Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.960-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la aclaratoria planteada por la actora conforme lo dispuesto en el Considerando III del voto del Dr. González Palazzo.
2Sigan los autos según su estado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-90844125-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 17 de Septiembre de 2026 GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan M. Soria, para dictar sentencia en los autos caratulados “ASAP COMERCIO EXTERIOR S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expte. nº 38.960-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, a fs. 275/276, la firma recurrente requiere se dé tratamiento al planteo efectuado en subsidio en el punto VI del recurso de apelación interpuesto, en donde solicita la reducción de los intereses fijados por el art. 794 del C.A. toda vez que considera “…“excesivo” y “usurario” que la AFIP aplique las mismas tasas de intereses resarcitorios establecidas por la Secretaria de Hacienda sobre deudas en pesos que sobre deudas en dólares pesificadas al momento del pago, ya que en tal caso las deudas originariamente en dólares estadounidenses se tornarían totalmente desproporcionadas por ser objeto de una doble actualización, situación que resulta inaceptable en términos de justicia” (a fs. 51/51 vta. de autos).
II. Al respecto, léase de la sentencia de fs. 267/270 vta., en el punto 2, de su parte resolutoria lo siguiente, “Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución, declarando que el monto de tributos a exigir a la actora asciende a la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES CON QUINCE CENTAVOS (U$S 10.577,15), con más los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas a la actora.”.
III. Visto lo precedente, a los efectos de darle tratamiento al agravio interpuesto por la recurrente, corresponde hacer lugar a lo peticionado y sustanciar lo solicitado en razón de lo dispuesto en el art. 166 CPCCN.
En este sentido, cabe recordar que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Neumáticos Goodyear S.A." ha resuelto que "Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias" (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en "Orazio Arcana" al señalar que "resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que —por otra parte— no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad todas' (Fallos 308:284) criterio ratificado donde sentó que "Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas" (Fallos 316:42).
El criterio cimero ha sido ratificado en "Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad" (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que "los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía".
Sentado ello, cabe destacar que la norma cuestionada por la recurrente era conocida al momento de asumir su obligación frente a la Aduana y consecuente -y sistémicamente- aceptada pues, claro está, el giro de sus negocios se encuentra vinculado a la operatoria del comercio exterior. Esa actividad supone un riesgo, que fue asumido y aceptado. Ese riesgo sólo devendría irrazonable si fuere el mismo Estado el que por inacción procesal o una acción abusiva deliberada, actual y concreta pusiera en crisis la tutela judicial efectiva de sus derechos, lo que obligaría al operador judicial a asumir un temperamento proactivo acorde a los requerimientos constitucionales —que comprende a los convencionales- por lo que, no verificándose en la especie tales extremos, el agravio recogido por mi colega de grado no puede prosperar en sentido positivo.
No puede soslayarse en tal sentido que la reclamante no ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva "no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad" ("Provincia de Santa Cruz" Fallos 316:42).
Que los arts. 794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) se encuentran plenamente vigentes y debe ser aplicado, máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ponerlo en crisis por la vía que propuesta implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580). Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en "Procesadora de Boratos C/ DGA" (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) a donde con meridiana claridad expone que "acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr.- la tasa prevista en la Resolución ME 21191), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente. En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII sus citas)... " concluye sentando que "resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que "de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa —claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..". En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales —ora convencionales- con el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permita a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
A modo de colofón, estimo pertinente expresar que, este juzgador no es ajeno a la espasmódica fluctuación de la moneda nacional ni desconoce la demora que se evidencia —desde antaño- en la tramitación de reclamos como el aquí ventilado (germinando una patología perniciosa para el Estado), por lo que resulta necesario que las autoridades competentes generen acciones concretas que mitiguen las disvaliosas consecuencias que pudieren acaecer en contextos macro económicos que pudieren abonar incertidumbre —y eventualmente perjuicio- a los operadores del comercio exterior.
IV. Asimismo, debe señalarse que el agravio planteado por la recurrente en su escrito de apelación, el cual tiene como correlato la presentación del recurso de aclaratoria aquí interpuesto, resulta insustancial cuando existe una jurisprudencia consolidada al respecto. Especialmente, cuando no cuestiona con nuevos argumentos los fundamentos expresados, sino que se limita a realizar manifestaciones dogmáticas de disconformidad.
Por ello, VOTO POR:
1. Hacer lugar a la aclaratoria planteada por la actora conforme lo dispuesto en el Considerando III de la presente.
2. Sigan los autos según su estado.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero a lo decidido en el voto que antecede, en cuanto a que resulta ajustado a derecho hacer lugar formalmente a la aclaratoria planteada por la actora, pero no así respecto a la tasa de interés aplicada en la especie.
II. Que, sentado ello, y sin perjuicio de las consideraciones que seguidamente se desarrollan, a los fines de resolver dicho recurso corresponde tener previamente en consideración la inveterada doctrina disidente sustentada por el suscripto en materia de intereses resarcitorios y su posibilidad de morigeración.
III. Que, no obstante, corresponde dejar sentado que la aplicación de dicha doctrina no procede de modo automático, pues resulta menester esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, tarea en la que este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la DGA, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros); siempre con arreglo al principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso (Fallos 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas) ... incluso, que en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas (Fallos 303:1007, 1118 y 1403, entre otros)" (conf. dictamen del señor Procurador General en Fallos 319:585).
IV. Que, en consecuencia, la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
V. Que, por ende, corresponde analizar las particulares circunstancias de la causa, a los fines de decidir sobre la sustancia de lo peticionado en la aclaratoria bajo análisis, máxime cuando el suscripto no ha participado de la decisión definitiva por encontrarse en uso de licencia.
VI. Que, bajo tales premisas, no comparto la solución propiciada en la sentencia de fecha 14 de julio de 2026, en cuanto confirma la configuración de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero y la consecuente exigibilidad de los tributos derivados del régimen de importación temporaria. En efecto, el referido pronunciamiento sustenta su conclusión, en lo sustancial, en dos premisas: • a) La falta de acreditación suficiente del hecho delictivo invocado; y • b) La inaplicabilidad del artículo 261 del Código Aduanero, en virtud de que la mercadería sustraída podría ser eventualmente utilizada por terceros.
Que ninguno de tales fundamentos resultaba, a mi juicio, jurídicamente atendible.
VII. Que dicha discrepancia no obedece a una mera divergencia valorativa aislada, sino que se sustenta en una distinta apreciación de las constancias probatorias incorporadas a la causa y en una diferente comprensión del régimen jurídico aplicable al caso, en particular en lo atinente a la exigencia de un nexo de imputación entre la conducta de la administrada y el resultado que se le atribuye.
Que, en tal sentido, entiendo que la solución adoptada -y que resulta objeto de aclaratoria- parte de una concepción implícitamente objetiva de la responsabilidad en materia de importación temporaria, al atribuir consecuencias jurídicas al incumplimiento verificado, sin ponderar adecuadamente la incidencia de un hecho de tercero debidamente acreditado en autos ni las circunstancias concretas en que aquél se produjo.
VIII. Que, conforme surge de las constancias agregadas en autos, la firma recurrente denunció el 08/11/2007, la sustracción del vehículo -camioneta FIAT dominio BZD/270-, en cuyo interior se transportaban hacia Ezeiza para su reexportación dos máquinas tragamonedas denominadas "SUPER MONEY GRAB", previamente importadas temporariamente mediante la destinación 06073 IT14 000262H, hecho que habría tenido lugar el día anterior (07/11/2007) en la Autopista Ricchieri, dando origen a las actuaciones instruidas por la Policía Federal Argentina -Comisaría 36ª- con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 38 (véase fs. 91/92 de autos).
Que dichas actuaciones no se limitaron a la simple recepción de una denuncia, sino que dieron lugar a un conjunto de diligencias típicas de investigación penal, entre las que se destacan:
• declaraciones testimoniales prestadas bajo juramento (fs. 93/94; 101 y vta.; 107 y vta., y 116 y vta., de autos);
• informe pericial relativo al rodado utilizado en el hecho (fs. 113 de autos);
• diligencias de entrega del vehículo (fs. 137);
• constancia de cierre y elevación de las actuaciones a la autoridad judicial competente (fs. 140); • nota de crédito emitida por la firma "ASAP COMERCIO EXTERIOR S.A.", emitida al proveedor de la mercadería WMS Gaming consignado en la destinación de importación temporaria (fs. 9 de autos);
• y documentación emitida por la compañía aseguradora interviniente, comprensiva de la liquidación del siniestro y el pago de la indemnización correspondiente (fs. 5 y 6).
Que tales actuaciones no constituyen meras constancias formales, sino que evidencian la efectiva intervención de organismos estatales con competencia en la materia.
IX. Que, en ese marco, las constancias agregadas dan cuenta de la ulterior verificación material del suceso, en tanto surge de las actuaciones policiales la localización del rodado sustraído -camioneta FIAT Ducato dominio BZD-270- en estado de abandono, así como la realización de diligencias de secuestro y constatación por parte del personal interviniente (véase fs 101/106 de autos).
Que, en igual sentido, las declaraciones testimoniales producidas en sede policial -en particular la del Sr. Horacio Marcelo Marchini, chofer del vehículo- describen en forma circumstantial la mecánica del hecho, precisando que el transporte de la mercadería se desarrollaba bajo un esquema de custodia contratado por la firma interviniente, el cual se vio momentáneamente alterado como consecuencia de una demora producida en una cabina de peaje.
Que, frente a dicha contingencia, el declarante refiere haber adoptado una conducta prudente, consistente en continuar la marcha a velocidad moderada con el objeto de no perder contacto con el vehículo de custodia, aguardando su reincorporación, circunstancia en la cual fue interceptado por terceros armados que, mediante intimidación, lograron sustraer el rodado y la mercadería transportada (véase fs. 93/94 de autos).
Que, asimismo, el Sr. Norberto Pedro Coll -titular registral del vehículo- confirmó la sustracción del rodado en oportunidad de encontrarse afectado a un transporte para la firma "ASAP COMERCIO EXTERIOR S.A.", en el mismo lugar y circunstancias temporales (fs. 107 y vta.).
Que, además, la declaración testimonial del apoderado de la firma importadora -Sr. Pablo Antonio Cabrera- da cuenta de que la mercadería afectada al régimen de importación temporaria se encontraba siendo transportada en el vehículo al momento del hecho ilícito, extremo que refuerza la coherencia del cuadro probatorio en cuanto a la efectiva ocurrencia del hecho ilícito denunciado.
X. Que, por otra parte, obran en autos elementos de corroboración externa, tales como la documentación emitida por la compañía aseguradora interviniente -comprensiva de la liquidación del siniestro y el pago de la indemnización correspondiente (fs. 5/6)-, de la cual surge que el evento fue calificado como robo a mano armada, lo que importa el reconocimiento del siniestro por parte de un tercero ajeno a las partes del presente litigio.
Que, en igual sentido, la nota de crédito emitida por la firma "ASAP COMERCIO EXTERIOR S.A." a favor del proveedor de la mercadería -WMS Gaming-, exportador consignado en la destinación de importación temporaria mencionada (fs. 9)- constituye un elemento adicional que permite vincular la documentación comercial con los bienes involucrados en el hecho denunciado.
XI. Que, por todo ello, el cuadro probatorio no se agotaba en la mera denuncia o en manifestaciones unilaterales carentes de corroboración, sino que se encontraba integrado por un conjunto de elementos concordantes -denuncia penal contemporánea, intervención policial, actuación judicial, declaraciones testimoniales, verificación material del rodado, intervención de la aseguradora y documentación comercial-, sin que el servicio aduanero haya aportado elementos idóneos que permitan desvirtuar las constancias reseñadas, lo que permitía tener por acreditada, con suficiente grado de convicción, la efectiva ocurrencia del hecho ilícito invocado.
Que, en este punto, corresponde descartar la existencia de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid tendiente a obtener dolosamente un indebido beneficio en el marco del régimen aplicable, en tanto el cuadro probatorio reunido en autos presenta un grado de consistencia y corroboración externa que excede ampliamente el ámbito de una mera alegación unilateral.
Que, acreditado en tales términos dicho suceso delictual, corresponde analizar las consecuencias jurídicas que de ello se derivan en el marco del régimen aplicable.
XII. Que, sentado lo anterior, procede analizar la cuestión a la luz del artículo 970 del Código Aduanero. Que el incumplimiento de la obligación de reexportación en el marco del régimen de importación temporaria no puede ser examinado en términos puramente objetivos, como si bastara la mera constatación del resultado para generar automáticamente responsabilidad.
Que, por el contrario, la configuración de la infracción exige verificar si dicho resultado es jurídicamente imputable al administrado, lo que implica indagar si el incumplimiento obedece a una conducta reprochable, ya sea por acción u omisión, en infracción a los deberes que le son exigibles en función del régimen al que voluntariamente se ha sometido.
Que cabe recordar que en materia infraccional aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, el Código Aduanero argentino adoptó el factor de atribución de responsabilidad subjetivo. Ello implicó sin duda un cambio normativo cualitativo respecto de la regulación contenida en la Ley de Aduana, que conforme las modificaciones introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad objetiva.
Que en la Exposición de Motivos del Código Aduanero argentino se expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma gira en torno del cumplimiento de los deberes impuestos por el ordenamiento aduanero. En ese sentido, el artículo 902 del citado ordenamiento legal establece que no podrá imponerse sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...]. Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Que lo que no resulta admisible es la imputación objetiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el artículo 8° de la CADDHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (conf. "Losicer", Fallos: 335:1126)
Que, en tal sentido, la responsabilidad en materia aduanera -aun en el marco de regímenes especiales como el de importación temporaria- no puede prescindir del análisis de la conducta del obligado, so riesgo de desnaturalizar el sistema y derivar en esquemas de responsabilidad objetiva ajenos a los principios que rigen la materia sancionatoria aduanera.
En efecto, a tal fin debe tenerse siempre en consideración que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consagrado en materia de infracciones tributarias el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que "sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible le puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente" (Fallos: 271:297; entre muchos otros).
XIII. Que, en el caso de autos, el incumplimiento de la obligación de reexportación encuentra su causa en un hecho de tercero -robo a mano armada- que, por sus características, se presenta como ajeno a la esfera de control del administrado.
Que dicho evento interrumpió el curso normal de la operatoria, frustrando la posibilidad de cumplimiento de la obligación asumida en el marco del régimen de importación temporaria.
Que, a la luz de las constancias probatorias previamente analizadas, no se advierte la existencia de incumplimientos específicos de deberes de custodia ni la adopción de conductas que puedan calificarse como imprudentes, negligentes o contrarias al estándar de diligencia exigible en el caso concreto. Que, en consecuencia, no se verifica que el resultado dañoso pueda ser razonablemente atribuido a la conducta del obligado, sino que aparece determinado por un hecho externo que escapa a su ámbito o esfera de actuación.
XIV. Que, en ese entendimiento, corresponde analizar el alcance de los artículos 260, 261 y 262 del Código Aduanero, en tanto regulan las consecuencias derivadas de la pérdida, destrucción o deterioro de la mercadería en el marco del régimen de importación temporaria.
Que dichas disposiciones no pueden ser interpretadas en forma aislada, sino de manera sistemática y armónica, atendiendo a la finalidad del régimen en el cual se insertan.
Que, en particular, el artículo 261 establece que la mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando, pese a no poder ser recuperada por su propietario, pudiere ser empleada por un tercero, previsión que, considerada en forma aislada y estrictamente literal, podría conducir a excluir la aplicación de la eximente en supuestos de sustracción.
Que, sin embargo, una interpretación de tal tenor resulta incompatible con la lógica del sistema, en tanto todo supuesto de robo implica, por definición, la apropiación de la cosa por un tercero con potencial capacidad de uso.
Que admitir dicha lectura importaría, en los hechos, vaciar de contenido la noción misma de caso fortuito o fuerza mayor en los supuestos de hechos delictivos, tornando inaplicable la eximente prevista por el legislador en este tipo de situaciones.
Que, en consecuencia, la correcta inteligencia de las normas citadas exige desplazar el foco desde la mera subsistencia material de la cosa hacia la existencia de un nexo de imputación jurídicamente relevante. Que lo determinante no es si la mercadería continúa existiendo en abstracto o puede ser eventualmente utilizada por terceros, sino si el obligado ha contribuido, mediante su conducta, a la producción del resultado o si, por el contrario, éste se ha verificado como consecuencia de un hecho externo, ajeno a su voluntad y fuera de su control.
XV. Que el hecho de que determinadas contingencias -como los hechos delictivos- puedan ser abstractamente previsibles en el tráfico económico no implica, por sí solo, que su ocurrencia resulte imputable al administrado, ni que éste deba responder por sus consecuencias en ausencia de una conducta reprochable.
Que, en igual sentido, la existencia de cobertura asegurativa no transforma el hecho en imputable, ni puede ser interpretada como un reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado, sino que responde a una lógica de previsión económica destinada a mitigar las consecuencias patrimoniales de eventuales siniestros.
Que, justamente, la intervención de la aseguradora, la verificación del evento como robo a mano armada y el pago de la indemnización constituyen elementos que refuerzan la acreditación del hecho ilícito denunciado.
Que, en consecuencia, no podía derivarse de tales circunstancias argumento alguno en favor de la imputación del incumplimiento. Tal conclusión implicaría incurrir en un razonamiento circular, atribuyendo responsabilidad sobre la base de elementos que, en rigor, confirman la ajenidad del hecho.
XVI. Que en tal sentido, hubiera resultado aplicable la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentada en el procedente "Tevelam S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas", de fecha 11/12/2012, en cuanto excluye la responsabilidad cuando el incumplimiento deriva de un hecho de tercero ajeno no imputable al administrado.
Que dicha doctrina se asienta en la necesidad de descartar interpretaciones que conduzcan, en los hechos, a consagrar un régimen de responsabilidad objetiva, en virtud del cual el obligado deba responder aun frente a hechos delictivos completamente ajenos a su conducta.
Que, en ese marco, la apreciación de la diligencia exigible no puede efectuarse en abstracto ni mediante la imposición de estándares uniformes, sino que debe atender a las circunstancias concretas de la operatoria, en particular a su modalidad, duración y riesgos inherentes.
Que, en el caso de autos, se encuentra acreditado que el transporte de la mercadería se desarrollaba bajo un esquema de custodia contratado por la firma interviniente, el cual se vio circunstancialmente alterado por una contingencia propia del tránsito.
Que, aun en ese contexto, el hecho ilícito igualmente se produjo, lo que evidencia que el resultado dañoso no puede ser razonablemente atribuido a una deficiente organización de la operatoria ni a la omisión de recaudos exigibles, sino a la intervención de terceros que actuaron mediante violencia e intimidación. Que, en tales condiciones, no se ha verificado un nexo de imputación jurídicamente relevante entre la conducta del administrado y el resultado verificado, en tanto no se acredita que la adopción de medidas adicionales hubiera permitido evitarlo.
XVII. Que tampoco puede perderse de vista que la exigibilidad de los tributos se encuentra íntimamente vinculada a la lógica del régimen, que presupone que la importación para consumo se configura como consecuencia de un incumplimiento reprochable del obligado.
Que admitir la exigencia de tributos aun cuando el incumplimiento derive exclusivamente de un hecho de tercero ajeno a la conducta del administrado implicaría desnaturalizar dicho esquema y consagrar, en los hechos, un régimen de responsabilidad objetiva absoluta, incompatible con los principios que rigen tanto la materia sancionatoria como el derecho aduanero.
XVIII. Que, en consecuencia, la ausencia de nexo causal de imputación no sólo debiera excluir la procedencia de la sanción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero, sino también el sustento mismo de la pretensión tributaria, en tanto ésta carece de base jurídica cuando el incumplimiento no puede ser atribuido al administrado.
XIX. Que, por las razones expuestas en los Considerandos que anteceden y en atención a las particularidades del caso y a la índole de lo peticionado, resulta ajustado a derecho hacer lugar a lo requerido en materia de intereses resarcitorios, en el recurso bajo análisis de este Tribunal.
XX. Que, bajo tales premisas, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana”, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, soy de la idea que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable, no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares.
XXI. Que ello es así, máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
XXII. Que, por lo tanto, por estrictas razones de equidad y justicia tributaria la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia– de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto económico y financiero.
XXIII. Que, por ello, y habida cuenta el modo en que esta Sala ha resuelto a fs. 267/270, corresponde que a los fines de calcular los intereses resarcitorios devengados en la presente litis se utilice dicho porcentual (1% mensual -12 % anual– desde los 10 días posteriores a la corrida de vista hasta el 17 de julio de 2019), y a partir del 18 de julio de 2019 se utilice la tasa para operaciones en dólares contemplada en las Resoluciones Nros. 598/2019 del Ministerio de Hacienda (B.O. 18/7/2019), 559/2022 del Ministerio de Economía (B.O. 25/8/2022), 3/2024 del Ministerio de Economía (B.O. 22/1/2024) y 823/2025 (B.O. 25/6/2025), siendo que dicha normativa es sobreviniente a la doctrina sustentada oportunamente por el suscripto en materia de tasas de interés en el precedente supra relatado. ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.-
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar a la aclaratoria planteada por la actora conforme lo dispuesto en el Considerando III del voto del Dr. González Palazzo.
2. Sigan los autos según su estado.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17° Nominación), Pablo Garbarino (Vocal Titular de la Vocalía de la 16° Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nominación).
Date: 2026.09.16 23:11:17 ART Date: 2026.09.17 10:44:41 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.17 15:11:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.17 15:11:42 -03:00
Fin de la sentencia