Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.017-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA n° 7900/15.
2Fijar el monto de la multa en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 03 001 IT14 003238 B, de acuerdo a lo señalado en los Considerandos 7° y 8° del voto del Dr. Garbarino.
3Las costas generadas por el punto anterior se distribuyen según sus propios vencimientos, los que se estiman en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo del Fisco.
4Confirmar parcialmente el art. 5° de la resolución apelada en relación a la firma recurrente, declarando que el importe debido en concepto de tributos asciende a un total de VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TRECE CENTAVOS (US 22.077,13) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Ello con más los intereses devengados desde el 13/10/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago, conforme lo resuelto por el Sr. Juez instructor.
5Respecto de los rubros IVA Adicional y adelanto de Ganancias, las costas se distribuyen por su orden.
6En relación a lo demás rubros, las costas se imponen a la firma actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-11816979-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 7 de Febrero de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente nº 37.017-A, El Dr. Licht dijo:
I. A fs. 12/19 vta. se presenta la actora e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PLA n° 7900/2015, recaída en la Actuación n° 12197-2486-2010, en cuanto la condena al pago de una multa, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. y le formula cargo en concepto de tributos. Relata que por medio del DIT n° 03 001 IT14 003238 B, importó temporariamente 70,80 toneladas de papel para la producción de guías telefónicas y que el plazo para la reexportación venció el 12/5/05. Señala que la operación fue cancelada a través de los PE allí mencionados con anterioridad al vencimiento del plazo indicado y siguiendo las relaciones insumo-producto indicadas en los CTC nros 2474, 2472, 2475 y solicitudes nros.
S01:034531/03 y S01:0213753/03. Indica que, sin embargo, recién luego de haber transcurrido 12 años desde el ingreso de la mercadería y 5 años desde la instrucción de sumario, el servicio aduanero procedió a correrle vista e inmediatamente luego de contestada, dictó resolución condenatoria. Plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y para exigir el pago de tributos, en tanto el auto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta, careciendo por ello de efecto interruptivo y suspensivo, respectivamente. Al respecto, sostiene que aquel no reúne los requisitos exigidos por el art. 1094 del C.A. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura. Seguidamente, arguye que la operación fue cancelada a través de los PE mencionados previamente y las mermas fueron importadas para consumo por medio del DI n° 05 001 IC82 000408K..
Agrega que, no obstante, al haber constatado que algunos PE (03 038 EC03 004492 Y, 03 038 EC03 006577 U, 03 038 EC03 006853 R, 03 038 EC03 006914P, 03 001 EC03 007427 P) adolecen de ciertos vicios que tornan la documentación insuficiente a los fines de acreditar la exportación, decidió allanarse al pago de los tributos respectivos relacionados con las 8,89 toneladas reexportadas por aquellos PE. Discute la graduación de la multa, solicitando se fije en el mínimo previsto o incluso por debajo del mismo. Asimismo sostiene que los antecedentes glosados no pueden ser tomados en cuenta toda vez que las resoluciones habrían quedado firmes con posterioridad a la fecha de la supuesta comisión de la infracción de autos.
Cita jurisprudencia. Subsidiariamente, solicita nueva liquidación de tributos y multa en relación a las mermas. Ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 31/36 vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una síntesis de lo acontecido en sede administrativa. Seguidamente, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones vertidas por la recurrente. Con relación a la prescripción, cita la normativa aplicable, señalando que debido al dictado de la apertura de sumario y la resolución aduanera, el curso de la prescripción de la acción para imponer penas fue interrumpido. Con respecto a la nulidad del auto de apertura de sumario, considera que dicho planteo no ha sido opuesto en tiempo y oportunidad hábil pero, sin embargo, señala que no se ha vulnerado el derecho de defensa de la encartada, puesto que aquella pudo ejercer su derecho de defensa e identificar los hechos constitutivos de la infracción imputada en la corrida de vista. Añade que para obtener la declaración de nulidad, el interesado debe demostrar el perjuicio concreto que le ha inferido el vicio que invoca. Cita jurisprudencia. Con respecto al fondo de la cuestión, señala que una de las características de la figura infraccional es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora, quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo otorgado. Considera que, de las constancias obrantes en el expediente, se desprende que no se ha cumplido adecuadamente con la reexportación de la mercadería. Con respecto a la graduación de la multa, sostiene que el fallo apelado es ajustado a derecho en relación a la sanción aplicada. Hace reserva de la cuestión federal, ofrece como prueba las actuaciones que acompaña y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
III. A fs. 38 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones correspondientes a la causa. A fs. 48 se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. La Actuación n° 12197-2489-2010 se inicia con un escrito presentado por la actora, acompañando documentación (obrante a fs. 6/26) y solicitando prórroga a fin de adjuntar el resto de la documentación cancelatoria. A fs. 27 obra el acta de denuncia n° 41102/2010 de fecha 27/5/10, en los términos del art. 970 del C.A., contra la firma ARTES GRAFICAS RIOPLANTENSE S.A. en relación al DIT n° 03 001 IT14 003238 B, cuyo sobre contenedor obra agregado a fs. 28. A fs. 32, con fecha 3/12/10 obra la instrucción de sumario. A fs. 31 obra la clasificación y valoración de la mercadería en cuestión. A fs. 35, se agrega la liquidación de multa y tributos. A a fs. 43/44 se reliquidan los tributos, excluyéndose el concepto “derecho adicional”. A fs. 46 y vta., con fecha 2/9/15, se corre vista de todo lo actuado a la firma actora y se cita en garantía a la firma aseguradora, resultando notificada, en cuanto aquí interesa la actora el 25/9/15, según la constancia de fs. 52 vta. A fs. 54/110 contesta vista la firma importadora y acompaña documentación. A fs. 116/122 vta. contesta vista la firma aseguradora. A fs. 127, con fecha 4/11/15, emite informe la División Control EX - ANTE (DI ADM2) mediante Nota n° 1427/15 (DV EXA2). A fs. 128 se ajusta la determinación de tributos y multa al informe de fs. 127. Una vez agregados los antecedentes del registro de infractores, a fs. 135/141 vta., con fecha 2/12/15, se dicta la resolución DE PRLA n° 7900/15, aquí apelada. A fs. 143/145, con fecha 3/3/16, por medio de la resolución n° 304/16 (SDG TLA) se aprueba la referida resolución.
Primera cuestión V.- En el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer lugar, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos y para imponer multas.
Tal como sostuve in re: “EX-2019-91486944- APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244- APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario.
Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 1012 inciso b) del C.A. en cuanto dispone que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados (…); b) Los (…) que en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos” carácter que - sin duda- reviste el auto de apertura del sumario, en tanto su dictado ha sido previsto por el legislador como causa de interrupción o suspensión de la prescripción. En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. - Fernández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. ed., vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
La circunstancia de que los artículos 805 inc. a) y 937 inc. a) del C.A.- aplicables al caso- establezcan que el curso de la prescripción se interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma -como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación al caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 3/12/10 (ver fs. 32 del expte. adm.), a sólo 28 días de cumplirse el plazo quinquenal previsto en los arts. 803 y 934 del C.A. no puede reputarse válido, en tanto no se advierte, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de la notificación del mismo a la actora en tanto esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento, reitero, afecta la validez misma del acto.
En virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- ni la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. Habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/06 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 12/5/05-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/10 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 7900/15, aquí apelada, dictada el 2/12/15 (ver fs. 135/141 vta.) y notificada a la actora el 10/2/17, según la constancia de fs. 104 vta. de las act.
Asimismo, cabe subrayar que el auto de corrida de vista a la importadora, obrante a fs. 46 y vta. de las act., fue dictado el 2/9/15, es decir, cuando el plazo prescriptivo se encontraba ampliamente vencido.
En virtud de ello, corresponde declarar la prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 03 001 IT14 003238 B.
Por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por todo lo expuesto, voto por:
Hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación al DIT n° 03 001 IT14 003238 B, con costas a la D.G.A.
El Dr.Garbarino dijo:
1. Que corresponde recordar, como condición preliminar, que esta Sala “F”, en su actual composición (consolidada a partir del 1° de agosto de 2011), ha venido sosteniendo de modo inveterado un criterio diametralmente opuesto al sustentado por el Juez instructor al resolver la primera cuestión -en cuanto señala que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario-, que corresponde mantener en el caso sometido a examen de este Tribunal.
2. Que, asimismo, y de acuerdo a la posición sustentada por esta Vocalía de la 16° Nominación, tampoco corresponde hacer aplicación supletoria de lo dispuesto en la ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, pues conforme a lo normado en el inc. 1 del artículo 1017 de la ley 22.415, al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal, según lo dispone expresamente el inciso 2, del mismo artículo 1017 supra citado (en el mismo sentido, Fallos 332:1109, voto del juez Zaffaroni -en disidencia-).
3. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
4. Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S.J.N., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307:1094 y sus citas).
5. Que ello es así, por cuanto por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender, sin más, a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa.
6. Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30). En efecto, en el diseño constitucional argentino "...la Corte Suprema es' el Tribunal en 'último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones..." (Fallos: 12:134 y 325:2723).
7. Que, en ese contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal Cimero que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. Fallos: 332:2425).
8. Que, en ese marco, sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), principio que se •basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía del Tribunal (art. 108 citado) que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).
Por lo tanto, resulta incuestionable la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114).
9. Que, en consecuencia, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas).
En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte -en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia- sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094 y resultan insusceptibles de seguimiento por esta jurisdicción.
10. Que, bajo tales premisas, la cuestión prescriptiva sometida a examen de este Tribunal ha sido adecuadamente considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, por lo que cabe remitirse a los fundamentos esbozados por el Alto Tribunal por razones de brevedad, máxime cuando dicha sentencia ha sido suscripta por tres jueces (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda) que en la actualidad continúan desempeñando dicha función suprema.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha destacado que surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
Asimismo, subrayó que “si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
Por último, señaló que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada.
11. Que, por lo demás, entiendo que tampoco corresponde aplicar en la especie la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de procesos aduaneros, en tanto la recurrente es una empresa (sociedad anónima) y no una persona física. En efecto, si bien esta Sala “F” in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS” (Expte. Nro. 30.630-A) de fecha 6/3/2015 y “ZURICH ARGENTINA CIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto, resolvió declarar la inconvencionalidad -y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)- de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto la prescripción no podía quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera, corresponde destacar que la inobservancia del “plazo razonable” de tramitación del presente proceso y su afectación de garantías convencionales no puede ser aplicada en el sub-lite, toda vez que con posterioridad -26 de febrero de 2016- a dichos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique en el caso dicha doctrina –que si bien no es absoluta, atento como se resuelve la cuestión de fondo no deviene prudente apartarse en el sub lite-, sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
12. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.-, como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/2006 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 12/5/2005-, la misma hubiera operado, de no haber mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2010 (cfme. arts. 803, 804 y 805; y 934, 935 y 937 del C.A.), siendo que en fecha 3/12/2010 se dispuso la apertura del Sumario (vide fs. 32 de las act. adm.), mientras que el dictado de la Resolución DE PRLA n° 7900/15, aquí apelada, se produjo el 2 de diciembre de 2015.
En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 03 001 IT14 003238 B.
Por ello, voto por:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 03 001 IT14 003238 B.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT nro. 03 001 IT14 003238 B.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar la procedencia de los tributos y multa reclamados a la aquí actora, por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A.
Por medio de la destinación n° 03 001 IT14 003238 B, oficializada el 22/5/03 ante la Aduana de Buenos Aires (Capital), la firma ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSE S.A., documentó la importación temporaria de 78,80 toneladas de papel, clasificado en la P.A. 4810.19.90.900R, de origen alemán, al amparo del decreto n° 1439/96, a fin de utilizarlas en la fabricación de guías telefónicas para su posterior exportación a Bélgica. Dicha operación fue autorizada por el plazo originario de 360 días, el cual fue prorrogado, operando su vencimiento el 12/5/05, conforme surge del dorso OM-1993 SIM obrante en el interior del sobre de fs. 28 de las act. adm.
La firma recurrente afirma en esta instancia haber reexportado la totalidad de la mercadería por medio de los PE nros. 03 038 EC03 004 406 J, 03 038 EC03 004492 Y, 03 038 EC03 004667 S, 03 038 EC03 004836 Z, 03 038 EC03 005591 P, 03 038 EC03 006642 N, 03 073 EC03 012548 Y, 03 038 EC03 006577 U, 03 038 EC03 006853 R, 03 038 EC03 006914P y 03 001 EC03 007427 P, con anterioridad al vencimiento del plazo indicado y siguiendo las relaciones insumoproducto indicadas en los CTC nros 2474, 2472, 2475 y solicitudes nros. S01:034531/03 y S01:0213753/03. Sin embargo, ha decidido allanarse al pago de los tributos e impuestos respectivos relacionados a 8,89 toneladas que afirma que se han reexportado por medio de los PE nros. 03 038 EC03 004492 Y, 03 038 EC03 006577 U, 03 038 EC03 006853 R, 03 038 EC03 006914P, 03 001 EC03 007427 P, atento a que los mismos, según señala, adolecen de ciertos vicios que tornan la documentación insuficiente a los fines de acreditar la exportación.
Ello así, afirma haber regularizado la situación –y probado por medio de la documentación correspondiente- del resto de la mercadería importada temporariamente, esto es 61,91 tns., lo que incluye 14,53 tns. de mermas que, según afirma, habrían sido importadas para consumo y 47,4 tns. de mercadería que habrían sido reexportadas en tiempo y forma. Previo a determinar si la importadora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
En virtud de estos artículos, puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
El formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. De ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
En virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, como he señalado, se encuentra definido en el Anexo III a la Res. S.I.C. Nro. 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
En primer lugar, cabe señalar que en ninguno de los PE acompañados se indicó, en la hoja de descarga, la PA de los insumos que para cada DIT allí mencionado se estaría descargando, por lo que ello impide determinar si por el mismo PE se está descargando efectivamente la cantidad de insumos declarados o, en realidad, una mayor cantidad de la debida de la misma mercadería (insumos de la misma PA que excederían la cantidad necesaria para la cantidad de producto que se está exportando)-.
Por otro lado, en el presente caso, se observa que tanto en la solicitud de CTC n° S01-34531/03, como en la solicitud n° S01-0213753/03 –que son las solicitudes de CTC que se aplican a los PE que la propia recurrente consideró como documentos hábiles para probar la reexportación de la mercadería- se indica como unidades de medida el insumo con el código “01” y el producto con el código “04”, sin especificar en qué unidad de medida está indicada dicha relación. En la Resolución General AFIP n° 1452/03, (B.O., 6/3/2003), vigente al momento de oficialización del DIT del caso, sobre las tablas codificadoras en el SIM, en su Anexo XV, se indicó, para el código “01” la descripción ampliada “kilogramo” y para el código “04” se indicó la descripción “metro cúbico”. Esto es, medidas de peso y de volumen. Por otra parte, en los PE involucrados, la mercadería transformada fue exportada en “unidades” –ver campo relativo a “unidad” de los formularios OM 1993 SIM-. Ello así, con la información contenida en la documentación obrante en autos, no resulta posible efectuar un control adecuado de las cantidades que la recurrente declara en las hojas de descarga como reexportadas.
Ello así, de la compulsa de la documentación obrante en las actuaciones administrativas y en la presente causa no surge la efectiva regularización de la destinación de importación temporaria en trato.
Consecuentemente, ha quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A.
II. Además de la sanción prevista en el art. 970 del C.A., que prevé una multa en cabeza del importador, deben abonarse los gravámenes que gravan la importación para consumo de la mercadería no exportada, de conformidad con lo establecido en el art. 274, ap. 1, inc. a), y ap. 2, siendo responsables de su pago el importador y su garante. Según se observa, a fs. 128 del expediente administrativo, el servicio aduanero procedió a realizar la determinación de tributos y multa sin considerar el derecho adicional, pero incluyendo derechos de importación, tasa de estadística, IVA, IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Al respecto, cabe señalar que existe reciente doctrina emanada de los argumentos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir tanto el importe exigido en concepto de IVA adicional como aquel exigido en concepto de percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria debiendo excluirse el importe exigido en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, conforme se detalla a continuación:
Liquidación tributos Valor en aduana mercadería en Derechos de importación Estadística Base I.V.A. Total de Tributos infracción (U$S) 12% 0,5% I.V.A. 21% (U$S)
55.576,82 6.669,22 277,88 62.523,92 13.130,02 20.077,13 En consecuencia, el importe de los tributos adeudados por el item 1 arroja un total de U$S 20.077,13 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, e IVA. Todo ello, con más los intereses del art. 794 del CA. Cabe aclarar, que dicho monto incluye también las mermas de la mercadería, por cuanto la recurrente acompañó copia del DI n° 05 001 IC82 000408 K, -ver fs. 96/98-, pero dicha copia no tiene intervención aduanera alguna, y la impresión de pantalla acompañada a fs. 134 señala que se encuentra en estado “oficializada”. Considero oportuno señalar, como indiqué ya previamente, que la recurrente se allanó al pago de parte de los tributos, ello así, no discutió la totalidad de los tributos por los que debe responder –ver también formulario F4 de fs. 1 de la presente causa-. Sin embargo, no existen constancias ni en autos ni en el presente expediente de que los tributos cuyo importe consintió hayan sido ya abonados.
III. Analizado el aspecto tributario, resta referirse a la multa impuesta en la resolución apelada, respecto de cuya graduación (en dos veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo) se agravia la actora, por resultarle excesiva.
Tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable. Por ello, habiéndose constado que el acto administrativo no tenía sustento suficiente para determinar la sanción en los términos en que se hizo, toda vez que los antecedentes invocados no resultaron probados por la documentación agregada a la causa, esto es no contienen los datos suficientes a los efectos de merituarlos o no como antecedentes, es que corresponde nulificarlo y ordenar a la DGA a que, sobre la base de lo aquí expuesto, fije nuevamente el importe de la multa que corresponde aplicar al caso en cuestión.
Así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa,ED-DCCLXIV-708).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 7900/15 y ordenar a la DGA a que fije el monto de la multa que corresponde aplicar al caso de autos, teniendo en consideración lo dispuesto en el Considernado VIII.
2. Costas por el punto anterior, por los respectivos vencimientos, las que se estiman en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo del Fisco.
3. Confirmar parcialmente el art. 5° de la resolución DE PRLA n° 7900/15 en relación a la firma recurrente, declarando que el importe debido en concepto de tributos asciende a un total de VEINTE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS (U$S 20.077,13), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Ello, con más los intereses devengados desde el 13/10/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago.
4. Costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias. Con respecto a los demás rubros, costas a la actora.
El Dr. Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, al voto del vocal preopinante, con excepción de lo señalado en el Considerando VIII y lo decidido en el Pto. 1) de la parte resolutiva del presente decisorio.
2. Que, en efecto, en cuanto al trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
3. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en el caso bajo examen, habida cuenta la posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al resolver cuestiones similares o análogas, y teniendo en consideración estrictas razones de celeridad y economía procesal, corresponde resolver el presente sin adoptar el temperamento supra expuesto, conforme lo sostenido por esta Vocalía antes causas que guardan sustancial analogía.
4. Que, bajo tales premisas, conviene señalar que el artículo 915 del Código Aduanero autoriza a graduar las penas en cada caso, según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor, sin limitar -de ningún modo- la posibilidad que esta tarea pueda estar a cargo, además de la propia DGA en la esfera administrativa, del Tribunal Fiscal de la Nación al momento de revisar esa decisión, como así también de las etapas recursivas subsiguientes (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal y Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Por su parte, si el artículo 16 de la ley 48 (Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales) faculta expresamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a devolver la causa para que sea nuevamente juzgada; o bien resolver sobre el fondo, cabe colegir que dicha pauta puede ser jurídicamente extendida tanto en cabeza de la Alzada respecto de este Tribunal, como así también del TFN en relación a la DGA, máxime cuando el presente proceso recursivo lleva sin sentencia firme 5°) Que, asimismo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver la causa “Herrera Ulloa” en fecha 2 de julio de 2004 enfatizó que de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del fallo.
Al respecto, la propia Corte internacional estableció que “no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. En efecto, el denominado recurso ante juez o tribunal superior --que sería superior solamente en grado, dentro del orden competencial de los tribunales, como es el supuesto de este Tribunal Fiscal respecto de la DGA en la etapa de revisión de las resoluciones aduaneras, en tanto no cabe admitir superioridad o jerarquía diferencial alguna de los jueces en relación con el resto de la ciudadanía-- debe ser uno que, conforme el razonado voto concurrente del entonces Presidente de la CIDH Dr. Sergio García Ramírez, “efectivamente permita al superior entrar en el fondo de la controversia, examinar los hechos aducidos, las defensas propuestas, las pruebas recibidas, la valoración de éstas, las normas invocadas y la aplicación de ellas, inclusive en aspectos tales como la individualización de la pena o medida (que abarca la sustitución pertinente), como resulte justo en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización (atenuantes y agravantes o elementos de referencia que guían el razonado arbitrio judicial)”.
6. Que, en esta línea interpretativa, corresponde descartar de plano cualquier solución que no respete los principios de certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad procesal, sometiendo a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, que obstruya o paralice los procedimientos recursivos aduaneros, con la consiguiente sobrecarga de trabajo del personal de esta Sala “F”, quienes debieran analizar nuevamente los mismos expedientes al ser devueltos por la Aduana, siendo que dicha circunstancia implicaría, de modo causal, retrasar aún más el dictado de sentencias por parte de este Tribunal Fiscal, dificultando el ejercicio de su loable misión de impartir justicia tributaria aduanera en plenitud y dentro de un plazo razonable, siendo que va de suyo que los efectos desvastadores de la Pandemia mundial han impedido cumplimentarla adecuadamente.
7. Que de la litis se desprende que el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a dos (2) veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción teniendo en cuenta los antecedentes infraccionales registrados por la firma “ARTES GRÁFICAS RIOPLATENSES S.A. S.A.”. Bajo tales circunstancias, en relación al quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el art. 915 del C.A., que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor.
Y en cuanto a los antecedentes del infractor, el art. 927 del C.A., contempla el supuesto de aquel que habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
A su vez, el art. 928, inc. a), del C.A., establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso.
Por ende, de acuerdo a lo señalado en el voto del Juez instructor corresponde tener por configurada en autos la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero y, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 915 y 916 de dicha normativa, resulta ajustado a derecho fijar la multa impuesta en una sola vez el importe de los tributos.
8. Que, por lo demás, y toda vez que el monto final de condena es fijado por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
9. Que por último, corresponde dejar sentado que de acuerdo a las ideas y fundamentos que vengo sustentando desde mi ingreso a esta Magistratura en el año 2011, esgrimidos tanto en mis respectivos votos, como así también en diversas conferencias y artículos de la especialidad, este Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires o a los Juzgados Federales con asiento en las provincias, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto hablar de funciones “jurisdiccionales-judiciales”-, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa, y se trata de la única magistratura del país especializada en la materia tributaria (aduanera e impositiva), por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los referidos tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNACAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. del 18.4.85).
10. Que, en definitiva, admitir lo contrario implicaría conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011).
11. Que, por lo tanto, la plena efectividad de los principios convencionales y constitucionales que corresponde aplicar en la materia tributaria aduanera impone la necesidad de practicar una hermenéutica que resuelva todas las dudas interpretativas que pueda generar el alcance de las facultades revisoras de esta instancia jurisdiccional-judicial en el modo menos limitativo de la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Nación; siendo que, en tal sentido, se debe abandonar drásticamente la errónea idea de conceptualizar a esta magistratura como un organismo administrativo, por resultar un dogma histórico que en la actualidad encuentra un mayor sustento en la Retórica que en el Derecho, en tanto no posee, más allá de su ubicación formal, ninguna de las características propias y típicas de esos cuerpos, como así también reviste la indudable condición de Tribunal de Justicia, que ejerce la eminente misión de dictar sentencias conjuntamente con la regulación de honorarios –que es un acto de prístina naturaleza judicial y no administrativa- de acuerdo a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –y no en los términos de la ley 19.549- sin limitaciones infraconstitucionales, haciendo simplemente de la Justicia una virtud al servicio de la verdad.
Que en virtud de todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA n° 7900/15.
2. Fijar el monto de la multa en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 03 001 IT14 003238 B, de acuerdo a lo señalado en los Considerandos 7° y 8° del presente decisorio.
3. Las costas generadas por el punto anterior se distribuyen según sus propios vencimientos, los que se estiman en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo del Fisco.
4. Confirmar parcialmente el art. 5° de la resolución apelada en relación a la firma recurrente, declarando que el importe debido en concepto de tributos asciende a un total de VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TRECE CENTAVOS (U$S 22.077,13) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Ello con más los intereses devengados desde el 13/10/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago, conforme lo resuelto por el Sr. Juez instructor.
5. Respecto de los rubros IVA Adicional y adelanto de Ganancias, las costas se distribuyen por su orden.
6. En relación a lo demás rubros, las costas se imponen a la firma actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar el art. 3° de la Resolución DE PRLA n° 7900/15.
2. Fijar el monto de la multa en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. como consecuencia de no haber reexportado y/o importado para consumo en término la mercadería ingresada temporariamente al amparo de la DIT nro. 03 001 IT14 003238 B, de acuerdo a lo señalado en los Considerandos 7° y 8° del voto del Dr. Garbarino.
3. Las costas generadas por el punto anterior se distribuyen según sus propios vencimientos, los que se estiman en un 50% a cargo de la actora y un 50% a cargo del Fisco.
4. Confirmar parcialmente el art. 5° de la resolución apelada en relación a la firma recurrente, declarando que el importe debido en concepto de tributos asciende a un total de VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON TRECE CENTAVOS (US 22.077,13) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Ello con más los intereses devengados desde el 13/10/15 y hasta la fecha de total y efectivo pago, conforme lo resuelto por el Sr. Juez instructor.
5. Respecto de los rubros IVA Adicional y adelanto de Ganancias, las costas se distribuyen por su orden.
6. En relación a lo demás rubros, las costas se imponen a la firma actora.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.04 19:09:50 -03:00 Date: 2022.02.07 15:32:33 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.07 15:52:02 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.07 15:52:03 -03:00
Fin de la sentencia