Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 222.916 (Pesos doscientos veintidós mil novecientos dieciséis) equivalente a 21,43 (veintiuno con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 557.290 (Pesos quinientos cincuenta y siete mil doscientos noventa) equivalente a 53,59 (cincuenta y tres con 59/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las tres etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inciso b) y 51 de la Ley Nº 27.423, Acordada N° 25/2022 (08/09/22) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3Regular los honorarios del Dr. Miguel Ángel Tregob, por su actuación como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 149.242 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos) equivalente a 14,35 (catorce con 35/100) UMA respectivamente, los que quedan a cargo de la actora teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-20334752-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Febrero de 2023 s/apelación" - VOC XII En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EX–2021-29281149-APN-SGAI#TFN, caratulado: “ASCENSORES ARES SRL S/ Recurso de apelación”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante IF-2021-29281070-APN-DTD#JGM Ascensores Ares S.R.L interpone recurso de apelación en los términos del artículo 76 inc. b) de la Ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus modif.) contra las resoluciones N° 66 y 67/2021, ambas de fecha 12 de marzo de 2021, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P-D.G.I., mediante las cuales se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01 a 06/2015, 08 y 09/2015, 11 y 12/2015, 01 a 04/2016 y 06/2016 y el Impuesto a las Ganancias por los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con más sus intereses resarcitorios, aplicándose dos multas equivalentes a tres (3) veces los impuestos dejados de ingresar, respectivamente, conforme lo dispuesto en el art. 46 y 47 inc. b) y c) de la Ley de Procedimientos Tributarios.
Plantea la nulidad de las actuaciones, señalando que el organismo fiscal ha ido en contra de los Decretos de Necesidad y Urgencia del Estado Nacional, y de las normas dictadas por el propio organismo, como lo son las ferias fiscales, situando a la representante de la firma en un estado de riesgo sanitario frente a la pandemia y frente a un delito tipificado, en tanto dispuso el plazo para tomar vista de las actuaciones administrativas, encontrándose vigente el “ASPO” (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) al momento de su notificación. Esgrime que tal comportamiento del fisco vulneró el debido proceso adjetivo y restringió el derecho de defensa. Continúa sosteniendo que los actos apelados carecen de “motivación”, por cuanto el ajuste atacado es resultado de que la AFIP-DGI incluye a los proveedores Cambiagno Miguel Angel, Costilla Héctor Alberto, Etcheverry Cesar Ariel, Enriquez Luis Roberto, Hujarshi Perasso Eduardo Raul y Agro Comercio y Servicios Rougut S.A.. en la Base Apoc., y en consecuencia impugna las operatorias vinculadas a la actora, haciendo meras referencias a cuestiones imputables a cada proveedor sin valorar las constancias acreditadas en actuaciones, así como el hecho que las operaciones fueron concertadas previamente a incluir a los citados proveedores en la base de facturas apócrifas.
En este sentido, en cuanto a los ajustes apelados, señala el error en que incurre el ente fiscal al pretender invertir la carga de la prueba, impugnando el crédito fiscal y la deducción del gasto, sobre la base de irregularidades imputables a los proveedores, sin haber existido un planteo tendiente a cuestionar la veracidad de las operaciones, o siquiera haber efectuado un análisis en torno a la operatoria comercial de la firma, basado en meras suposiciones para llegar al ajuste fiscal. De manera subsidiaria solicita la aplicación de las reducciones previstas por el artículo 49 de la Ley de Procedimientos Tributarios y reencuadre de las multas a la figura de omisión prevista por el artículo 45 de la ley precitada.
Por los motivos expuestos solicita que se revoquen las resoluciones apeladas con expresa imposición de costas. Ofrece prueba documental, pericial e informativa. Cita jurisprudencia. Deja planteada la reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2021-43790518-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos.
En primer lugar, rechaza cualquier planteo de nulidad esgrimido por la recurrente respecto a la validez del acto, toda vez que el mismo invoca la normativa legalmente tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, mencionando a su vez las circunstancias de hecho que lo motivan. Continúa subrayando que tampoco puede sostenerse válidamente la afectación del “derecho a interponer una adecuada defensa integral de los intereses de la contribuyente”, cuando tomó vista de las actuaciones y obtuvo copia de las mismas, y aún así no se presentó a ejercer el derecho de defensa que le asiste en la etapa administrativa.
Con relación al ajuste, indica que mediante las tareas efectuadas en la inspección, surge que la fiscalización actuante constató el cómputo de créditos fiscales y la deducción de gastos provenientes de facturas carentes de sinceridad, emitidas a nombre de sujetos respecto de los cuales se detectaron diversas irregularidades que condujeron a calificarlos de apócrifos, permitiendo concluir en la falta de veracidad de las operaciones que se registran con los proveedores observados.
En base a lo expuesto, señala que corresponde entonces a la contribuyente demostrar la existencia de la operación cuya facturación se encuentra emitida a su nombre y que no logró acreditar, ni lo logra en la instancia presente a tenor de los medios probatorios ofrecidos, todos dirigidos a cuestiones formales que ya obran en las actuaciones administrativas. En este orden de ideas, destaca que no existe prueba directa que compruebe la realidad fáctica que invoca, más allá de los elementos formales acompañados por su propia existencia y sin el respaldo correspondiente.
Luego con relación al planteo de las reducciones establecidas por el art. 49 de la ley de rito, señala que no corresponde en tanto no se ha rectificado ni conformado ajuste alguno en las actuaciones.
Finalmente, respecto del agravio relativo a la calificación de la conducta desplegada por la contribuyente, sostiene que no existe ningún elemento que permita exonerar la responsabilidad sobre su accionar, por lo cual se encuadró la conducta desplegada en la figura de defraudación prevista en el artículo 46 de la Ley N.º 11.683, no correspondiendo su reencuadre en el art 45 del mismo plexo legal.
Por las razones expuestas, solicita que se rechace el recurso interpuesto por la recurrente, confirmando en todas sus partes las resoluciones recurridas, con expresa imposición de costas a la parte actora. Brinda los antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que mediante PV-2021-90565827-APN-VOCXII#TFN se abre a prueba el expediente haciendo lugar a la prueba pericial contable propuesta por la actora. Que en IF-2022-35683331-APN-DTD#JGM obra el informe elaborado por los peritos contadores designados. A través de PV-2022-42875823-APN-VOCXII#TFN se declara cerrado el período de instrucción.
En efecto, mediante la PV-2022-116537195-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. En IF-2022-123082487-APN-DTD#JGM obran los alegatos del Fisco Nacional y a IF-2022-126937718- APN-DTD#JGM los de la recurrente. Finalmente, en el IF-2023-17940324-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia IV.- Que por una cuestión de lógica procedencia, corresponde referirse al planteo de nulidad opuesto por la recurrente.
Que en lo estrictamente formal, la resolución recurrida, satisface los requisitos estatuidos por el artículo 7° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Que tampoco se acreditó la falta de salvaguarda del derecho de defensa alegado por la actora por cuanto quedó acreditada la toma de vista de las actuaciones en tiempo y forma durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el Estado Nacional que disponía el ASPO (AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO). Asimismo, en esta instancia se han arbitrado todos los medios propuestos por la recurrente para satisfacer su debido derecho de defensa en juicio. Por otro lado y toda vez que tanto en los actos administrativos de vista como así también en las resoluciones determinativas aquí apeladas se han consignado de manera concreta y razonada la causa y la motivación del procedimiento, no concurriendo así las circunstancias planteadas por el art. 14 de la Ley Nº 19.549 como las causales de nulidad absoluta, cabe rechazar el planteo bajo trato, no debiéndose imponer costas a su cargo, en virtud que tal defensa fue interpuesta como otro agravio más, sin otorgársele el carácter de previo y especial pronunciamiento.
V. Que ello así, cabe establecer si las resoluciones apeladas en autos, se ajustan o no a derecho, considerando los agravios planteados por la actora, respecto a las determinaciones de oficio practicadas.
Que la recurrente declara la actividad de “Servicios Personales N.C.P.” e “Instalaciones de ascensores, montacargas y escaleras mecánicas” y cierra su ejercicio comercial al 31 de diciembre de cada año. Que en las presentes actuaciones el Fisco Nacional cuestiona el cómputo de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado y la deducción de gastos en el Impuesto a las Ganancias, atento haberse detectado serias irregularidades en relación a una serie de proveedores con los que se efectuaron las operaciones cuestionadas. Que ello así, en las presentes actuaciones se realizaron tareas tendientes a verificar las operaciones efectuadas con los proveedores: Cambiagno Miguel Angel, Costilla Hector Alberto, Etcheverry Cesar Ariel, Enriquez Luis Roberto, Hujarshi Perasso Eduardo Raul y Agro Comercio y Servicios Rougut S.A., los cuales al no tener respaldo económico para soportar la actividad, y al presentar irregularidades fueron declarados como apócrifos, por lo que el ente fiscal impugnó los créditos fiscales computados en el Impuesto al Valor Agregado y los gastos deducidos en el Impuesto a las Ganancias vinculados a la actora.
Que en virtud de ello, resulta oportuno mencionar las irregularidades detectadas con relación a los proveedores impugnados:
- Cambiagno Miguel Angel: Se encuentra incluido en la Base E–Apoc., bajo la condición de “Sin capacidad financiera”. La actividad registrada es “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas.” no obstante ello, de las facturas presentadas por la recurrente a nombre de “CAMBIAGNO, Miguel Ángel” como proveedor, surge la compra de materiales tales como cables y perfiles de acero. No aporta elemento alguno de la forma de cancelación de las referidas operaciones de compra/venta de materiales. A su vez no se acreditó el transporte de la mercadería hasta la ciudad de Mar del Plata, habida cuenta que Cambiagno declara domicilio fiscal y real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como domicilio alternativo en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
No presenta declaraciones juradas del impuesto a las ganancias desde el período fiscal 2014, único período donde se declaró impuesto determinado. Registra presentación de declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado hasta el período fiscal junio de 2016, surgiendo únicamente pagos en el año 2012. No registra empleados en relación de dependencia. No se informan retenciones ni percepciones. Posee como único bien registrable una moto marca Zanella; Registra acreditaciones bancarias hasta el año 2009 y durante el año 2017, por montos poco significativos. - Costilla Héctor Alberto: sujeto incluido en la Base E–Apoc., bajo la leyenda “Sin capacidad económica”. Conforme surge del informe final de inspección (Pág. 114-116 del IF-2021-43775706-APN-DTD#JGM) no pudo ser contactado personalmente en su domicilio fiscal, el cual se trata de una vivienda humilde en un barrio de escasos recursos, como tampoco en el domicilio informado como comercial, el cual consiste en un galpón que se encuentra sin actividad.
No posee rodados o inmuebles. No posee acreditaciones bancarias. Registra inscripción en las actividades de construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, servicios de transporte automotor de cargas, servicios de mensajería y venta al por mayor en comisión o consignación de madera y materiales para la construcción; por el impuesto a las ganancias presentó una declaración jurada en cero. Las facturas emitidas consignan múltiples actividades de servicios, sin contar con personal para realizar los presuntos servicios facturados. Finalmente en el Régimen Informativo de Compras y Ventas, informó operaciones de venta por un total de $34.564.284,84 desde enero de 2015 a agosto de 2015, mientras que sus compras durante el mismo período fueron de tan solo de $ 3.690,50, conforme a lo declarado por terceros en citado régimen.
En el caso de autos, se trata de una sola factura registrada en el subdiario IVA–Compras de ASCENSORES ARES SRL en el mes de enero de 2015, no pudiéndose obtener copia de la misma por lo que se desconocen los conceptos facturados y su forma de cancelación. La fiscalización concluyó que Héctor Alberto Costilla no posee características de una empresa en marcha, con la suficiente capacidad económica para realizar las ventas que declara. En suma el comprobante registrado por ASCENSORES ARES SRL, no fue suministrado por la recurrente ni informado ni acreditada la forma en que se habría cancelado la misma.
- Etcheverry, Cesar Ariel: sujeto incluido en la Base E–Apoc., también bajo la condición de “Sin capacidad económica”. Se encuentra inscripto en las actividades de venta al por menor de pan y productos de panadería y servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías. Facturaba servicios de flete y logística por montos significativos prestando servicios de fletes de bienes de gran volumen que la fiscalización consideró que difícilmente pudieron haber sido trasportados con un vehículo de las características de un Furgón, siendo éste el único tipo de rodado que posee a su nombre. Tiene un único movimiento en su cuenta bancaria en el año 2000. Los cheques recibidos por el pago de servicios fueron cobrados por terceros ajenos a la operatoria comercial, quienes además lo desconocieron; no puede determinarse la incurrencia de costos relacionados a la prestación de servicios de transporte, como ser combustibles o arreglos de automotor, acordes a las operaciones realizadas; Las principales compras realizadas, según lo informado por terceros, corresponden a productos alimenticios; no declara –como personal en relación de dependencia– a la persona que los usuarios de los comprobantes informaron como chofer y tampoco era de su propiedad el vehículo con el que los usuarios de los comprobantes informaron que transportó la mercadería en los períodos en los que se realizaron las prestaciones de servicios; No registra pagos significativos por ningún impuesto; ninguno de los contribuyentes circularizados (supuestos clientes) aportaron remitos, cartas de porte u hojas de ruta, como así tampoco lo hizo el propio supuesto proveedor Cesar Ariel ETCHEVERRY; no registra y no declara en el Régimen Informativo de Compras y Ventas RG (AFIP) N.º 3685/14, las facturas emitidas a su nombre por el servicio de flete; En el caso de autos, ASCENSORES ARES SRL aporta copia de las facturas registradas a nombre del supuesto proveedor, observándose que los conceptos facturados fueron “logística y distribución”, y recibos de pagos por la cancelación de las mismas, pero sin detalle de la forma o medio utilizado para dicha cancelación.
En suma, ante los resultados de la verificación efectuada, la fiscalización consideró que Cesar Ariel ETCHEVERRY no tiene una estructura ni los bienes necesarios que permitan considerar que los servicios facturados hayan sido efectivamente prestados por el citado proveedor, no pudiendo probarse la vinculación de dichos servicios con el efectivo desarrollo de la actividad de ASCENSORES ARES SRL.
- Enriquez, Luis Roberto: Se encuentra incluido en la Base Apoc. No posee rodados, inmuebles. No registra pagos a gravámenes ni presentación de declaraciones juradas con excepción del impuesto al valor agregado solo por los períodos julio de 2014 a mayo de 2015, siendo su relación débito/crédito inferior a 1,05. No dispone de información bancaria. No posee empleados en relación de dependencia. según lo declarado por terceros, en el Régimen Informativo de Compras y Ventas RG (AFIP) N.º 3685/14, durante el período fiscal 2015 tuvo ventas por un monto total de $ 23.855.834,84, sin registrar compra alguna en dicho período.
- Hujarshi Perasso, Eduardo Raul: Incluido en la Base Apoc. No pudo ser localizado (vide Informe Final de Inspección obrante a pag. 110/111 del IF-2021-43775706-APN-DTD#JGM). El organismo observa que no se encuentra acreditada la adquisición, por parte de HUJARSHI PERASSO, de los materiales que posteriormente habría vendido a ASCENSORES ARES SRL. Presenta declaraciones juradas de impuesto a las ganancias hasta el período fiscal 2013 y en el impuesto al valor agregado presenta declaraciones juradas de enero de 2007 a diciembre de 2013, todas sin movimientos. No se observan pagos de gravámenes desde 2005 a la fecha. No posee inmuebles ni rodados. Acreditaciones bancarias en el año 2014. No posee empleados en relación de dependencia Durante los años 2015 y 2016, no declara compras en el Régimen Informativo de Compras y Ventas RG (AFIP) N.º 3685/14, ni fue informado por terceros –en dicho régimen– como comprador.
En suma, la fiscalización considera que no posee la suficiente capacidad para realizar las ventas que Ascensores Ares declara. - AGRO COMERCIO Y SERVICIOS ROUGUT S.A: Incluido en la Base Apoc bajo la leyenda “Sin capacidad financiera”. Se encuentra inscripta en las actividades de venta al por mayor y empaque de frutas, de legumbres y de hortalizas frescas, venta al por mayor de frutas, legumbres y cereales secos y en conserva, venta al por mayor de combustible y lubricante para automotores, lubricantes, leña y carbón, excepto gas licuado y combustibles, elaboración de hormigón, construcción, reforma y reparación de edificios no residenciales, venta al por menor de materiales de construcción y cultivo de bulbos, brotes, raíces y hortalizas de fruto; No obstante esas actividades la firma adquirió con Agro comercio y Servicios Rougut S.A. materiales utilizados en la construcción de ascensores, tales como cables y perfiles de acero, no aportándose documentación alguna relativa a los fletes necesarios para trasladar de los mismos desde su domicilio fiscal en Bahía Blanca hasta la ciudad Mar del Plata.
No hay información de compras efectuadas por esta supuesta proveedora para adquirir los insumos que posteriormente le vendió a ASCENSORES ARES SRL. Nunca se aportaron los medios de pagos de cancelación de tales facturas. no posee bienes registrables a su nombre. no resulta ser titular de cuentas bancarias. No registra pagos de gravámenes. se encuentra inscripto como empleador con una nómina salarial de cuatro (4) empleados al 07/06/2017, sin registrar ingreso de importe alguno por cargas sociales. Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2013 a 2017 fueron presentadas o bien con quebrantos o con ganancia poco significativos y en el impuesto al valor agregado presenta declaraciones juradas con saldo cero o a su favor.
Por consiguiente, se concluye que estamos en presencia de evidentes indicadores de insolvencia y falta de capacidad y/o estructura para desarrollar las actividades declaradas.
Que de las actuaciones administrativas se observa que no poseían las estructuras económicas financieras y operativas necesarias para desarrollar la actividad denunciada o ésta era distinta al bien facturado, entre otros motivos mencionados con anterioridad; todo lo cual conlleva a verificar la inactividad que presentan estos proveedores, puesto que no sólo en ningún momento se aportaron los recibos de pago por las supuestas compras efectuadas, sino que tampoco hay información sobre como movilizó las supuestas compras hasta su domicilio fiscal o documentación respaldatoria para verificar sus dichos.
Que asimismo, de la propia información brindada por la recurrente, se verificó la compra –por montos significativos y en los mismos períodos– a otros proveedores –con locales comerciales en la ciudad de Mar del Plata–de los mismos insumos que adquirió a los proveedores observados.
Que se establece que para que la documentación sea idónea y posea entidad suficiente para generar crédito fiscal, debe encontrar sustento en la realidad fáctica de las operaciones, es decir debe ser válida tanto desde el punto de vista formal como material para reflejar la real operación económica que pretende documentar.
Que en efecto, cabe tener en especial consideración que los proveedores impugnados no pudieron entregar los materiales utilizados en la construcción de ascensores, tales como cables y perfiles de acero puesto a que los mismos no disponen de una estructura operativa, económica y financiera para realizar dicha actividad. Toda vez que algunos domicilios resultaron inexistentes o desconocidos, no presentaron declaraciones juradas o éstas fueron presentadas en cero. En adición, se encontraron inconsistencias en los medios de pago y los proveedores fueron detectados como inexistentes luego de ser fiscalizados.
Que por otra parte y si bien la recurrente sostiene en su defensa que las facturas que instrumentan las operaciones cumplen con la normativa vigente; que ninguna norma impone a su cargo el deber de constatar el cumplimiento que el proveedor dé a sus obligaciones fiscales; señalando a su vez que los proveedores cuestionados no se encontraban incluidos en la Base Apoc al momento de la operación, dicho argumento debe ser rechazado en virtud de que esta circunstancia no implica que posean capacidad operativa para operar; es decir, la sola inclusión por sí misma no constituye el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se le debe agregar las restantes constataciones efectuadas por el personal fiscalizador. En consecuencia, no resulta suficiente el cumplimiento de los recaudos formales, sino que también es necesario la consumación del aspecto material referido a la existencia de las operaciones. (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que en cuanto al agravio esgrimido por la recurrente, relacionado con la inexistencia de planteo por parte del fisco tendiente a probar la veracidad de las operaciones impugnadas, quedó evidenciado que dicho organismo perpetró numerosas tareas destinadas a comprobar tales operatorias y que no obstante ello, la actora no ofreció los medios probatorios adecuados para arribar a un acabado análisis de la cuestión debatida en autos. Que tampoco puede ignorarse el caso de los proveedores Cambiagno Miguel Angel, Agro Comercio y Servicios Rougut S.A. y Eduardo Raúl HUJARSHI PERASO quienes se encontraban inscriptos en actividades de distinta naturaleza a las facturadas por lo que la discordancia entre la naturaleza de las actividades declaradas y los servicios facturados constituyen una anomalía que demuestra la falta de veracidad de las operaciones aquí cuestionadas, tampoco probaron la forma de cancelación de las supuestas operaciones ni el transporte a la ciudad de Mar del Plata de los materiales que rezan los comprobantes impugnados como adquiridos al mencionado sujeto, sin que la recurrente brinde explicaciones al respecto, limitándose a manifestar que no se le pueden adjudicar incumplimientos de terceros. Asimismo sobre el proveedor Héctor Alberto Costilla, la actora nada ha dicho en ninguna de las etapas del presente proceso. En cuanto a Etcheverry, Cesar Ariel entre otras inconsistencias, se observó que no posee los rodados necesarios para llevar a cabo las prestaciones de servicio facturadas, ni demostró costos relacionados con tales prestaciones de transporte como pueden ser combustibles o arreglos automotores. En consecuencia dicha situación, unida a la poca descripción del modo de pago de las facturas examinadas, conduce a confirmar la pretensión fiscal, por cuanto ésta se funda en indicios graves y concordantes que impiden tener por acreditada la existencia de las operaciones consignadas en tales facturas, sin que obste a ello el hecho de que los documentos respectivos cumplan los requisitos formales de facturación” (Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Floriner S.A.”, sentencia del 10/12/2013).
Que según la prueba pericial contable ofrecida por la actora, agregada en IF-2022-35683331-APN-DTD#JGM se verifican los cumplimientos formales de la facturación emitida, y que la fecha de emisión fue previa a la inclusión en la base E-Apoc de los proveedores impugnados. No obstante ello, cabe destacar que de la misma no surgen los remitos emitidos por los proveedores, ni nada dice acerca del método de pago efectuado a los fines de cancelar las facturas bajo análisis. Que lo expuesto, pone de relieve que la actora no aportó probanzas adecuadas para discernir el criterio fiscal, por lo que corresponde proceder a su confirmación.
Del análisis efectuado en esta instancia surge que la recurrente no aportó elementos de convicción que permitan descalificar las objeciones realizadas por el Fisco Nacional con relación a los proveedores impugnados, en particular respecto a la falta de capacidad económica y operativa constatada, así como tampoco acercó a la causa, en forma subsidiaria, documentación y/o evidencias que llevaran a demostrar que los bienes existieron, que los mismos eran pertinentes y que estaban relacionados con la actividad gravada. Dicha convicción conduce a sostener que los proveedores bajo análisis no resultaban hábiles para ser generadores de créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado en manos de Ascensores Ares S.A. Por lo tanto, corresponde confirmar el criterio fiscal adoptado, como así también en el Impuesto a las Ganancias; toda vez que al no obrar en autos constancias que permitan tener por acreditada la veracidad del vínculo con las firmas proveedoras -en orden a permitir la deducción del gasto/costo en el gravamen bajo trato-, ni demostrar la existencia y la función pertinente que los proveedores cumplen o cumplieron en la actividad gravada, corresponde desestimar el agravio sobre la deducibilidad de bienes y servicios, y en consecuencia confirmar los ajustes practicados en dicho tributo con costas.
VI. Que corresponde resolver si las multas aplicadas se ajustan a derecho.
Que el artículo 46 citado dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido” (texto vigente al momento de los hechos).
Que, no resulta ocioso advertir que la previsión legal contenida en el artículo 13 de la Ley Nº 11.683 señala que "la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad."
Que en el caso, queda consumado el elemento objetivo de la evasión dispuesta en virtud de la detección de operaciones con proveedores presuntamente apócrifos, habiéndose imputado en exceso crédito fiscal, o bien abultando el gasto/compras para su deducción, que luego se impugnó, por lo que al presentar declaraciones juradas en defecto se confirma el aspecto material de la sanción.
Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
Que cualquiera de las presunciones establecidas en el art. 47 de la Ley N° 11.683 admiten prueba en contrario y en tal sentido es resorte de la actora proponer y ofrecer las pruebas que hagan a su derecho a fin de desvirtuar las afirmaciones vertidas por el ente recaudador. Por su parte, el art. 47 de la citada ley consagra que “Se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:... b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso.” Que al no haberse aportado elementos que justifiquen apartarse del encuadre jurídico dado por el juez administrativo a las conductas del aquí apelante, corresponde disponer la confirmación de las multas aplicadas en el Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VII. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que debido a que la recurrente no formuló agravios sobre los mismos, corresponde su confirmación.
VIII. Que en virtud de los argumentos desarrollados en los considerandos IV a VII, corresponde confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
Las Dras. Gómez y O´Donnell dijeron:
Que adhieren al voto del Vocal instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 222.916 (Pesos doscientos veintidós mil novecientos dieciséis) equivalente a 21,43 (veintiuno con 43/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 557.290 (Pesos quinientos cincuenta y siete mil doscientos noventa) equivalente a 53,59 (cincuenta y tres con 59/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las tres etapas procesales y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inciso b) y 51 de la Ley Nº 27.423, Acordada N° 25/2022 (08/09/22) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
3. Regular los honorarios del Dr. Miguel Ángel Tregob, por su actuación como perito contador designado a propuesta del Fisco Nacional en la suma de $ 149.242 (Pesos ciento cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos) equivalente a 14,35 (catorce con 35/100) UMA respectivamente, los que quedan a cargo de la actora teniendo en cuenta a tales fines la labor desarrollada en la pericia practicada en autos y el monto del litigio.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA.
Regístrese, notifíquese, y archívese. -
Date: 2023.02.24 08:46:58 -03:00 Date: 2023.02.24 10:47:48 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.24 11:11:59 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.24 11:12:00 -03:00
Fin de la sentencia