Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.294-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 1455/14, declarando que la multa se reduce a la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 27.975,72).
2Con relación a lo resuelto en el punto anterior, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 53% a cargo de la firma DANCAN S.A. y en 47% a cargo de la demandada.
3Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por las co-actoras DANCAN S.A. y ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A., que asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (U$S 4.559,28), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 01/04/14 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. es el de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 68.190) -monto asegurado mediante la póliza n° 802660- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 01/04/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-95095392-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 5 de Octubre de 2021 Y ACUM Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, se reúnen los Señores vocales miembros de la Sala “F” Dres. Miguel Nathan Licht (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 35.294-A; al que se encuentra acumulado el que lleva número 35.363-A, caratulado “DANCAN S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Licht dijo:
I. A fs. 11/18 se presenta, por apoderado, la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 1455/2014, específicamente contra la determinación tributaria. En primer lugar, plantea nulidad del sumario y solicita se deje sin efecto la resolución apelada. Manifiesta que el transcurso de más de ocho años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo condenatorio resulta incompatible con el debido proceso amparado por el art. 18 de la C.N. y el art. 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Plantea la prescripción del reclamo tributario en los términos del art. 803 del C.A. Subsidiariamente, opone prescripción en los términos del art. 56 y ss. de la ley 11.683 con relación a las percepciones de IVA y ganancias. Por otra parte, cuestiona la improcedencia de los rubros derecho adicional, IVA adicional e impuesto a las ganancias. Se opone al reclamo en dólares. Sostiene que el art. 20 de la ley 23.905 no resulta aplicable a las liquidaciones suplementarias como la presente. Subsidiariamente, manifiesta que la dolarización no resulta aplicable a las percepciones de IVA y ganancias. Advierte que su responsabilidad se limita al monto de la póliza. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal y solicita se resuelva conforme los planteos formulados.
II. A fs. 25/29 vta. se presenta el apoderado del Fisco nacional (DGA) contestando el traslado conferido a fs. 20 y reiterado a fs. 23. Hace una negativa genérica de los dichos de la actora y un breve resumen de los hechos. Considera que el incumplimiento del DIT involucrado autoriza el reclamo tributario. Sostiene que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Con relación a los intereses, considera aplicable el art. 794 del C.A. Hace reserva del caso federal y solicita se rechace el recurso interpuesto, con costas.
III. A fs. 30 se tiene por contestado el traslado y por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. A continuación se libra medida en los términos del art. 1143, cumplimentada a fs. 39/52.
IV. A fs. 108 ref./114 ref. se presenta en los términos del art. 48 del C.P.C.C.N. el Dr. Alejandro José Castiella en representación de la firma DANCAN S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 1455/14. En primer lugar, opone la excepción de prescripción de las acciones del Fisco para imponer sanciones y para percibir tributos por haber transcurrido ampliamente el plazo. En este sentido, señala que el plazo de prescripción operó el 1/1/12 y que recién el 17/3/14 se notificó de la corrida de vista. Con relación a la cuestión de fondo, manifiesta que aportó la documentación suficiente para acreditar la cancelación de la D.I.T. en trato. Se agravia de la aplicación del derecho adicional con fundamento en el fallo “Frisher S.R.L.” del 14/8/13, F. 195 XLII. Por último cuestiona el tipo de cambio aplicado. Hace reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas. A fs. 124 ref. la firma DANCAN S.A. ratifica lo actuado por el Dr. Castiella.
V. A fs. 134 ref./137 ref. el representante fiscal contesta el traslado conferido a fs. 132 ref. reiterando los argumentos vertidos a fs. 25/29 vta. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
VI. A fs. 143 se resuelve acumular el expediente n° 35.363-A a la presente causa. A fs. 145 no se hace lugar a la prueba ofrecida. A fs. 156 se elevan los autos a esta Sala “F” y se llaman autos a sentencia.
VII. La Actuación n° 12197-7393-2007 se inicia con la presentación efectuada el 20 de abril de 2007 por el despachante de aduana de la firma DANCAN S.A. -ver fs. 1/6-. A fs. 11, con fecha 6/7/07, se labra el acta denuncia n° 360/07, por presunta infracción al régimen de importación temporaria, en relación a la destinación n° 04 001 IT14 001171 T, cuya carpeta original obra a fs. 12. A fs. 14 se practica la clasificación, valoración y aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 15 y 22 se liquidan los tributos y la multa mínima, respectivamente. A fs. 20 se agrega copia certificada de la póliza. A fs. 23/24, con fecha 7/4/09, se dispone la instrucción de sumario y se corre vista de lo actuado a la importadora y a la aseguradora. A fs. 25, con fecha 13/11/13, se rectifica el auto corrida de vista y a fs. 30 se reliquidan los tributos. A fs. 31, con fecha 12/3/14, se amplia y se aclara el acto rectificatorio de fs. 25. No hay constancia en las actuaciones de la notificación de la corrida de vista y sus rectificaciones de fs. 25 y 30 a la importadora. Por su parte la aseguradora se notifica de tales autos con fecha 18/03/14, conforme surge de la constancia de fs. 40 vta. A fs. fs. 34/37 y fs. 41/47 vta. obran las contestaciones de la importadora y de la aseguradora, respectivamente. A fs. 51 se dicta el proveído inicial, a continuación se agregan los antecedentes del registro de infractores y finalmente, a fs. 54/55 vta. se dicta la resolución DE PRLA n° 1455/14, aquí apelada.
Primera cuestión VIII.- En primer lugar, corresponde examinar, la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos y para imponer multas.
Tal como sostuve in re: “EX-2019-91486944- APN-SGASAD#TFN, AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ apelación”; EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A.
c/ DGA s/ apelación” y EX-2019-72410244- APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, entre otras, encuentro que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario.
Ello es así en virtud de lo establecido en el artículo 1012 inciso b) del C.A. en cuanto dispone que “Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados (…); b) Los (…) que en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos” carácter que - sin duda- reviste el auto de apertura del sumario, en tanto su dictado ha sido previsto por el legislador como causa de interrupción o suspensión de la prescripción. En orden a ello, no puede pasar desapercibido que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo (García de Enterría, E. -Fernández, T.R., "Curso de Derecho Administrativo", t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica (confr. Entrena Cuesta, R. "Curso de derecho administrativo", Madrid, 1981, 7a. ed., vol. 1, p.212), constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la administración en garantía de los derechos de los particulares (Garrido Falla, F. "Régimen de impugnación de los actos administrativos", ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1956, págs. 275 y ss.), vinculándose así su régimen con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., "Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo", Madrid, 1977, pág. 582).
La circunstancia de que los artículos 805 inc. a) y 937 inc. a) del C.A. - aplicables al caso- establezcan que el curso de la prescricpión se interrumpe por el mero dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario, no autoriza sin más a acordar a ese acto administrativo efectos jurídicos con prescindencia de la debida notificación en contraposición con el principio general establecido en el artículo 11 de la Ley 19.549. Ello así, a poco que se advierta que es propio de la interpretación de las leyes indagar su verdadero sentido y alcance mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, teniendo en cuenta su conexión con las demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, con el que deben armonizar del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 297:142; 299:93, 301:460; 302:1600, 314:1445, 1717 y 1784, entre muchos otros). Es que, jurídicamente no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y cuando esta forma -como es el caso de la notificación- aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez".
Con arreglo a lo dicho y en relación al caso que nos convoca, entiendo que el auto de apertura del sumario dictado el 7/4/09 y rectificado en dos oportunidades, el 13/11/13 y el 12/3/14, posteriores al vencimiento del plazo quinquenal previsto en los arts. 803 y 934 del C.A., no puede reputarse válido.
Conforme surge de las actuaciones administrativas tenidas a la vista, la apertura de sumario de fecha 7/4/09 no fue efectivamente notificada a las partes. En efecto, el auto de fs. 23/24, así como su rectificación de fs. 25 y su aclaratoria de fs. 31 fueron notificados en conjunto a la importadora recién el 18/3/14 (ver constancia de fs. 40/vta.), es decir, más de dos años después del vencimiento del plazo de prescripción de las acciones fiscales. Asimismo, cabe advertir que no hay constancia alguna en las actuaciones administrativas de la correspondiente notificación a la co-actora aseguradora, en tanto esta notificación constituye una exigencia impuesta por la ley cuyo incumplimiento, reitero, afecta la validez misma del acto.
En virtud de lo expuesto, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- ni la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A. En este sentido, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/07 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 17/2/06-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/11 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución DE PRLA n° 1455/14, aquí apelada, dictada el 1/4/14 (ver fs. 54/55 vta. de las act.) y notificadas a las co-actoras el 18/11/14 y el 21/11/14, según la constancias de fs. 59/vta. y 58 vta. de las act. En virtud de ello, corresponde declarar la prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 001 IT14 001171T.
El Dr.Garbarino dijo:
I. Que, con carácter previo al análisis de la cuestión planteada en autos y tal como lo he expresado al sentenciar las causas “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.840-A, del 2/12/13 y “Blanco, Eduardo Jorge c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente N° 24.553, del 3/12/13, entre otras, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae, considero que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos y, por ello, el organismo fiscal debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia.
Que, en efecto, el procedimiento infraccional previsto por el Código Aduanero, al admitir que la misma autoridad -en el caso la DGA- que investiga sea la que juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal. Dicha norma -y aquellas reglamentaciones dictadas en consecuencia- deben necesariamente entenderse como derogadas, cuanto menos por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir en las condiciones fijadas por la jurisprudencia de la Corte (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138).
Que una de las normas dictadas en consecuencia, y cuyos efectos operan a partir de la ejecución del acto administrativo que impone multa, es el Decreto 258/99 (B.O. 26/3/99), que fuera expresamente aplicado por la Administración en el acápite 4° de la resolución impugnada, de cuyo articulado se desprende que los propios agentes del organismo que impone la sanción se ven directamente beneficiados -en su faz patrimonial- con la mitad del producido de la misma, extremo que resulta por demás indicativo que en la especie no se verifica imparcialidad alguna, sino que existe un temor objetivo de parcialidad bien claro y manifiesto. La imposición de la multa objeto de autos jamás debe hacerse para satisfacer fines recaudatorios o de otro tipo, ni para constituir una fuente de recursos para el Estado, y menos para sus dependientes. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que, de acuerdo al modo en que habitualmente se liquida la referida cuenta "Productividad, Eficiencia y Fiscalización" , pudieran asistir a los beneficiarios de la norma supra analizada, los que, de corresponder, deberán ser satisfechos a través de los principios remuneratorios aplicables en el ámbito laboral, y no a través de la utilización del poder punitivo del Estado, al que cabe acudir sólo en última instancia, por resultar taxativo, fragmentario y proporcional.
En tal sentido, nuestra Corte Suprema ha destacado en el precedente “Angel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” (Fallos: 328:651, del 5/4/2005) que el principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art.18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales -art. 109-, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”, no resultando admisible concluir en tales casos que la tarea del Fisco responda a las pautas establecidas por el Alto Tribunal, pues no puede predicarse que el Administrador Federal -o quienes lo sustituyen en la función punitiva- cumplan con el estándar de tener independencia e imparcialidad asegurada, cuando justamente es la propia Administración la que inicia los sumarios para sancionar las presuntas defraudaciones cometidas en su contra.
Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración (ya sea que se trate de materia vinculada al régimen aduanero como al impositivo o al de Seguridad Social) debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o, según el caso, a tribunales jurisdiccionales legalmente equiparados -por poseer éstos facultades judiciales-, como es el caso de este Tribunal Fiscal de la Nación, en virtud de su indudable posición de neutralidad legal, técnica y fáctica frente al caso, toda vez que la DGA ejerció funciones instructorias que pudieron haber afectado objetivamente su ajeneidad con el procedimiento infraccional desplegado en sede aduanera, al momento de imponer la sanción apelada.
Por ello, la pertinencia de la actuación de este Tribunal Fiscal de la Nación reside en que ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto afirmar que posee facultades jurisdiccionales-judiciales-, en tanto es un TRIBUNAL de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero de 2012, voto del suscripto).
A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN responde a tales exigencias” (confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax S.A. -TFN 11.715-I- c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/2000). Por ende, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos, en especial aquellos vinculados a la imparcialidad del juzgador a los fines de la imposición de sanciones, la intervención por parte de este TFN en el proceso debe ser imparcial, plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado juzgamiento de la conducta infraccional reprochada por la Administración, en toda su extensión; pues las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus Vocales no han sido instituídas en beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.
Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional. Por lo demás, corresponde dejar sentado que en autos “Nutribras S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” (Expediente Nro. 36.507-A), del 6 de marzo de 2020, el suscripto ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
II. Que, sentado ello, correponde recordar que esta Sala “F”, en su actual composición (consolidada a partir del 1° de agosto de 2011) ha venido sosteniendo de modo inveterado un criterio diametralmente opuesto al sustentado por el Juez instructor al resolver la primera cuestión -en cuanto señala que la interrupción o suspensión del curso de la prescripción opera en los casos en que se notifica el auto de apertura del sumario-, que coresponde mantener en el caso sometido a examen de este Tribunal.
Asimismo, y de acuerdo a la posición sustentada por esta Vocalía de la 16° Nominación, tampoco corresponde hacer aplicación supletoria de lo dispuesto en la ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549, pues conforme a lo normado en el inc. 1 del artículo 1017 de la ley 22.415, al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal, según lo dispone expresamente el inciso 2, del mismo artículo 1017 supra citado (en el mismo sentido, Fallos 332:1109, voto del juez Zaffaroni -en disidencia-).
III. Que sentado lo que antecede, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que su jurisprudencia es obligatoria respecto de todos los tribunales inferiores a efectos de la adecuada salvaguardia de la unidad jurídica en la interpretación ínsita en el principio consagrado en el artículo 116 de la Constitución Nacional, habiéndose calificado a sí misma como "intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero).
Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos [. . .]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Alto Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (C.S.J.N., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307:1094 y sus citas).
Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de toda la República (art. 100, C.N. [actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-51); extremo que corresponde extender, sin más, a la actuación de este Tribunal Fiscal, en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales, como órgano de justicia fiscal y aduanera, imparcial e independiente de la Administración activa. Que a lo expuesto se agrega que la Corte Suprema ha expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas por ella en sus pronunciamientos bastan para descalificar las sentencias emanadas de tribunales inferiores, "pues la ausencia de argumentos que permitan determinar el criterio seguido para prescindir de la doctrina jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99, p. 30).
En efecto, en el diseño constitucional argentino "...la Corte Suprema es' el Tribunal en 'último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción (...) Sus decisiones son finales. Ningún Tribunal las puede revocar. Representa, en la esfera de sus atribuciones, la soberanía nacional, y es tan independiente en su ejercicio, como el Congreso en su potestad de legislar, y como el Poder Ejecutivo en el desempeño de sus funciones..." (Fallos: 12:134 y 325:2723).
En ese contexto, se colige necesariamente que es inherente a la función constitucional propia de ese Tribunal Cimero que, cuando ejerce la jurisdicción que la Constitución y las leyes le confieren, imponga a todos los tribunales, nacionales y provinciales, la obligación de respetar y acatar la doctrina constitucional plasmada en sus decisiones (cfr. arg. Fallos: 332:2425).
En ese marco, sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 312:2187 y sus citas, énfasis agregado), principio que se •basa primariamente en la estabilidad propia de toda resolución firme pero, además, en la supremacía del Tribunal (art. 108 citado) que ha sido reconocida por la ley desde los albores de la organización nacional, garantizando la intangibilidad de sus decisiones por medio de la facultad de imponer directamente su cumplimiento a los jueces locales -art. 16, apartado final, ley 48- (Fallos: 325:2723).
Ello, por cuanto resulta incuestionable la autoridad definitiva que tiene la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones (Fallos: 212:51, 160 y 251; 321:2114).
En consecuencia, si bien es cierto que la Corte Suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos, los jueces deben -aun frente a la inexistencia de una norma en tal sentido- conformar sus decisiones a las sentencias de ese Tribunal dictadas en casos similares (Fallos: 307:1094; 312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294), obligación esta que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal (art. 108, Constitución Nacional), los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional (conf. doctrina de Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 311:1644 y 2004; 318:2103; 320:1660; 321:3201 y sus citas).
En definitiva, en virtud de los altos fundamentos constitucionales involucrados, si las sentencias de los tribunales se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, carecen de fundamento (Fallos: 307:1094).
IV. Que, bajo tales premisas, la cuestión de fondo sometida a examen de este Tribunal ha sido adecuadamente considerada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de mayo de 2009 en autos “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario”, por lo que cabe remitirse a los fundamentos esbozados por el Alto Tribunal por razones de brevedad, máxime cuando dicha sentencia ha sido suscripta por tres jueces (Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda) que en la actualidad continuan en dicha función suprema.
En este orden de ideas, el Alto Tribunal ha destacado que surge claramente de la letra del artículo 937, inc. a), del Código Aduanero que la interrupción de la prescripción se produce por la sola circunstancia del "dictado" del acto respectivo, sin siquiera estar determinado que para que dicho acto posea virtualidad interruptiva deba ser puesto en conocimiento del sumariado.
Asimismo, subrayó que “ si la intención del legislador hubiese sido que la interrupción se produjera con la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos responsables, una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución, a fin de que éstos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (art. 1101 del C.A.) así lo habría indicado en el texto legal. Una inteligencia de las normas en juego opuesta a la consignada precedentemente importaría tanto como suponer que lo establecido por la ley respecto de la interrupción de la prescripción obedeció a la imprevisión o a la falta de consecuencia del legislador, lo cual, por principio, es inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, entre muchos otros).
Por último, señaló que la eficacia del acto que dispone la apertura del sumario a los fines de interrumpir la prescripción le está dada por la directa aplicación del ya citado artículo 937 del Código Aduanero, de manera que no corresponde acudir a otros cuerpos normativos para decidir la cuestión planteada.
V. Que, por lo demás, a los fines de resolver debe contemplarse que el contexto, imposible de obviar, derivado por la pandemia mundial por COVID-19 ha afectado indudablemente la funcionalidad y consecuente eficiencia de todos los servicios que de la Administración se pretenden, no siendo ajenos a ello la Aduana ni este Tribunal Fiscal de la Nación.
Es innegable el hecho de que la súbita emergencia superó toda concepción de “normalidad” que se tenía hasta los principios del año 2020.
Dentro de este anormal y no menos trágico contexto, una nueva normalidad se ha cernido en la actividad cotidiana: ferias extraordinarias, suspensión de plazos discrecionales, improvisadas acciones para lograr la digitalización de documentación obrante históricamente en soporte papel, imposibilidad de asistencia presencial a los puestos de trabajo y la intempestiva incorporación de la modalidad de teletrabajo como regla sobreviniente a la inédita crisis sanitaria que enfrenta la humanidad en el Siglo XXI.
Asimismo, tampoco debe olvidarse que en las sucesivas leyes fiscales atinentes al Tribunal Fiscal de la Nación se omitió, casual o causalmente, toda referencia de aplicación a la condición salarial de sus trabajadores (no así a sus Jueces -Vocales-), quienes se encuentran bajo el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), con salarios que resultan ser muy inferiores respecto de aquellos que se pagan por igual tarea en el Poder Judicial de la Nación, pese a que en muchos casos se verifica la existencia de profesionales con formación de Posgrado y experiencia en una materia muy compleja y específica como sin dudas lo es la tributaria, sea impositiva o aduanera, donde no abundan especialistas; o bien personal con extensa trayectoria, que ha dedicado toda su vida laboral a servir al Tribunal, y no resulta bien recompensado, ni reconocido.
Por ende, a esta altura no puede dejar de señalarse que la situación del personal, además de devenir injusta -y siempre el permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que le siguen-, violenta de modo flagrante los principios constitucionales contenidos en los artículos 14 bis y 16 de nuestra Constitución Nacional, toda vez que ejerce IDÉNTICA tarea que sus pares del Poder Judicial de la Nación, pero no son retribuidos del mismo modo.
Por lo tanto, de seguirse el criterio del Juez instructor, y sin perjuicio de considerar que dicha postura merece urgente tratamiento legislativo, donde el Honorable Congreso de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, razonablemente proceda a establecer un sistema definitivo sobre toda la materia aduanera con estricta observancia de parámetros constitucionales y convencionales, resulta harto probable que la sentencia del TFN sea revocada por cualquiera de las 5 Salas que componen la Cámara Contencioso Admisnitrativo Federal (en tanto todas ellas mantienen un postura disimil sobre el particular), como así también por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la referida doctrina sustentada en el precedente W.98 (“Wonderlan S.R.L.), por lo que corresponde descartar de plano cualquier solución que no respete los principios de certeza, seguridad jurídica, previsibilidad y celeridad procesal, sometiendo a a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, que obstruya o paralice los procedimientos recursivos aduaneros, con la consiguiente sobrecarga de trabajo de los Relatores de esta Sala, quienes debieran analizar nuevamente los mismos expedientes al ser devueltos por la Alzada, siendo que dicha circunstancia implicaría, de modo causal, retrasar aun más el dictado de sentencias por parte de este Tribunal Fiscal, dificultando el ejercicio de su loable misión de impartir justicia tributaria (aduanera e impositiva) en plenitud y dentro de un plazo razonable, siendo que va de suyo que los efectos desvastadores de la Pandemia mundial han impedido cumplimentarla adecuadamente.
VI. Que en virtud de lo expuesto, considero que el acto examinado en autos ostenta la entidad suficiente como para producir tanto la interrupción de la prescripción de acción del Fisco para imponer penas –art. 937, inc. a), del C.A.- , como la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805, inc. a), del C.A.
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 1/1/07 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 17/2/06-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/11 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), siendo que en fecha 7/4/2009 se dispueso la apertura del Sumario (vide fs. 23/24 act. Adm.), mientras que el dictado de la Resolución DE PRLA n° 1455/14, aquí apelada, se produjo el 1° de abril de 2014 dictada el 1/4/14 (ver fs. 54/55 vta. de las act. adm.). En virtud de ello, corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 001 IT14 001171T.
El Dr. González Palazzo dijo:
A la primera cuestión planteada por mi distinguido colega de grado, en tanto entiende que es menester la notificación del auto que dispone la apertura del sumario para dotarlo así de los efectos previstos en el art. 937 y 805 inc .a) del código de fondo, considero que nuestro Tribunal cimero –como bien lo destaca el Dr. Garbarinoen “Wonderland S.R.L. c/ Aduana Rosario” finiquitó la prístina discusión introducida. Su académica introducción en el debate sólo puede generar un innecesario dispendio jurisdiccional que afecta al ya demorado objetivo de arribar a lo pretendido: la sentencia definitiva.
Por ello, y ciñéndome al thema decidendum, adhiero a lo propuesto por el Dr. Garbarino en tanto entiende que corresponde rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 001 IT14 001171T.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Rechazar el planteo de prescripción de las acciones del fisco para imponer la multa y para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT n° 04 001 IT14 001171T.
Segunda Cuestión El Dr. Licht dijo:
I. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “F”, corresponde analizar si en el presente caso se ha configurado la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. No resulta controvertido en autos que mediante el D.I.T. nº 04 001 IT14 001171 T, registrado el 18/02/04 por ante la Aduana de Buenos Aires, la co-actora DANCAN S.A. documentó la importación temporaria de 17,67 toneladas de papel clasificado por la P.A. 4808.30.00.000 C, al amparo del régimen del decreto 1439/96, a fin de utilizarlo en la fabricación de cintas, para su posterior exportación.
En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 19/02/04 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, que luego fuera prorrogado por otro plazo igual, operando su vencimiento el 17/02/06 (ver reverso del parcial 1 del DIT que obra en el interior de la carpeta de fs. 12 de las act. adm.).
Conforme el régimen suspensivo de importación temporaria al que se acogió la actora, la mercadería así documentada quedó sometida desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de ser exportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 del C.A.-, o, eventualmente, a convertirse, en forma regular, su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el art. 271 del C.A. A su vez, las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del D.I.T. que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos P.E.
Al no existir constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Cabe señalar que corresponde a los beneficiarios de regímenes preferenciales, como el de la especie, la obligación de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, el cabal cumplimiento de las condiciones a las que la reglamentación condiciona la ventaja de importar la mercadería sin el pago de los tributos que gravan la destinación definitiva de importación.
En el presente caso, dispuesta la apertura del sumario contencioso y la corrida de vista, en oportunidad de presentarse la importadora en sede aduanera sostuvo que había regularizado en legal tiempo y forma la situación de la totalidad de la mercadería introducida en forma temporaria, mediante la documentación presentada en el expediente SIGEA 12197-7596-2006, que corre por cuerda separada a las act. adm. (declaración jurada de descarga y copia simple de las destinaciones nros. 05 001 IC01 000544 C y del C.T.C. n° 0521/2005). Por su parte, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros consideró que: “(…) los elementos de prueba aportados a estos obrados han resultado insuficientes para constatar el cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria” y condenó a la importadora al pago de una multa por infracción al art. 970 del C.A. y la intimó, junto con su aseguradora, al pago de los tributos adeudados, en relación a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante el D.I.T. n° 04 001 IT14 001171 T (ver Resolución DE PRLA n° 1455/14 de fs. 54/55 vta. de las act. adm.).
II. Por lo expuesto, corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución aduanera apelada, y, en consecuencia, la procedencia de la multa y los tributos reclamados a las aquí co-actora, por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA, en relación al D.I.T. n° 04 001 IT14 001171 T.
En esta instancia, se dispuso librar una medida para mejor proveer a la D.G.A. a fin de que se acompañe original o copia de los permisos de embarque nros. 05 001 EC03 006205 A, 05 001 EC03 009348 L, 05 001 EC03 007705 G, 05 001 EC03 008717 K y 05 001 EC03 008895 R.
Así es que el servicio aduanero localizó y adjuntó a la presente causa los P.E. originales nros. 05 001 EC03 006205 A y 05 001 EC03 009348 L. El resto de los permisos no pudieron ser localizados por la DGA por los motivos que expone a fs. 52 de autos, limitándose a adjuntar sus impresiones de pantalla (ver fs. 39/52). De la compulsa de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, así como de la prueba obtenida en esta instancia resulta que las descargas imputadas por la importadora sólo tienen respaldo parcial en dicha documentación.
En efecto, los P.E. nros. 05 001 EC03 006205 A y 05 001 EC03 009348 L, ambos registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia (17/02/06), acreditan las reexportaciones imputadas en las respectivas hojas de descargas, toda vez que pudo comprobarse que los insumos allí declarados se correspondían con los documentados en el D.I.T. aquí involucrado. Además, a fs. 64/67 ref. de estos autos, obra copia de los C.T.C. nros. 4607/2004 y 0521/2005, que se consignan en la descarga de los mencionados permisos, para acreditar la relación insumo-producto. Nótese que dichos documentos son verosímiles y no fueron atestados de falsedad por parte de la aduana. A continuación, se inserta un cuadro para clarificar lo hasta aquí expuesto:
C
Cant.
Cumplido antidad Relación Cantidad Insumo Control P.E. de PA Item de DIT CTC insumo total m2 declarado descarga embarque producto producto (kg)
(unidad)
05 001 04 001 100 EC03 4811.41.10.190 IT14 0521-
3/3/05 1.1 51.84 46.656,00 5.745,09 m2/5,136 5.745,09 006205 P 001171 05 kg A T 1.2 1.92 4.608,00 1.3 31.104 27.993,60 1.4 7.776 9.331,20 1.5 1.92 4.608,00 1.6 20.736 18.662,40 Total 115.296 111.859,20 05 001 04 001 100 EC03 4811.41.10.190 IT14 4607-
31/3/05 1.1 23.04 22.809,60 1.621,80 m2/5,136 2.635,88 009348 P 001171 04 kg L T 1.2 5.76 11.404,80 1.3 6.48 17.107,20 35.28 51.321,60 En cambio, no acreditan las pretendidas descargas los P.E. nros. 05 001 EC03 007705 G, 05 001 EC03 008717 K y 05 001 EC03 008895 R, toda ver que los mismos no pudieron ser compulsados materialmente, por no haber sido localizados por el servicio aduanero, ni acompañados por la propia administrada, por lo cual no existe documento alguno que permita determinar las descargas alegadas por la actora. Cabe aclarar que las impresiones de pantalla obrantes a fs. 45/50 no aportan fechas de cumplido de embarque, ni datos relativos a la descarga. Por su parte, el despacho de importación n° 05 001 IC01 000544 C, cuya copia obra agregada a fs. 72/73 ref. de autos, no imputa D.I.T. alguno motivo por el cual no puede ser considerado a los efectos cancelar la operación aquí involucrada.
Cabe concluir que ha resultado acreditada la reexportación en tiempo y forma de 8.380,97 kg o 8,38 toneladas de insumos importados temporariamente mediante el D.I.T. n° 04 001 IT14 001171 T. En consecuencia el saldo de mercadería que no fue regularizada asciende a 9,29 toneladas.
En consecuencia, corresponde reliquidar la multa impuesta, cuya graduación, aclaro, no ha sido materia de agravio en la presente causa.
Valor en Derechos de Tasa de TC Multa Multa (2 Aduana Base IVA IVA importación estadística 17/2/06 mínima veces) $ U$S 12.620,83 12% 0,50% 14.198,44 21% 3,068 1.514,50 63,10 2.981,67 13.987,86 27.975,72 III.- El régimen legal aplicable determina que en caso de que ocurra el vencimiento del plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de dicha mercadería, la deviene aplicable, a los efectos tributarios, la disposición contenida en el art. 274, apartado 1, inc. a), del C.A., que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieren (apartado 2 del art. citado).
La liquidación tributaria practicada a fs. 30 de las act. adm., ha sido cuestionada por las co-recurrentes en relación a los rubros derecho adicional, IVA adicional y ganancias.
Al respecto, corresponde revocar el derecho adicional por aplicación al caso de autos del fallo recaído in re “IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las consideraciones y criterio establecido en la causa “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la res. ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas temporariamente.
IV. En relación al agravio relativo a los rubros IVA adicional y Ganancias, debe señalarse la reciente doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
V. Por otra parte, en cuanto al planteo de la improcedencia de la dolarización de la deuda tributaria, corresponde precisar que el art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991) modificó, en lo que aquí respecta, el art. 639 del C.A., ya que estableció que a los efectos del pago de los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que gravan la importación y exportación, corresponde aplicar el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago -esto es, la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor al cierre del día anterior al efectivo pago-.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria surgida de la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 30 de las act. adm., conforme se detalla a continuación:
Valor en Derechos de Tasa de Aduana Base IVA IVA Total U$S importación estadística U$S 12.620,83 12% 0,50% 14.198,44 21% 1.514,50 63,10 2.981,67 4.559,28 Conforme surge de la reliquidación que antecede el importe de la deuda tributaria asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (U$S 4.559,28), en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A.
VI. Con relación a la responsabilidad de la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A., cabe señalar que mediante la póliza de seguro de caución n° 802660 (garantía n° 07 001 005263 D), cuya copia certificada obra a fs. 20 de las act. adm., aseguró a la AFIP-DGA hasta la suma máxima de sesenta y ocho mil ciento noventa pesos ($ 68.190), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A., que resulte obligado a efectuarle la importadora, como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. aquí involucrado.
Cabe señalar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Según la reliquidación efectuada por este Tribunal, el monto debido en concepto de tributos asciende a U$S 4.559,28 en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
En consecuencia, el importe que podrá exigirse a la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. es el monto máximo garantizado mediante la póliza n° 802660; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de U$S 4.559,28, convertidos al tipo de cambio anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
VII. Conforme lo dispuesto por el art. 794 del C.A., procede se devenguen los intereses a partir del plazo de diez días de la notificación de la corrida de vista del sumario sobre el monto que se confirma en concepto de tributos. Al no haber constancias de la notificación del auto de fs. 23/24, 25 y 31 a la importadora en las actuaciones, debe considerarse como tal la fecha en que DANCAN S.A. se presentó contestando la vista en el sumario, ello es el 17/03/14, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 01/04/14.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 1455/14, declarando que la multa se reduce a la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 27.975,72).
2. Con relación a lo resuelto en el punto anterior, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 53% a cargo de la firma DANCAN S.A. y en 47% a cargo de la demandada.
3. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por las co-actoras DANCAN S.A. y ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A., que asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (U$S 4.559,28), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 01/04/14 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. es el de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 68.190) -monto asegurado mediante la póliza n° 802660- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 01/04/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
4. Costas al Fisco en relación al rubro del derecho adicional y costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 40% a cargo de las co-actoras y en un 60% a cargo del Fisco nacional.
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que sentado lo que antecede, adhiero -en lo sustancial- al voto del Dr. Miguel Licht.
Sin perjuicio de ello, corresponde señalar que en la especie se excluye la procedencia del Derecho Adicional de Importación por estricta aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER S.R.L. (TF 16.236-A) c/ A.N.A.” e “IEF LATINOAMERICANA S.A. (TF 16.912- A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013.
En tal sentido, la solución que se adopta resulta conforme a los fundamentos que expuse en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, expediente Nº 23.469-A, Sala “E”, sentencia de fecha 31/07/12, en donde declarara la inconstitucionalidad de dicho derecho Adicional y a los cuales me remito en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria y al claro precepto del art. 99, inc. 3), de la Constitución Nacional, y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental.
Por último, en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala “F” al decidir en materia infraccional, y por razones de celeridad y economía procesal, corresponde proceder a confirmar, parcialmente (ver ut-infra donde se reduce la graduación de la multa), la resolución apelada en su faz sancionatoria, sin considerar el temperamento asumido por el suscripto al resolver las sentencias de referencia (confr. esta Sala in re “KIMBERLY CLARK ARGENTINA S.A. c/D.G.A s/apelación”, Expte. N° 27.252-A), del 10 de marzo de 2016.
En efecto, toda vez que, en definitiva, la condena es fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, entiendo que la forma en que se resuelve es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). ASÍ LO VOTO.
El Dr. González Palazzo dijo:
Sentado lo anterior, y centrándome en la cuestión de fondo, comparto la solución propuesta por el Dr. Licht. En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA n° 1455/14, declarando que la multa se reduce a la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 27.975,72).
2. Con relación a lo resuelto en el punto anterior, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 53% a cargo de la firma DANCAN S.A. y en 47% a cargo de la demandada.
3. Confirmar parcialmente la deuda tributaria en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA adeudada por las co-actoras DANCAN S.A. y ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A., que asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VEINTIOCHO CENTAVOS (U$S 4.559,28), que deberá convertirse al tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A., que deben calcularse desde el 01/04/14 hasta la fecha del efectivo pago.
Declarar que el monto que se le puede exigir a la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. es el de SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 68.190) -monto asegurado mediante la póliza n° 802660- o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello con más los intereses devengados desde el 01/04/14, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
4. Costas al Fisco en relación al rubro del derecho adicional y costas por su orden en relación a los rubros de IVA adicional y adelanto de ganancias.
Con respecto a los demás rubros, costas conforme los mutuos vencimientos los que se estiman en un 40% a cargo de las co-actoras y en un 60% a cargo del Fisco nacional.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Dres. Miguel Nathan Lich (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2021.10.05 02:07:02 -03:00 Date: 2021.10.05 11:00:31 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.05 21:55:21 -03:00 Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.05 21:55:22 -03:00
Fin de la sentencia