Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 40113-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, revocar la resolución del 16/9/2022 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, disponer el reenvío del expediente a la instancia anterior a efectos de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora; e
2Imponer las costas por la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como ante esta instancia judicial, relativas a la cuestión aquí debatida y resuelta, a cargo de la aseguradora.
Buenos Aires, 9 de junio de 2023.-
VISTOS estos autos 5146/2023 “Aseguradora de Caución SA Cía de Seguros - TF 40.113-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros interpuso recurso de apelación por ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra la disposición AD CORD 292/2018, del 16/3/2018, por medio de la cual el administrador de la Aduana de Córdoba intimó a ME- PROMAES SA al pago de la suma de U$S1111,65, con más intereses en los términos del artículo 1092 del Código Aduanero, en concepto de tributos que gravarían la importación para consumo de la mercadería involucrada en el DIT “12 017 1T14 000233 A”, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal en los términos del artículo 1122 del Código Aduanero.
Cabe destacar que la recurrente era la garante de la operatoria en cuestión, conforme la póliza de seguro de caución 877651. En este sentido, al tiempo de apelar, dejó sentado que si bien el acto atacado no disponía una expresa intimación a su parte, encontrándose la importadora en concurso preventivo, fue notificado de lo decidido el 5/4/2019, en su carácter de garante de la importación temporal objeto de investigación, comunicación que daba cuenta que el Fisco Nacional intentaría ejecutar la póliza, bajo apercibimiento de su ejecución forzada, conforme lo normado por el artículo 1122 del Código Aduanero. Al fin de invalidar lo actuado administrativamente, la aseguradora, en sustancial síntesis, planteó:
-la omisión de la AFIP - DGA de cumplir con lo normado por el artículo 1094 del Código Aduanero, resultando nulo todo lo actuado “desde el auto de instrucción” (sic), omitiendo correr vista a la importadora del procedimiento en curso y otorgarle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa;
-su estado de indefensión por haber entrado en concurso preventivo la importadora entre el vencimiento de la destinación temporal y haber sido notificada de la resolución aduanera impugnada, encontrándose impedida de recuperar suma alguna de dinero a la que se viera obligada de pagar por su asegurada;
-la aplicación en autos de la doctrina resultante del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Losicer”; -la nulidad de la notificación cursada por indicar otro acto (disposición AD CORD 172/2018) y finalmente adjuntar copia de la disposición AD CORD 292/2018;
-que su responsabilidad como aseguradora se encontraba limitada al monto garantizado por la póliza suscripta a favor de ME-PROMAES SA; y -la inadecuada liquidación de tributos practicada por el servicio aduanero, incluyendo indebidamente el derecho adicional, IVA adicional y percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
II. Por resolución del 16/9/2022, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación declaró -por mayoría- la nulidad del procedimiento seguido en sede aduanera en el expediente AFIP “12664-36-2014” y, en consecuencia, tuvo por operada la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir el pago de tributos por parte de Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros, en su condición de garante respecto de la importación temporaria registrada mediante el DIT “12 017 1T14 000233 A” por parte de ME PROMAES SA; con costas a cargo de la AFIP - DGA (conf. 1 -esp. fs. 12- y 2).
Para así decidir, según el voto mayoritario, suscripto por el doctor Garbarino y la doctora Musso, resultaba nulo de nulidad absoluta todo lo actuado por el servicio aduanero en sede administrativa por no haber sido resguardado el principio fundamental del debido proceso adjetivo, que garantiza el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y a una resolución fundada; constituyendo el acto impugnado la materialización de un accionar ilegitimo, carente de fundamento y contrario a principios esenciales del derecho tutelados por la Constitución Nacional.
Alcanzaron esta conclusión tras advertir que:
-la disposición impugnada fue dictada como consecuencia de la denuncia 74/2014 efectuada por la Aduana de Córdoba en el marco del procedimiento infraccional tramitado en el expediente AFIP “12664-36-2014” por presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero por el incumplimiento del régimen de importación temporaria respecto de la mercadería amparada por el DIT “12 017 IT14 000233 A”;
-el Código Aduanero prevé que las infracciones aduaneras que no contemplaran la aplicación de sanciones automáticas serán juzgadas conforme el procedimiento reglado por el Capítulo tercero del Título II de la Sección XIV de dicho cuerpo legal, por manera que, cuando el servicio aduanero tomase conocimiento de una presunta infracción, ha de practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyos efectos, podrá ejercer todas las funciones de control que las normas le confieren (conf. artículos 1080 y 1081 del Código Aduanero);
-el servicio aduanero no agregó la carpeta original del DIT “12 017 IT14 000233 A”, documento de carácter esencial para sustentar la imputación y, con posterioridad, la comisión de una infracción aduanera;
-al no contar con el DIT original el servicio aduanero no tenía causa alguna que justificara razonablemente la denuncia ni, por ende, la continuación del procedimiento infraccional;
-conforme lo normado por el artículo 1090 del Código Aduanero, cuando el administrador optara por disponer la apertura del sumario, actúa en el entendimiento que existen indicios suficientes para avanzar en el procedimiento infraccional a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera puesto que, de otro modo, el funcionario actuante hubiera seguido el curso de acción previsto en los incisos a) o b) del mencionado artículo 1090; -el acto de apertura de sumario resulta de vital importancia toda vez que impulsa el procedimiento infraccional en aras de una resolución condenatoria o absolutoria siendo el acto imperativo previo para luego correr vista de todo lo actuado y posibilitar al particular ejercer correctamente su derecho de defensa;
-el servicio aduanero, en la especie, no dispuso aperturar el sumario en la presente causa en una clara inobservancia a lo regulado por el artículo 1090, literal c), del Código Aduanero; accionar que evidencia la existencia de una verdadera simulación de un sumario infraccional que no ha sido objeto de análisis;
-la autoridad administrativa omitió correr vista de lo todo actuado tanto a la importadora como a la aseguradora -garante de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión- limitándose a dictar la disposición apelada por la que se dispuso el archivo del sumario en los términos de la instrucción general AFIP - DGA 9/2017 y a considerar a la mercadería importada temporariamente como importada para consumo según lo normado por los artículos 274, inciso a), y 638, inciso e), ambos del Código Aduanero; y -la aseguradora recién tomó conocimiento del sumario en trato al notificarse del dictado del acto impugnado; quien debió ser citada, en su carácter de garante de los tributos que pudieran corresponder como consecuencia del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva.
Respecto de esto último, los vocales que conformaron el voto principal, reflexionaron que la importadora no era la única que podía probar que se hubiera reexportado la totalidad de la mercadería, puesto que la aseguradora bien podía subrogarse en las defensas de aquella, bien pudiendo acreditar tal extremo mediante la identificación de los permisos de embarque por medio de los cuales se habría descargado la operatoria temporaria.
-convalidar el accionar fiscal en la presente causa vulneraría el derecho de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo, ya que se omitió agregar la carpeta original del DIT en cuestión, no se instruyó sumario conforme lo normado por el artículo 1090, literal c), del Código Aduanero y no se corrió vista ni a la importadora ni a la aseguradora, dando la oportunidad de defenderse en el marco de un procedimiento con las garantías de rigor; conducta que violaba las formas procesales estatuidas inexcusablemente por la ley y originaba el incumplimiento de los objetivos perseguidos por el ordenamiento aduanero, revelando un estado de indefensión de los particulares, que debía ser resguardado.
Los nombrados vocales añadieron que la notificación de la resolución 292/2018 dirigida a la aseguradora no tuvo otra finalidad más que abrir la vía ejecutiva, por manera que, de convalidarse lo así actuado, la AFIP - DGA podría ejecutar la póliza bajo apercibimiento de las medidas dispuestas en el artículo 1122 del Código Aduanero sin ser previamente oído.
Con asiento en estas circunstancias, al resultar nulo lo actuado, el doctor Garbarino y la doctora Musso consideraron que ninguno de los actos celebrados pudo tener la aptitud de suspender la prescripción en los términos del artículo 805, inciso a), del Código Aduanero, ni interrumpirla en los términos del artículo 806, inciso a), también del Código Aduanero; debiendo -por tanto- tener por agotada la acción del Fisco Nacional para exigir tributos en lo que respecta a la DIT “12 017 1T14 000233 A”.
Resta agregar que el tercer vocal de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, el doctor González Palazzo, tras considerar que no existían razones que justificaran declarar la nulidad de lo actuado, sino de la resolución recurrida por no respetar el servicio aduanero los lineamientos resultantes del artículo 1090 del Código Aduanero, entendió que las circunstancias fácticas expuestas por el voto mayoritario, particularmente lo relativo a la falta de dictado del acto de apertura de instrucción de sumario, sumado al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la temporal en trato y lo contenido en la resolución aduanera, lo llevaban a declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la aseguradora.
III. Disconforme con lo resuelto, la AFIP - DGA apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. 1, 2 y 3). Resaltó que el acto aduanero cuestionado en autos no constituyó una resolución condenatoria en el marco de un procedimiento infraccional, que fue "archivado", es decir, dejado de lado o discontinuado. Advirtió que desde un inicio planteó la separación e independencia de la esfera infraccional de la tributaria, por la que se originara la formulación del cargo.
Al punto, explicó que una correcta exégesis de la instrucción general DGA 9/2017 impedía considerar que el archivo dispuesto de la investigación infraccional importaba un desentendimiento absoluto de la cuestión tributaria; la que debía seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión sancionatoria archivada.
Aclaró que el archivo refería a una acción tendiente a poner fin únicamente a la investigación infraccional; y que, al disponer la instrucción general AFIP 11/2016 la correspondencia del cobro de los tributos pertinentes, dicho término refería a la separación definitiva entre una imputación punitiva y una liquidación tributaria que, de ser formulada, devendría -en consecuencia- originaria.
Luego, con referencia a lo normado por los artículos 250 y 274 del Código Aduanero, explicó que la causa de la obligación tributaria reclamada no era la comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero, sino el incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería importada bajo el régimen temporario mediante la destinación en cuestión.
Por tanto, continuó en su razonamiento, la importación para consumo de la mercadería configuraba el hecho imponible que diera origen a los tributos reclamados, no siendo necesaria la constatación de la infracción para el nacimiento de la obligación tributaria.
Reiteró que no resultaba ser condición necesaria para el nacimiento de la obligación tributaria la determinación previa de una infracción aduanera en los términos del artículo 970 del Código Aduanero; configurándose el hecho imponible por sí solo, ante la falta de reexportación de la mercadería en el plazo concedido al efecto por el servicio aduanero.
En consonancia con las apreciaciones hasta aquí expuestas, apuntó que los tributos eran debidos por la producción del hecho imponible, mas no por la comisión de una infracción; resultando, por tanto, independiente la determinación tributaria del procedimiento infraccional, encontrándose habilitada, ante la mera constatación del vencimiento de la temporal, para exigir los tributos, con prescindencia del juzgamiento en el aspecto sancionatorio.
Destacó que el archivo efectuado no ocasionó perjuicio alguno a la aseguradora, por manera que no se verificó vulneración real a su derecho defensa, puesto que fue archivado el procedimiento infraccional en el marco del cual se habría investigado la irregularidad denunciada.
Añadió, en este aspecto, que ninguna instrucción de la DGA podría dispensar el pago de los tributos dispuestos por la legislación vigente, debidos por la producción del hecho imponible.
Concluyó parcialmente que, en la especie, no se verificó un procedimiento infraccional, sino la simple formulación de un cargo, que no requería que previamente se determinara fehaciente la configuración de la contravención; sumado a que la resolución impugnada no constituyó una condena, sino lo contrario, en tanto se ordenó archivar sin más trámite el sumario infraccional, naciendo el reclamo tributario como consecuencia de la presunción de importación a consumo (hecho imponible) establecida en el artículo 274 del Código Aduanero, con independencia de la aplicación de las sanciones que hubieran podido corresponder.
Sentado lo anterior, el Fisco Nacional cuestionó lo resuelto por haber considerado aplicable al caso lo normado para el procedimiento infraccional, especialmente lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero.
Al respecto, destacó que el servicio aduanero no omitió correr vista de lo actuado, sino dejar sin efecto las actuaciones sumariales antes de llegar a ese estadio del proceso y formular cargo por el tributo debido por haberse vencido el plazo para reexportar la mercadería; suceso que se encontraría probado y que no habría sido motivo de cuestionamiento por parte de la aseguradora.
Refirió que, al haber archivado el sumario infraccional, no resultarían de aplicación los artículos 1080 al 1117 del Código Aduanero, que regulan el procedimiento para las infracciones, por lo que mal podía declararse la nulidad de lo actuado con asiento en lo normado por el artículo 1101 del Código Aduanero, tal como entendiera el Tribunal Fiscal de la Nación por el pronunciamiento apelado.
Apuntó que si bien la presente se inició como consecuencia de una investigación infraccional, la misma fue archivada conforme lo normado en la instrucción general AFIP 9/2017 con anterioridad a la corrida de vista, atento a los montos involucrados, que tornaban antieconómico impulsar o continuar las acciones tendientes a lograr su cobro.
Con asiento en las consideraciones hasta aquí expuestas, el Fisco Nacional concluyó que la resolución impugnada no resultaba “definitiva" ni dictada en un procedimiento para las infracciones, tal como lo prevé el artículo 1132 del Código Aduanero.
Por tanto, continuó en su razonamiento, al resultar el cargo apelado una liquidación originaria de tributos en los términos del artículo 274 del Código Aduanero, a los fines de probar la inexistencia del hecho imponible hubiera correspondido a la contraria iniciar el procedimiento reglado por el artículo 1053, inciso a), del Código Aduanero.
Sin perjuicio de lo que se viene reseñando, recordó que conforme lo normado por el artículo 1050 del Código Aduanero, resulta improcedente declarar la nulidad de un acto de procedimiento si no obstante su irregularidad, hubiera logrado la finalidad a que estaba destinado.
Al respecto, destacó que no todo incumplimiento de las formas procesales acarreaba la nulidad del acto, debiendo juzgarse su validez atendiendo a la finalidad que, en el caso concreto, está destinado a satisfacer, debiendo reputarse válido cualquier acto que, a pesar de no haber cumplido con las formas previstas por la norma procesal, hubiera logrado su finalidad, sin perjudicar los derechos de los particulares. Citó jurisprudencia y doctrina relacionada con la nulidad procedimental y los recaudos que han de verificarse al fin de adoptar una decisión como la recurrida; así como respecto de la subsanación del trámite producto de la existencia de una etapa jurisdiccional ulterior, tal como habría acontecido en la especie.
Entendió que, en la especie, no resultaban de aplicación los artículos del Código Aduanero que regulaban los procedimientos para las infracciones, tornando inaplicable entonces la corrida de vista exigida por el artículo 1101 y en base a la cual el Tribunal Fiscal declaró la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la apertura del sumario, incluida la resolución aduanera; lo que, a su vez, determinaba la desestimación de la alegada afectación al derecho de defensa, por haber podido impugnarla tanto en sede administrativa, como por ante el Tribunal Fiscal de la Nación y ante esta instancia judicial. Por último, con análogos fundamentos que los expuestos al fin de desvirtuar el alegado cercenamiento del derecho de defensa, entendió que lo actuado resultaba válido y no debía ser anulado. Por lo expuesto, la AFIP - DGA solicitó que se revocara el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se desestimara la impugnación de la resolución aduanera formulada por la aseguradora, con costas.
Dicha presentación no fue replicada.
IV. Al fin de clarificar la cuestión suscitada, cuadra referir que las actuaciones administrativas AFIP “12664-36-2014”, que se tienen a la vista, se iniciaron a raíz del acta denuncia 74/2014, por medio de la cual personal de la Aduana de Córdoba detectó que ME-PROMAES SA habría incumplido con el régimen de importación temporario al que habría acogido la mercadería involucrada en el DIT “12 017 IT14 000233 A”, resultando ello pasible de configurar la infracción prevista y penada por el artículo 970 del Código Aduanero (fs. 1).
A continuación, fue incorporada la información registral de la AFIP en lo que respecta a la importadora, así como la relativa a la destinación fiscalizada, que reflejaba que se encontraría vencido el término por el cual fuera admitido su ingreso al territorio nacional bajo el régimen de importación temporal, habiéndole sido denegada una prórroga al respecto; así como también constancias del SIM respecto del DIT en cuestión, que daría cuenta de la ausencia de un evento de cancelación asociado (fs. 2/6).
Luego, fue agregada una nota de la Subsecretaría de Comercio Interior, dependiente del ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por la que hacía saber de la denegatoria de la prórroga oportunamente requerida por la importadora a los efectos de cumplir con las obligaciones resultantes del régimen de importación temporaria (fs. 7). En este contexto, por nota SEC R 103/2014, del 28/3/20114, el jefe interino de la Sección Registro informó a la Sección Sumarios que la destinación temporal fiscalizada operó el 27/10/2013, sin registrarse la cancelación de la mercadería por parte de la importadora, quedando sin reexportar; presumiéndose la comisión del hecho tipificado en el artículo 970 del Código Aduanero, disponiendo el envío de lo actuado al área pertinente para la liquidación tributaria correspondiente (fs. 8); tarea que fue materializada a continuación por la Aduana de Córdoba (fs. 9).
Previa incorporación de la información del SIM en lo referente al garante de la operatoria bajo análisis, que hacía alusión a Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros (fs. 10/12), por resolución AD CORD 292/2018 (fs. 13/14), del 16/3/2018, el administrador de la Aduana de Córdoba:
-dispuso el archivo temporal de las actuaciones seguidas contra ME-PROMAES SA por la presunta comisión de la infracción prevista y reprimida por el artículo 970 del Código Aduanero, por aplicación del instructivo general DGA 9/2017 (conf. su artículo 1°); y -consideró a la mercadería involucrada en el DIT “12 017 IT14 000233 A”, en trasgresión al régimen especial al que fuera sometida y, por tanto, como importada para consumo en los términos de los artículos 274, literal a), y 638, literal e), ambos del Código Aduanero; y, consecuentemente, intimó a ME-PROMAES SA a que, en el perentorio plazo de quince días, en los términos del artículo 1092 del Código Aduanero, procediera a cancelar los tributos que gravaban la importación para consumo, cuyo monto ascendía a U$S1111,65, con más intereses hasta la fecha del efectivo pago; bajo apercibimiento de iniciar proceso de ejecución fiscal en los términos del artículo 1122 del Código Aduanero (conf. su artículo 2°).
Para así decidir, la autoridad aduanera, tras referir los antecedentes del caso y recordar el alcance de los artículos 274, 638 y 970, todos del Código Aduanero, destacó que de la planilla determinativa de multa y tributos glosada en autos surgía que podría corresponder una multa cuyo monto resultaría de $3949,30, suma que se encontraba dentro de los estándares entre los que, conforme la instrucción general DGA 9/2017, se encontraba el funcionario decisor facultado a disponer el archivo de las actuaciones (hasta $30.000 en concepto de multa, con más el hecho que el presunto infractor no registrara antecedentes de casos archivados por el tipo infraccional que, en su conjunto, superaran el monto aludido).
Si bien por dicho acto no se ordenó la notificación a la aseguradora, el 25/3/2019 la autoridad aduanera la anotició de lo resuelto (fs. 18); motivando así la apelación deducida por ante el Tribunal Fiscal de Nación cuya resolución fue apelada por el Fisco Nacional y determina la intervención de esta instancia judicial.
V. Evaluado lo actuado administrativamente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destaca el Fisco Nacional en su apelación, según resulta de la reseña que antecede, si bien la actuación administrativa AFIP “12664-36-2014”, fue iniciada a los efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de ME-PROMAES SA, por resolución AD CORD 292/2018, el titular de dicha dependencia decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT “12 017 1T14 000233 A” al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional. Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido dictado auto de apertura de sumario, conforme lo normado en el artículo 1094 del Código Aduanero, ni corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa. Es decir, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, el señor administrador de la Aduana de Córdoba dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional, que -por cierto- se encontraba en una instancia preliminar a la apertura de sumario, y, con asiento en la documentación colectada hasta ese entonces (la destinación temporal asignada por ME-PROMAES SA, el vencimiento del término para reexportar la mercadería sin obrar en el SIM constancia de evento de cancelación asociado a la DIT), consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados, con más intereses.
Así las cosas, al margen de la omisión inicial de hacer saber a la aseguradora de lo resuelto por resolución AD CORD 292/2018, lo que -sin emitir pronunciamiento respecto de la corrección de la comunicación cursada-, habría sido subsanado en sede administrativa mediante la notificación del 25/3/2019, articulando a continuación la garante su apelación por ante el Tribunal Fiscal de Nación, no se advierte irregularidad alguna en lo actuado que justifique la declaración de nulidad con el consiguiente análisis en orden a la prescripción de la acción del Fisco Nacional para reclamar tributos por el DIT “12 017 1T14 000233 A”. En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la instrucción general DGA 9/2017, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso, quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tiene por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, todo ello conforme lo normado en los artículos 274, literal a), y 638, literal e), ambos del Código Aduanero, no luce nula en los términos planteados por la aseguradora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1122 del Código Aduanero).
VI. Lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resultaría nulo en los términos resultantes del pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, por tanto, improcedente el análisis efectuado respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos respecto del DIT “12 017 IT14 00233 A”, basado en la invalidez de lo actuado por la autoridad aduanera; debiendo -por tantorevocarse la decisión apelada y ordenar el reenvío del expediente al mencionado organismo administrativo con facultades jurisdiccionales a efectos de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora.
VII. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas tanto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como ante esta instancia judicial, respecto de la cuestión debatida y decidida, han de ser soportadas por Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros (conf. artículos 68, primera parte, 69 y 279, todos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, revocar la resolución del 16/9/2022 dictada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, disponer el reenvío del expediente a la instancia anterior a efectos de que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la aseguradora; e 2°) imponer las costas por la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como ante esta instancia judicial, relativas a la cuestión aquí debatida y resuelta, a cargo de la aseguradora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia