Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 59166
En la ciudad de La Plata, a 10 de julio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.166, "Abraham, Alejandro Argentino y otros contra Provincia de Bs. As. (Instituto Prov. Lot. Y Casinos). Demanda contencioso administrativa".
I. Los accionantes, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa, contra el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de solicitar se deje sin efecto la resolución D-589/98 suscripta por el Directorio de la referida entidad provincial el día 18 de marzo de 1998.
Por consecuencia de la anulación requerida piden el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes, producto de la falta de cómputo de la denominada "Caja de Empleados", para liquidar la bonificación por antigüedad y permanencia en la categoría regulados por el decreto PEN 1.428/73. Reclaman dichas sumas desde el mes de octubre de 1995, con costas.
II. Corrido el traslado de ley se presenta en autos el apoderado de la Fiscalía de Estado y sobre la base de defender la legitimidad de los actos impugnados, solicita el rechazo de la pretensión incoada.
III. Con posterioridad comparece la parte actora (v. fs. 1.454/1.459) y acompaña nuevos documentos que considera conducentes para la decisión de la causa: decreto 1.953/10 (v. fs. 1.399/1.400); resolución 588.052 del IPS de fecha 24 de abril de 2008 (v. fs. 1.402/1.404) y acuerdo del día 22 de septiembre de 2015, por el que se aprobó el texto del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de los Casinos Provinciales (v. fs. 1.406/1.453).
A fs. 1.465/1.470 la demandada contesta el traslado conferido por el tribunal, se opone a que sean agregados los documentos denunciados por la accionante y plantea que la cuestión se ha tornado abstracta por el dictado del decreto 1.953/10.
IV. Por resolución del 28 de junio de 2017 (v. fs. 1.472/1.474) el tribunal dispuso admitir la inclusión de los nuevos documentos adjuntados a fs. 1.399/1.453 por la accionante.
V. Agregadas sin acumular las actuaciones administrativas, producida la prueba ofrecida, glosados los alegatos de ambas partes y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El apoderado de la parte actora manifiesta que los aquí accionantes han trabajado en los casinos nacionales que dependían de Lotería Nacional Sociedad del Estado, como empleados de la denominada rama juego. Continúa diciendo que, como consecuencia del convenio de transferencia con la Provincia, en el mes de octubre de 1995 pasaron a revistar bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.
Explica que la remuneración mensual, regular y permanente de dichos trabajadores se integra con el sueldo y con la denominada "Caja de Empleados", es decir las donaciones de fichas que los apostadores dejan en las mesas de juego que luego se reparten entre los agentes de ese sector.
Recuerda que por decreto PEN 864/68 se puso a cargo de la Lotería Nacional la recaudación y distribución de los fondos de la denominada "Caja de Empleados" del personal de juego, facultándose a dicha entidad a efectuar la distribución mensual de las sumas recaudadas.
Agrega que el carácter remunerativo de la mentada bonificación fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Abruza" (sent. de 23-VIII-1984) y cita otros pronunciamientos en apoyo de su posición.
Aduce que el decreto PEN 239/90 modificó sustancialmente los arts. 43 y 45 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (aprobado por dec. 1.428/73). Indica que implementó un sistema de liquidación de los adicionales por antigüedad y por permanencia en la categoría, instaurando una nueva base de cálculo de la remuneración mensual, normal, habitual y permanente, en la que solo se excluyen los adicionales particulares.
Afirma que la "Caja de Empleados" no reviste tal condición, integrando la retribución mensual y habitual de los agentes.
Señala que no obstante la modificación del mentado decreto, Lotería Nacional y luego el ente provincial continuaron liquidando y abonando los adicionales por antigüedad y permanencia en la categoría solo sobre el sueldo básico, sin incluir el referido adicional.
Esgrime que la resolución controvertida es nula, pues adolece de vicios en los elementos causa y objeto.
Considera que la resolución impugnada ha interpretado disvaliosamente lo dispuesto en el decreto 239/90. Consigna que califica a la Bonificación Compensatoria como un adicional particular, sin justificar dicha afirmación.
En definitiva concluye que: a) los rubros Caja de Empleados y Bonificación Compensatoria forman parte de la remuneración habitual, regular y permanente que perciben los empleados de las ramas juego y administrativa, respectivamente y b) que a partir del dictado del decreto 239/90, se debieron liquidar los adicionales por antigüedad y permanencia en la categoría, incluyendo no solo el sueldo sino también esos suplementos.
Añade que su posición se encuentra respaldada por lo resuelto en la causa "Vilches", en relación al rubro viáticos. Afirma que a partir de dicho fallo Lotería Nacional comenzó a liquidarlos sobre el sueldo y la Bonificación Compensatoria. Sostiene que idéntica conducta asumió Lotería con relación al suplemento "horas extras", que a partir del caso "Alegre", se reconoció que deben liquidarse también teniendo en cuenta esas bonificaciones, por constituir la remuneración habitual, regular y permanente.
Por último plantea el caso federal y ofrece prueba.
II. A su turno, la Fiscalía de Estado sostiene que el obrar de la accionada resulta legítimo, por lo que solicita el rechazo de la demanda.
A continuación detalla los antecedentes normativos vinculados a la transferencia de los casinos a la Provincia de Buenos Aires. Señala que de esa regulación resulta que los agentes que prestaban servicios en los casinos bonaerenses para Lotería Nacional Sociedad del Estado, pasaron a desempeñarse a partir del mes de octubre de 1995 como empleados provinciales, aunque con el mismo régimen laboral que tenían al momento de producirse la transferencia.
Asevera que la resolución 589/98 controvertida por la parte actora no merece ningún reproche en cuanto a su legitimidad.
Posteriormente examina la regulación nacional que rige la situación laboral de los accionantes.
Menciona que el decreto PEN 864/68 instituyó para el personal de juego de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos una bonificación denominada "Caja de Empleados", abonada con las contribuciones voluntarias que realizaran los apostadores. Señala que la Administración solo colabora con la recaudación y distribución de ese adicional y los fondos para el pago provienen de los apostadores de las salas de juego.
Por su parte dice que el personal administrativo de los casinos percibe una "Bonificación Compensatoria" y los de Lotería, una similar denominada "Bonificación Especial", cuyos montos son determinados en proporción de lo recaudado por la "Caja de Empleados".
A su vez, indica que la ley 19.767 (B.O.N. de 14-VIII-1972) dispuso que si bien dichos adicionales se tienen en cuenta a los efectos jubilatorios, no integran las retribuciones básicas, toda vez que la denominada "Caja de Empleados" está sujeta al arbitrio de terceros (los apostadores) y sobre dicha suma se determina el importe de las otras dos.
Menciona que el art. 9 del decreto PEN 239/90 fijó los montos de los sueldos básicos y dispuso que varios adicionales pasaran a integrar a partir de su dictado la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente que conformarían la remuneración del personal dependiente del Estado nacional, sin incluir entre su nómina a los decretos que regulan los conceptos Caja de Empleados ni a la Bonificación Compensatoria.
Pone de relieve que el art. 11 de ese decreto, modificó a partir del 1 de enero de 1990 el art. 43 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional. Denota que allí se dispuso que los agentes percibirían en concepto de adicional por antigüedad -por cada año de servicio o fracción mayor de seis meses- la equivalente al veinte por mil de la remuneración normal, habitual, regular y permanente, excluidos los adicionales particulares como lo son la Caja de Empleados y la Bonificación Compensatoria, de la categoría de revista.
Consigna que el art. 13 de la mentada regulación reformó también el art. 45 del Régimen Escalafonario para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional y dispuso de manera similar en relación al adicional permanencia en la categoría, excluyendo de su cómputo los adicionales particulares.
Arguye que en cumplimiento de esa normativa, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos debe computar, al efecto de liquidar y abonar los adicionales "Antigüedad" y "Permanencia en categoría", únicamente la remuneración prevista con carácter general para el personal de la Administración Pública nacional.
Infiere que, en virtud de que la denominada "Caja de Empleados" constituye un adicional particular del personal juego de los casinos, los accionantes carecen del derecho que reclaman.
Asevera que la circunstancia de que los exagentes de Lotería Nacional percibieran adicionales diferentes y excluyentes entre sí, constituye la prueba categórica de su carácter particular.
Indica que ninguno de los rubros en cuestión es percibido por la totalidad de los empleados que trabajan en los casinos, lo que según entiende, confirma ese carácter.
Aclara que la "Caja de Empleados" y la "Bonificación Compensatoria" son percibidas únicamente por los empleados de casinos, de conformidad con el peculiar origen de los fondos que lo componen (propinas de apostadores).
En otro orden manifiesta que los fallos que citan los actores resultan inaplicables al sub lite en tanto no se refieren exactamente a la cuestión aquí debatida.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas 2319-6854/1996, agregadas sin acumular a la causa, resultan las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la presente controversia:
III.1. Con fecha 3 de abril de 1996 los agentes que trabajaron hasta el mes de septiembre de 1995 en los casinos nacionales y dependían de la Lotería Nacional Sociedad del Estado, en la rama juego y que a partir del mes de octubre de ese año pasaron a revistar bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, efectuaron un reclamo ante el presidente de ese Instituto, con similares argumentos a los expuestos en la demanda.
Solicitaron que, a los efectos el cálculo de los adicionales por antigüedad y por permanencia en la categoría se incluyan, además del sueldo básico, la denominada Caja de Empleados, por resultar remuneratoria y ser percibidos en forma mensual, normal, regular y permanente, debiendo en consecuencia computarse a los efectos previstos por los arts. 43 y 45 del decreto 1.428/73, texto según decreto 239/90. (v. fs. 32/38).
III.2. A fs. 163/164 luce la opinión dada por la Asesoría General de Gobierno. En relación a la inclusión en los adicionales por antigüedad y permanencia de los rubros denominados Caja de Empleados y Bonificación Compensatoria, consideró que, en la medida que las disposiciones que regula el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (dec. 1.428/73, redacción dada por el dec. 907/90) determina para su cómputo la remuneración mensual, excluidos los adicionales particulares y no siendo dichos rubros un ingreso escalafonario de la categoría de revista e integrante de la retribución del personal de la Administración Pública nacional, correspondía disponer el rechazo del reclamo presentado.
III.3. En el mismo sentido se expidieron la Contaduría General de la Provincia, la Dirección Provincial del Personal de la Provincia y la Fiscalía de Estado (v. fs. 165, 166 y 168/169, respectivamente).
III.4. De conformidad con la opinión de los organismos de asesoramiento y control el Directorio del Instituto Provincial de Lotería y Casinos resuelve rechazar la pretensión esgrimida por los interesados (resol. D-589/98, fs. 197/198).
IV. Liminarmente, cabe analizar el planteo efectuado por la accionada al contestar el traslado conferido por el tribunal (v. fs. 1.465/1.470), en cuanto manifiesta que la cuestión se ha tornado abstracta por el dictado del decreto 1.953/10 del 6 de octubre de 2010 (v. copia obrante a fs. 1.399/1.400).
Sostiene que esa norma otorgó una nueva bonificación en reemplazo de la denominada Caja de Empleados, con carácter remunerativo.
Esgrime que tal decreto formaliza el cierre de la negociación colectiva acordada con los gremios y que la Provincia, sin reconocer derecho alguno, satisface la pretensión de los trabajadores de obtener una retribución remunerativa en reemplazo del adicional que percibían como Caja de Empleados.
Cabe afirmar que en autos los demandantes solicitaron la nulidad de las decisiones administrativas por las que se rechazara el reconocimiento y pago de las diferencias de haberes, producto de la falta de cómputo de la Caja de Empleados, para liquidar la bonificación por antigüedad y permanencia en la categoría regulados por el decreto PEN 1.428/73. Reclaman dichas sumas desde el mes de octubre de 1995, con actualización monetaria e intereses y hasta el momento del efectivo pago.
Es necesario destacar que el propio decreto 1.953/10 en su art. 7 estableció para el personal de la rama juego de casinos dependiente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos una bonificación no remunerativa no bonificable.
En este contexto, no encuentro que con su dictado la demandada haya modificado el régimen de la denominada Caja de Empleados ni de la Bonificación Compensatoria.
Por lo que entiendo nada obsta a la obtención de un pronunciamiento en relación a lo pretendido en autos.
Es doctrina invariable de esta Suprema Corte que sólo puede entenderse que el asunto a resolver se ha tornado abstracto si la pretensión formulada por el accionante en el escrito inicial se ha satisfecho plenamente por fuera del proceso y, por lo tanto, ya no existe posibilidad de que una decisión judicial tenga algún efecto práctico sobre los hechos del caso, por cuanto cualquier pronunciamiento resultaría teórico o inoficioso al tiempo que impropio de la función judicial (conf. doctr. causas B. 65.437, "López", sent. de 9-XII-2009; B. 63.493, "Tonelli", sent. de 27-VIII-2008; B. 60.871, "Muguerza", sent. de 29-VI-2011; B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014; e.o.).
Tales razones resultan suficientes para desestimar el planteo de la demandada.
V. Expuestas las postulaciones de las partes, el asunto materia a decisión se circunscribe a determinar si el concepto "Caja de Empleados" percibido por la rama juego de los casinos, debe ser añadido a la base de cálculo de los adicionales por antigüedad y permanencia en la categoría, previstos en el Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional (dec. 1.428/73, modif. por dec. 239/90).
La parte actora arguye que dicha bonificación constituye un rubro salarial que integra su remuneración mensual, habitual y regular, por lo que debe computarse a efectos de la liquidación de tales adicionales.
Asimismo alega que la resolución impugnada efectúa una interpretación contraria a lo dispuesto en el decreto PEN 239/90, toda vez que la califica de adicional particular, sin la debida justificación.
Adelanto mi postura adversa al progreso de la pretensión incoada.
V.1. En primer lugar cabe precisar el marco legal aplicable a los interesados.
Según lo estipulado en el acuerdo celebrado entre el Instituto Provincial de Lotería y Casino de la Provincia de Buenos Aires y Lotería Nacional Sociedad del Estado con fecha 27 de septiembre de 1995, el organismo provincial absorbía y se hacía cargo del personal administrativo, de maestranza, servicios de juego, profesionales u otros (sean mensuales y/o jornalizados) y que se detallan en el anexo IV, manteniendo los derechos y obligaciones emergentes de las leyes 22.140 y 19.304; los decretos 1.428/73, 3.413/79, 2.115/85 y 864/68; la resolución 7.081/69 M.H. y cualquier otra norma destinada a reglar las relaciones y modalidades laborales de dicho personal (v. cláusula séptima, Acta Acuerdo obrante a fs. 35/43).
Pues bien, tales normas son las que rigen la relación de empleo de los accionantes con la entidad provincial.
En el marco de ese convenio se previó también que el Instituto asumía al momento de incorporar al personal, la administración de la Caja de Empleados (creada por dec. PEN 864/68) como asimismo la obligación de suministrar toda la información que fuera necesaria a efectos de que se pueda cumplimentar el proceso de liquidación y pago del sistema de jubilación correspondiente (v. cláusula octava, fs. 258, Acta Acuerdo cit.).
Por su parte, el decreto PEN 239/90 (B.O. de 7-II-1990, ADLA 1990 - A, 99, cita online AR/LEGI/0KLN -invocado por los accionantes como sustento de su pretensión-) dispuso, a partir del 1 de enero de 1990, un incremento del 40% en las remuneraciones y adicionales remunerativos del personal dependiente del Poder Ejecutivo nacional, no comprendido en convenciones colectivas de trabajo (art. 1, dec. cit.).
Además, el art. 43 del Estatuto y Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional (dec. 1.428/73 de 22-II-1973, B.O. de 26-II-1973, n° 22.615, ADLA 1973 - A, 612, cita online AR/LEGI/113F) fue suplido por el art. 11 del decreto PEN 239/90. Ese precepto quedó redactado del siguiente modo: "A partir del 1º de enero de cada año, el personal comprendido en el régimen escalafonario aprobado por dec. 1428/73, percibirá en concepto de adicional por antigüedad por cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses que registre al 31 de diciembre inmediato anterior, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluidos los adicionales particulares, de la categoría de revista...".
Asimismo, el art. 13 del decreto aludido sustituyó la redacción del art. 45 de aquel régimen escalafonario y dispuso: "Corresponderá percibir el adicional por Permanencia en categoría a los agentes que revisten en categorías, de cualquier agrupamiento, para las cuales no exista promoción automática. El adicional por Permanencia en categoría comenzará a percibirse en forma automática al cumplir el agente dos (2) años de revista en la misma y alcanzará un máximo del catorce por ciento (14%) de la remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente, excluidos los adicionales particulares, de su categoría de revista...".
Cabe destacar, además, que por decreto del PEN 864 del 23 de febrero de 1968 se puso a cargo de la Lotería Nacional la recaudación y distribución de los fondos provenientes de la denominada Caja de Empleados del Personal de Juego de los Casinos bajo su dependencia.
Por último, advierto que la Bonificación Compensatoria fue instituida por resolución 7.097/56 del ex Ministerio de Hacienda de la Nación y por el art. 10 del decreto 6.010/56, reconociéndose al personal administrativo, técnico, obrero y de maestranza y de servicio, una retribución equivalente al 13% del total que en cada caso registre la respectiva "Caja de Empleados", a fin de compensar el perjuicio ocasionado al excluirlos de la participación que tenían en la distribución de aquellos fondos. Por fin, el decreto PEN 2.115/85, de 31-X-1985,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.