Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 32421-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la sentencia y, en consecuencia, revocar los artículos 3, 4, 5 y siguientes de la resolución DE PRLA 6459/2011 y su confirmatoria Resolución 895/2011 (SDG TLA), con excepción de la parte de los tributos y la multa que fueron consentidos por la actora, de conformidad con sus presentaciones de fs. 81/83, 85/86 y 91/92.
62346/2018, ARTES GRAFICAS RIOPLATENSE SA TF 32421-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de junio de 2019.- CMP VISTOS: para resolver los autos “Artes Gráficas Rioplatense S.A. TF 32421-A c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”, expte. 62346/2018 [TF 32421-A], venidos en recurso; y
I. El Tribunal Fiscal de la Nación, por sentencia obrante a fs. 154/159 vta. resolvió: (i) declara la prescripción de la acción del fisco para imponer las penas en la presente causa; (ii) confirmar parcialmente la exigencia tributaria contenida en el art. 5 de la resolución apelada, declarando que los tributos ascienden a $ 236.264,42 con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, y a $ 233.186,64, por rubros de adicional de IVA e impuesto a las ganancias, ambos importes con más por los intereses devengados desde el 27/10/2010 y hasta la fecha de total y efectivo pago; (iii) costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 20% a cargo de la recurrente y un 80% a cargo del Fisco.
Posteriormente, por resolución obrante a fs. 161, el TFN modificó el punto 2 de su resolución, y agregó que la siguiente oración: “Asimismo, deberán tenerse en cuenta las presentaciones de fs. 81/83, 85/86 y 91/92 de autos”.
II. La parte actora apeló la sentencia a fs. 162, recurso que fue concedido a fs. 169, expresó agravios a fs. 173/179, replicado por la contraria a fs. 191/195. Sostiene que, con excepción de las mermas respecto de las cuales ya abonó debidamente los tributos e intereses correspondientes, reexportó dentro del plazo otorgado los insumos importados en un todo de acuerdo a la relación insumo/producto declarado en los CTC correspondientes y que, por tanto se tenía que tener por cumplida la importación temporaria N° 00 001 IT14 000367 V.
Aduce que el TFN yerra en cuanto afirma que la recurrente no ha podido acreditar la reexportación de los 953.372,99 kgs. de mercadería correspondiente a la destinación de importación temporaria N° 00 001 IT14 000367 V.
Dice que no se encuentra controvertido el hecho de que las copias de los permisos de embarque por ella aportada resultan ser de mala calidad, por lo cual solicitó expresamente se agreguen las carpetas originales de dichos permisos. En este punto resalta que “el hecho de que las copias aportadas por mi mandante resulten ser algo ilegibles, o cuanto menos de dificultosa lectura, resulta ser algo natural habida cuenta de que se trata de documentos que datan de dieciocho años” (fs. 176).
Alta en sistema: 10/06/2019 Indica que frente a esa situación, habiendo librado oficio a la Aduana de Paso de los Libres, esta informó que los permisos de embarques se encontraban desafectados y eliminados.
Recuerda que oportunamente planteó ante el TFN que la falta de conservación de los permisos de embarque invocada por la DGA no podía perjudicarla.
Explica que frente a ese escenario, solicitó a la DGA remitiera las impresiones de pantalla SIM correspondientes a los mentados permisos. Destaca que “el servicio aduanero remitió al Tribunal Fiscal un listado de las operaciones de exportación en cuestión, del cual resulta ser que se encuentran en estado CANCELADO, así como también sus fechas de oficialización, sus respectivos CUMPLIDOS, posición arancelaria de los productos exportados y demás datos. Es decir, la prueba informativa producida acredita en forma fehaciente e irrefutable la existencia y particularidades de los permisos de embarque cancelatorios de la destinación de importación temporaria denunciada” (fs. 177). Por otro lado, postula que se debe declarar la prescripción de las presentes actuaciones por haber transcurrido el plazo razonable al que hace referencia el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Señala que transcurridos 18 años se hace difícil justificar las observaciones que formulara el Tribunal, y la demora es sólo imputable al servicio aduanero, ya que se demoró doce años en la tramitación del sumario.
Explica que en autos se discute si las exportaciones documentadas en el año 2000 son válidas para dar por cumplida una obligación asumida ese mismo año, y que se pretende entonces, en el 2018, cuestionar una conducta del año 2000, es decir dieciocho años atrás. Detalla que la Aduana demoró seis años para instruir el sumario y otros seis años más en notificar su resolución; que el trámite demoró otros seis años más ante el Tribunal Fiscal que debió ocuparse de la prueba no tramitada en el trámite administrativo que demoró doce años. Afirma que, en definitiva, debieron transcurrir dieciocho años para que alguna autoridad administrativa con facultades jurisdiccionales (en el caso, el TFN) analizara y se pronunciara respecto de la documentación aportada.
III. La demandada apeló la sentencia a fs. 164, recurso que fue concedido a fs. 169, expresó agravios a fs. 181/187, replicado por la contraria a fs. 196/200 vta. Se agravia de la declaración de prescripción decretada en el punto 1 de la sentencia del TFN. Señala que el voto de mayoría considera que debido a la aplicación supletoria de la ley 19.549 y del Código Procesal Penal respecto del Código Aduanero para el caso de infracciones, la notificación de la resolución aduanera condenatoria deviene imprescindible para su validez, y en el caso permite declarar la prescripción de la acción. Señala el apelante que el error parte de una interpretación incorrecta del concepto de supletoriedad, lo cual no acontece respecto del instituto de la prescripción del Código Alta en sistema: 10/06/2019 Aduanero. Señala que el art. 935, inciso d), establece claramente que la resolución condenatoria en sede aduanera interrumpe la prescripción, sin expedirse sobre la notificación de la misma. Agrega que, no se advierte cómo pudieron verse afectados los derechos de la contraria por la falta de notificación del inicio del sumario, si no existía imputación firme a su respecto, y el sumario buscaba determinar los hechos constitutivos de la infracción. Manifiesta que el Código Aduanero prevé expresamente como causal interruptiva del plazo de prescripción respecto de la acción para imponer penas y de suspensión de la acción para percibir tributos adeudados, el dictado del auto de apertura del sumario.
Por otro lado, señala que el TFN trató un tema que había sido consentido por la contraria. Puntualmente, se refiere al derecho adicional, que no fue cuestionado en el recurso ante el TFN.
IV. Preliminarmente cabe señalar que mediante Destinación 00 001 IT14 000367 V oficializada el 20/01/2000 ante la Aduana de Buenos Aires la actora documentó la importación temporaria de 1.241.640 kgs. de papel, clasificado en la P.A. 4802.60.90.000X, de origen y procedencia Finlandia, al amparo del Decreto 1439/1996, a fin de ser utilizadas en la fabricación de guías telefónicas para su posterior exportación a Brasil. Dicha operación fue autorizada por el plazo originario de 360 días, el cual fue prorrogando, operando su vencimiento el 13/01/02, conforme surge del dorso OM-1993 SIM obrante en el interior del sobre de fs. 8 de las act. adm.
Por su parte, debe mencionarse que por resolución DE PRLA N° 4659/2011 el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros resolvió: (i) absolver a la actora en relación a la infracción tipificada en el art. 970 del CA, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1112, inc. a), en orden a los fundamentos expuestos, respecto de 28.264,01 kgs. correspondientes a la Destinación 00 001 IT14 000367 v; (ii) condenar a la actora al pago de una multa igual a una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción (953.372,99 kgs.), monto de la sanción que fue determinado en $ 236.264,42, la que se impone por encontrarse incursa en la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.; (iii) formular cargo por el importe de la multa e intimar a la cancelación de dicho importe; (iv) formular cargo a la imputada y a la aseguradora, por los tributos adeudados, cuyo monto asciende a $ 793.341,51.
En relación a este punto, la Aduana fundó su decisión en que solo podía tener en cuenta $ 288.267,01 kilogramos descargados mediante Permiso de Embarque N° 00 042 EC03 000527 B, toda vez que el resto de las copias resultaban ilegibles. Añadió que la actora no aportó elementos suficientes que avalen que reexportó el resto de la mercadería. En ese orden, estimó en infracción 953.372,99 kilogramos correspondientes a la Destinación 00 001 IT14 000 367 V.
Alta en sistema: 10/06/2019 La resolución DE PRLA N° 4659/2011 fue, a su vez, aprobada por resolución SDG TLA 895/2011 del Subdirector General de la Subdirección General Técnico Legal Aduanera.
V. Al analizar si se configuró la infracción del art. 970 del C.A., el TFN valoró que “en oportunidad de contestar la vista corrida en el sumario, la importadora limitó su argumento defensivo a sostener, genéricamente, que había reexportado en tiempo y forma la mercadería introducida en forma temporaria, mediante los permisos 00 042 EC03 Nros. 377 E, 527 B, 731 V, 797 K, 819 F y 820 U, sin efectuar alegación concreta respecto de la cantidad de mercadería que el servicio aduanero debió considerar exportada mediante cada uno de los P.E. denunciados. Sin embargo, admitió la existencia de un saldo pendiente de exportación (correspondiente a las mermas recuperables) aunque sin individualizar el C.T.C. aplicable a cada operación, limitándose a adjudicar copias certificadas de la solicitud de C.T.C. N° 061-00427/00 y 061-001928/00” (fs. 155 vta.).
Añadió más adelante que “además de la mala calidad de las copias de los permisos de embarque nros. 00 042 EC03 820 U, 00 042EC03 377 E, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 797 K y 00 042 EC 819 F aportadas por la actora, las mismas no acreditan las pretendidas descargas. En primer lugar, advierto que las referidas copias carecen de constancias relativas al cumplimiento de embarque. En consecuencia, no ha podido acreditarse la efectiva exportación de la mercadería documentada en aquellos documentos. Asimismo, no escapa de la vista del suscripto que en el campo “Documentos a presentar” de los correspondientes permisos no consigna la destinación de importación temporaria involucrada en autos. También debo señalar que resulta ilegible el campo “cantidad de unidades” de la declaración de mercadería de los P.E. nros. 00 042 EC03 820 U, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 979 K y 00 042 EC03 819 F” (fs. 156).
VI. En atención al incumplimiento que se endilga a la actora, cabe recordar que el artículo 970 del C.A. en su apartado 1 dispone que: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería, aún cuando ésta no estuviere gravada”.
Dicha norma sanciona el incumplimiento de las obligaciones asumidas con motivo del otorgamiento del régimen de importación temporaria. La obligación asumida por la actora al importar temporariamente bajo el régimen del Dto. 1439/96 era la de reexportar para Alta en sistema: 10/06/2019 consumo la mercadería bajo la nueva forma resultante y/o importarla para consumo antes del vencimiento del plazo otorgado por la aduana.
Sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería ingresada temporalmente con los permisos de embarque debidamente oficializados, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación que correspondan.
VII. En cuanto a los antecedentes de la causa, cabe reseñar que según surge del expte. adm. actuación 608514-209-2005, se corrió vista del cargo a fs. 21, intimando a que acompañe copia de las destinaciones involucradas, de la declaración jurada de descarga de relación insumo/producto, de el/los certificado/s de tipificación y clasificación definitivo/s así como cualquier otra documental.
La actora presentó su descargo a fs. 47/49, acompañando copia de los permisos de embarques 00 042 EC03 820 U, 00 042EC03 377 E, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 797 K, 00 042 EC 819 F y 00 042 EC03 000527 E. Solicitó se certifique la autenticidad de las mismas.
Posteriormente, a fs. 55 de las act. adm obra la intervención del Jefe de Sección Procedimientos Técnicos de la DGA, que expresó: “habiendo analizado la documentación obrante en autos, se eleva al presente informando que solo es posible tomar en cuenta 2888267,01 kilogramos descargados mediante Permiso de Embarque 00042EC03000527B, toda vez que, el resto de las copias aportadas resultan ilegibles”.
Dictada las resoluciones en sede administrativa, en el recurso interpuesto ante el TFN (cfr. fs. 66/73 de estas actuaciones), la actora solicitó, como medida de prueba, se agreguen las carpetas originales de los permisos de embarque 00 042 EC03 820 U, 00 042EC03 377 E, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 797 K, 00 042 EC 819 F y 00 042 EC03 000527 E.
Esto fue requerido por el TFN a la DGA, mediante oficio que obra a fs. 115, que fue contestado a fs. 118 por la Aduana de Paso de los Libres en los siguientes términos: “[…] las destinaciones de exportación correspondientes al año 2000 requeridas, han sido objeto de desafectación documental autorizada por el Archivo General de la Nación y la Disposición N° 92/2011 (DI RAPO), conforme consta en el Acta de Eliminación cuya copia se adjunta”. A foja siguiente, obra la susodicha “Acta de Eliminación” de la que consta que se eliminaron los permisos de embarque del período 1993 al 2004.
Frente a ello, la actora solicitó a fs. 123 las impresiones de pantalla SIM correspondiente los permisos de embarque en cuestión, lo cual fue aceptado a fs. 124, y la DGA cumplió a fs. 4 con un listado en la cual figuran los permisos de embarque y en cada uno acompañado del mensaje “cancelado”.
Alta en sistema: 10/06/2019 VIII. En autos, el servicio aduanero y el TFN consideran que la actora no dio cumplimiento a las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, toda vez que no ha sido posible determinar la cancelación de la DIT en trato, atento a que los permisos de embarque 00 042 EC03 820 U, 00 042EC03 377 E, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 797 K y 00 042 EC 819 F no son legibles.
En primer término, debe señalarse que, a diferencia de otros casos, en estos autos la actora sí aporto las copias que tenía en su poder de los permisos de embarque, desde la sede administrativa, incluso lo reiteró ante el TFN.
A criterio de este Tribunal, los permisos de embarque en debate no son “ilegibles”, entendido como que no se puede extraer ningún dato de ellos, sino que, en cambio, las copias aportadas resultan de dificultosa lectura, pero en ciertas partes. Es así que, con un mínimo de esfuerzo, se logra leer el número de DIT, de permiso, etc.
Hasta aquí, entonces, dichos permisos son los elementos que aporta la actora para tener por acreditado el cumplimiento del régimen. Corresponde indagar si existen otros en el expediente.
IX. En este estado, cabe analizar qué gravitación tiene el hecho de que la Aduana haya destruido los expedientes originales por los que tramitaron los permisos de embarques y que constituían un medio de prueba solicitado por la actora tanto en sede administrativa como ante el TFN.
Dado que por Decreto N° 1571/81 y Disposición AFIP N° 455/98 el servicio aduanero no conservó los permisos de embarque, no se cuenta en el caso de autos, ni pudo contarse en sede aduanera con la documentación original de los mismos, o en su defecto de copias, pese a encontrarse en trámite un sumario contencioso que los involucraba y al hecho de haber sido solicitado por la apelante al contestar vista el 28/10/2010 (Ver especialmente fs. 47/49 act. adm.).
Cabe advertir que de haber solicitado la Secretaría de Actuación N° 4 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros la agregación de los permisos de embarque en forma inmediata a la contestación de vista, o en su defecto, dentro de un plazo razonable, no se estaría en la situación de autos. Nótese, que la actora presentó el descargo el 28/10/2010, mientras que la dependencia mencionada nunca solicitó a la Aduana correspondiente la agregación de los originales o de copias debidamente certificadas, sino directamente dictó el acto administrativo recurrido.
Ahora bien, frente a la insistencia de la actora en la medida de prueba en cuestión, solicitada en su recurso ante el TFN (cfr. fs. 66/73), recién el 16/09/2014 el TFN dispuso requerir a la DGA que acompañe y se agreguen las carpetas originales de los permisos Alta en sistema: 10/06/2019 de embarques, lo cual no fue materialmente posible porque conforme obra en el “Acta de eliminación” de fs. 119, el 16/12/2011 dicha documentación fue destruida por la demandada. De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que la Aduana destruyó los expedientes de los permisos de embarque 00 042 EC03 820 U, 00 042EC03 377 E, 00 042 EC03 731 V, 00 042 EC03 797 K y 00 042 EC 819 F mientras que, al mismo tiempo, iniciaba un sumario a la actora, siendo que aquellos estaban bajo cuestionamiento y eran el principal elemento de prueba. A su vez, si la Aduana hubiera sido diligente en la producción de prueba, y hubiera solicitado dichos expedientes cuando la actora lo requirió al pedir la vista, se habrían podido contar en tiempo oportuno con los elementos destruidos.
Por tanto, la conducta de la Aduana impidió a la firma actora de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, sumado al hecho que dicha violación de la garantía del debido proceso legal se ha dado en el marco de un proceso administrativo, vulnerando el artículo 18 de la Constitución Nacional y 1° inciso f) de la ley 19.549 y concordantes. En efecto, fue la AFIP – DGA quien asumió la guarda de los permisos de embarque originales que permitirían a la actora acreditar el cumplimiento de sus obligaciones aduaneras. La posterior pérdida o destrucción de tales documentos, por eso, no puede perjudicar al particular imponiéndole una carga probatoria imposible de cumplir, siendo que el art. 1055 del Código Aduanero establece que si el particular no tuviese en su poder la prueba documental, “la individualizará indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”. En ese sentido, se ha pronunciado esta Sala en la causa nro. 28.203/10, “Chubb Argentina de Seguros S.A (TF 20843 -A) c/ D.G.A”, del 7/07/2010.
X. En virtud de lo expuesto, llegados a esta instancia, corresponde valorar la conducta procesal de las partes y el cumplimiento de la carga de la prueba. Por un lado, la actora ha invocado que reexportó en tiempo y forma la mercadería descargando del DIT N° 00 001 IT14 000367 V y acompañó los permisos de embarque que tenía en su poder, con lo cual hizo lo que razonablemente estaba a su alcance.
Por su parte, la DGA sostiene que la actora no reexportó en tiempo y forma la mercadería, pero su proceder dista de ser de buena fe y de cumplir el cometido de buscar la verdad jurídica objetiva (art. 7, inc. f, ap. 2, LNPA), pues, como ya se dijo: (i) destruyó los expedientes de los originales del permiso de embarque luego de iniciado el sumario y de producido el descargo de la vista donde la actora lo requirió expresamente, poniendo así a esta última en un verdadero estado de indefensión y prácticamente de imposibilidad de demostrar la reexportación; (ii) exige al contribuyente la conservación en perfecto estado de los permisos de embarque, por más de cinco años (la oficialización de la importación fue en 2000 y la vista para el descargo fue recién en 2008), pero la propia DGA no cumple el deber de conservar documentación esencial de procesos que están en curso; (iii) omitió deliberadamente producir Alta en sistema: 10/06/2019 prueba en sede administrativa, pedido por la actora, que habría permitido contar con elementos para esclarecer la verdad.
Por tanto, se debe concluir que la DGA no cumplió con la carga de la prueba que estaba a su cargo, y además, con su conducta, puso a la actora en un verdadero estado de indefensión. Dado que la actora hizo lo que razonablemente estaba a su alcance y aportó los permisos de embarque no corresponde, en este caso concreto, que la perjudique el proceder de la demandada.
XI. Por ello, corresponde hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la sentencia y, en consecuencia, revocar los artículos 3, 4, 5 y siguientes de la resolución DE PRLA 6459/2011 y su confirmatoria Resolución 895/2011 (SDG TLA), con excepción de la parte de los tributos y la multa que fueron consentidos por la actora, de conformidad con sus presentaciones de fs. 81/83, 85/86 y 91/92.
Cabe señalar que la solución a la que aquí se arriba resulta similar a la adoptada por éste Tribunal en “Freudenberg SA Telas sin Tejer c/ EN-DGA s/Dirección General de Aduanas”, expediente 73.650/2014, sentencia del 5/02/2019.
En atención al modo en que se resuelve, deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación de la demandada.
En relación a las costas, las mismas deberán ser soportadas por la DGA, en ambas instancias (art. 68, CPCCN).
Por las razones expuestas se RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar la sentencia y, en consecuencia, revocar los artículos 3, 4, 5 y siguientes de la resolución DE PRLA 6459/2011 y su confirmatoria Resolución 895/2011 (SDG TLA), con excepción de la parte de los tributos y la multa que fueron consentidos por la actora, de conformidad con sus presentaciones de fs. 81/83, 85/86 y 91/92.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO G. FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 10/06/2019
Fin de la sentencia