplicación de los beneficios impositivos acordados en los términos del “Convenio para Mejorar la Competitividad y la Generación del Empleo”, celebrado el 24 de mayo de 2001 entre el Gobierno Nacional y las asociaciones representativas de las empresas editoras de diarios y representantes editoriales, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.414 y el Decreto 730/01, aprobado por el Decreto 761/01.
Agrega, que en virtud del citado convenio el Gobierno Nacional se comprometió a otorgar a las empresas editoras de diarios y revistas, y a los representantes y/o distribuidores de los productos que aquellas editan, los siguientes beneficios impositivos: a) aplicar la alícuota del 10,5% para el Impuesto al Valor Agregado sobre las ventas, elaboraciones por encargo e importaciones de diarios, revistas y publicaciones periódicas; b) otorgar al pago de las contribuciones patronales destinado al Sistema Único de la Seguridad Social (excepto Obras Sociales), el carácter de crédito fiscal IVA; y c) eximir del pago del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Por su parte, las empresas editoras, representadas por las Asociaciones que suscribieron el acuerdo se comprometieron a: a) realizar los esfuerzos conducentes a conservar los niveles del empleo existentes a la fecha de suscripción del acuerdo, hasta el 31/03/2003 e incrementar la productividad, la producción y las exportaciones; y b) no aumentar los precios al público vigentes al 30/04/2001, por la venta de diarios, revistas y publicaciones periódicas.
Refiere que luego de la firma del mentado Convenio se desató una de las crisis económicas más grandes de nuestro país, en virtud de la cual se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria –ley 25.561- y se derogó la paridad del peso argentino con el dólar estadounidense –Decreto 260/02-. Afirma, que este escenario llevó a las empresas editoras a la necesidad imperiosa de aumentar los precios de tapa de sus publicaciones periódicas, realizándolo en su caso a partir del mes de marzo de 2002.
Explica que ante esta situación, a través de las entidades que nuclean los medios gráficos, se realizaron gestiones con el Gobierno Nacional a fin de canalizar una solución al agravamiento de las condiciones macroeconómicas en las que debía desenvolverse la actividad, lo que culminó con el dictado del Decreto 1072/02, el cual entiende vino a reconocer una situación de hecho preexistente a su dictado, manteniendo los beneficios impositivos otorgados por el Convenio aun cuando se incrementen los precios vigentes al 30/04/2001, bajo ciertos límites y parámetros, los que expresa haber cumplido.
Continúa relatando que, sin embargo ocho años después el Ministerio de Economía a través de la resolución 58/2010 desestimó el reclamo administrativo interpuesto por la actora y otras empresas del sector, en el que se solicitaba se declare que el incremento de los precios de tapa realizado, entre la sanción de la ley 25.561 y el dictado del Decreto 1072/02, se encontraba justificado por dicha ley, y que ello no tornaba procedente la declaración de caducidad de los beneficios previstos en el régimen de competitividad. Esta resolución fue apelada por la contribuyente, junto con otras entidades del sector y las asociaciones que las nuclean, bajo los autos “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010, ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 6, Secretaría N° 11.
Expone que, encontrándose en trámite dichas actuaciones judiciales, el Fisco Nacional le determinó de oficio sus obligaciones tributarias mediante las resoluciones recurridas, en atención al presunto decaimiento de los beneficios establecidos en el Convenio de Competitividad, al haber verificado el incremento de los precios de tapa, y en consecuencia el incumplimiento de los compromisos asumidos en éste. Manifiesta que la causa directa e inmediata y el presupuesto de validez de las resoluciones recurridas es el objeto de discusión en la acción promovida ante la Justicia Federal, y que la estrecha vinculación que existe entre el proceso judicial y las presentes actuaciones ponen en evidencia la existencia de litispendencia por conexidad, en tanto la sentencia que dictará el Juzgado Federal puede hacer cosa juzgada respecto de lo aquí discutido o, que en caso de dictarse sentencias por separado podrían resultar contradictorias o de ejecución imposible. Por ello, solicita la suspensión del procedimiento ante este Tribunal hasta tanto se dicte sentencia en los citados autos.
A continuación se explaya sobre los conceptos ya mencionados, y expone los argumentos sobre el fondo de la cuestión respecto a la validez de los beneficios del Convenio suscripto, la improcedencia de los intereses resarcitorios y de la multa aplicada. Adicionalmente, solicita la aplicación del precedente “Hermitage” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteando en forma subsidiaria excepciones de nulidad y prescripción.
Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y peticiona que se declare la litispendencia por conexidad, suspendiéndose el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto recaiga sentencia en sede judicial, con costas, y que oportunamente se revoquen las resoluciones apeladas, con expresa imposición de costas al Fisco Nacional.
II. Que en IF-2019-96313498-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado del recurso oportunamente dispuesto y conforme constancia de IF-2019-96475319-APN-SGAI#TFN acompaña los antecedentes administrativos.
Solicita el rechazo del planteo litispendencia por conexidad y la consecuente suspensión de la presente causa planteada, por cuanto entiende que no se verifican los presupuestos indispensables que acreditan la existencia de un supuesto de litispendencia, respecto de la acción promovida por la actora ante la Justicia Federal. Sostiene que se trata de procesos distintos que tramitan por vías diferentes, siendo la procedencia de las determinaciones apeladas lo que debe resolverse en autos, mientras que en la demanda promovida en sede judicial se cuestiona la Resolución N° 58/10 dictada por el Ministerio de Economía.
Asimismo, expone las razones de hecho y derecho que avalan su postura respecto al fondo de la cuestión, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la actora.
III. Que, previo a todo trámite, se intimó a la actora para que acompañe copia del escrito de interposición de demanda correspondiente a los autos "AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010, y que informe en qué estado se encontraba la misma, debiendo acreditarlo acompañando documentación fehaciente, bajo apercibimiento de resolver con las constancias obrantes en autos.
Mediante presentación del 27/08/2020 la actora acompaña copia del escrito de interposición de demanda, la providencia donde se llaman los autos a sentencia, y print de pantalla de la consulta realizada en la página web scw.pjn.gov.ar, donde se observan los últimos movimientos de la causa, todo ello certificado por escribano público.
A través de la PV-2022-49341435-APN-VOCIII#TFN se elevan los autos a consideración de la Sala “A”, y mediante el IF-2022-52754325-APN-VOCII#TFN se llaman a sentencia.
IV. Que, sentado lo anterior y a fin de un mayor entendimiento, resulta conveniente realizar un resumen de los antecedentes que derivaron en la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal. De las constancias de autos y de la documentación acompañada, se desprende que la recurrente gozaba de ciertos beneficios impositivos, tales como la posibilidad de tomar como crédito fiscal IVA el pago de las contribuciones patronales y la exención en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, producto de la suscripción del “Convenio para Mejorar la Competitividad y la Generación del Empleo”, celebrado el 24 de mayo de 2001, por parte del Gobierno Nacional y las asociaciones representativas de las empresas editoras de diarios y representantes editoriales. Estos beneficios se encontraban sujetos al cumplimiento de algunos requisitos por parte de las empresas beneficiarias, entre ellos, el de no despedir personal y no aumentar los precios de venta al público vigentes al 30/04/2001 (Decreto N° 730/2001).
Luego, en el marco de la denominada “crisis del 2001” la recurrente aumentó el precio de venta de sus publicaciones periódicas a partir del mes de marzo de 2002, ello es, dejando de mantener los precios vigentes al 30/04/2001 conforme lo establecía el convenio.
Posteriormente a ello, el 26/06/2002, se dictó el Decreto 1072/02 el cual permitió mantener los beneficios otorgados por el Convenio de Competitividad, aun cuando se incrementasen los precios de tapa vigentes al 30/04/2001, bajo ciertos límites y parámetros, conforme la variación del índice de precios al consumidor -nivel general-.
En este contexto, la actora junto a otras empresas y AEDBA presentaron el 11/05/2007 un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, solicitando que se declare que el incremento de los precios, realizado en el período comprendido entre la sanción de la ley 25.561 y el dictado del Decreto 1072/02, se encontraba justificado en las medidas dispuestas con motivo de la mencionada ley, y que ello no tornaba procedente la declaración de caducidad de los beneficios previstos en el régimen de competitividad, debiendo suspenderse los procedimientos y/o acciones iniciados o a iniciarse por el Fisco Nacional, con relación a tales beneficios.
Este reclamo fue rechazado el 03/02/2010 por la Resolución N° 58/10 del Ministerio, en razón de haberse producido la caducidad de pleno derecho de los mentados beneficios dada la naturaleza contractual del convenio celebrado, en el que cada una de las partes asumía una serie de compromisos que sólo se mantendrían en la medida que éstas cumplieran cabal y oportunamente con los mismos.
Contra esta resolución la actora, junto a otras entidades del sector, interpuso una demanda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 6, Secretaría N° 11, que tramita bajo los autos “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010, solicitando la nulidad de la resolución 58/10 dictada por el Ministerio de Economía, y que se decrete que el aumento de precios no torna procedente la caducidad de los beneficios del convenio de competitividad. Por su parte, el Fisco Nacional con fecha 16/04/2013 dictó la Resolución N° 3/13 (SDG OIGC) disponiendo la exclusión de la contribuyente del “Registro de Beneficiarios de los Convenios para Mejorar la Competitividad y la Generación de Empleo”; luego inició el procedimiento de determinación de oficio que concluyó con las Resoluciones N° 24/2019 y 25/2019 que motivan el presente recurso, y en relación al cual se alega la existencia de litispendencia respecto del Expediente N° 5719/2010 que tramita en la justicia federal.
V. Que, corresponde expedirse respecto de la excepción de litispendencia planteada por la actora, y el pedido de suspensión del presente proceso hasta tanto sea dictada sentencia en los autos “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010.
Cabe recordar que la excepción de litispendencia procede cuando existen dos procesos pendientes entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y por el mismo objeto, es decir, ante la coexistencia de dos pretensiones cuyos elementos son idénticos.
Como ha sostenido esta Sala, en otra composición, en la causa Insumos Biomédicos S.A, del 26/04/2017, entre otras, el fundamento de la excepción reside en la necesidad de evitar que una misma pretensión sea juzgada dos veces, o aun en el supuesto de no concurrir las tres identidades (objeto, sujeto y causa), cuando, por razones de conexidad, exista la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, y el consiguiente escándalo jurídico que fácilmente podría originar el tratamiento autónomo de pretensiones vinculadas, con la consiguiente inoperancia de la actividad judicial que esa circunstancia necesariamente comporta. Conforme reconocida doctrina, también procede la excepción bajo estudio “cuando hay dos o más juicios conexos, aunque no concurran los requisitos de las tres identidades…la conexidad supone dos proceso distintos que sin haberse trabado necesariamente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundados en la misma causa, presentan tales vinculaciones que si los jueces que conocen de ellas dictasen sentencia separadamente, podrían resultar contrarias y en consecuencia de ejecución imposible” (Alsina, Hugo Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo III, pág. 106).
En definitiva, la regla de las tres identidades no sienta sino una norma o guía para el razonamiento lógico que remite lo esencial de la cuestión a la apreciación del juzgador, a efectos de valorar este impedimento procesal que tiende a evitar que una misma acción sea deducida dos veces, puesto que se extingue por su ejercicio (conf. Citado autor).
En el mismo sentido nuestro Máximo Tribunal se ha expedido respecto a que "Corresponde admitir la excepción de litispendencia, aunque no concurra la triple identidad de sujeto, objeto y causa, cuando se evidencia la posibilidad de fallos contradictorios, en cuyo caso la solución se logra, por razones de conexidad..." (Vid. Fallos 314:811).
VI. Que, en función de todo lo expuesto, se concluye que la cuestión discutida ante esta instancia, se encuentra estrechamente vinculada con la debatida en el expediente iniciado por la actora junto con otras empresas y entidades del rubro editorial en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 6, por cuanto la sentencia que recaiga en dicho proceso, respecto a la validez o no del decaimiento de los beneficios fiscales del convenio de competitividad podrá tener injerencia en autos, toda vez que esta cuestión constituye presupuesto para la validez de los actos apelados.
Por ello, voto por hacer lugar a la excepción de litispendencia planteada por la recurrente, con costas, suspendiendo el trámite de los presentes autos hasta tanto se dicte sentencia y ésta se encuentre firme en la causa “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010.
La Dra. Guzmán dijo:
Que adhiere al voto del vocal preopinante.
En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la excepción de litispendencia planteada por la actora, con costas.
2. Suspender el trámite en las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia y ésta se encuentre firme en la causa “AEDBA y OTROS c/EN –M° ECONOMIA- RESOL 58/10 s/proceso de conocimiento”, Expediente N° 5719/2010.
Se deja constancia que el presente pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos vocales titulares de la Sala, por encontrarse vacante la Vocalía de la 1º Nominación (Conf. art. 184, 4to. párrafo, de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al Vocal Instructor.
Date: 2022.06.03 12:02:56 -03:00 Date: 2022.06.03 14:05:12 -03:00 Ruben Alberto Marchevsky Laura Amalia Guzman Vocal Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.03 14:05:13 -03:00
Fin de la sentencia