Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la inconvencionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos del voto del Dr. Garbarino, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera.
2Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 1965/10 en cuanto exige el pago de tributos a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”.
3Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 3 de Febrero de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, se reúnen los Señores vocales miembros de la Sala “F” Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente EX-2019-112544550- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Licht dijo:
I. Mediante RE-2019-112544181-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 1965/10, que la condena en carácter de garante de SKF ARGENTINA S.A al pago de tributos por incumplimiento del DIT 98 001 IT14 006969 G. En primer lugar, plantea la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos. Indica que la resolución apelada fue dictada el 7/04/2010, y que recién fue notificada el 2/12/2019, cuando ya había evidentemente operado el vencimiento del curso de la prescripción. En este sentido, destaca que recién 21 años después de la emisión de la póliza se notificó resolución aduanera, lo cual afecta su derecho de defensa y vulnera el principio del debido proceso. Se refiere a la naturaleza jurídica del seguro de caución y el alcance de su responsabilidad. Sostiene que no es liso, llano y principal pagador de los tributos. En consecuencia responder en forma subsidiaria, sólo en el caso que el importador temporario resulte responsable de la infracción imputada, con cargo firme como título ejecutivo, y siempre y cuando éste no haga frente a la obligación tributaria. Luego se explaya en relación al monto máximo garantizado. Indica que por la póliza nº 593909 se garantizó la suma máxima de $ 50.000, no siendo exigible el importe en dólares que surge del print de pantalla del SIM. Sostiene que la suma máxima asegurada es la que surge de la Consulta de Póliza Electrónica de la página de la AFIP o bien, si correspondiese, de la propia póliza en papel, no pudiendo oponerse el print de SIM. Se agravia de la inclusión del Derecho Adicional en la liquidación tributaria, con fundamento en la doctrina sentada por la CSJN en las causas “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/A.N.A.” y “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”. También se agravia de la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en virtud de lo dispuesto en los arts. 638 y 639 del C.A., no resultando aplicable el Decreto 214/02. Señala que al momento de correr la vista, notificada en fecha 21/07/2005 se intimó al pago de tributos “en pesos” sin hacer referencia alguna al CER. Subsidiariamente, plantea la inaplicabilidad del CER sobre el IVA adicional y ganancias; y sobre los intereses. Asimismo se agravia de la tasa de interés aplicable a los tributos aduaneros. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
Por medio del IF-2020-21766665-APN-DTD#JG solicita a la aplicación de la doctrina de la CSJN en el caso “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN –DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, revocando sin más el reclamo de IVA adicional y Ganancias, ello sin perjuicio de la improcedencia respecto de los otros rubros reclamados.
II. Mediante IF-2020-55160795-APN-DTD#JGM la representante fiscal contesta el traslado conferido. Niega todas las afirmaciones de la contraria. Se opone a la excepción de prescripción. Destaca que a diferencia de lo que ocurre con la prescripción punitiva, el texto legal dispone específicamente (al hablar de la instrucción de sumario) la suspensión del cómputo del plazo cuando hablamos de tributos. Expresa que en el caso de autos el plazo quinquenal comenzó a correr el 01/01/2000. Sin embargo, la apertura de sumario de fecha 12/05/2004, obrante a fs. 20 de las actuaciones administrativas, suspendió el término del instituto. Agrega que aún hoy se encuentra suspendido el plazo de prescripción, en virtud del art. 1134 que le otorga efecto suspensivo al recurso de apelación interpuesto por la actora. Niega que se haya afectado el derecho de defensa de la actora. Destaca que la actora no controvierte la comisión de la infracción por parte de la importadora. Se refiere a la finalidad del seguro de caución. Se opone a los cuestionamientos relativos a la liquidación tributaria. Y concluye que la actora responde en iguales términos que el importador. Con respecto al planteo de confiscatoriedad de la tasa de interés, sostiene que no corresponde apartarse de la aplicación del artículo 794 del C.A. y sus normas reglamentarias. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Mediante PV-2020-56519511-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el recurso. Por PV-2020-75224409- APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas vinculadas a la causa. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. A fs. 13 de la Actuación SIGEA 12034-688-2008 (ADGA-2002-603710) obra el Acta Denuncia DIV REIMP n° 845/01, formulada el 17/5/01, en los términos del art. 970 del C.A., contra firma SKF ARGENTINA S.A., en relación al DIT 98 001 IT14 006969 G, cuyo sobre se agregó a fs. 2. En cuanto aquí interesa, el “aforo de la mercadería en presunta infracción”, así como la “liquidación de los tributos y multa” obran agregados a fs. 6 ref. y 7 ref., respectivamente. A fs. 20, con fecha 12/5/04, se dispuso la instrucción del sumario y se ordenó correr vista de las actuaciones a la imputada y a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., quienes resultaron efectivamente notificadas el 29/6/05 y 21/7/05, respectivamente, conforme surge de las constancias de fs. 35 vta. y 43 vta. A fs. 40/42 se agrega el descargo de la firma aseguradora y a fs. 48/66 la presentación y las copias de CTC acompañadas por la importadora. Por su parte las copias de los PE corren por cuerda separada. A fs. 72/74, con fecha 17/4/09, la Sección Procedimientos Técnicos emite su informe mediante Nota n° 1552/09 (SE PRTE). A fs. 83, con fecha 16/9/09, se rectifica la descarga del ítem 2.1 del informe de fs. 72/74. A fs. 85 se practica nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 86, con fecha 10/11/09, se ordena notificar la nueva liquidación ajustada a la normativa vigente. A fs. 99/104, con fecha 7/4/10, se dicta la resolución 1695, aquí apelada. A fs. 106/107 el Departamento Asesoramiento Aduanero emite el dictamen 774/10 (DI ASLA). Finalmente, el 28/4/10, la Subdirección General Técnico Legal Aduanera aprobó la resolución 1695.
V. En primer lugar, corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para el cobro de tributos. Conforme lo establecido en los arts. 803 y 804 del C.A., la referida acción prescribe por el transcurso de cinco años computados desde el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso de autos, no se encuentra discutido por la actora, que el vencimiento de la DIT 98 001 IT14 006969 G, en cuestión, se produjo el 7/11/99, con lo cual, el cómputo del plazo prescriptivo se inició el 1/1/00 y, de no constatarse causales suspensivas o interruptivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/04.
El criterio que he sostenido en diversas causas tales como EX-2019-91486944-APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, en relación a la debida notificación del auto de apertura de sumario, debe aplicarse, asimismo –y con mayor razón- a la resolución definitiva y aquí apelada. En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. -Fernández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. ed., vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma -como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración. Adviértase que en relación a las resoluciones definitivas, el propio código aduanero en su art. 1137, inc. j) dispone la obligatoriedad de su notificación. Por ello, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
En relación al caso sub examine, no escapa a la vista del suscripto que si bien el “auto de apertura de sumario y corrida de vista” fue dictado con fecha 12/5/04 (ver fs. 20 del expte. adm.) el mismo fue efectivamente notificado a la actora el 21/7/05 con posterioridad al vencimiento del plazo de prescripción de la acción tributaria del Fisco.
Sin embargo, debo resaltar que aquella no es la única irregularidad cometida en la Actuación SIGEA 12034-688-2008 (ADGA-2002-603710). Véase que la resolución aduanera apelada en autos, fechada 7 de abril de 2010 (ver fs. 99/104 del expte. adm.), fue notificada más de nueve años después de su dictado. Conforme surge de la constancia del SICNEA agregada a autos mediante IF-2019-112548618-APN-DTD#JGM, recién el 2 de diciembre de 2019 fue efectivamente notificada a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., aquí actora. De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, a esa fecha se encontraba ampliamente vencido el plazo quinquenal del art. 803 del C.A. Cabe agregar que, en el sumario administrativo, no se advierte la existencia de otro acto previo al dictado de resolución apelada que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo de la prescripción ni suspensivo de la misma en los términos de los 805 y 806 del C.A., motivo por el cual corresponde, a juicio de quien suscribe, hacer lugar a la prescripción pretendida por la recurrente.
VI. Asimismo, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa:
Acto Fecha Fs. Denuncia 17/5/01 13 Instrucción de sumario y corrida de vista 12/5/04 20 Notificación auto fs. 20 (importadora) 29/6/05 35 vta. Notificación auto de fs. 20 (actora) 21/7/05 43 vta. Contestación de vista actora 5/8/05 40/42 vta. Descargo importadora 19/8/05 48/66 Resolución 1965/10 7/4/10 99/104 Notificación de resolución apelada (actora) 2/12/19 IF-2019-112548618-APN-DTD#JGM Conforme se evidencia en el detalle realizado, las actuaciones administrativas estuvieron absolutamente paralizadas durante 3 años desde la denuncia (17/5/01) hasta el dictado del auto de instrucción de sumario y corrida de vista (12/5/04). Tanto el aforo como la liquidación correspondiente a la mercadería en presunta infracción fueron efectuados con anterioridad a la denuncia de fs. 13, en junio del año 2000, conforme surge de las constancias de fs. 6 ref. y ref. de las act.
Cabe destacar que al 19/8/05 el servicio aduanero ya contaba con toda la documentación presentada por las partes en oportunidad de contestar la corrida de vista. De modo que, encontrándose reunidos todos los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento oportuno, no se advierten razones que justifiquen la demora de cinco años en el dictado del decisorio definitivo. Pero ello no es todo, ya que tal como quedó expuesto en el apartado anterior, la Aduana demoró nueve años más para proceder a su notificación, lo cual resulta claramente inadmisible.
Por el modo en que se resuelve, entiendo que se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G. Con costas.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fin de resolver el presente, en primer término me remito al relato de los hechos efectuado en los Considerandos I a III del voto del Juez preopinante.
II. Que, sentado ello, cabe señalar, como consideración preliminar, que en la tarea de esclarecer la inteligencia que corresponde otorgar a las normas en debate, este Tribunal no se encuentra limitado por las posiciones que asumieron los funcionarios aduaneros actuantes, ni por los planteos de la recurrente ni de la demandada, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos disputados, según la interpretación que rectamente debe serle otorgada (doctrina de Fallos: 307:1457; 319:1716; 322: 2750, entre otros).
III. Que, bajo tales premisas, y teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, considero que las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero, deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
IV. Que, en tal sentido, y de acuerdo a lo que surge en forma palmaria de las actuaciones administrativas, de las que se desprende que la DGA demoró más de 9 (nueve) años en notificar la Resolución DE PRLA n° 1965/10 apelada en autos –la misma fue dictada en fecha 7 de abril de 2010 y notificada el día 2 de diciembre de 2019- cabe colegir que el procedimiento de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
A lo que deberá considerarse que no se trata de la revisión de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los tributos por parte del Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones —y de las más reñidas— en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera, desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar de los derechos de aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para concluir en la unión e integridad nacional. Además, y conforme la doctrina sostenida por el Alto Tribunal a partir del referido caso “Losicer”, el carácter administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al carácter jurisdiccional-judicial del procedimiento de marras- no puede erigirse en un óbice para la aplicación del principio reseñado, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales, máxime cuando las mismas resultan, además, sustantiva o materialmente judiciales, como sucede en el caso de este Tribunal Fiscal. Por lo tanto, cabe concluir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ende, el "plazo razonable" de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8, del plexo convencional constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter -como la aduanera-), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el señalado precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia debe servir de guia para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similarhan expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos "Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y "López Alvarez v. Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; "Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletin de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecuadamente considerados por los jueces competentes.
V. Que, por su parte, es necesario señalar que las particulares circunstancias del caso, en el que se ha verificado un cabal menoscabo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8°, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debido a la irrazonable duración del procedimiento aduanero bajo análisis de este Tribunal, ponen de manifiesto, conforme fuera supra referenciado, la imperiosa necesidad de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia.
En efecto, resulta indispensable que el legislador establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo el derecho en cuestión y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo tal de reducir posibles arbitrariedades por parte de quienes se encuentran obligados a tramitar expedientes administrativos como el de marras. En este contexto, es indudable que para "garantizar en forma efectiva el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas”, el Estado debe dictar urgentemente una ley que, salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia de los principios enunciados por la corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes descriptos en los Considerandos que anteceden, regule de manera exhaustiva el modo en que las autoridades públicas deben satisfacer este derecho.
VI. Que, no obstante, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del art. 1017 de la ley 22.415. En tal sentido, el art. 40 del reglamento de la ley nacional de procedimiento administrativo dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido art. 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el art. 805, inc. a), del Código Aduanero, sólo debiera operar hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VII. Que, bajo los parámetros expuestos, cabe colegir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa más de 9 años después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
VIII. Que, en consecuencia, la redacción del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto no fija plazo alguno a la DGA para notificar las resoluciones que determinan obligaciones en cabeza de los administrados, y autoriza a que el término prescriptivo quede suspendido sine die hasta tanto se proceda a notificar la resolución aduanera, se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la Constitución Nacional, debiendo tenerse presente que este Tribunal Fiscal de la Nación, atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, goza de plenas facultades para declarar la inconvencionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por esta Sala al sentenciar con fecha 19/8/2015 en la causa N° 22.844-A, caratulada “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A. s/ apelación” y su acumulado, el expediente N° 27.973-A, caratulada “Pioneer Argentina S.R.L. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 17a Nominación, siendo que dicho criterio no ha sido modificado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al decidir dicha litis en fecha 22 de diciembre de 2016 (Causa Nro. 6.565/2016).
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que “cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles -condición que indudablemente reviste este Tribunal Fiscal- están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” (confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225 y “Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011, párrafo 193; entre otros).
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional -que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano absolutamente vinculado a la administración de justicia- debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad.
IX. Que, por las razones expuestas, no cabe duda que este Tribunal Fiscal debe realizar el control de convencionalidad de las normas de contenido tributario interno (tanto aduaneras como impositivas) que se encuentren en contradicción tanto con el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos, como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Si bien la mayoría de la rígida doctrina y jurisprudencia nacional entienden que tanto el artículo 185 de la ley 11.683 como el artículo 1164 del Código Aduanero le impedirían al Tribunal Fiscal ejercitar el control de constitucionalidad, y sin perjuicio que la última norma precisamente ha sido declarada inconstitucional por el suscripto autor a partir del precedente caratulado “Cargill S.A.” del día 2 de noviembre de 2012, entre muchos otros por considerar que dicha restricción resultaba violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts.
XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cierto es que no existe previsión similar respecto del control de convencionalidad; siendo que tanto la Ley de Procedimiento Tributario como el Código Aduanero han sido recientemente modificados por la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), por lo que, de haberse considerado apropiado -máxime la existencia de numerosos fallos por parte de la Sala “F” donde siguiendo el particular criterio del suscripto se habilita al TFN a realizar dicho control-, no cabe duda que el legislador hubiera incorporado una prohibición similar, y no lo hizo; por lo que cabe concluir que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida al Tribunal Fiscal de la Nación ejercer el control negativo de convencionalidad.
En efecto, y a expresa diferencia de lo que ocurre en relación al “control de constitucionalidad”, no subsiste restricción normativa en el ejercicio de dicho control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación, en tanto es regla incólume e inveterada en nuestro orden legal que aquellas conductas que no se encuentran expresamente prohibidas, están jurídicamente permitidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, del 25 de noviembre de 2003, se pronunció expresamente por la admisibilidad del examen de convencionalidad entre las normas del Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones internacionales a las que nuestro país es parte, con disposiciones del derecho interno.
Asimismo, la regla interpretativa sostenidamente formulada por la referida Corte Internacional a partir del “Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.” (del 24 de noviembre de 2006) obliga a los órganos judiciales de los países que la ratificaron a ejercer dicho examen, aún de oficio (confr.: “La Cantuta vs. Perú.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 173; “Boyce y otros vs. Barbados.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79; “Heliodoro Portugal vs. Panamá.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; “Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos.” Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339; “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.” Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota 307; “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311; “Fernández Ortega y Otros vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párr. 234; “Rosendo Cantú y Otra vs. México.” Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. 219; “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia.” Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202; “Vélez Loor vs. Panamá.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 287; “Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil.” Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 106; entre otros).
En conclusión, con base en el control de convencionalidad, es necesario que las interpretaciones judiciales y administrativas y las garantías judiciales se apliquen adecuándose a los principios establecidos por la CIDH (Casos “Atala Riffo y Niñas Vs. Chile”, sentencia del 24 de febrero de 2012 y “Fontevecchia y D´Amico v. Argentina”, sentencia del 29 de noviembre de 2011).
Por su parte, en la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios”, del 27 de noviembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen del Derecho internacional de los Derechos Humanos, señalando que “La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”. Con referencia a la interpretación auténtica y sus efectos en las jurisdicciones nacionales y locales se dijo que “…la interpretación de la CADH debe guiarse por la Jurisprudencia de la Corte IDH, que importa una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos”.
X. Que, sin perjuicio de ello, en la actualidad corresponde tener en consideración que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”, por lo que el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación sólo procede realizarlo ante peticiones de personas de existencia visible, conforme lo señalara el autor al votar la causa de la Sala “F” que tramitara bajo el Nro. 31.241-A, correspondiente a la carátula “Chubb Argentina de Seguros S.A.”, haciendo lo propio al votar la causa Nro. 36.950-A caratulada “ABB S.A.” de la misma Sala aduanera, entre otras.
En tal sentido, debe tenerse presente, asimismo, que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a (derechos humanos)" (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39).
Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que correspondería que el Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina en el pleno ejercicio de su competencia recursiva.
Todo ello, sin perjuicio de la opinión personal del autor, en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
XI. Que, no obstante lo expuesto, la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia pareciera ir en sentido contrario, al sostener la existencia de un margen de apreciación a favor de las autoridades nacionales –legislativas y jurisdiccionales– respecto de la interpretación y aplicación del derecho internacional, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del máximo Tribunal argentino, en tanto no es una cuarta instancia superior a la CSJN, ya que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos funciona de manera coadyuvante.
En tal sentido, al resolver el caso “Fontevecchia”, del 14 de febrero de 2017, nuestro Tribunal Cimero sostuvo enfáticamente que “La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es “… una instancia ‘revisora’ o ‘casatoria’ de decisiones jurisdiccionales estatales, categoría que excede el carácter coadyuvante y complementario de la jurisdicción internacional, atributos que se desprenden del Preámbulo de la CADH (conf. arg. Corte IDH, caso ‘Perozo y otros v. Venezuela’, sentencia de 28 de enero de 2009, párrafo. 64; Corte IDH, caso ‘Genie Lacayo’, sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 94)”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó que “la situación de la que fue objeto la resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de octubre de 2017 (confr. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 19 de octubre de 2017, dictada en la etapa de supervisión de cumplimiento de la referida sentencia), es decir la resolución precedente del 14 de febrero de 2017 en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación indicó que no podía revocar su sentencia del 25 de septiembre de 2001, habría sido superada, y que la sentencia de condena civil carece en la actualidad de efectos jurídicos, en los términos del punto dispositivo de la Sentencia” de la Corte Interamericana”; añadiendo que la referida decisión de nuestro más Alto Tribunal contenía “un análisis aislado y contradictorio de la práctica de Argentina en relación con el cumplimiento de las sentencias de la […] Corte [Interamericana]” y que esa “posición del […] Estado ya habría sido rectificada con la [nueva] resolución […] emitida por la Corte Suprema de Justicia” (Se refiere al decisorio emitido en dicha litis por la CSJN con fecha 5 de diciembre de 2017, donde el Alto Tribunal destaca que “ha dado cumplimiento total a la referida medida de reparación).
XII. Que la denominada “doctrina del margen de apreciación nacional encuentra su origen como criterio hermenéutico instaurado por los organismos del sistema europeo, a fin de interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos (...) esta doctrina puede ser entendida como un espacio de discrecionalidad que cuentan los Estados partes, para fijar el contenido y alcance de los derechos del Convenio Europeo, tomando en consideración determinadas circunstancias jurídicas, sociales y culturales” (López Alfonsín, Marcelo Alberto, “La doctrina del margen de apreciación nacional”, en Revista de Derecho Público, 2017-1, Rubinzal- Culzoni, Buenos Aires, 2017, p. 126).
Por ello, dicha doctrina corresponde entenderse en términos básicos como la posibilidad de que los Estados puedan interpretar las normas convencionales de acuerdo a sus propias particularidades nacionales, debiendo tenerse en cuenta, necesariamente, la jerarquía dada por cada Estado a los instrumentos internacionales y el sistema de control de constitucionalidad adoptado por éstos. De este modo, al dirimirse controversias en el ámbito de la jurisdicción federal, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, existe un margen de apreciación judicial para interpretaciones que compatibilicen el alcance de las normas federales, nacionales y locales con las normas constitucionales y convencionales de máxima jerarquía (confr. Leandro Abel Martinez y Emilio Rosatti: “Ensayo sobre el margen de apreciación nacional y la jerarquía de las fuentes en el sistema constitucional argentino”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, Año 17, Nro. 1, Noviembre de 2019, págs. 135-150).
En el mismo sentido, se ha sostenido que “otro desafío en el ejercicio del control de convencionalidad por parte de los tribunales internos se ciñe a la llamada doctrina del “margen de apreciación” que distingue entre un núcleo duro o esencial común para todos y otro más flexible y maleable, que admitiría ciertas modalidades secundarias de extensión y de aplicación, atendiendo las limitaciones, posibilidades y peculiaridades de cada país; su idiosincrasia y experiencias; preguntándose si la doctrina de la Corte IDH debe ser efectivizada por los jueces de todos los Estados que han aceptado la competencia de la Corte de una forma inalterable o pueden éstos adecuarla a su ordenamiento jurídico interno en virtud de la noción del margen de apreciación (Amaya, Jorge Alejandro, “Perspectivas y prospectivas del control de constitucionalidad y convencionalidad”, en derechoydebate.com).
En virtud de ello, es dable predicar que el denominado “margen de apreciación nacional” en cabeza de las autoridades locales en relación al alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también opera, y con mayor razón, respecto de sus Opiniones Consultivas, máxime ante las particulares circunstancias de la litis, por lo que el ejercicio de dicha atribución corresponde aplicarla, sin hesitación, a los fines de resolver la situación jurídica sometida a examen de este Tribunal; por cuanto la interpretación judicial debe establecer la visión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistemática, razonable y discreta que responda a su espíritu para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (Fallos: 263:453), debiendo prevalecer la razón del derecho por sobre el ritualismo jurídico formal, sustitutiva de la sustancia que define la justicia, sea ésta favorable al Fisco o al contribuyente (Fallos: 307:118).
XIII. Que, por lo demás, cabe destacar que en el orden tributario jurisdiccional-judicial local, de las siete Salas que componen el Tribunal Fiscal de la Nación, solamente la Sala “F” realiza el referido control de convencionalidad, a partir de los precedentes caratulados “La Equitativa del Plata S.A.”, del 6 de marzo de 2015, y “Zurich Argentina Cía. Argentina de Seguros S.A.”, de fecha 1/2/16 -entre muchos otros-, siguiendo la doctrina emanada de los votos preopinantes del suscripto (por cuanto los expedientes tramitaban por ante la Vocalía de la 16° Nominación, a su cargo), en los cuales se declarara la inconvencionalidad de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en tanto resultaba violatoria del “plazo razonable” de tramitación de los procesos aduaneros, que es una norma convencional.
Y si bien la primera de las sentencias supra referenciadas fue revocada parcialmente por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 30 de agosto de 2016, merece señalarse que en ningún momento la Alzada cuestionó las facultades del Tribunal Fiscal para ejercitar el control de convencionalidad, sino que se limitó a discrepar con la interpretación realizada en sede jurisdiccional en cuanto al cómputo del plazo prescriptivo.
XIV. Que, en este orden de ideas, corresponde dejar sentado que este Tribunal Fiscal ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas devienen sustantiva o materialmente judiciales (por ello es correcto denominarlas funciones jurisdiccionales-judiciales), en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa , y resulta ser el único Tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades -por ejemplo, para la declaración de inconvencionalidad de las leyes, pudiendo aplicar, al igual que los Poderes Judiciales de la Nación, CABA y provinciales, la doctrina del “margen de apreciación nacional” a los fines de prescindir de una Opinión Consultiva de la CIDH cuando no conduce a una recta y fiel realización del incólume ideal de justicia, pues resulta propio de tales situaciones la obligación de los jueces de ponderar con mayor rigor la aplicación de los principios jurídicos pertinentes, a fin de no incurrir, con daño para la consecución de dicho ideal, en una aplicación sólo mecánica de esos propios principios (confr. doctrina de Fallos 238:550 y sus citas), evitando reducir las normas jurídicas a una forma meramente abstracta, carente de contenido sustancial- que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia; máxime cuando inveterada jurisprudencia en la materia ha resaltado que los requisitos relativos a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, imparcial e independiente, “se exhibe plenamente satisfecha por la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación” (v. CNApCAF., Sala I, sent. del 12.5.00 in re: “Colfax S.A. c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar (autónoma), y “Telesud S.A.”, Sala IV, sent. Del 18.4.85).
Por su parte, y al igual que la US Tax Court -que es el Tribunal que sirvió de precedente para la creación de este TFN-, “ejercita una porción del poder judicial con exclusión de cualquier otra función y de modo similar al ejercicio de los tribunales federales, con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo” (confr. US Supreme Court in re ““Freytag v. Commissioner” -1991-); siendo que no existe en nuestro ordenamiento legal norma alguna que impida a este Tribunal ejercer el control negativo de convencionalidad.
XV. Que, por último, y sin perjuicio del modo en que se decide la excepción bajo análisis, este Tribunal no puede dejar de señalar la honda preocupación que implica la extensa duración del sumario aduanero de marras, en el cual la resolución apelada ha sido notificada más de 9 años después, cuadra repetir, de haber sido dictada.
Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados.
XVI. Que, bajo los parámetros expuestos, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Que, conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Declarar la inconvencionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos que anteceden, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 1965/10 en cuanto exige el pago de tributos a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”.
3. Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G. Con costas.
El Dr. González Palazzo dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar la inconvencionalidad del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero, en virtud de los fundamentos desarrollados en los Considerandos del voto del Dr. Garbarino, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto se notifique la resolución aduanera.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) n° 1965/10 en cuanto exige el pago de tributos a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”.
3. Declarar prescripta la acción del Fisco para percibir tributos en relación a la destinación de importación temporaria 98 001 IT14 006969 G. Con costas.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Licht (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2022.02.03 16:01:05 -03:00 Date: 2022.02.03 16:43:41 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.03 17:49:45 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.03 17:49:46 -03:00
Fin de la sentencia