Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 50506501-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia(a) desestimar los agravios de la AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, con costas por su orden; (b) establecer los honorarios de la instancia anterior conforme lo indicado en el considerando V.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 9551/2021, “ASEGURADORA DE CAUCIONES SA COMPAÑIADE SEGUROS (TF 50506501-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En Buenos Aires, a los 26 días del mes de abril del año 2022 reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en autos “Aseguradora de Cauciones SA Compañía Argentina de Seguros c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”;
La Dra. Liliana María Heiland dijo:
I. Por pronunciamiento del 30/10/19, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, anuló el art. 2° de la disp. n° 172/2018 (AD CORD) en cuanto intimó a la firma Aseguradora de Cauciones SA Compañía de Seguros (en adelante, Aseguradora), al pago de tributos, con costas al Fisco.
Para así decidir, sostuvo que:
(a) De las actuaciones administrativas surge que se formuló denuncia por infracción al art. 970 del C.A., pero no se instruyó sumario, por lo cual no se corrió la vista del art. 1101 del C.A. Sin embargo, la DGA fundó la resolución en las normas que el Código Aduanero establece para el procedimiento para las infracciones.
(b) No resultó ajustado a derecho el proceder de la Aduana en cuanto exigió el pago de tributos a la Aseguradora bajo apercibimiento de ejecución, sin haberle dado la posibilidad de ejercer debidamente su derecho de defensa, garantizado por el art. 18 de la C.N. y por el C.A. según el procedimiento de que se trate (arts. 1101, 1053, 1055 y cctes).
“Ello así, toda vez que si bien por aplicación de la IG 9/2017 se ordena el archivo provisorio de la causa con fundamento en el importe de la multa, dicha cuestión no implica que la Aduana pueda intimar el pago de tributos sin la previa intervención del imputado o responsable tributario, resultando imperioso que se establezca en forma clara dentro de qué procedimiento se exigen los tributos, a fin de garantizar el derecho al debido proceso”.
II. Mediante resolución del 27/11/19, el Tribunal a quo reguló los honorarios profesionales de la Dra. Mariela Virginia Luciani, por su actuación como letrada patrocinante y apoderada de la actora. Los que fueron apelados por el Fisco por considerarlos “altos” (escrito del 1/12/19).
III. Disconforme con el pronunciamiento del 30/10/19, la AFIP-DGA interpuso recurso de apelación y expresó agravios, que no fueron contestados (escritos del 16/12/19 y 6/02/20).
En esencia, sostiene que:
(a) Corresponde citar el voto del Dr. Juárez, en cuanto señaló que: “…el archivo de la denuncia infraccional contra la importadora reviste el carácter de provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo deviene definitivo… la disposición atacada, no puede considerarse definitiva, ni asimilable a definitiva, y sólo pueden reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos”.
“[C]ontra dicha intimación de pago, nace en cabeza de los intimados -en lo que aquí interesa ASEGURADORES DE CAUCIONES SA. CIA. DE SEGUROS-, el derecho de impugnar administrativamente la liquidación tributaria y sus actos preparatorios, ofreciendo toda la prueba que hace a sus derechos, deviniendo improcedente el presente recurso de apelación previsto en el art. 1132 del CA”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
Causa nº 9551/2021, “ASEGURADORA DE CAUCIONES SA COMPAÑIADE SEGUROS (TF 50506501-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
(b) La nulidad declarada por el Tribunal Fiscal, es improcedente porque existe una etapa judicial posterior a la administrativa, con la posibilidad de subsanarse.
(c) “[C]abe destacar que la nulidad planteada no se ha presentado de forma adecuada, atento que la recurrente plantea dicho instituto como una cuestión de fondo siendo una excepción previa. El Código Aduanero sólo prevé el instituto de la nulidad bajo la modalidad de ‘excepción’…”.
(d) De las actuaciones administrativas surge que la Aseguradora tomó conocimiento de los hechos que se le imputaron y pudo ejercer debidamente su derecho de defensa, al notificarse de lo actuado cuando se lo intimó al pago de tributos, tal como lo mencionó en la interposición de la apelación.
IV. En tales condiciones, los agravios de la AFIP-DGA, no pueden prosperar. Es que, se limita a manifestar su disconformidad con lo decidido por el Tribunal Fiscal, sin esgrimir fundamentos suficientes para revertir la sentencia en crisis. En efecto: (a) Como se vio, la Aduana no se hace cargo de lo que surge de las actuaciones administrativas, en cuanto al tipo de procedimiento y a las vías recursivas para cuestionar la disp. 172/2018 (AD CORD). Más allá de que en sede administrativa no hubo auto de apertura de sumario, lo cierto es que, tal como lo sostuvo la mayoría del Tribunal Fiscal, la propia DGA fundó la resolución aquí impugnada, en las normas que el Código Aduanero establece para el procedimiento para las infracciones. Así lo hizo en los considerandos al señalar que “…dándose impulso al procedimiento previsto para las infracciones aduaneras Sección XIV Título II, Capítulo III del digesto aduanero…”.
Lo que, asimismo, reiteró al finalizar con las consideraciones: “Por lo tanto y en virtud de las facultades impartidas en la Sección XIV Titulo II Capítulo III del digesto aduanero y, en particular, de conformidad con los Art. 1090 inc. C y art. 1101 del Código Aduanero”.
Es más, en ese mismo acto, el Administrador de la Aduana de Córdoba intimó a la Aseguradora “…en los términos del art. 1092 del Código Aduanero…” al pago de tributos con más los intereses que correspondan, bajo apercibimiento de ejecución, en los términos del art. 1122 del C.A.
En ningún momento el servicio aduanero se refirió al procedimiento de impugnación previsto en el art. 1053 del C.A. (Procedimientos Especiales). Pues, reitero, fue la propia DGA que le imprimió el trámite para las infracciones reglado en el art. 1090 del C.A. Por lo que, las quejas de la recurrente resultan hasta contrarias a su propio actuar en las actuaciones administrativas.
A lo que cabe añadir que el hecho de que la Aduana no se haya ajustado a la normativa prevista en el C.A., de ninguna manera puede derivar en que la actora se vea imposibilitada de ejercer su derecho de defensa y que, a su vez, sea condenada por un cargo que no pudo en sede administrativa cuestionar (Sala II, “Aseguradoras de Cauciones SA Compañía de Seguros c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 12/11/19).
(b) Lo alegado en cuanto a la posibilidad de subsanar las deficiencias del procedimiento administrativo en la etapa judicial posterior, y así evitar la nulidad de la resolución aduanera, resulta también improcedente; pues no se puede privar a las partes de ejercer su derecho de defensa.
Sobre el punto y más allá de señalar que la nulidad puede ser planteada como excepción y/o defensa de fondo (conf. art. 1149, pto. 2.h) y 3, del C.A.), se impone recordar que el art. 1101 del C.A.
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dispone: “[c]umplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
La vista allí contemplada “…tiene por objeto proporcionar el debido fundamento de los cargos que se formulan y permitir la defensa en el procedimiento administrativo, por lo que es una pieza fundamental para el ejercicio del derecho de defensa de los presuntos responsables. Así pues, no puede soslayarse que su omisión implica una directa violación al derecho de defensa, pues es la única posibilidad que otorga la ley para su ejercicio” (Sala II, “Alba Cía. Argentina de Seguros SA (TF 39547-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 10/08/21).
Por ello, su omisión implicó una directa violación al derecho de defensa, dado que es la única posibilidad que otorga la ley para su ejercicio; no siendo, por lo tanto, un inútil formalismo sacramental (conf. Sala II, “Aseguradoras de Cauciones SA Compañía de Seguros”, ya cit.).
Corresponde, asimismo, señalar que, si bien es cierto -como lo afirma el Fisco-, que, en principio, las omisiones observables en sede administrativa no importan violación de la defensa en juicio siempre que el posterior trámite judicial ofrezca oportunidad para subsanarlas; no lo es menos que -en el caso-, se advierte una violación clara de las reglas esenciales que informan el debido proceso adjetivo (Sala III, “Cladd Industria Textil Argentina S.A. c/ EN - DGA – Resol 4487/05 (Expte. 602840/99) y otro s/ Dirección General de Aduanas”, del 3/12/15).
Es que, siendo la aseguradora uno de los presuntos responsables que marca la ley, ninguna duda cabe de que no debió sustanciarse el sumario sin su debida intervención pues, el incumplimiento de ese trámite esencial, generó un estado de indefensión que no puede ser subsanado con posterioridad, aunque existan instancias posteriores (Sala II, en “Alba Cia. Argentina de Seguros”, cit.; doc. de Sala III, “Induca SACIIYFTF 39448-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, y “Sancor Cooperativa de Seguros Limitada TF 40026-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencias del 17/03/21).
V. Resta expedirse respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (del 1/12/19) por considerar “altos” los honorarios regulados en la resolución del Tribunal Fiscal del 27/11/19.
En función de la naturaleza del proceso, su monto -para el que cabe tomar la base regulatoria estimada por el tribunal de origen, que no fue objeto de cuestionamiento ($83.260,24)-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR en 2,67 UMA -equivalentes a la suma de $ 19.862,13, de conformidad con los valores establecidos en la acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nº 4/2022- los honorarios a favor de la Dra. Mariela Virginia Luciani por la tarea cumplida en el ejercicio de la representación procesal y dirección letrada de la parte actora en la instancia anterior (artículos 16, 20, 21, 24, 29 y demás c.c. de la ley 27.423).
Se hace constar que al importe regulado deberá adicionársele la suma correspondiente al impuesto al valor agregado, dada la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I Causa nº 9551/2021, “ASEGURADORA DE CAUCIONES SA COMPAÑIADE SEGUROS (TF 50506501-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
condición de responsable inscripta que acreditó la beneficiaria el 19/11/19.
VI. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: (a) desestimar los agravios de la AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios. Con costas por su orden porque no medió intervención de la contraria (conf. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.N.); (b) establecer los honorarios de la instancia anterior conforme lo indicado en el considerando V de este voto.
El juez Rodolfo Eduardo Facio y la jueza Clara María do Pico adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el Tribunal, RESUELVE: (a) desestimar los agravios de la AFIP-DGA y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, con costas por su orden; (b) establecer los honorarios de la instancia anterior conforme lo indicado en el considerando V.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Liliana María Heiland Rodolfo Eduardo Facio Clara María do Pico
Fin de la sentencia