Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N.º 9113/2007 recaída en el expediente SIGEA N.º 12034-1092-2008 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.373, 96) con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 05/08/2005 hasta la fecha del efectivo pago.
2Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-113676534-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Octubre de 2022 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. c/D.G.A.
s/recurso de apelación”, expediente N.º 25.409-A El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La aseguradora a fs. 12/20/vta interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 9113/2007 dictada en la Actuación 12034-1092-2008, en cuanto la íntima, en su calidad de garante, al pago de la suma de $ 10.877,01 con más CER e intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. 97 001 IT 14 003264 N. Sostiene que su representada carece de legitimación pasiva para ser demandada, debido a que la aduana no cumplió con una serie de requisitos que deben cumplirse -con carácter previo- a que se formule cualquier reclamo dirigido a la empresa aseguradora. En la inteligencia señalada, considera que la formulación del cargo es extemporánea y sin causa, por no haber acaecido el siniestro que torna exigible el cumplimiento de la obligación accesoria de garantía. En las condiciones subrayadas, advierte que, encontrándose el deudor principal en quiebra, el fisco debió ocurrir, como cualquier otro acreedor, a presentarse a verificar la deuda reclamada en los estrados del fuero comercial. Al respecto expresa, que su representada no es liso, llano y principal pagador de los tributos, debido a que su obligación es solidaria y subsidiaria al pago de la deuda a cargo del importador moroso. Por todo lo anterior, concluye que no es resorte del servicio aduanero la posibilidad de sustraerse de las disposiciones de orden público que rigen en materia de concursos y quiebras. Por último, señala la inaplicabilidad del CER en la liquidación de tributos, ya que ello vulneraría principios constitucionales. Ofrece prueba. Formula reserva de caso federal y solicita se deje sin efecto el cargo formulado contra su representada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 27/35. En prieta síntesis, relata que no pudiendo la importadora acreditar la reexportación de la mercadería involucrada en plazo, ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Hace hincapié en que, no habiendo el importador cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, en su condición de garante, la aseguradora se comprometió a pagar a lo que resultara obligada la firma importadora, quedando constituida en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo. En síntesis, arguye que el garante debe responder con los mismos alcances y en la misma medida en cuanto a la obligación tributaria del tomador del seguro. En dicho contexto, concluye que el siniestro se produjo y que la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos de la operación que garantizó dentro del marco legal vigente para la misma. Asimismo, alega que la aseguradora también responde por los intereses que se devenguen sobre el capital. Finalmente, afirma que corresponde la aplicación del CER por ser una deuda existente a la entrada en vigor del Decreto 214/02 que no se encontraba convertida en pesos. Cita jurisprudencia. Solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Actuación N.º 12034-1092-2008: A fs. 1 obra el acta de denuncia, con relación al DIT N.º 97 001 IT 14 003264 N por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 2 se glosa la carpeta del DIT involucrado. A fs. 9 se practica liquidación de tributos. A fs. 11/12 se glosan prints de pantalla de: consulta de garantía y consulta de empresas activas. A fs. 13/14 obra consulta de juicios universales, en donde se exhibe que la importadora Ashton Chemical S.A. está en concurso preventivo (fecha de auto de apertura 26/10/1998, homologado el 24/02/2000). A fs. 15, el 05/11/2003 se dispone la instrucción de sumario y se da intervención a la Sección Cancelación y Deudas. A fs. 17, el 11/07/2005 se informa que los tributos indicados deberán ajustarse mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R.) a fin de adecuar la normativa vigente. A fs. 17/vta se corre vista de lo actuado (notificadas, a la Aseguradora a fs. 25/vta - el 21/07/2005- y a la importadora a fs. 35/vta -el 17/08/2005-). A fs.18/20/vta y fs. 32/34/vta, la aseguradora y la importadora contestan vista. A fs. 41/43 el 17/12/2007, se dicta la Resolución PRLA 9113/07 apelada en autos, (notificadas, a la aseguradora a fs. 46/vta - fecha 07/11/2008- y a la importadora a fs. 47/vta - fecha 12/11/2008-).
IV. A fs. 42 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 45/52 y los antecedentes administrativos que corren por separado. Cerrado el período probatorio. A fs. 65 se elevan los autos a la sala G y a fs. 70 se ponen los autos para alegar. A fs. 74/vta. y 76/vta. obran los alegatos de la actora y la representación fiscal, respectivamente. A fs. 79 pasan los autos a sentencia. Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12034-1092-2008 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2000 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 05/11/2003 (fs. 15) y que se notificó de todo lo actuado el 21/07/2005 -a la Aseguradora a fs. 25/vta- y el 17/08/2005 -a Ashton Chemical S.A. a fs. 35/vta-.
VII. En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
VIII. En relación con esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN- SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate - de alcance general y particular-.
IX. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 05/11/2003 (ver fs. 15 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2000, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2004 (cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 17/12/2007 y notificada el 07/11/2008 -a la ASEGURADORA a fs. 46/vta - y el 12/11/2008 -a Ashton Chemical S.A. a fs. 47/vta -.
X. Que, a mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 17/12/1997 DIT N.º 97 001 IT 14 003264 N Vencimiento DIT 13/12/1998 Prórroga 08/12/1999 Acta de denuncia (fs. 1) 22/11/2001 Apertura de sumario 05/11/2003 (fs. 15 sin notificar)
Corrida de vista (fs. 17/vta) 13/07/2005 Aseguradora Notificación de corrida de vista -21/07/2005 (fs. 25/vta)- Importadora -17/08/2005 (fs. 35/vta)- Resolución apelada 17/12/2007 (fs. 41/43)
Aseguradora Notificación de la Resolución -07/11/2008 (fs. 46/vta)- Importadora -12/11/2008 (fs. 47/vta)- 01/01/2000 Plazo de prescripción 31/12/2004 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, la notificación de la corrida de vista (ver fs. 17/vta de las act. adm.), fue realizada cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido.
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación al DIT N.º 97 001 IT 14 003264 N.
Segunda Cuestión XI. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria, debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esta instancia, no ha aportado prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT N.º 97 001 IT 14 003264 N, al vencimiento del plazo de permanencia -que operó el 13/12/1998 y que fuera prorrogado al 08/12/1999-. Al respecto, cabe mencionar que es reiterada y pacifica la jurisprudencia de los tribunales, que manifiesta que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador o de su garante en su caso, de manera fehaciente y mediante la documentación aduanera adecuada, por lo expuesto, no existen dudas de la configuración de la infracción al art. 970 del C.A.
Tampoco se encuentra discutido que, mediante la Póliza N.º 536.189, la actora aseguró a la A.F.I.P.-D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 9.500), con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A. a que resulte obligada la firma importadora ASHTON CHEMICAL S.A., como consecuencia de la operación de importación temporaria documentada mediante el DIT N.º 97 001 IT 14 003264 N. En ese entendimiento del asunto, habiendo quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., surge la responsabilidad de la recurrente, en su carácter de garante, de los tributos adeudados como consecuencia de la importación a consumo de la mercadería importada temporalmente.
En las condiciones indicadas, resulta claro que, el hecho de que el importador esté en quiebra o concursado, no condiciona la responsabilidad del asegurador, al cumplimiento por parte de la Aduana de una eventual presentación o verificación de su crédito en la quiebra del importador asegurado, ni sujeta al cobro del tributo a la realización de gestión alguna previa ante el juez de la quiebra o concurso, sino que la finalidad es más bien, en sentido inverso al pretendido por la actora, la de asegurar a la Aduana, ante la falta de ingreso de los tributos por el importador, la posibilidad de cobro de los mismos, ante cualquier eventualidad, incluido el concurso o la quiebra del importador.
Que, en tal sentido, no existe norma legal alguna, que imponga al acreedor (D.G.A.), la obligación de verificar su crédito en la quiebra o concurso, como requisito previo para reclamar su crédito a la firma garante.
XII. En ese estado de cosas, corresponde señalar que, por la resolución apelada se intimó a la recurrente al pago de una suma en concepto de tributos, correspondientes a la operación de importación temporaria documentada mediante el D.I.T. 97 001 IT 14 003264 N que incluyó, entre otros conceptos, el Derecho Adicional -Decreto N.º 1439/96-, I.V.A. Adicional y percepción del Impuesto a las Ganancias (ver liquidación de fs. 9 de las act. adm.). Al respecto, debe recordarse que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del C.A. indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al vencimiento del plazo de la importación temporaria.
XIII. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF LATINOAMERICANA S.A.” sentencia del 14/08/2013 que remite en lo pertinente a la causa “FISHER S.R.L.” sentencia del 14/08/2013, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N.º 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer de las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N.º 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
XIV. En relación a los conceptos I.V.A. Adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XV. En consecuencia, por lo expuesto en los Considerandos XIII y XIV, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
D.I.T. 97 001 IT 14 003264 N TRIBUTOS
Base imponible $10.987,99 D. IMPORTACIÓN 0% $0 Tasa de Estadística 0,50% $54,94 Base IVA $11.042,93 IVA 21% $2.319,02 TOTAL $ 2.373, 96 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.373, 96) con más CER, en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e I.V.A. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista (notificada a la aseguradora el 21/07/2005 -v. fs.25/vta de las act. adm.-). En consecuencia, los intereses deberán computarse desde el 05/08/2005 hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos del art. 794 del C.A.
XVI. Que, en lo que respecta a la procedencia de la aplicación del C.E.R., cabe poner en manifiesto que atento que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 214/02 (ver la apertura de sumario de fs. 15 de las act. adm. de fecha 05/11/2003 notificada el 21/07/2005), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo. Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($ 1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que, el ajuste mediante el C.E.R. resulta ajustado a derecho.
XVII. En relación a la extensión de la responsabilidad tributaria de la aseguradora, para determinar el tope máximo fijado en la Póliza Nº 536.189, el importe de NUEVE MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 9.500) debe convertirse a pesos en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con más la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (art. 4° dec. 214/02), a la fecha del efectivo pago. Ello así resulta de la adecuada interpretación de la ley 25.561 y el decreto 214/02, pues en caso de que esas normas no se hubieran dictado la responsabilidad máxima fijada en dólares debía de ser convertida a pesos a la tasa fijada en el mercado de divisas, a la fecha del día anterior al del pago.
Por tal motivo corresponde, en consecuencia, declarar que la suma adeudada por la aseguradora a la D.G.A., conforme la liquidación realizada precedentemente, asciende a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.373, 96) con más CER a la fecha de su efectivo pago, al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 05/08/2005 hasta la fecha del efectivo pago. Cabe poner de resalto que respecto del pago de accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad (ver cláusulas particulares de la póliza, cuando expresa “con demás accesorios…”, y art. 5° de las condiciones generales).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N.º 9113/2007 recaída en el expediente SIGEA N.º 12034-1092-2008 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.373, 96) con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 05/08/2005 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial y especialmente en lo que respecta a la Segunda Cuestión –relativa al fondo de la cuestión- al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución N.º 9113/2007 recaída en el expediente SIGEA N.º 12034-1092-2008 en relación a la aseguradora, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.373, 96) con más el CER aplicable a la fecha de pago en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., al que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del C.A. que se hubieren devengado desde el 05/08/2005 hasta la fecha del efectivo pago.
2. Revocarla parcialmente en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, I.V.A. Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.10.24 12:40:03 ART Date: 2022.10.24 15:30:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.10.24 23:27:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.24 23:28:12 -03:00
Fin de la sentencia