Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 37017-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, parcialmente, a los agravios de la actora y revocar el pronunciamiento apelado, conforme da cuenta los puntos IX. y X., 2) distribuir las costas de ambas instancias según sus respectivos vencimientos (conf. art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 3) devolver la causa al Tribunal Fiscal para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a liquidar el monto de la multa y los tributos adeudados, de conformidad con la presente resolución.
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51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, al 1° día del mes de junio de 2023, reunida en Acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES S.A. (TF 37017-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, y La jueza Clara María do Pico dijo:
I. A fs. 12/20 se presentó la firma actora, por intermedio de apoderado, e interpuso recurso de apelación, en los términos del art. 1132, ap. 1, inc. a), del Código Aduanero, contra la resolución nº 7900/2015, en virtud de la cual se le aplicó una multa por la presunta infracción al régimen de destinación temporaria de mercaderías y se le formuló cargo tributario.
II. A fs. 50/56 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, por mayoría: 1) rechazar la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para imponer multas y perseguir el cobro de tributos, 2) confirmar la multa por la presunta comisión de la infracción descripta en el art. 970 del CA y reducir su monto al mínimo legal, con costas según sus respectivos vencimientos, y, por unanimidad: 3) confirmar el cargo tributario, con excepción de los conceptos IVA adicional y ganancias, con costas a la actora por los conceptos tributarios que se confirman —derecho de importación, tasa de estadística e IVA— y, con costas por su orden con relación a los conceptos que se revocan.
Para así decidir sostuvo:
1. En relación a la defensa de prescripción. Remitió al precedente de la Corte Suprema “Wonerland SRL c/ Aduana de Rosario”, pronunciamiento del 12 de mayo de 2009, en el que el Alto Tribunal manifestó que de la letra del art. 937, inc. a), del CA, surge claramente que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del dictado del acto de apertura, sin siquiera estar determinada que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva debe ser notificado al sumariado. Por lo demás, entendió que no resultaba aplicable la doctrina del “plazo razonable” en la tramitación de proceso aduaneros, en tanto la recurrente es una persona ideal y no una persona física. Ello así, habiéndose iniciado el computo de la prescripción el 1º/1/2006 —en tanto se trata de importaciones temporarias cuyo vencimiento se produjo el 12/5/2005—, la misma hubiera operado, de no haber mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2010. Y, siendo que en fecha 3/12/2010 se dictó el acto de apertura del sumario y que la resolución apelada se emitió 2/12/2015, no había fenecido la acción del Fisco Nacional para aplicar multa y perseguir el cobro de los tributos.
2. En relación a la tipificación infraccional. Manifestó que se encuentra configurada la acción típica descripta en el art. 970 del CA, toda vez que del elenco probatoria de la causa no surge la efectiva regularización de la destinación de importación temporaria.
De la información contenida en la documentación obrante en autos no resulta posible efectuar un control adecuado de las cantidades que la recurrente declara en las hojas de descarga como mercadería reexportada.
Específicamente, resaltó que, en ninguno de los PE acompañados se indicó, en la hoja de descarga, la PA de los insumos que para cada DIT allí mencionando se estaría descargando, por lo que ello impide determinar si por el mismo PE se está descargando efectivamente la cantidad de insumos declarados o, en realidad, una cantidad mayor a la necesaria para el volumen de productos que se están exportando. Y, por otra parte, que en los PE involucrados, la mercadería transformada fue exportada en “unidades” —ver campo referente de los formularios OM 1993 SIM— y, por ello, la información contenida en la documentación no permite un control adecuado de las cantidades que la recurrente declara en las hojas de descarga como reexportadas.
3. Fijó el quantum de la multa en un tanto del importe de los tributos adeudados. Recordó que el art. 915 del CA impone considerar las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor a fin de graduar el monto de la multa. En base a dichas circunstancias, no es posible calificarlo como reincidente.
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51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 4) En relación a los cargos tributarios intimados se remitió al precedente de la Corte Suprema “CLADD SA”, pronunciamiento del 26 de noviembre de 2019. Concluyó que la DGA carece de facultades para exigir los conceptos IVA adicional y la percepción en ganancias. Ello así, dado que, vencido el plazo legal para presentar las declaraciones juradas correspondientes a esos gravámenes, se extingue la facultad del Fisco de exigir percepciones por dichos conceptos, ya que en dicha oportunidad nace el derecho a percibir la obligación tributaria.
III. Disconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, fundado el de la actora a fs. 65/72 vta. y contestado a fs. 86/92. A fs. 95 se tuvo por desistida a la demandada del recurso interpuesto a fs. 79.
IV. La actora sostuvo las siguientes críticas:
1. El Tribunal omitió pronunciarse sobre sobre la nulidad del auto de instrucción del sumario, que justifica la prescripción planteada. En efecto, la providencia de apertura del sumario no cumple con los requisitos exigidos en el art. 1094 del CA. Se limitó a mencionar que la firma actora se encontraba incursa en la infracción prevista en el art. 970 respecto de la mercadería ingresada por el régimen de importación temporaria; y, por lo tanto, no resultó apta como causal interruptiva de la prescripción de las facultades del Fisco para imponer multa, en los término del art. 937, inc. a).
Recordó que la providencia de instrucción del sumario no ordenó ninguna diligencia tendiente al esclarecimiento de los hechos, que hubiera permitido arribar a la verdad objetiva material. Tampoco ordenó la verificación de la mercadería supuestamente en infracción, con citación del importador, ni determinó la clasificación y valoración de la misma. Finalmente, se omitió la liquidación de los tributos presuntamente adeudados.
2. No se tuvo en cuenta la “desidia de la Aduana para averiguar o esclarecer lo acontecido con la mercadería importada temporalmente, sosteniendo que la doctrina del plazo razonable de nuestra Corte sólo aplicaría para las personas físicas y no para las personas jurídicas”.
No surge de dicha doctrina la distinción efectuada por el Tribunal Fiscal y tampoco debería colegirse que un procedimiento seguido contra una persona jurídica no debe responder a una tramitación con plazos razonables.
Se pretende juzgar el incumplimiento de una importación temporaria del año 2003, cuyo vencimiento operó a mediados del año 2005, en tanto el servicio aduanero dictó la instrucción del sumario el 3 de diciembre de 2010 y corrió vista, sin efectuar diligencia alguna desde esa fecha, en octubre de 2015, ambos actos, dictados al filo de la prescripción.
3. La regularización de la mercadería importada temporariamente se encuentra debidamente acreditada, mediante los permisos de embarque de reexportación, el CITI aplicable a la relación insumo/producto determinada por la autoridad de aplicación y el despacho para importación para consumo que se oficializó sobre las mermas de la mercadería.
No obstante lo cual —dijo— al evaluar esas pruebas el Tribunal de origen sostuvo que no podría controlar la descarga de importación temporaria, sosteniendo el supuesto incumplimiento o contradicción con los requisitos exigidos.
En la sentencia apelada se sostuvo que los permisos de embarque aportados para acreditar la reexportación no se indicaba la posición arancelaria de los insumos descargados. Sin embargo, dicha información no constituye un requisito legalmente exigido, por lo que su omisión no puede servir de fundamento para descartar la prueba de la operación.
4. En relación a la supuesta incongruencia del CTC, manifestó que ni la Aduana ni el Tribunal Fiscal pueden, válidamente, emitir juicios de valor o técnicos sobre CTC, en tanto se trata de un documento que emana del organismo técnico y autoridad de aplicación del régimen y establece la relación insumo/producto que dicho ente controló y certificó.
5. Se omitió considerar el despacho de importación para consumo sobre la merma de la mercadería, “alegando que el Tribunal Fiscal no tiene intervención aduanera y estaría en estado oficializado”, cuando lo cierto es que debió descontar los tributos pagados por la nacionalización de la mercadería.
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51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 6) El Tribunal Fiscal incurre en transgresión de los principios de prohibición de las “reformatio in pejus” y de congruencia, al determinar importes debidos que no formaban parte de la controversia llevada a su conocimiento, además de agravar la situación del recurrente. En la sentencia se resolvió reducir el monto de la multa, de dos tantos al mínimo legal, y se revocaron la intimación de los conceptos IVA adicional y percepción del impuesto a las ganancias. Sin embargo, determinó la suma supuestamente adeudada en u$s 22.077,13.- cuando la resolución apelada intimaba un deuda de u$s 22.077,13.-
Incluso, se excedió en su competencia, pues tal como surge del formulario F4 inicial, la recurrente había consentido una pequeña parte de la deuda reclamada por no contar con la documentación completa de cumplimiento del régimen de importación temporaria, a fin de evitar un litigio.
V. Un orden lógico, me impone en primer término, examinar la defensa de prescripción de las facultades del Fisco Nacional para aplicar multa en intimar tributos planteada por la actora. Esto es, si el acto de apertura del sumario tuvo efecto interruptivo, o no, del plazo de prescripción.
Para una mejor comprensión del punto, corresponde exponer los hechos tal como se desprenden de las actuaciones administrativas acompañadas a la causa.
Las referidas actuaciones tienen su origen en el cumplimiento al requerimiento cursado a la importadora, a fin de que adjuntara la documentación que acredita la cancelación de, entre otras, la operación temporal nº 03001IT14003238B (v. doc. acompañada y pedido de prórroga de fs. 1/26).
Del control operativo efectuado por la Sección Procedimientos Técnicos, se formuló “acta de denuncia” de fecha 27 de mayo de 2010. Allí se indicó que la denuncia se formalizó por la totalidad de la mercadería importada temporalmente mediante DIT nº 03001IT10003238B, por no haber acreditado debidamente el cumplimiento de la misma, cuyo vencimiento operó el 12 de mayo de 2005. Se adjuntó carpeta contenedora de la destinación de importación temporaria con toda su documentación originaria (v. fs. 27/30).
Atento la denuncia efectuada, con fecha 3 de diciembre de 2010, la DGA dictó la apertura del sumario por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA y dispuso el giro de las actuaciones a la División Verificación a fin de que establezca el valor en aduana de la mercadería documentada, liquide los derechos y demás gravámenes e informe si la misma era de importación prohibida (v. fs. 32). El 17 de diciembre de 2010 se produjo el informe en que se detalló la posición arancelaria, la valoración de la mercadería a la fecha de vencimiento del régimen temporario, y los gravámenes y alícuotas correspondientes (v. fs. 33).
La liquidación de la exigencia tributaria y la base imponible para la multa obra a fs. 35.
El 2 de septiembre de 2015 se dispuso correr vista a la firma importadora y a la compañía de seguros, citándolas a tomar parte del sumario a fin de impetrar las defensas que correspondan, por el plazo perentorio de diez días (v. fs. 46/vta.).
Tanto la firma importadora como la garante fueron debidamente notificadas (v. fs. 52/53) y formularon oportunamente sus respectivos descargos, ejerciendo su derecho a acompañar prueba (v. fs. 54/57, fs. 58/110 y fs. 116/122 vta.).
Finalmente, el 2 de diciembre de 2015 se dictó la resolución nº 7900/15, en virtud de la cual se condenó a la importadora al pago de una multa equivalente a dos veces el importe de los tributos que gravan la importación de la mercadería en infracción ($116.286,72.-) se intimó a la importadora y a la aseguradora los tributos adeudados por la suma de u$s20.077,13 —en concepto de derecho de importación, tasa estadística e IVA— y por la suma de $38.024,55 —en concepto de IVA adicional y ganancias—.
VI. Dado el escenario fáctico reseñado, entiendo que no le asiste razón a la actora en su queja.
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51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En efecto, advierto que el auto por el cual se dispuso la apertura del sumario contiene una descripción suficientemente clara de la conducta que se le imputa a la firma importadora. Asimismo, ordenó los pases internos para que se realice la valoración de la mercadería en aduana y se liquiden los tributos adeudados.
Tampoco encuentro una falencia en los antecedentes que dieron lugar a la instrucción del sumario, pues la denuncia previa, las impresiones de pantalla y la carpeta contenedora de la DIT, resultan un antecedente fáctico y jurídico suficiente para dar lugar al dictado de ese acto administrativo (causa “Kimberly Clark Argentina SA (TF 32664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 4 de junio de 2019).
Además, es necesario ponderar que no se aprecia un efectivo perjuicio en su derecho de defensa, máxime teniendo en cuenta que no se observan circunstancias que hayan impedido que la actora alegue y pruebe los extremos que consideró hacen a su derecho (Fallos: 300:1047, entre otros). Ciertamente, la firma importadora conocía fehacientemente los hechos imputados y la conducta reprochada, formuló descargo y acompañó prueba, obteniendo, aunque parcialmente, una resolución favorable a sus intereses.
De esta forma, y advirtiendo que la firma actora tuvo la oportunidad de presentar su descargo, de ofrecer y de producir pruebas, tanto en el procedimiento administrativo como ante el Tribunal Fiscal, la invalidación de lo actuado importaría en la práctica declarar la nulidad por la nulidad misma, lo que no puede ser aceptado.
Ello así, en atención a lo dispuesto en los arts. 937, inc. a), y 805, inc. a), del CA, y considerando que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1º/1/2006 y que fue interrumpido y suspendido por el acto de apertura del sumario de fecha 3/12/2010, la resolución condenatoria de fecha 2/9/2015 fue emitida antes de que operara la prescripción de las acciones del Fisco para aplicar multas e intimar tributos.
VII. Por lo demás, esta sala sostuvo sobre la figura tipificada en el art. 970 del CA, que “la destinación de importación temporaria es un régimen de excepción que permite la introducción y permanencia temporal de mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su importador con el privilegio de no abonar los tributos correspondientes a una importación regular. Pero ese privilegio impone, obviamente, sobre el beneficiario una serie de obligaciones que han de ser cumplida so pena de la pérdida de los derechos concedidos y de la aplicación de sanciones por la violación a las disposiciones del régimen (Sala II, causa “Piottante Becker Daniela Andrea (TF 27664-A) c/ DGA”, pronunciamiento del 13 de octubre de 2011)” (ver causas “Macario Da Silva, Angélica c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Kimberly Clark Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de noviembre de 2015 y del 23 de febrero de 2023).
Entonces, en un contexto en el cual la prueba del cumplimiento del régimen de excepción reposa primeramente en quien era su obligado principal, el importador, observo aquí que, por un lado, no se cuenta con ninguna documentación de denuncia de cumplimiento del régimen y, por otra parte, en sede administrativa, la empresa pudo producir y ofrecer prueba tendiente a despejar que el régimen se encontraba regularizado.
Desde esta perspectiva el plateo acerca de que la dilatada tramitación habría afectado su derecho de defensa debe rechazarse.
VIII. En relación a la cuestión de fondo, cabe recordar que la importadora sostiene que de las 78,08 toneladas de mercadería, importada bajo el régimen de importación temporaria, la misma fue regularizada de la siguiente manera: a) la reexportación por un equivalente a 47,39452 toneladas y b) la nacionalización de mermas por un equivalente a 14,53 toneladas. Por el saldo, la actora se allanó. En consecuencia, procederé a examinar la cuestión en debate de manera escindida.
IX. Sobre el primer punto, y más allá de las críticas formuladas por la recurrente, que seguidamente se pasaran a examinar; advierto de la firma importadora una conducta, cuanto menos, errática a lo largo del procedimiento administrativo como ante el Tribunal Fiscal. Ello así, en tanto en oportunidad de contestar el requerimiento cursado por la DGA declaró que se encontraba regularizada CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO en su totalidad la importación temporaria, pero solicitó prórroga para acompañar parte de la documentación pertinente (v fs. 1 y fs. 5 de los a.a.). Posteriormente, en oportunidad de contestar la vista, manifestó que el régimen fue cumplido respecto de la mercadería importada temporalmente, “a excepción de 2,66325 toneladas que quedaron como saldo”. Finalmente, al interponer recurso ante el Tribunal Fiscal reconoció que el saldo declarado al formular el descargo respondió a un error de cálculo. Seguidamente, manifestó que habiendo constatado que determinados documentos relacionados con los PE “adolecen de ciertos vicios, que tornan a la documentación insuficiente a los fines de acreditar la exportación”, la firma importadora se allanó “al pago de los tributos e impuestos respectivos” con relación a 8,89 toneladas que —dice— fueron reexportadas.
Sin perjuicio de ello, vale recordar que el Tribunal Fiscal consideró que con la documentación aportada por la importadora no fue posible efectuar un control adecuado con relación a la correspondencia entre los insumos descargados en sus declaraciones y la mercadería exportada. Aspecto que no fue despejado por la recurrente; quien se limita a referirse a dicha documentación sin un crítica certera a los fundamentos de la sentencia apelada (en igual sentido, esta sala, causa: 29.226/2019 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo de organismo externo”, pronunciamiento del 11 de noviembre de 2019). Sobre esa cuestión, no es posible soslayar que fue la propia importadora la que reconoció que la documentación carecía de determinada información. Llegado a este punto, y teniendo en cuenta que se trata de un régimen excepcional e incumbiendo al importador acreditar su cumplimiento, resulta llamativo que:
El importador declaró que regularizó el régimen pero no acompañó oportunamente nota agrupando la totalidad de la documentación que daba cuenta de su cumplimiento, o solicitó la liberación de la garantía. Posteriormente, reconoció un saldo que declaró no fue reexportado. Luego, afirmó que el saldo exteriorizado no es correcto, y que la diferencia informada se debió a un error de cálculo de su parte. Finalmente, se allanó parcialmente a la pretensión fiscal, aduciendo que la documentación adolece de vicios que la tornan insuficiente para acreditar sus dichos, es decir, la efectiva reexportación de mercadería.
Sin embargo, pretende ahora, un resultado diferente con la misma documentación que ya fue cotejada por la dependencia técnica de la DGA y por el Tribunal Fiscal sin aportar nuevos argumentos que permitan otorgar el efecto perseguido.
X.-. Ahora bien, no obstante que la actora no logró acreditar que la mercadería fue reexportada, advierto que le asiste razón en cuanto no fue considerado por el Tribunal Fiscal el despacho de importación para consumo sobre la merma de la mercadería.
Ciertamente, obra en las actuaciones administrativas la destinación 050011IC82000408K, correspondiente a las mermas nacionalizadas por un equivalente a 14,53 toneladas, la liquidación de los derechos e impuestos a ingresar, su pago, y que la misma se encuentra en estado oficializada (v. fs. 96/98). Destinación que fue corroborada por el área técnica que analizó la documentación (v. fs. 127). En tanto, la resolución impugnada no consideró otros elementos o invocó fundamentos que permitan apartarse de dicho informe.
Por lo tanto, las circunstancias apuntadas permiten apreciar un error en la valoración de las pruebas efectuadas en la instancia anterior, que admiten apartarse de las conclusiones sobre los hechos probados en sede del Tribunal Fiscal (art. 1180 del CA).
En consecuencia, corresponde devolver el expediente al Tribunal Fiscal de la Nación para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a liquidar el monto de la multa y los tributos adeudados, de conformidad con la presente.
XI. En virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta inoficioso pronunciarse sobre el resto de los agravios formulados por la parte actora.
Por ello, VOTO por: 1) hacer lugar, parcialmente, a los agravios de la actora y revocar el pronunciamiento apelado, conforme da cuenta los puntos IX. y X., 2) distribuir las costas de ambas instancias según sus respectivos vencimientos (conf. art. 68, párrafo segundo, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 3) devolver la causa al Tribunal Fiscal para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a liquidar el monto de la multa y los tributos adeudados, de conformidad con la presente resolución.
La jueza Liliana M. Heiland adhiere al voto precedente.
El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. Comparto la reseña de los antecedentes del caso expuesta en los puntos I, II, III y IV del voto precedente.
II. La cuestión capital consiste en determinar si el auto de apertura del sumario resultó hábil o no para suspender o interrumpir el curso de la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y para requerir el pago de tributos, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 1094 del Código Aduanero.
Dicho artículo establece que “[e]n la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objetos del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
III. Esta sala ha puesto de resalto que, tal como se señala en la exposición de motivos del Código Aduanero, la determinación de los hechos que se reputan constitutivos de la infracción resultan de vital importancia, pues no solamente la persona imputada podrá tener cabal conocimiento de las conductas investigadas —lo que incide en un mayor amparo de su derecho de defensa (ver sección 14, título 2, capítulo 3 de la Exposición de Motivos)—, sino que, además, implica la primera intervención de la administración aduanera, quien frente a la posibilidad de desestimar la denuncia u ordenar ampliar la investigación, resuelve disponer la apertura del sumario por considerar que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento (causas “Enod SA c/ DGA”, “Arcángel Maggio SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “ ABB SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo ”, pronunciamientos del 10 de septiembre de 2013, del 14 de julio de 2016 y del 26 de septiembre de 2017, respectivamente, entre otras).
Si se repara, entonces, en la finalidad del auto de apertura, aparece en juego con mayor fuerza de convicción la necesidad de que éste exhiba de la manera más clara y precisa posible los hechos que se reputan constitutivos de la infracción que se pretende investigar (esta sala, causas “ Ferrero Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “ Nestlé Argentina SA (TF 37302-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 12 de marzo de 2019 y del 2 de junio de 2022, respectivamente, entre otras).
IV. Para que el auto de apertura del sumario tenga, pues, la aptitud de interrumpir el cómputo de la prescripción, debe comportar un acto válido y para ello es necesario que reúna los requisitos formales y materiales contemplados en el Código Aduanero (esta sala, causas “ Federal Express Corporation c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 17 de julio de 2020 y “Arcángel Maggio”, citada).
V. Con apoyo en esas consideraciones, puede afirmarse que el acto de apertura del sumario, del 3 de diciembre de 2010, en tanto el jefe del departamento de procedimientos legales aduaneros expresó:
“Atento a la denuncia formulada […] en relación a la destinación 03001 IT14 003238 B […] por la que pone de manifiesto su falta de regularización, situación que encuadraría en la infracción prevista y penada por el art. 970 del C. Aduanero, PROCEDASE A LA APERTURA DE SUMARIO”, no reúne los requisitos contemplados en el artículo 1094 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 51382/2022 ARTES GRAFICAS RIOPLATENSES SA (TF 37017-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del Código Aduanero, por lo que carece de idoneidad para influir en el curso de la prescripción.
Ciertamente, la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, fundada en la violación al régimen de importación temporaria, puede configurarse por diversas causas —falta de regularización de la mercadería ingresada temporariamente, o regularización fuera de término, o someter la mercadería a una finalidad distinta a la que fue denunciada, entre otros supuestos— por lo que se advierte que al momento del dictado del auto de apertura del sumario no se encontraban determinados con claridad los hechos constitutivos de la infracción imputada (esta sala, causas “Ferrero Argentina” y “Nestlé Argentina”, ya citadas).
VI. Dadas las razones apuntadas, el auto de apertura del sumario (fs. 32) carece de la aptitud para suspender la prescripción de las acciones con que cuenta el Fisco Nacional para percibir tributos e imponer multas.
VII. Debe, pues, admitirse los agravios ofrecidos por la firma actora y revocarse el pronunciamiento apelado, con costas a cargo de la parte demandada (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Así voto.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, por mayoría, el tribunal RESUELVE: 1) hacer lugar, parcialmente, a los agravios de la actora y revocar el pronunciamiento apelado, conforme da cuenta los puntos IX. y X., 2) distribuir las costas de ambas instancias según sus respectivos vencimientos (conf. art. 68, párrafo segundo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y 3) devolver la causa al Tribunal Fiscal para que, por intermedio de quien corresponda, proceda a liquidar el monto de la multa y los tributos adeudados, de conformidad con la presente resolución.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia