Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120237
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Negri, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.237, "Santana, Verónica Roxana contra Fisco de la Provincia de Bs. As. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 114/125 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/155).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción promovida por la señora Verónica Roxana Santana, y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó por la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 114/125 vta.).
Para así decidir, juzgó acreditado que la accionante -dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- el día 20 de septiembre de 2011, sufrió un accidente cuando se dirigía a su lugar de trabajo en el automóvil en el que se trasladaba y que, como consecuencia de ello, padece hernias de disco de columna cervical que la incapacitan en un 28,06% del índice de la total obrera (v. fs. 119 y vta.).
En la etapa de sentencia, al momento de cuantificar la prestación que le correspondía a la demandante, por mayoría, consideró aplicable el mecanismo de ajuste establecido en la ley 26.773.
En ese orden, con apoyo en lo resuelto en una causa que tramitó ante ese tribunal, a cuyos argumentos y fundamentos remitió, entendió que la ley 26.773 resultaba de aplicación en el caso y ajustó la prestación al importe de $112.935,88 (v. fs. 121).
Finalmente, por mayoría, aplicó intereses calculados desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el día 26 de octubre de 2012 (fecha de publicación de la ley 26.773) conforme una tasa de interés pura del 8% anual. Desde ese momento y hasta el efectivo pago, los fijó según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento de documentos, denominada tasa pasiva digital (v. fs. 122/125).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 149/155).
En sustancia, controvierte la definición con arreglo a la cual el tribunal de grado aplicó en el caso las disposiciones de la ley 26.773, e incrementó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida a la demandante.
Alega que dicha decisión contraviene las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, derecho de propiedad, los principios de congruencia y de irretroactividad de la ley consagrado en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial.
En definitiva, alega que la interpretación formulada por el a quo importa la aplicación retroactiva de la norma, vulnerando el principio de seguridad jurídica, desde que al momento de producirse el daño quedan definitivamente adquiridos los derechos de las partes, independientemente de que el pago se produzca con posterioridad.
Añade, en ese sentido, que las disposiciones del referido texto legal (art. 17 apdo. 5) no resultan aplicables en el caso, pues rigen respecto de contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia.
Cita en apoyo de sus argumentos lo resuelto por este Tribunal en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016; v. fs. 152).
III. El recurso prospera.
III.1. De manera liminar se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
III.2. Sentado ello, cabe señalar que en la especie el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido debe abordarse en el acotado marco de examen que prevé el supuesto excepcional previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
Por lo demás, he de agregar que, contrariamente a lo alegado por el interesado -en cuanto invocó la existencia de cuestión federal (v. rec., fs. 149 vta.)- y lo resuelto por el a quo al conceder el recurso (auto de fs. 157), no se encuentra en debate un supuesto susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.3.a. Ahora bien, en este marco de análisis, asiste razón al recurrente en cuanto señala que el a quo ha vulnerado la doctrina legal sobre el tópico debatido, establecida -si bien con posterioridad al dictado de la sentencia atacada- en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), cuyos lineamientos resultan plenamente aplicables al sub lite .
En consecuencia, a los fines de dar respuesta al agravio traído, habré de señalar que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) esta Corte ha reiterado -como principio- el criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia.
Lo expuesto es suficiente para reconocer la procedencia del recurso, en razón del quebrantamiento de la doctrina legal emanada del precedente mencionado, a cuyo contenido en extenso remito por razones de brevedad.
A tenor de lo expresado, y teniendo en cuenta que a la fecha de la primera manifestación invalidante, esto es, el día 20 de septiembre de 2011 (v. vered., fs. 116 y sent., fs. 119 vta.), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón al recurrente en cuanto postula que dicho texto legal no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma el importe de la prestación dineraria que fue objeto de la condena.
III.3.b. A partir de lo expuesto precedentemente, y debido al modo en que el tribunal de origen resolvió determinar los intereses, precisamente, en razón de haber adoptado como pauta para la fijación de las prestaciones debidas el índice RIPTE, considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación del capital de condena, los intereses moratorios fijados -en función que la aplicación al caso de la ley 26.773 se deja sin efecto- tendrán que ser nuevamente establecidos en dicha oportunidad.
En ese marco, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento, con arreglo a lo que aquí se decide.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
II.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II.2. Sentado lo anterior, debo precisar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -tal como lo señala el doctor Pettigiani- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141.
II.2.a. Con sujeción a esos lindes, advierto que -en principio- le asiste razón al impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada de este Tribunal (v. rec., fs. 152).
En efecto, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 -cuya aplicación al caso fue requerida por la parte actora (v. fs. 113)- ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina les resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773, en sintonía con lo expresado en párrafos anteriores.
II.2.b. Sin embargo, ese acierto inicial del recurrente no me conduce a acoger su planteo pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada, aunque por fundamentos distintos de los expuestos por el tribunal de origen.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004; entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan, pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la prestación por incapacidad correspondiente al trabajador -regulada por la ley 24.557 y las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09- dada la insuficiencia reparatoria que la misma importa, resulta ser -en el caso- una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho, también constitucional, a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación aún insatisfecha pese a que el accidente que dio lugar a estas actuaciones ocurrió el día 20 de septiembre de 2011, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje elevado al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que la accionante se accidentó, como se dijo, en septiembre de 2011 y que aún permanece insatisfecho su derecho a una reparación razonable del daño que padece como consecuencia de ese infortunio, la indemnización prevista en la ley 24.557 y de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2009, por insuficiente, es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo ha hecho el tribunal de origen- acudir a las pautas tarifarias contenidas en la ley 26.773, por considerar que dicha norma (pese a no ser aplicable atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) provee -para este caso- parámetros para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
III. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso prospera.
II.1. Comparto lo expresado por el doctor Pettigiani en los puntos III.1. y III.2. de su sufragio.
II.2. Luego, he de recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio resultó minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, he de plegarme al voto de mi distinguido colega en cuanto su respuesta se ajusta a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II.3. Resuelta de este modo la controversia, coincido con lo expresado por el colega en el punto III.3.b. de su voto.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso prospera.
Asiste razón al recurrente cuando alega que la aplicación de la ley 26.773 al caso examinado vulnera la doctrina sentada por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), citada en su presentación impugnativa.
En lo demás, adhiero al sufragio del doctor Pettigiani.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, se revoca la sentencia impugnada en cuanto aplicó la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara y, en consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia