Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada; revocar el inc. f) del punto 1 del fallo en cuanto admite el agravamiento de indemnización del art. 2 de la ley 25323 y confirmar la sentencia en lo restante.-
2Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión ley 1444).-
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta que los mismos sean determinados en la instancia de grado.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8673/24 Sentencia: Definitiva Actor: Arteaga Deborah Katherina Demandada: Borracer Eduardo Andrés Objeto: Demanda Laboral Fecha: 18-12-2024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 18 de diciembre de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “ARTEAGA DEBORAH KATHERINA C/ BORRACER EDUARDO ANDRÉS S/ DEMANDA LABORAL” Expte. N° 19478 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia, de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8673/24. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Horacio Fernandez y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/12 se presenta el Dr. Carlos G. Toledo Vargas en carácter de apoderado de Deborah Katherina Arteaga, promueve demanda laboral contra Eduardo Andrés Borracer, para que se lo condene al pago de la suma total de $ 294.770,92.- o lo que más o menos surja de la prueba de autos, con más intereses y costas, por el cobro de los rubros derivados del depido incausado. Afirma que Deborah Arteaga se desempeñó desde el 20/01/2013 como empleada del demandado quien se dedica al servicio de productor y asesor de seguros de La Segunda Cooperativa de Seguros Limitada de la ciudad de las Heras. hasta ser despedida en octubre de 2017. Relata que en forma sorpresiva recibió una carta documento comunicando su despido, informando que se habrían producido operaciones con tarjeta de crédito por la suma de $9.000 por una persona que sería familiar. Ello generó un intercambio epistolar que transcribe y se tiene presente, y señala que se trata de una operación aislada, que la actora carece de antecedentes, que no existió faltante de dinero. Practica liquidación de los rubros que entiende adeudados, ofrece prueba y funda en derecho.-
II. A fs. 99 se celebra la audiencia de conciliación del art. 47 de la ley 1444, no se llega a acuerdo y la parte demandada representada por el Dre. Jorge Javier Echelini contesta la demanda que se agrega a fs. 30/98. En la contestación niega los hechos y señala que la demandada tomó conocimiento de dos operaciones realizadas en el posnet de la firma, que realizó una investigación y concluyó que las operaciones se realizaban con la tarjeta de crédito de la pareja de la actora. Agrega que se realizaba el pago con la tarjeta y la actora llevaba el efectivo. Indica que ello generó la pérdida de confianza que fue causa del distracto dispuesto. Impugna la liquidación de los rubros pretendidos, ofrece prueba, funda en derecho y hace reserva del caso federal.
III. A fs. 105 se ordena la producción de prueba y finalizada la misma en PE1326475-2024 con fecha 16 de abril del corriente se dicta sentencia admite parcialmente la demanda y condena al demandado al pago de la indemnización por Antigüedad, preaviso; SAC s/ preaviso, integración mes de despido, SAC s/ integración mes de despido, indemnización del art. 2 de la ley 25323, más intereses conforme la Tasa Pasiva Promedio del Banco de la Nación Argentina; desestima los rubros de horas extras y vacaciones 2016, condena en costas a la demandada y regula los honorarios profesionales en porcentaje.- IV.- La sentencia no satisface las aspiraciones de la parte demandada que interpone recurso de apelación, el que es concedido libremente y con efecto suspensivo. Contestados los agravios por parte de la actora el expediente se eleva a esta instancia con la certificación de estilo.-
V. Al motivar el recurso la parte demandada se agravia por entender que el juez realiza una interpretación forzada del art. 242 de la LCT al apreciar los hechos que dieron lugar al distracto. Refiere que las operaciones realizadas en el postnet se encuentran acreditadas, también que fueron por parte del Sr. Chicaval quien no tenía productos en la firma aseguradora, y que la declaración testimonial da cuenta de que el nombrado era pareja de la actora. Agrega que la oficina tenía sólo dos empleadas, y que la actora a traves de esta operatoria retiraba efectivo y pagaba con la tarjeta a 90 días. Sostiene que dichas pruebas constituyen un elemento probatorio que justifica el despido, y que se trata justamente del manejo de fondos. En forma subsidiaria se agravia por haberse impuesto la multa que regula el art. 2 de la ley 25323, ya que existieron motivos suficientes para sancionar a la actora. Mantiene la reserva del caso federal.-
VI. En PE1374879-2024 la parte actora contesta los agravios. Refiere que las pruebas señaladas corroboran los hechos invocados en la demanda, y no justifican el accionar de la empresa. Reitera que la relación de trabajo quedó acreditada, también las tareas que realizaba la actora, transcribiendo el motivo que se invoca en la CD que notifica el distracto donde se señala la operatoria en el posnet y la pérdida de confianza. La actora contesta que el hecho habría sido en mayo y se lo notifican en octubre, además que se trató de un hecho aislado y no causó perjuicio económico a la empresa. Recuerda que la actora no tuvo antes sanciones disciplinarias, era una buena empleada, y con una antigüedad considerable que de ninguna manera ameritaba la sanción tan grave del despido. Hace referencia a que la propia actora contestó mediante CD que no existió desvío de fondos ni apropiación indebida y por lo tanto no se causó un perjuicio a la demandada. Recuerda que la sanción fue después de más de cinco meses, que fue el único hecho y no causó perjuicio alguno a la demandada. Agrega que la circunstancia de que la tarjeta sea Hernán Chicaval o de otra persona no constituiría falta alguna por sí mismo, que no se acreditó el vínculo familiar invocado ni la operación de tarjeta que se invoca, como que la actora se haya apropiado de dinero efectivo. Recuerda que la actora tenía un legajo impecable y una antiguedad de casi cinco años y podría eventualmente haberse impuesto una pena menor.- En otro orden sostiene que existe suficiente fundamento para que se aplique la indemnización del artículo 2 de la Ley 25.323.-
VII. Establecido ello corresponde ingresar al examen del recurso a efectos de evaluar la decisión cuestionada por la demandada. Analizadas las causas invocadas por la demandada para despedir a Arteaga, señala que se realizó una operación con posnet de una persona que no sería cliente de la firma, que se trataría de un familiar, que dicha operación no se encontraría autorizada por la empresa y que ello derivaba en la falta de confianza.-
El hecho no fue negado por la actora, sino que ésta cuestiona el tiempo transcurrido desde que se le informa, la falta de perjuicio de la empresa y la desproporcionalidad de la sanción.
Así la empleadora es quien invocó la justa causa y por lo tanto le corresponde probarla con una demostración suficiente para que la conduca atribuída haga imposible la prosecución del vínculo laboral. A saber la demandada no invocó ni acreditó haber sufrido un perjuicio económico, tampoco la prohibición de cobrar con una tarjeta de una persona que no sea cliente de la firma. Se tiene presente que en el legajo de la actora agregado a fs. 107 y ss. surge que la misma carece de antecedentes desfavorables en su desempeño durante la relación laboral. Por otra parte la operatoria se encontraría informada por parte de Tarjeta Naranja en el PE429033-2022, que da cuenta del pago por parte de Julio Hernán Chicaval, lo que guarda relación con la documentación acompañada por la demandada al contestar la acción.
Se tiene en cuenta lo declarado por las testigos que dan cuenta de que podía abonarse por cualquier medio de pago y que efctivamente surgió esa irregularidad con una tarjeta que luego de un pedido de informes se advirtió que era de Chicaval. En este contexto, cabe señalar que la operatoria en cuestión se realizó en la forma detallada, y fue la actora la responsable del accionar. Ahora bien, no puedo dejar de observar que la firma demandada tenía sólo dos empleadas, que no se registraron antecedentes desfavorables de la actora ni faltante de dinero, como también que demoró aproximadamente cinco meses en advertirlo. Ello se condice con el informe de PE262807-2021 correspondiente a la pericia contable.
Tampoco existía una prohibición de realizar cobros con tarjetas de personas que no contaban con servicios en la firma. La actitud reprochable a la actora sería haberse procurado dinero en efectivo e ingresar el pago con tarjeta en un plazo diferido en el tiempo. - Llegado este punto habré de considerar que la ausencia de antecedentes desfavorables de la actora, siendo la única oportunidad en que se verificó una irregularidad en el manejo del dinero, que podría calificarse como menor (ya que no se acreditó faltante de dinero), la sanción propuesta por la demandada luce desproporcionada. Recientemente se expidió la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo señalando ante un hecho de sustracción de escasa mercadería de un kiosko que "...Dicho de otro modo, frente a este proceder del trabajador y ante la ausencia de antecedentes desfavorables previos en este sentido, se advierte que el cese laboral del caso se exhibe como carente de proporcionalidad, pues la ex empleadora contaba con un abanico de posibilidades sancionatorias en el ejercicio de su facultad disciplinaria (art. 67 L.C.T.) antes de acudir a una medida extrema como es el despido y ello en el marco del principio de continuidad del empleo consagrado por el art. 10 de la LCT, máxime si toma en cuenta que el actor contaba con una antigüedad de 10 años." (Autos: A.
F. J. c/ Axis Logística S.A. y otro s/ despido, SENTENCIA 7 de Octubre de 2024, CAM. NAC. APEL. DEL TRABAJO. CAP. FED., CABA, Sala 10,Id SAIJ: FA24040431). En este lineamiento, que comparto, entiendo se encuadra el caso traído a estudio. Así, la sanción del despido adoptada por la parte demandada, alegando falta de confianza por un único hecho, realizado por una persona que lleva cinco años trabajando para la firma, que carece de antecedentes desfavorables en su legajo luce desproporcionado. Se entiende de tal modo, habida cuenta que contaba con la posibilidad de sancionar a Deborah Arteaga con medidas de menor entidad y no lo hizo, pudiendo de este modo dar lugar a la conservación del empleo.
(arts. 10,67, 242 y ccs. LCT).- Así las cosas entiendo que debe rechazarse el primer agravio del recurrente por entender injustificado su accionar, realizando una valoración prudencial de la situación como lo impone el art. 242 de la LCT.-
VIII. En segundo término se agravia el recurrente por haberse admitido la indemnización contemplada en el art. 2 de la ley 25323. El análisis de esta sanción obliga a revisar la forma en que se ha configurado el despido, las circunstancias que lo rodearon y la actitud asumida por las partes, sin perjuicio de que a esta altura del procedimiento se admitió el reclamo por despido incausado. Se encontró acreditada la conducta de la actora que si bien podría decirse disvaliosa o fuera de lugar no fue lo suficientemente grave para producir el despido en forma justificada. En anteriores pronunciamientos he dejado sentada mi postura con respecto a la interpretación restrictiva que debe realizarse del agravamiento en la indemnización contemplada por la normativa en juego.
Tengo presente lo decidido por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en el punto en los autos “MURUA CARLOS FRANCISCO c/ SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. s/ LABORAL–COBRO DE PESOS”, Expte.M-10.300/06 (M-1.819/11-TSJ), donde haciendo referencia a que esta norma es de interpretación restrictiva, señala que: "...Conteste con lo señalado, se ha manifestado que dicha excepción resulta aplicable cuando surge de la causa que el empleador pudo considerar un acto del dependiente como causa justificada para el despido pero no pudo probarla en juicio o que existió pero no justificaba el despido (confr. Grisolía, Julio Armando, Régimen Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, 4ª ed., Nova Tesis Editorial Jurídica, Rosario, 2007, pág. 484); y además que “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema?” (confr.
CNLB, Capital Federal, 21-6-2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, ‘Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones’, ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." (T. XVII – SENTENCIA – T.S.J., REG. Nº 576; FOLIO 3.279/3.288; PROT. ELECT. TSS1 015 S.141, 11 de julio de 2014). Es decir que frente al despido dispuesto por el empleador con invocación de causa, sin perjuicio de que fuera posteriormente revertida dicha situación en sede judicial, entiendo que la demandada pudo creerse con derecho a actuar como lo hizo, teniendo en cuenta la situación que se encontraba con respecto a la actora, el manejo de dinero y la irregularidad que fue motivo de investigación.
Por estas razones, la interpretación que debe darse a la norma por tratarse de un agravamiento en la indemnización, en consonancia con lo decidido en forma reiterada por el Máximo Tribunal Provincial, entiendo que el agravio debe prosperar y eximir del pago de la indemnización del art. 2º de la ley 25.323. Por la forma en que me referí a los agravios propuestos entiendo que la sentencia es parcialmente justa y debe revocarse lo decidido con relación a la indemnización del art. 2 de la ley 25323. Imponer las costas en la instancia en el orden causado, tener presente la reserva del caso federal y diferir la regulación de honorarios hasta tanto se determinen en la instancia de grado.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dr. Horacio Fernandez dijo:
IX. Coincido en los fundamentos expuestos por la primer votante en cuanto a la injustificada causa de despido y la improcedencia del agravamiento en la indemnización del art. 2 de la ley 25323.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
X. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento:
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada; revocar el inc. f) del punto 1 del fallo en cuanto admite el agravamiento de indemnización del art. 2 de la ley 25323 y confirmar la sentencia en lo restante. 2°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión ley 1444). 3°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta que los mismos sean determinados en la instancia de grado. 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernandez dijo:
XI. Coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 18 de diciembre de dos mil veinticuatro.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Admitir parcialmente los agravios de la parte demandada; revocar el inc. f) del punto 1 del fallo en cuanto admite el agravamiento de indemnización del art. 2 de la ley 25323 y confirmar la sentencia en lo restante.-
2. Imponer las costas en la instancia en el orden causado (art. 68 CPCC por remisión ley 1444).-
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta que los mismos sean determinados en la instancia de grado.
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Humberto Monelos firma la presente sin emitir opinión por no existir disidencia entre los firmantes. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara- Presidente; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201056S.241 Tomo: CI Sentencia: 3096 Folio Nº: 180/184 Secretaria: 1
Fin de la sentencia