Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-37541960-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
2Declarar la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 8821/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-1193-2013.
3Devolver las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando III in fine de la presente.
4Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-150230391-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Diciembre de 2023 S.A. (Sentencia)
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N.º EX-2023-37541960-APN-SGASAD#TFN:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante el RE-2023-37540810-APN-SGASAD#TFN la firma del acápite interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 8821/18 dictada el 22/11/2018 en la Actuación Administrativa SIGEA N.º 12197-1193-2013, mediante la cual resolvió archivar el sumario infraccional iniciado contra la firma “SABO ARGENTINA S.A.” en virtud del monto de la multa y conforme la Instrucción General N.º 09/2017 D.G.A., e intimar a la firma mencionada y a su aseguradora -aquí la actora- al pago de los tributos aduaneros en relación al D.I.T. 07 001 IT14 008817 N. En primer lugar, plantea la nulidad del procedimiento y del auto de instrucción de sumario en virtud de no reunir con los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A., lo que considera una violación a la ley y a principios fundamentales del derecho. Por otro lado, señala que se ha accedido todo parámetro de razonabilidad en la duración del procedimiento administrativo, dado que han transcurrido más de 15 años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, lo que resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita la doctrina del precedente “Losicer” y jurisprudencia de la Cámara que lo aplica. En esa línea sostiene, que la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos está prescripta. En subsidio, manifiesta la improcedencia de la determinación tributaria y la tasa de interés aplicable. Finalmente, delimita su responsabilidad al monto máximo asegurado en la póliza. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se deje sin efecto el cargo formulado con expresa imposición de costas.
II. Por medio del IF-2023-113361593-APN-DTD#JGM, la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Luego de hacer la negativa genérica de rigor y un sucinto relato de los hechos, manifiesta que según resulta de las constancias del expediente administrativo, la importadora no regularizó dentro del plazo concedido, la situación de la mercadería ingresada al amparo de la destinación en trato, por lo que ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Bajo esa premisa, analiza la calidad de garante de la obligación tributaria de la aseguradora, la naturaleza jurídica del seguro de caución, la finalidad del contrato de garantía y las condiciones particulares de la póliza, haciendo hincapié en que, no habiendo el importador cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, en su condición de garante, la aseguradora se comprometió a pagar a lo que resultara obligada la firma importadora, quedando constituida en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo. En síntesis, arguye que el garante debe responder con los mismos alcances y en la misma medida en cuanto a la obligación tributaria del tomador del seguro. En dicho contexto, concluye que el siniestro se produjo y que la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos de la operación que garantizó dentro del marco legal vigente. Finalmente, niega la nulidad del procedimiento, del auto de apertura de sumario y que este prescripta la acción de imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Por último, recuerda que la noción de plazo razonable es un concepto indefinido y abierto por lo que no se puede fijar un periodo de tiempo determinado, sino que se debe evaluar cada caso en particular. Cita normativa y jurisprudencia que considera aplicable. Hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba el expediente administrativo y solicita que se confirme el fallo aduanero recurrido, con costas.
III. Actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-1193-2013 (v. el IF-2023-113361900-APN- DTD#JGM e IF-2023-113361746-APN-DTD#JGM): A fs. 1 se agrega el print de pantalla de la consulta del DIT. A fs. 2 obra copia de la carpeta del DIT en trato. A fs. 3 obra el acta de denuncia, con relación al D.I.T. 07 001 IT14 008817 N por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 5 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería en infracción. A fs. 6 se glosa la liquidación de tributos. A fs. 7 (el 27/12/2013), se dispone a la instrucción del sumario (sin notificar ni correr vista del art. 1101 del C.A.). A fs. 8 se glosa el print de pantalla de la garantía. A fs. 10 se determina la liquidación de multa y tributos. A fs. 11 se deja constancia que consultado el sistema de causas archivables (SUMARCHI), la firma SABO ARGENTINA S.A. no posee antecedentes que la inhiban del tratamiento previsto en la Instrucción General 09/17 DGA. A fs. 12/vta (el 22/11/2018), se dicta la Resolución N. º 8821/18 apelada en autos (notificada a la importadora y aseguradora a fs. 13 y 14, respectivamente, el 16/03/2023).
IV. Mediante PV-2023-135884730-APN-VOCXIX#TFN se resuelve tratar las excepciones planteadas de prescripción y nulidad como de previo y especial pronunciamiento y se elevan los autos a la Sala “G”, que los pasa a sentencia.
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-1193-2013, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2009 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 27/12/2013 (v. fs. 7) y que se notificó recién de todo lo actuado el 16/03/2023.
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-
70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 27/12/2013 (ver fs. 7 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2009 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 22/11/2008-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2013 (cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 22/11/2018 (notificada a la aseguradora e importadora a fs. 13 y 14, respectivamente -el 16/03/2023-).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 26/11/2007 D.I.T. 07 001 IT14 008817 N Vencimiento del DIT 22/11/2008 Acta de denuncia (fs. 3) 07/03/2013 Apertura de sumario (fs. 7 sin notificar) 27/12/2013 No hay constancia de que se haya efectuado la corrida de vista pertinente- (crf. 1101 del C.A.)
Resolución apelada (fs. 12/vta ) 22/11/2018 Notificación de la Resolución 16/03/2023 (fs. 13 y 14)
Plazo de prescripción 01/01/2009-31/12/2013 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, no solo, no se notificó la instrucción de sumario, sino que tampoco existe constancia de que se haya efectuado la corrida de vista establecida en el art. 1101 del C.A. Por si fuera poco, la resolución dictada el 22/11/2018 fue notificada el 16/03/2023, es decir, aproximadamente 5 años después de su dictado, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva de una notificación oportuna.
En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos con relación al D.I.T. 07 001 IT14 008817 N.
Segunda Cuestión VIII. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar, en primer lugar, el planteo de nulidad efectuado por la actora respecto a la tramitación del sumario.
En tales condiciones, cabe recordar lo dispuesto en el art. 1101 del C.A.: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”
En ese entendimiento del asunto y conforme surge del cotejo de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-1193-2013, no hay constancia que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 7, se le haya dado intervención a la importadora y a la aseguradora -aquí actora-. Así es que los actos procesales cumplidos -posteriormente- fueron realizados exclusivamente por el servicio aduanero. En virtud de ello, tanto la importadora como la aseguradora recién tomaron conocimiento del sumario, con la notificación del dictado de la resolución apelada, sin haber tenido la posibilidad -con anterioridad- de tomar intervención en los actuados con el fin de esgrimir las defensas de las que pudieran valerse. En este contexto, resulta evidente que la aduana no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos por la normativa aduanera vigente en el procedimiento reglado para las infracciones (crf. arts. 1080 a 1117 del C.A.), el cual dispone que luego de la apertura de sumario se le debe correr vista a la imputada -respecto a la infracción endilgada- y citar a la aseguradora con la finalidad de que ambas partes puedan proporcionar las pruebas que consideren pertinentes e idóneas. Esta etapa procesal es crucial para demostrar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
En ese sentido, dado que el servicio aduanero no brindó al administrado la posibilidad de demostrar que cumplió con las obligaciones que el régimen prevé, no ha podido establecer bajo ningún punto de vista -de manera fehaciente- la existencia de la infracción atribuida a la importadora. Por esta razón, considero que la aduana carece de facultad para imponer penas –indudablemente menos aun de disponer su archivo por monto reducido-. Vale decir que por los mismos motivos, tampoco procede la exigencia tributaria, debido a que su reclamo se sustenta y origina una vez que se haya acreditado la infracción al art. 970 del C.A., pero como ya he señalado en el caso, eso no sucedió, dado que la tramitación del procedimiento no se ajustó a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
De lo descripto surge, sin esfuerzo de interpretación alguna, que la actora no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, vulnerando las garantías elementales del debido proceso y el derecho de defensa con raigambre constitucional y convencional, concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde ha sostenido que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales e infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros).
Llegado a este punto, es preciso hacer hincapié que el análisis de las circunstancias en relación a la nulidad, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
En efecto, si bien en otros precedentes he advertido la posibilidad de subsanar las irregularidades acaecidas en el procedimiento administrativo previo cuando se trata de revisar el ejercicio de facultades regladas (cfr. Fallos: 205:549, 247:52, 267:393, entre otros). En la especie, no puedo dejar de hacer notar que no se trata de una simple irregularidad en el marco del procedimiento administrativo que es susceptible de ser subsanada en esta instancia revisora, sino que lisa y llanamente se omitió por completo el procedimiento en sí mismo, de manera que consentir una irregularidad de tal gravedad, obligaría a este tribunal a una revisión ex novo que desnaturalizaría su carácter revisor de la actuación administrativa previa.
En esa inteligencia del asunto, resulta claro que el hecho de no haberse corrido vista a la presunta imputada y a la aseguradora (cfr. art. 1101) a fin de que pudieran ejercer plenamente su derecho de defensa (crf. art 18 CN), es un perjuicio que no es susceptible de ser subsanado en esta instancia. En ese estado de las cosas y en una interpretación armónica con la L.N.P.A., cabe agregar que la omisión de la corrida de vista -del sumario que dio origen a esta causa- torna nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, en consecuencia, la Resolución N.º 8821/18 -aquí apelada- es nula de nulidad absoluta e insanable por carecer de los requisitos exigidos por los arts. 7 y 14 de la ley 19.549. Sobre la base de lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo de nulidad incoada por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197- 1193-2013.
IX. Por el modo en que se resuelve la presente, se torna inoficioso el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en autos.
Por ello, VOTO POR:
Hacer lugar al planteo de nulidad incoada por la actora y, en consecuencia, declarar la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12197-1193-2013 con relación al D.I.T. 07 001 IT14 008817 N. Con costas a la DGA.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
I. Que, en honor a la brevedad, nos remitimos al relato de los hechos y al detalle de las actuaciones administrativas expuestos en los considerandos I a III de la presente causa.
II. Que, en primer lugar, cabe destacar que la resolución aduanera aquí apelada, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Que, como ya se mencionó en el punto I, las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N° 07 001 IT14 008817 N, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establece que deberá procederse al archivo de aquellas denuncias iniciadas por la presunta infracción al art. 970 del C.A. cuando el importe de la multa mínima no alcanzare la suma de $ 30.000, si el infractor careciera de antecedentes infraccionales por el artículo referido.
Que con dicho fundamento, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada el archivo de la denuncia, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $ 16.716,98 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
Que resulta indiscutible que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A.
III. Que, sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo que efectúa la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera.
Que el art. 1101 del C.A. dispone que “(…) cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (…)”.
Que, de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 7, ninguna intervención se le dio ni al importador ni a la aseguradora garante ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero. Es decir, no existió oportunidad alguna de acompañar —o en su caso, solicitar su agregado— de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria. Que, en efecto, las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA N° 8821/2018, sin que con anterioridad se notificara a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado. Que, por su parte, el art. 1012 del C.A. establece que “sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites (...) c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados (…)”.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), esto es, conferir vista a la aseguradora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Que el proceder del servicio aduanero afecta no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente, cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa torna nula la Resolución DE PRLA Nº 8821/2018, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora y aseguradora en su carácter de garante de la obligación en trato.
Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada.
Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución DE PRLA N° 8821/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., con costas al fisco. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
IV. Que corresponde, a continuación, tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra discutido en autos que el vencimiento de la DIT operó el 22/11/2008. En consecuencia, y de conformidad lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 01/01/2009. Dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (27/12/2013); ello, en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. Sin costas.
Que, en virtud de todo lo expuesto, VOTAMOS POR:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
2).- DECLARAR la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 8821/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-1193-2013.
3).- DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando III in fine de la presente.
4).- Costas a la DGA.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora. Sin costas.
2).- DECLARAR la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 8821/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12197-1193-2013.
3).- DEVOLVER las actuaciones a la DGA a los fines mencionados en el considerando III in fine de la presente.
4).- Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2023.12.15 16:12:19 ART Date: 2023.12.15 22:56:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.18 20:24:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.18 20:24:56 -03:00
Fin de la sentencia