Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y del fallo nro. 193/2006 en el expediente SA42/0321/2001, en los términos de lo dispuesto en el considerando VII del presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación D.I.T. 440-0/95, por la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., en la Actuación Nº SA42/0321/2001, arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-149338264-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 15 de Diciembre de 2023 - Sentencia Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación, expte. nro. 22.009-A;
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que, a fs. 6/15, se presenta la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra el punto nro. 2 del fallo nro. 193/2006 dictado en el expediente SA42/0321/2001, de la Aduana de Paso de Los Libres. Relata que en dicho expediente se resolvió condenar a la firma “ZF Argentina S.A.”, por presunta infracción al art. 970 del Código Aduanero, a la pena de multa e intimar a su parte al pago de los tributos que le correspondería abonar al importador, por la suma de $17.990,35 con más los intereses de ley formulando cargo en dicho concepto.
Afirma que de las actuaciones administrativas mencionadas surge que mediante el despacho nro. 440-0/95 la firma ZF Argentina S.A. documentó una operación de importación temporal que habría vencido sin que el importador haya reexportado la totalidad de la mercadería.
Expone que la importadora está en concurso de acreedores y dado que la AFIP no verificó el crédito en el plazo de dos años establecido por el artículo 56, párrafo sexto de la ley 24.522, habría prescripto el derecho de la Aduana a solicitar su crédito contra la aseguradora.
Plantea la improcedencia del cargo formulado en sede aduanera. Solicita la aplicación de la Resolución Nº 1645/94 y la Circular Interna Nº 38/94. Invoca que debido al estado falencial en que se encuentra la importadora, los intereses deben suspenderse a la fecha de la presentación en concurso o declaración de quiebra del tomador.
Apunta que la aseguradora no es codeudor solidario ni responsable de la obligación tributaria como sujeto pasivo en virtud de las disposiciones del C.A. Describe que la obligación de la garante es de derecho privado y surge del contrato de seguro de caución, en virtud del cual se obliga a pagar la deuda a cargo del tomador, para el caso de que éste no la pague y hasta el monto de la deuda liquidada al importador.
Por último, esgrime que no corresponde abonar IVA ni los derechos adicionales y que sólo debe responder hasta la suma máxima que se comprometió, esto es capital asegurado y sus accesorios. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución aduanera, con costas.
II. Que a fs. 33/37 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y documentación aportada por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Manifiesta que no podría nunca haber verificado el crédito fiscal cuya prescripción ahora sostiene la actora, en razón de que el sumario contencioso tramitado a fin de investigar la comisión de la infracción aduanera, solo puede concluir con el resolutorio a partir del cual —en caso de quedar firme— nace el crédito líquido y exigible a favor del Fisco. En consecuencia, dado que dicho resolutorio data del año 2006, al momento de la apertura del concurso, no existía aún crédito a su favor, más aun teniendo en cuenta que este no se encuentra firme en razón de que el fallo dictado por su mandante se encuentra apelado ante este Tribunal Fiscal de la Nación.
Asevera que el hecho de concurso de la importadora, en nada influye a la acción fiscal contra el asegurador, en razón de que se trata de personas jurídicas distintas. Señala que, si la apelante decidió otorgarle un seguro a favor de ZF Argentina S.A., por tributos y penas aduaneras, ante la falta de pago, cualquiera sea la causa, la aseguradora debe afrontar las erogaciones pertinentes, por haberse obligado así ante el Servicio Aduanero. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. A fs. 43, la AFIP-DGA acompaña las actuaciones administrativas, a fs. 44 se abre la causa a prueba, la cual fue producida a fs. 57/61, 63/64 y 73/80. A fs. 114 se declara el cierre del periodo probatorio, a fs. 117 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 118 se ponen para alegar, agregándose a fs. 122/126 el alegato presentado por el fisco y a fs. 127/129 el presentado por la actora. A fs. 131 pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12315-859-2006 se inician el 6-5-1996, con el pedido de la despachante de aduana, Sra. Martha Susana Bracco, de una prórroga al despacho de importación temporaria nro. 0440-0- 95 (fs. 1). A fs. 8 obra la carpeta del despacho del que surge el correspondiente control de garantías nro. 3442, aval póliza 446619. A fs. 9 se informa que se extendió el plazo de permanencia de la mercadería en el país hasta el 9-12-1996. Con fecha 13-1-1997, se le intimó a la firma ZF Argentina S.A. a que en el plazo de 10 días aporte, toda la documentación que permita constatar la cancelación de la operación (fs. 10). A fs. 14, la firma ZF Argentina S.A. solicita cancelar el despacho de Importación Temporal nro. 0440-0/95 por haberse exportado la totalidad de la mercadería.
A fs. 94, con fecha 24-4-2001, el jefe de la Sección Registro Aduana Paso de los Libres considera que la empresa no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del Régimen de Importación Temporal DIT 440- 0/1995, por lo que dispone instruir la correspondiente causa sumarial contenciosa contra la firma, al imputarle la infracción prevista en art. 970 del Código Aduanero. Con fecha 7-10-2004, el Jefe de la Sección “S” de la Aduana Paso de los Libres pone el expediente a despacho a los fines de encauzar el trámite pendiente e impulsar debidamente el proceso. A fs. 98, con fecha 7-12-2005 el Jefe de la Sección Verificaciones de la Aduana Paso de los Libres procedió a la determinación del valor y de los gravámenes correspondientes al saldo no exportado de las mercaderías de la destinación D.I.T. 440-0/95, ascendiendo los tributos a $17.990,35.
Con fecha 5-1-2006 se le corrió vista de todo lo actuado a la firma ZF Argentina (fs. 100) y en la misma fecha, en atención al Aval Póliza nro. 446619, y toda vez que la Aseguradora de Créditos y Garantías era garante de la obligación tributaria en la mencionada destinación, se le corrió vista a la actora de todo lo actuado (fs. 102). Con fecha 24-1-2006 la actora presenta su descargo y denuncia concurso de la importadora (v. fs. 109/112). A fs. 125 se declara rebelde a la firma ZF Argentina S.A., a fs. 126 se proveen las pruebas ofrecidas por la actora. Previa emisión del dictamen nro.371/06, a fs. 130/132 se dictó, con fecha 21-4-2006, la Resolución Fallo nro. 193/2006 (AD PASO) por la que se decidió, en lo sustancial, intimar solidariamente a la actora al pago de los tributos cuyo monto asciende a la suma de $17.990,35.
Por último con fecha 23-5-2006, la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 0440-0-95, registrado por la firma importadora ZF ARGENTINA S.A. ante la Aduana de Paso de los Libres, el 13-12-1995, al amparo del régimen de la ley 22.415 y de la resolución 72/1992, con vencimiento del plazo de permanencia el 9-12-1996. Que ocurrido el vencimiento de los referidos plazos de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del CA, condenándose a actora -mediante la resolución aduanera apelada en autos.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “ no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registra en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que no habiéndose acreditado en la causa la reexportación de la mercadería documentada mediante el despacho nro. 440- 0/95, corresponde tener por configurada la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A.
En consecuencia, al configurarse la mentada infracción, se produjo el hecho generador de la obligación tributaria, por la importación para consumo irregular de la mercadería, motivo por el cual corresponde el pago de los tributos de acuerdo con lo establecido en los arts. 274 y 638 inc. e) del C.A., tributos que, como se dijo, fueron garantizados por la aseguradora recurrente.
VII. Que, en ese sentido, se debe señalar que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no procede la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la operación D.I.T. 440- 0/95 por encontrarse esta prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 94 de las act. adm.) y que, si bien la cuestión no fue planteada ni introducida por las partes, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes, principio -plasmado en el art. 1143 del C.A.- y, asimismo, en atención a la naturaleza material de las infracciones, no le resulta vedado al juzgador expedirse de oficio sobre la prescripción.
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido disponía al momento que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que a fs. 94 del sumario administrativo antecedente de estos autos (Actuación N° SA42/0321/2001) obra el auto de apertura del sumario de fecha 24-4-2001.
Que de la compulsa del auto de apertura del sumario resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, en efecto, en el mismo auto se dispone la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A sumario por la operación DIT nro. 440-0/1995, y ordena que: “VISTO: Las presentes actuaciones en las que se da cuenta que la interesada no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del Régimen de Importación Temporal en el DIT nro. 440-0/1995, por lo que surgirían ´prima facie´ elementos que ameriten imprimirles el trámite determinado en el inc. C) del art. 1090 de la ley 22.415; INSTRUYASE: con la intervención del suscripto la correspondiente causa sumarial contenciosa contra la firma “ZF ARGENTINA S.A., Registro nro. 32703/6-7”, a quienes se les imputa la comisión de la supuesta infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero”., esto en palmaria contradicción con lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, siendo que en el caso de autos, la valoración, clasificación y la liquidación tributaria recién se realizó el 7-12-2005 (v. fs 98 de las act. adm.).
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura.
Que, conforme el criterio sostenido, por el Dr. Segura en su voto en minoría en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala, considero que por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 24-4-2001 —obrante a fs. 94— de la Actuación N° SA42/0321/2001, es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, careciendo, por ende, de aptitud para interrumpir la prescripción de la acción para imponer penas en los términos del art. 937 inc. a) del C.A., y de suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A. Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 9/12/1996 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A), como para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y atento que dicho plazo comenzó a correr el 01/01/1997, en los términos del art. 804 y 935 del C.A. y, no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 01-01-2002, careciendo de aptitud interruptiva y suspensiva de la prescripción el acto de apertura de sumario de fecha 24-4-2001, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente. Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 94 de las act. adm., atento que ella se dispuso con fecha 5/1/2006, una vez operada la prescripción. Que, con fundamento en expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura del sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación D.I.T. 440-0/95, con costas al Fisco.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas. Por todo lo expuesto, voto por:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y del fallo nro. 193/2006 en el expediente SA42/0321/2001, en los términos de lo dispuesto en el considerando VII del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación D.I.T. 440-0/95, por la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., en la Actuación Nº SA42/0321/2001, arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). En ese entendimiento, corresponde examinar si la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
III. En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
IV. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 24/04/2001 (ver fs. 94 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA.
V. En el marco descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/1997, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2001 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 21/04/2006 y notificada el 27/04/2006 cfme. constancia de fs. 131 de las act. adm.)
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos relativos al DIT N.º 440-0/95.
Por ello, voto por:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos en relación al DIT N.º 440-0/95.
2. Costas por su orden, atento que mi criterio no es compartido por mis colegas de Sala. En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y del fallo nro. 193/2006 en el expediente SA42/0321/2001, en los términos de lo dispuesto en el considerando VII del presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación D.I.T. 440-0/95, por la Aseguradora de Créditos y Garantías S.A., en la Actuación Nº SA42/0321/2001, arts. 803, 934 y conc. del C.A.
3. Costas a la DGA.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.12.14 16:46:53 ART Date: 2023.12.15 12:15:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.15 12:40:20 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.15 12:40:40 -03:00
Fin de la sentencia