Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62843
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Negri, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 62.843, "Verdier, Luis Alberto c/ Provincia de Bs. As. (Mrio. de Justicia). Demanda Contencioso Administrativa".
I. El señor Luis Alberto Verdier, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, pretendiendo la nulidad de las resoluciones 11.116 n° 139 de 19-IV-2000 y 11.116 n° 138 de 10-IV-2001, ambas dictadas por el señor Ministro de Justicia.
Por la mencionada en primer término se dispuso su sanción con retiro absoluto a partir del día 20 de julio de 1998. Por la segunda, se desestimó el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto contra la anterior.
En virtud de la nulidad pretendida, requiere se ordene a la Provincia de Buenos Aires su reincorporación al cargo y función que desempeñaba, con más los salarios dejados de percibir y la totalidad de los daños y perjuicios causados. Además, solicita se le reconozca en la carrera penitenciaria, intereses y actualización.
II. Corrido el traslado de ley se presenta la Fiscalía de Estado a contestar la acción. Solicita su rechazo argumentando en favor de la legitimidad de los actos impugnados.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular y el cuaderno de prueba de la parte actora, presentados los alegatos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Luego de referirse al objeto y al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción articulada, la parte actora funda su demanda en los siguientes argumentos:
En primer lugar, afirma que la resolución 11.116 n° 139/00, mediante la cual el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió sancionarlo con retiro absoluto a partir del día 20 de julio de 1998 del Servicio Penitenciario Bonaerense, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93 incs. 4 y 9 del decreto 9.578/80, adolece de irrazonabilidad y vicios en varios de sus elementos como causa, motivación y procedimiento, que lo nulifican de manera absoluta.
Así entiende que se ha vulnerado la causa. Sostiene que en los considerandos de la resolución 139/00 se le imputó falsedad en su declaración y toma de puesto de guardia sin el armamento correspondiente y la declaración indagatoria que se le tomara correspondió a un hecho diferente, siendo que se realizó con motivo de la pérdida del arma suministrada, motivo por el cual se substanciaron las actuaciones sumariales caratuladas "Presunta Infracción al artículo 93 inciso 9 de la Ley de Personal 9.578/80 (Extravío de Armamento Provisto Marca Browning, Calibre 9 mm, n° 287.672)".
Por otra parte, cuestiona el encuadre que se utilizó en las actuaciones considerando que debió haberse hecho en el art. 91 inc. 7 con sanción menor y no con la de pérdida de estabilidad prevista en el art. 93.
En el mismo sentido, señala que el día 28 de septiembre de 1999, la Dirección Provincial de Institutos Penales manifestó que "...no es la pérdida del arma reglamentaria el hecho que se le imputa, figura encuadrada en el art. 91 inc. 7 del decreto 9578/80, sino una sucesión de circunstancias que configuran las faltas previstas en el art. 93 inc. 4 y 9 del decreto ley citado...".
Agrega que este dictamen, junto con el emitido por la Asesoría General de Gobierno, dio fundamento al acto resolutivo.
Esta contradicción señalada -estima- genera la afectación del objeto del acto resolutorio, atentando contra el principio lógico de no contradicción.
Cuestiona también el procedimiento por cuanto entiende que del auto de imputación se infiere la violación del art. 18 de la Constitución Nacional, que estatuye que nadie puede declarar en su contra. Observa que el instructor no cumplió con la carga de ponerlo en conocimiento de los derechos que le asistían.
Remarca también la falta de motivación ya que no se tuvo en cuenta lo expuesto en los considerandos de la resolución 3.260 de fecha 10 de septiembre de 1998, dictada por el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, en la cual sostuvo que "...a posteriori y al existir transgresiones a la normativa legal vigente, se le anuló esta declaración (se refiere a la testimonial prestada el 15/VI/1998, transcripta en la resolución n° 3260) ...".
Destaca que, por lo expuesto, lo decidido en la parte dispositiva es totalmente irrazonable con relación a los hechos ocurridos desviándose de los mismos en dicha resolución, demostrando una falta de fundamento lógico y razonado al momento de decidir.
Agrega que lo dicho configura causal suficiente de nulidad por violar la finalidad, desviar el fin y configurar un exceso de punición manifiesta.
En cuanto a la resolución 11.116 n° 138/01 expresa que al rechazar el recurso de revocatoria no se fundamentó concretamente. Señala que lo mismo sucedió con la declaración de improcedencia del recurso jerárquico.
II. La Fiscalía de Estado sostiene la legitimidad de los actos atacados en la demanda.
En primer lugar, analiza las actuaciones administrativas mediante las cuales se investigó la conducta del demandante que dio lugar al ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la autoridad demandada.
Luego refiere que de las mismas surge que la sanción que le fuera impuesta al actor resulta adecuada a los antecedentes de hecho y de derecho, encontrándose en consecuencia suficientemente fundada.
Así ratifica que la conducta del demandante queda encuadrada como infracción al art. 93 incs. 9 y 4 del decreto ley 9.578/80, disponiéndose el retiro absoluto.
Luego analiza las circunstancias relativas al extravío del arma marca Browning calibre 9 mm n° 278.072 y la conducta asumida por el accionante.
Destaca que los hechos que dieron origen al ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración fueron admitidos por el actor.
Advierte que lo que se le imputa al señor Verdier no es la pérdida del arma, sino la negligencia de haber tomado el puesto de guardia sin el armamento requerido y no haber dado aviso a la autoridad del extravío acontecido.
Seguidamente analiza la falta relativa a la falsedad de la declaración del actor en las actuaciones sumariales, destacando que al declarar como sumariado, previa puesta en conocimiento de los derechos que le asistían, ratificó la declaración prestada como testigo y admitió haber faltado a la verdad en la primera, con relación al lugar donde había dejado el arma.
Señala que el actor no ha demostrado la debida corrección en el ejercicio de sus funciones y la rectitud de comportamiento, condiciones indispensables que debe reunir quien se desempeña en las filas del Servicio Penitenciario.
Remarca a su vez, el concepto "regular" expuesto por el Jefe de Guardia de la Seguridad Exterior, señalando que el art. 101 inc. 6 del decreto ley 9.578/80 preceptúa que el mal concepto del agente imputado será considerado como una circunstancia agravante en el momento de meritar la falta.
En relación con los vicios señalados por el accionante en las resoluciones cuestionadas, destaca que los mismos carecen de fundamento.
Explica que el actor confunde dos etapas del procedimiento sumarial: a) por una parte aquella que podría denominarse como "previa", en la cual se practican todas las diligencias conducentes a la acreditación de los hechos y omisiones que constituyen faltas administrativas, a los efectos de determinar su naturaleza y calificación jurídica y, b) la etapa de "clausura del sumario" en la cual finalizada la tarea de Instrucción se decreta el cierre de las actuaciones dictando las conclusiones sumariales, que deberán contener un sucinto relato de los hechos y sus circunstancias, el análisis de la prueba, el encuadre legal del caso, la calificación de la conducta del sumariado, sus condiciones personales, etc.
Por ello sostiene que el accionante no puede pretender que antes del Informe del Instructor, se le hagan conocer todas las transgresiones que se le imputan, toda vez que hasta que no se arribe a esa etapa del procedimiento, la Administración no está en condiciones efectivas de evaluar si el sumariado cometió faltas, y en caso afirmativo determinar el encuadramiento legal de las mismas.
Agrega que el actor tuvo oportunidad de realizar su descargo, luego de que se le notificaran las conclusiones finales. Refiere que posteriormente interpuso la demanda en traslado, en cuya oportunidad tampoco ofreció prueba alguna destinada a desvirtuar las constancias obrantes en el sumario administrativo.
Destaca que con ello el actor tuvo clara conciencia de las faltas imputadas y pudo en consecuencia referirse a los hechos que motivaron la sanción, formulando los descargos y ofreciendo la prueba que considera pertinente.
Ofrece prueba y reserva el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas agregadas sin acumular y de la demás prueba producida en autos, surgen las siguientes constancias útiles para la resolución de la causa:
III.1. El día 14 de junio de 1998 se detectó el extravío del arma marca Browning calibre 9 mm n° 278.072, la cual estaba a cargo del Suboficial Luis Alberto Verdier (v. fs. 1).
III.2. Como consecuencia de ello el Jefe de la Unidad 1 de Olmos ordenó la instrucción del correspondiente sumario administrativo resultando en consecuencia el hoy actor "víctima y sumariado" (fs. 2 y 3), citándose a prestar declaración testimonial, al Cabo Luis Alberto Verdier y a todo el personal involucrado en el hecho.
III.3. A fs. 13/14, obra la declaración del actor, quien manifestó haber prestado servicios el día 14 hasta las 13:40 o 13:45 hs. aproximadamente; "que la guardia del disiente fue el día 13", oportunidad en que le fue entregada el arma -con un cargador y diez proyectiles- a las 7:00 hs.
Con relación al extravío del arma relata "que se acostó a dormir a las 5:45 hs. de la mañana del día catorce, junto al Suboficial Ramirez, Claudio, dejando el arma que le fue asignada sobre la cama superior" acostándose sobre la cama de abajo, y que al ser despertado a las 10:00 hs para realizar el relevo de visita no visualizó la pistola que le había sido provista. Agregó que luego de haber interrogado a sus compañeros sobre el paradero de la misma "se dirigió a apostarse al puesto Nro dos sin la pistola, ni otro tipo de armamento, hasta que finalizó la visita", no habiendo dado novedad de lo acontecido a sus superiores.
III.4. A fs. 55 vta., el Jefe de Guardia informó con relación al Cabo Verdier que: "inasiste al servicio periódicamente y posee sanciones que reflejan su escasa responsabilidad, además de su falta de arreglo personal. Todo ello fundamenta a esta Jefatura de Servicios que el Agente mencionado merece un concepto REGULAR".
III.5. A fs. 57/62, se acompañan fotocopias certificadas del libro de guardia de los días 13 Y 14 de junio de 1998.
III.6. Con fecha 29 de junio de 1998 el señor Instructor resolvió anular las declaraciones testimoniales tomadas a los Oficiales Mayorga, Rios, Castro, Pinto y Verdier, y citar a los mismos a prestar declaración en calidad de sumariados (v. fs. 7, alc. 1).
III.7. A fs. 19 del alcance 1, obra la declaración del imputado Verdier del día 7 de julio de 1998. Exhibida que le fuera la declaración testimonial de fs. 13/14, el hoy actor manifestó: "solo desea rectificar de su declaración anterior el lugar donde dejó el arma, ya que el arma la había dejado sobre la mesa que se encuentra frente a la puerta de entrada del Dormitorio de la Compañía 'C'. Que el resto de la declaración lo ratifica plenamente".
Preguntado por los motivos por los cuales afirmó una falsedad y negó la verdad de su declaración anterior sobre el lugar donde dejó el arma manifestó que lo hizo porque se sentía mal por lo ocurrido, pensando que de esta manera iba a disminuir su responsabilidad ya que el lugar donde dejó el arma se encontraba lejos del lugar donde se acostó a descansar.
Agregó que dejó el arma dentro de una pistolera de cuero negra enroscada con un cinto de fibra, faltando la pistola con el cargador y las diez municiones.
Asimismo, manifestó que no dio aviso a sus superiores por pensar que alguno de sus compañeros la había entregado y que no corroboró que el arma haya sido entregada por ser el lugar donde se extravió exclusivo para el personal de la compañía "C", debido a esto pensó que alguno de sus compañeros hizo entrega del mismo, y por no desconfiar de dicho personal.
Por último, afirmó que al retirarse franco luego del recargo de visita del día 14 de junio no se presentó ante el personal que se encontraba de guardia, que solo le avisó al Suboficial Principal Pinto Ramón, el cual lo autorizó.
III.8. A fs. 21/26, obran las declaraciones de los Oficiales Pinto, Mayorga, Rios y Castro.
III.9. De conformidad con lo preceptuado en el art. 346 del decreto 342/81, la Instrucción resolvió imputar al actor las faltas previstas en el art. 93 incs. 9 y 4 de la ley 9.578/80 (conf. fs. 34, alc. 1), dando vista al señor Verdier, quien presentó su defensa a fs. 9/10 del alcance 2.
III.10. A fs. 21 del alcance 2, se dio por perdido el derecho de alegar al accionante, por lo que finalizadas las actuaciones por la instrucción se presentaron las conclusiones y elevación del sumario (v. fs. 30/35, alc. 2).
III.11. La Dirección de Auditoría General dictaminó que correspondía sancionar al actor en los términos del art. 93 incs. 4 y 9 del decreto ley 9.578/80, dictándose en consecuencia la resolución 3.260 de 10-IX-1998, por la que el señor Jefe del Servicio Penitenciario dispuso sancionar ad referendum del Poder Ejecutivo con retiro absoluto al Cabo Luis Alberto Verdier (v. fs. 45/47).
III.12. A fs. 61 (alc. 2), 13, 15 y 21 (alc. 4), obran respectivamente los dictámenes de la Asesoría General de Gobierno, la Dirección General de Personal, la Contaduría General de la Provincia y la Dirección Provincial de Institutos Penales.
III.13. Con fecha 19 de abril de 2000 el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución 139 por la que se sancionó al actor con la pena de retiro absoluto del Servicio Penitenciario (v. fs. 24, alc. 4).
III.14. El señor Verdier interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la resolución precedentemente citada (v. fs. 1/3, alc. 5).
III.15. Obran dictámenes de la Asesoría General de Gobierno (v. fs. 12, alc. 5), de la Dirección Provincial de Personal de la Provincia (v. fs. 14, alc. 5), de la Contaduría General (v. fs. 16, alc. 5) y de la Dirección Provincial de Política Penitenciaria y Readaptación Social (v. fs. 17, alc. 5).
III.16. El 10-IV-2001 se dictó la resolución 138 (v. fs. 18, alc. 5) mediante la cual se rechazaron los recursos intentados.
IV. Tal como fueron planteadas las pretensiones de las partes, la cuestión a decidir consiste en determinar si la aplicación de la sanción expulsiva al actor resultó ajustada a derecho.
Adelanto que, a mi juicio, la pretensión anulatoria debe prosperar, aunque con un alcance diverso al pretendido por el accionante.
IV.1. Conforme se desprende de las constancias detalladas en el acápite anterior, se encuentra probado que el día 14 de junio de 1998 se detectó el extravío del arma marca Browning calibre 9 mm n° 278.072, la cual estaba a cargo del Suboficial Luis Alberto Verdier, ordenándose la instrucción del correspondiente sumario administrativo caratulado "Presunta Infracción al art. 93 inc. 9 de la ley de Personal 9578/80 (Extravío de armamento provisto- pistola marca Browning calibre 9 mm n° 278.672)", resultando en consecuencia el hoy actor "víctima y sumariado".
También surge indiscutido que el actor prestó servicios el día 14 de junio hasta las 13:40 o 13:45 hs. aproximadamente; que su guardia fue el día 13, oportunidad en que le fue entregada el arma -con un cargador y diez proyectiles- a las 7:00 hs.
En su declaración testimonial el actor expresó que al acostarse a dormir había dejado el arma en la cama superior y que al despertarse no la visualizó y que, tras preguntar a sus compañeros sobre la misma sin resultados positivos, se apostó al "puesto número dos" sin la pistola, ni otro tipo de armamento, hasta que finalizó la visita, no habiendo dado aviso de lo acontecido a sus superiores.
También resulta de las constancias de la causa que con fecha 29 de junio de 1998 el señor Instructor resolvió anular las declaraciones testimoniales tomadas entre la que se encontraba la del señor Verdier, y que lo citó a prestar una nueva en calidad de sumariado, oportunidad en la que el actor ratificó lo manifestado anteriormente, pero rectificando lo relativo al lugar donde había dejado el arma, señalando que no era en la cama superior sino sobre una mesa frente a la puerta de entrada del dormitorio de la Compañía.
Finalmente, con fecha 19 de abril de 2000, el señor Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó la resolución 139 por la que se sancionó al actor con retiro absoluto por infracción a lo normado en el art. 93 incs. 4 y 9 del decreto ley 9.578/80, por haber afirmado una falsedad ante el instructor en las informaciones sumariales, y haber realizado actos que afectan gravemente la disciplina y el prestigio de la repartición.
En la especie, la materialidad fáctica configurada justifica la aplicación de las disposiciones sancionatorias previstas en el decreto ley 9.578/80, pero con el alcance que seguidamente se analizará.
IV.2. Preliminarmente corresponde aclarar que de todos los vicios denunciados analizaré los relativos al procedimiento y la causa y motivación, atento que el resto, al haber sido expuestos de manera enunciativa y sin un desarrollo adecuado, no ameritan su tratamiento.
Tiene dicho este Tribunal que el carácter genérico de las manifestaciones de la parte actora y la total ausencia de agravio específico con relación a las falencias denunciadas enervan su pretensión impugnativa (cfr. causas B. 65.342, "De Gregorio", sent. de 6-VIII-2014; B. 64.022, "Romero", sent. de 5-X-2016 y B. 56.589, "Serantes", sent. de 29-VIII-2017).
IV.3. Sentado ello he de referirme a los cuestionamientos al procedimiento sumarial. Adelanto que, a mi juicio, esos planteos deben ser desestimados.
IV.3.a. En este orden de ideas, respecto a la posibilidad de revisar la existencia de este tipo de vicios, en mi opinión, a partir del precedente B. 59.986, "Caselli", sentencia de 16-II-2005, para la mayoría de este Tribunal, la tesis que pregona la posibilidad de subsanar en sede judicial las ilegitimidades del trámite administrativo, en el sentido de disminuir el factor invalidante de las nulidades acontecidas por vicios en el procedimiento, no es aceptable como regla general de la materia.
A lo dicho en tal precedente -en punto a que el principio de legalidad impone a las Administraciones Públicas un obrar consistente con el ordenamiento jurídico que se traduce en esta materia en el adecuado cumplimiento del procedimiento como elemento inherente a la legitimidad del acto administrativo (conf. art. 103, dec. ley 7.647/70) y que entre el procedimiento administrativo y el proceso judicial no cabe predicar la existencia de una relación de continuidad, en la que la indefensión producida en el primero pueda solucionarse en el segundo- cabe adunar que el estándar tradicionalmente asignado por este Tribunal para determinar las excepciones que le permitirían ingresar al análisis de la regularidad del procedimiento, eso es, "cuando ha mediado un claro atentado al derecho de defensa" (doctr. causas B. 48.976, "Fernández", sent. de 20-IV-1999; B. 53.911, "Moyano", sent. de 7-III-200
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.