Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-95140003-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución RESOL-2022-6048-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 1001IT14004075W, los que ascienden a TRECE MIL QUINCE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (u$s13.015,83) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2Imponer las costas a la actora.
3Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $158.000 garantizado con la póliza 1081707; o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-25259340-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Marzo de 2025 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2022-95140003- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Decidir si se ajusta o no a derecho la Resolución 6048/2022, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, en cuanto le exige a la aseguradora el pago de los tributos más intereses emergentes del DIT 10001IT14004075W, en su carácter de garante de la operación.
II. Fundamentos de la apelación: En RE-2022-95139514-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución referida, en cuanto confirma el cargo de u$s13.015,83 en concepto de tributos más intereses, por no haberse regularizado la mercadería importada temporariamente mediante el mencionado DIT. Relata que el importe que se le exige a la aseguradora es hasta el límite garantizado en la póliza 1081707 -léase: $158.000-. En primer término, plantea la nulidad del auto de apertura de sumario por no cumplir con lo dispuesto en el art. 1094 del C.A. En segundo término, se agravia de la duración del procedimiento. Cita el fallo “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”. Opone excepción de prescripción de la acción tributaria. Se agravia porque no se le notificó la apertura de sumario. Plantea la prescripción de los rubros de IVA, IVA Adicional y ganancias en los términos de la ley 11.683. Solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas que permiten que el sumario dure indefinidamente. Alega que solo responde por los rubros que gravan la importación para consumo. Sostiene que la firma no garantizó derecho adicional, IVA Adicional ni Ganancias. Se agravia de la tasa de interés aplicable para las deudas en dólares estadounidenses. Solicita se aplique la tasa del 0,83%. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
III. Contestación del fisco: En IF-2022-136337556-APN-DTD#JGM el fisco contesta el traslado del recurso que el fuera conferido. Realiza una breve reseña de los hechos. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora. En cuanto al planteo de nulidad, alega que el auto de apertura de sumario no debe cumplir todos los requisitos del art. 1094 del C.A.; sino que solo requiere que en el acto de apertura de sumario se determinen los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción. Concluye que el referido auto es válido toda vez que determina expresamente la conducta típica por la cual se inicia el respectivo sumario a la importadora. Sostiene que no se encuentra prescripta la acción del fisco para exigir los tributos. Hace hincapié en que no se le reclaman a la actora los rubros de impuesto a las ganancias ni de IVA adicional. Alega que la actora garantizó mediante póliza 1081707 el pago de los tributos por la importación a consumo de la mercadería ingresada mediante la importación temporaria 10001IT14004075W; por lo que no habiéndose acreditado la exportación, se configura la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. y la recurrente debe responder por la obligación tributaria hasta el límite de la póliza. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
IV. Que en PV-2023-15217571-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido al fisco. En PV-2023-27509282-APN-TFN se abre la causa a prueba. En PV-2023-89509381-APN-VOCXVIII#TFN se intima a la actora librar el oficio ofrecido, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho de producir dicha prueba. En IF-2023- 91451548-APN-DTD#JGM la actora desiste de la prueba informativa dirigida al despachante de aduana. Con posterioridad, luce la certificación de prueba. Después se declara la clausura del período probatorio, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas 12197-8110-2011 se inician con el Acta de Denuncia por la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. respecto del DIT 10001IT14004075W. A fs. 3 el despachante de aduanas solicita se autorice el pago voluntario del saldo pendiente de cancelación del DIT por no poder cumplir con la reexportación en tiempo y forma de la mercadería. A fs. 6 luce la confirmación de la prórroga del vencimiento del DIT. A fs. 7/13 se glosa el DIT referido, a fs. 14/16 la Declaración Jurada y a fs. 17/34 el CTIT. A fs. 36 luce el valor en aduana, alícuotas y P.A.. A fs. 37/38 se efectúa la liquidación de los tributos y base de la multa. A fs. 39 con fecha 30 de agosto de 2016 se instruye sumario. A fs. 40 se reliquidan los tributos. A fs. 41 luce el print de pantalla de la póliza 1081707. A fs. 42/43 se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora el 7-4-21. A fs. 46/50 efectúa su defensa la actora y a fs. 56 informa el límite garantizado. A fs. 57/58 luce la póliza. A fs. 59 se notifica de la corrida de vista la aseguradora el 27-7-21 y a fs. 60 la importadora el 2-8-21. A fs. 61 se tiene por presentada a la importadora y a la recurrente, por efectuada la defensa y se tiene por ofrecida la prueba. A fs. 62 se ratifica la denuncia. A fs. 63/64 luce el Registro de Infractores y a fs. 66/69 la Resolución 2022-6048 apelada.
VI. Que, en primer término, corresponde tratar la excepción de nulidad del auto de apertura de sumario y de prescripción tributaria opuesta por la actora.
Que, en lo que aquí interesa, el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que, razonablemente para poder tener el referido efecto suspensivo el acto -en el caso, el auto de apertura del sumariodebe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, el auto de apertura del sumario cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se determinó, en forma previa al referido auto, la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería y se formuló la liquidación de los tributos.
VII. Que, sentado lo expuesto, siendo válido el auto de apertura de sumario de fecha 30-8-16, corresponde analizar la prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos.
Que el vencimiento del DIT opera el 9-7-11, por lo que el cómputo de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos comienza el 1-1-12 y se suspende con el dictado del auto de apertura de sumario del 30-8-16. Que hasta esa fecha transcurrieron 4 años y 7 meses y 29 días del plazo de prescripción quinquenal; es decir que de dicho plazo restaban cumplirse 4 meses y dos días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, en consecuencia, habiéndose dictado la Resolución apelada el 24-8-22 -Resolución notificada el 29-8-22-, la Resolución fue dictada dentro del plazo quinquenal.
VIII. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar el fondo; esto es si resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en cuanto le exige a la actora el pago de los tributos emergentes del DIT 1001IT14004075W con más intereses, en su carácter de garante de la operación.
Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que mediante el DIT 10001IT14004075W, oficializado el 13-7-10, con vencimiento 9-7-11, se documenta la importación temporaria al amparo del Decreto 1330/04, de:
-6.600 kilos de mercadería clasificada en la P.A. 3202.10.000.900P;
-900 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 3202.90.21.000F;
-2.500 kilos de mercadería que clasifica la P.A. 3202.90.29.900Q;
-1.950 kilos de mercadería que clasifica en la P.A.3202.90.30.001H;
-960 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 3204.19.30.900P;
-6.600 kilos de mercadería que clasifica en la P.A. 3824.90.89.990W.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora -única apelante en autos- probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
IX. Que la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que, para acceder a dicho beneficio, se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación –“CTC”- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 15 del Decreto 1330/04 establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.
El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto.”
Que el CTC es e1 documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA.', sentencia del 01/10/91)
X. Que, sentado lo expuesto, y en lo que aquí interesa, no hay ni en esta instancia ni en sede aduanera copia de los P.E. ni de los DI a consumo; por lo que corresponde tener por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
XI. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular, de la mercadería documentada con el DIT 1001IT14004075W y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
XII. Que, puntualmente, la actora se agravia de la liquidación tributaria en cuanto le exige los rubros de IVA Adicional y Ganancias.
Que, los mismos no le son exigidos a la actora; por lo que no corresponde pronunciarse al respecto.
Que, en consecuencia, se confirma el importe de los tributos emergentes del DIT 10001IT14004075W, los que ascienden a TRECE MIL QUINCE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (u$s13.015,83) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del C.A.
XIII. Que, con relación a la responsabilidad de la actora, conforme surge de la póliza 1081707 que luce a fs. 57/58 de las actuaciones administrativas la misma garantizó el pago de los tributos correspondientes a la importación temporaria referida hasta la suma de $158.000 -emitida el 12-7-10-; sin perjuicio de los intereses devengados.
Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01).
Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de la póliza 1081707 resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP- DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de $158.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses -art. 1122 del C.A.-
XIV. Que, como ya se dijo, el importe adeudado en concepto de tributos emergentes del DIT 10001IT14004075W es de u$s13.015,83 en concepto de Derecho de Importación, Tasa de Estadística e IVA. Todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su total y efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
Que, en consecuencia, el importe máximo que podrá exigirse a la actora es el de $158.000 garantizado con la póliza; o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados de u$s13.015,83, convertidos al tipo de cambio vendedor anterior al de la fecha de pago, si este último resultare inferior. Ello, con más los intereses del art. 794 del C.A.
XV. Que los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 27-7-21, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
XVI. Que, seguidamente, corresponde analizar el planteo de morigeración de la tasa de interés del art. 794 del C.A. Que, el suscripto entiende que corresponde respetar las tasas establecidas por cada norma, según el tiempo en que comenzaron a regir las mismas.
Que, en este ámbito de jurisdicción administrativa está vedado dejar de aplicar las Resoluciones oportunamente pertinentes, aún para intentar evitar un resultado que se presume inequitativo (pero cuya confiscatoriedad no se encuentra cabalmente demostrada en estos actuados).
Que, en este sentido, se ha pronunciado la propia Corte en el caso “Provincia de Santa Cruz” (Fallos 316:42), cuando sostuvo que no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Que, asimismo, la Excma. C.S.J.N. sentenció:“Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
Que, a su vez, el Máximo Tribunal aún no ha anulado o morigerado “per se” las tasas que surgen de las normas que rigen específicamente en esta materia.
Que, como consecuencia de los razonamientos precedentes, se deduce que la DGA deberá en cada caso aplicar la normativa vigente según la resolución que determine las tasas correspondientes, dictadas por las autoridades competentes, según lo indicado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su invalidez no ha sido declarada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una morigeración distinta, ajena a lo normado, por la vía de este Tribunal, implicaría pasar por alto los fines tenidos en cuenta por la autoridad competente, que legisló en cada momento las tasas aplicables a este tipo de deudas con el organismo fiscal. Ello, según su propia evaluación de oportunidad, mérito y conveniencia.
En tal sentido, no puede olvidarse que la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a tales criterios, que no son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 3 08:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)...”.
Consecuentemente entiendo que modificar todo o parte de la norma -en este caso la tasa aplicable- implica arrogarse facultades de control judicial, o lisa y llanamente legislativas, que exceden la competencia de este Tribunal.
XVII. Que, por la forma en que se resuelve no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-6048-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 1001IT14004075W, los que ascienden a TRECE MIL QUINCE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (u$s13.015,83) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $158.000 garantizado con la póliza 1081707; o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al relato, fundamentos y conclusiones que resultan del voto del Vocal preopinante, con expresa excepción de lo decidido en la última oración del Pto. 1.- de su parte resolutiva, como así también de lo señalado en el penúltimo párrafo del Considerando XVI, en relación a la tasa de interés aplicada en la especie.
II. Que, en tal sentido, y sin perjuicio de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Orazio Arcana“, del 18/03/1986 (Fallos: 308:283) y “Neumáticos Goodyear S.A.”, del 9/11/2000 (Fallos: 323:3412), la que indudablemente ha respondido, en cada oportunidad, al contexto económico y social en el que dichos pronunciamientos fueron emitidos, cabe colegir que la utilización de tasas con guarismos diferenciales de la magnitud de las que se aplican en los supuestos donde interviene el Fisco Nacional como actor y como demandado patentizan un evidente contraste y marcan una desproporción totalmente irrazonable , no cumpliendo con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el cumplimiento de las obligaciones, sino que más bien constituyen un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos de los particulares; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnívodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros).
III. Que, por lo tanto, en virtud de estrictas razones de equidad y justicia tributaria, la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, (mutatis mutandi voto del suscripto –en disidencia- de fecha 21 de diciembre de 2018 in re “Alpemar S.R.L., entre otros, que tramitara por ante la Vocalía de la 16°Nominación, donde se redujo la tasa de interés resarcitorio en dólares que aplica el Fisco Nacional en caso de mora del contribuyente del 3% al 1% mensual), principalmente bajo el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera.
IV. Que, por ello, la tasa de interés resarcitorio aplicable a la obligación fijada en dólares estadounidenses objeto de la presente litis debe ser del 1% mensual (12 % anual) desde los 10 días posteriores a la corrida de vista) hasta el 17 de julio de 2019; y para todos los períodos involucrados a partir del 18 de julio de 2019 –fecha de vigencia de la Resolución Nro. 598/2019 del Ministerio de Hacienda, modificada por las Resoluciones del Ministerio de Economía Nros. 559/2022 (B.O. 25/8/2022) y 3/2024 (B.O. 22/1/2024)-, debe ser del 0,83% mensual, es decir, del 9,96% anual. ASÍ LO VOTO.
V. Que, por lo demás, corresponde dejar sentado, en atención al agravio articulado por la parte actora en relación a la duración del procedimiento -con cita expresa del fallo “Losicer” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que es jurisprudencia constante del suscripto que la falta de cumplimento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios, tanto los aduaneros como los impositivos, cuando se debaten exclusivamente cuestiones de naturaleza pecuniaria -como la analizada en el sub-exámine- debe ser objeto de expreso tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para declarar la extinción de la acción en materia tributaria, por estricta observancia del principio de indisponibilidad del crédito fiscal (confr. mi voto in re “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, Expte. Nº 15.598-A, del 5 de diciembre de 2013, Consid. XI in fine), cuya aplicación resulta ineludible en la especie.
Asimismo, cabe destacar que dicha doctrina, en relación a la indisponibilidad del crédito fiscal, ha sido destacada de modo expreso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar" con fecha 27/11/2018, donde señaló especialmente que la naturaleza de las obligaciones tributarias es de crédito público no disponible (en el mismo sentido: Fallos: 292:398; entre otros).
Por ello, cabe concluir que la extinción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas sólo opera en materia infraccional (confr. Art. 929, inciso c), del Código Aduanero y Fallos: 334:1264, “Bossi García S.A.”, del 8 de noviembre e 2011), pero no en caso de determinarse tributos, atento su inexcusable indisponibilidad. ASÍ TAMBIÉN LO VOTO. El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución RESOL-2022-6048-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, recaída en las actuaciones administrativas 12197-8110-2011, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 1001IT14004075W, los que ascienden a TRECE MIL QUINCE DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (u$s13.015,83) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA; haciendo saber que para su conversión a pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informare el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de efectivo pago, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 17-8-21 hasta la fecha del total y efectivo pago.
2. Imponer las costas a la actora.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $158.000 garantizado con la póliza 1081707; o el importe de los tributos, si este último resultare menor. Ello sin perjuicio de los intereses devengados. Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2025.03.10 15:11:07 -03:00 Date: 2025.03.11 13:56:34 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.11 16:09:09 -03:00 Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.11 16:09:10 -03:00
Fin de la sentencia