Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 24521-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 3/6/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN).
2Dejar sin efecto la regulación de honorarios apelada en atención a la solución que se propicia, por lo que deviene innecesario el tratamiento de la apelación deducida.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
ASEA BROWN BOVERI SA (TF 24521-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 403/408, el Tribunal Fiscal de la Nación: 1) Confirmó el artículo 1º de la Resolución DE PRLA nro. 1227 dictada en la Actuación nro. 12034-73-2008, en cuanto impuso a la firma ASEA BROWN BOVERI SA una multa de $3 .745,55 por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, en relación con el DIT nro. 99 073IT14 002068C. 2) Confirmó parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA nro. 1227, declarando que la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística, factor de convergencia e IVA adeudado, que asciende a $1.496,01 más CER, con más los intereses del art. 794 del CA que deben calcularse desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista el 30/9/2003, hasta la fecha de su efectivo pago. Con costas a la vencida. 3) Revocar parcialmente el art. 3º de la Resolución antes indicada con relación a los rubros del derecho adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas por su orden.-
II.-Que la parte actora interpuso recurso por ante este tribunal a fs. 414/422 y expresó agravios a fs. 442/450, los que no fueron contestados por su contraria. A fs. 451/452 se regularon honorarios, habiendo apelado la actora a fs. 456/457. El 16/5/2024 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 25/6/2024 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que se agravia la parte actora en la medida en que el Tribunal Fiscal de la Nación no consideró acabadamente el agravio relativo a la excesiva dilación del procedimiento en la instancia administrativa, convalidando el reproche infraccional como el reclamo tributario realizado por la aduana transcurridos 22 años desde la fecha de destino de la destinación de importación temporaria 99 073 IT14 002068C. Alta en sistema: 15/11/2024 En definitiva solicita la aplicación de la doctrina sentada por la CSJN en la causa “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, sentencia del 26/6/2012.- IV.-Que sobre el punto, explicitó el Sr. Fiscal General: “…la Corte Suprema de Justicia analizó la razonabilidad de la duración de la tramitación de procedimientos administrativos infraccionales, a la luz de la garantía de la defensa en juicio, prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y al derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable, contemplado en el artículo 8º inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y concluyó que su duración fue irrazonable, e incompatible con el derecho al debido proceso. La aplicación de las pautas de dicho precedente al caso de autos, promovido por una persona no amparada por la citada Convención, encuentra igualmente sustento en el artículo 18 de la Constitución Nacional que fuera considerado como fuente de la citada garantía por el Alto Tribunal”.-
V.-Que en cuanto aquí interesa y lo afirma la actora en su expresión de agravios, la aduana denunció a la compañía por la supuesta comisión prevista y penada por el artículo 970 del CA por el total de la mercadería importada temporariamente; abriéndose el sumario con fecha 14/7/2003; la corrida de vista fue contestada en tiempo y forma; resolviéndose el 25/3/2008 condenar a la firma actora por la supuesta infracción tipificada en el art. 970 ya citada. Habiendo sido notificada la accionante el 25/3/2008 de la referida resolución, aquella apeló el 2/5/2008 ante el Tribunal Fiscal de la Nación.-
Asevera la recurrente que el DIT que resulta ser objeto de investigación en el sumario data del 14/10/1999, con vencimiento el 7/10/2001 y la resolución del sumario se dictó en el año 2008.-
Sin perjuicio de ello, transcurridos 15 años desde la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, este resolvió la cuestión el 28/9/2023, lo que a criterio de la accionante ha superado ampliamente el plazo razonable de duración de las actuaciones sumariales tenido en consideración por la CSJN en el precedente más arriba mencionado.-
VI.-Que cabe recordar que en la causa “Losicer” el Alto Tribunal analizó la razonabilidad de la duración de la tramitación de un sumario administrativo –que se extendió hasta casi Alta en sistema: 15/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V veinte años después de acaecidos los hechos- a la luz de la garantía de defensa en juicio (art. 18 C.N.) y al derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable (art. 8, inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya jerarquía constitucional está reconocida en el art. 75 inc. 22 de la C.N.).-
Entendiendo que el carácter administrativo del procedimiento no obsta a la aplicación de los derechos y garantías anteriormente citados y que el Estado (y todos sus órganos), en tanto es parte de la mencionada Convención, está obligado a tomar resoluciones que se ajusten a las garantías del debido proceso, la CSJN analizó distintas pautas para la determinación de un plazo razonable.- Finalmente concluyó, al considerar que no existía ninguna pauta que justificara la dilación que tuvo el sumario, que la duración del referido fue irrazonable siendo incompatible con el derecho al debido proceso (art. 18 de la CN y art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).-
Más allá de la autoridad moral y no obligatoria de las decisiones de la CSJN que son para el caso concreto y particular, las consideraciones allí vertidas deben tenerse en cuenta al momento de analizar la razonabilidad de la duración del plazo del procedimiento por ante el organismo jurisdiccional administrativo.- VII.-Que en el caso sub examine, los plazos excesivos de duración en la tramitación tanto en sede administrativa como ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se encuentran acreditados conforme la reseña efectuada en los considerandos anteriores.-
VIII.-Que el art. 1143 del CA establece que: “El Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria…”.- La presente disposición se aparta del sistema dispositivo, adoptándose el impulso de oficio y la facultad de resolver la controversia, independientemente de lo alegado por las partes. Así, en virtud del principio inquisitivo o de oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar que se practique toda diligencia que sea conveniente para el esclarecimiento de la verdad y la justa resolución de la cuestión planteada (Alsina Mario A.; Alta en sistema: 15/11/2024 Barreira, Enrique C; et al., “Código Aduanero Comentado”, Tomo III, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pag. 674). En base a lo expuesto y toda vez que la impulsión ante ese organismo es, en principio, de oficio, se concluye que la inactividad ante el referido organismo le es imputable al Tribunal Fiscal de la Nación.-
IX.-Que cabe agregar que las atribuciones del Tribunal Fiscal de la Nación, tanto en materia aduanera como impositiva, superan las propias del juez contencioso administrativo ya que, entre otras facultades, puede resolver sobre cuestiones que no han sido planteadas por las partes y su creación se debió a la necesidad de obtener una resolución rápida en un organismo especializado, propio de la Administración Pública; lo que, obviamente, no ha tenido lugar en el caso de autos.-
X.-Que por lo antes expuesto y oído el Sr. Fiscal General, CORRESPONDE: 1) Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 3/6/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios apelada en atención a la solución que se propicia, por lo que deviene innecesario el tratamiento de la apelación deducida.
ASÍ VOTO.-
El Señor Juez de Cámara, Dr. Jorge F.
Alemany dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos, cabe remitir a lo manifestado por el Dr. Pablo Gallegos Fedriani en los considerandos I a V de su voto.-
II.-Que corresponde examinar el agravio de la parte actora relativo a que el proceso se habría extendido excediendo el “plazo razonable”, de modo tal que a su entender no correspondería que le fueran exigidos los tributos ni la multa que se debaten en la presente causa.-
Al respecto, corresponde señalar que el principio del “plazo razonable” de duración de los procesos es aplicable a toda índole de procedimientos pero, sobre todo, al proceso penal con la finalidad de que el sujeto que se encuentra bajo tratamiento legal no permanezca largo tiempo bajo acusación y asegurar que la causa se decida prontamente.-
Alta en sistema: 15/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Dicho concepto fue asimismo aplicado a los procedimientos infraccionales y; en tal sentido, se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de L. 216 XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26 de junio de 2012, respecto del procedimiento ante el Banco Central de la República Argentina y; en el precedente de Fallos 334:1264, en cuanto al procedimiento infraccional ante el servicio aduanero, que en ese caso se había extendido durante 23 años.-
En los presentes autos, no se halla controvertido que la parte actora está obligada a responder por los tributos y la multa que le fueron exigidos como consecuencia del incumplimiento del régimen de importación temporal relativo al despacho de importación temporal 99 073 IT14 002068 C.-
La demora en la tramitación de la causa ante el Tribunal Fiscal que plantea la parte actora ante esta instancia se produjo, en buena medida, por circunstancias reprochables a esa parte. Nótese que la causa fue iniciada ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 2° de mayo de 2008 y que; dentro del plazo legal fijado a tal efecto, el 3° de septiembre de 2008, el Fisco contestó el recurso y acompañó las actuaciones administrativas.-
El Tribunal Fiscal dispuso la apertura de la causa a prueba el 25 de marzo de 2014. Es decir que, hasta ese momento en que fue proveída la prueba ofrecida por la parte actora, aquella se mantuvo inactiva (a excepción de un escrito de autorización presentado en noviembre de 2009) por un período que se extendió 5 años y medio.- Luego, diligenció el oficio ordenado, en dos oportunidades, (en abril y noviembre de 2014). De la última de las respuestas obtenidas se corrió vista a las partes el 18 de marzo de 2015, no habiendo formulado ninguna manifestación al respecto. Posteriormente, el Tribunal Fiscal dispuso el cierre del período probatorio el 3° de enero de 2023 y puso los autos para alegar el 31 de julio de ese mismo año. Es decir que la parte, nuevamente, se mantuvo inactiva (a excepción de dos cambios de domicilio, uno en el año 2016 y otro en 2020, y la renuncia y presentación de nuevos patrocinantes en diciembre de 2020) por un período que se extendió casi 8 años.-
Del relevamiento efectuado se advierte que la inacción de la apelante en el trámite ante el Tribunal Fiscal impiden Alta en sistema: 15/11/2024 concluir que se hallen cumplidas las condiciones para afirmar que el plazo de duración del procedimiento se extendió durante un plazo irrazonable. No cabe concluir lo contrario so pretexto de que el Tribunal Fiscal “…impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos…”, de conformidad con lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero.-
En tal sentido, y a contrario de lo expresado por el juez preopinante, considero que la violación a la garantía de ser juzgado dentro de un plazo razonable no surge de la constatación automática con un plazo “ideal” determinado, sino del examen particularizado de las circunstancias de cada caso, y eso impide, precisamente, convalidar las conductas omisivas de la parte interesada en obtener un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, que desnaturalizan el procedimiento.-
Al respecto, en el Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 338:1538 se expresó que “…la determinación judicial de que en un caso concreto se ha violado el derecho fundamental de una persona a ser juzgada en un plazo razonable no es el resultado de una simple contrastación con un término elegido en abstracto. Antes bien, ella exige una indagación detallada de los pasos de tramitación concretos que explican el retraso del procedimiento a fin de evaluar si el acusado ha sido víctima de ‘la injusticia de una indefinición que atenta contra la garantía constitucional de la defensa enjuicio’ (cf. Fallos: 327:327; el texto citado corresponde a la disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano en Fallos: 322:360, considerando 20)”.-
Precisamente, y al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia”, del 27 de noviembre de 2008 (entre otros) estableció que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales.-
Por ende, la interpretación propiciada en el voto precedente, en la que se afirma que la duración del procedimiento habría excedido las pautas de “plazo razonable” implicaría, en los hechos, la convalidación de conductas omisivas y poco diligentes por parte del interesado, lo que resulta inadmisible.-
Alta en sistema: 15/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Por lo demás, la conducta activa en materia procesal que se le exige al interesado, únicamente encuentra una excepción en las imputaciones penales, toda vez que el interesado no debe estar requerido a demostrar su inocencia, por el contrario, el Estado tiene la obligación de probar su culpabilidad o inocencia dentro de un plazo razonable, extremo que no se verifica en la presente causa (cfr., en sentido concordante, mi voto en la causa nº 3065/2020, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6 de mayo de 2021.-
En consecuencia, considero que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).-
III.-Que, respecto del recurso de apelación interpuesto contra la regulación de honorarios practicada a favor del Fisco, y de acuerdo con la base regulatoria, la cantidad de etapas cumplidas, y el carácter en el que actuó la representación fiscal, corresponde rechazar el recurso interpuesto por la parte actora, y confirmar los honorarios regulados a fs. 451 y vta (cfr. artículos 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839).-
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmar la regulación de honorarios de fs. 451 y vta. 3) Regular los honorarios de la representación fiscal por las actuaciones cumplidas ante esta instancia en 0,5 UMA, equivalentes a 30 .389,5 pesos, de acuerdo con los arts. 16, 19, 20, 21, 29 y 44 de la Ley Nº 27.423 y de la Resolución SGA nº 2575/24).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos me remito a lo expuesto en el voto del Dr. Gallegos Fedriani.-
II.-Que asimismo adhiero a las consideraciones formuladas en ese voto, y a la solución que allí propone en cuanto al fondo del asunto. Al respecto, estimo pertinente agregar las siguientes precisiones.
Alta en sistema: 15/11/2024 II.1.-En cuanto a la aplicación al caso de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Losicer” (Fallos: 335:1126), cabe recordar que, en esa oportunidad, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación en sede administrativa había excedido del plazo razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal; art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”). Además, señaló que “[…] el ‘plazo razonable’ de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado en la decisión” (cfr. “Bonder Aaron”, Fallos: 336:2184).
II.2.-De los antecedentes de la presente causa surge que la destinación de importación temporaria (DIT) objeto de autos data del año 2001; la apertura del sumario del 14/07/2003; la resolución condenatoria del 25/03/2008, y el recurso ante el Tribunal Fiscal del 02/05/2008 (v. fs. 10 del expediente administrativo; fs. 122/128, y 131/134 de las presentes actuaciones), habiendo transcurrido 15 años en la tramitación de la causa ante el referido Tribunal a quo, y un total de 20 años si se tiene en cuenta la fecha de apertura de sumario.
De lo expuesto, resulta que en el caso se ha vulnerado la garantía del plazo razonable en relación con la parte actora (art. 18 CN en concordancia con art. 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica), ya que ha existido una demora excesiva en el impulso del procedimiento teniendo en cuenta que no se trata de una cuestión compleja. II.3.-Cabe aclarar que si bien un punto del mencionado test utilizado por la CSJN en el precedente “Losicer” remite al Alta en sistema: 15/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V análisis de “la actividad procesal del interesado”, lo cierto es que, tal como surge del voto al que adhiero, el artículo 1143 del CA determina que el Tribunal de la Nación “[…] impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes […]”. Es decir, tal como se desprende de la norma transcripta, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, pues el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13/09/95; y en sentido concordante Expte. N° 44067/2022 “Chubb Argentina de Seguros SA (TF 31521-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 08/11/2022). Ello permite poner en contexto el hecho de que con arreglo al estándar de “Losicer”, la conducta de la autoridad con funciones jurisdiccionales también es relevante y, en el caso, le imponía actuar diligentemente a fin de dirigir el proceso hacia su fin natural, que es la sentencia, máxime al no advertirse que se trate de un asunto de especial complejidad o que haya sido la actuación procesal de la actora la que haya interferido en el normal desarrollo de los procedimientos.
Al respecto, de las constancias de la causa surge que luego de que la parte demandada contestara el traslado del recurso inicial, el Tribunal a quo, quien debía impulsar el proceso de acuerdo a lo previsto en el citado artículo 1143 del CA, demoró casi 6 años en abrir la causa a prueba (v. fs. 152 y 158 de las presentes actuaciones) y 15 años en dictar sentencia.
II.4.-En consecuencia, atento a la doctrina establecida por la CSJN en el precedente “Losicer” en cuanto a la garantía del plazo razonable; lo previsto por el artículo 1143 del CA, el principio que rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal, y el tiempo transcurrido desde la apertura del sumario (20 años) sin que dicha demora sea imputable a la accionante, corresponde hacer lugar al recurso de la parte actora y revocar la resolución apelada, con costas a cargo de la demandada. III.-Que adhiero al voto del Dr. Gallegos Fedriani en cuanto propone dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, atento a la forma en que se decide.
Alta en sistema: 15/11/2024 ASÍ VOTO.
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, por mayoría SE RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de la parte actora y, en consecuencia, revocar el decisorio del 3/6/2019 del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas en ambas instancias a la demandada perdidosa (arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN). 2) Dejar sin efecto la regulación de honorarios apelada en atención a la solución que se propicia, por lo que deviene innecesario el tratamiento de la apelación deducida.-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany (en disidencia)
Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 15/11/2024
Fin de la sentencia