Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2022-71387564-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar, respecto de la co-actora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, el cargo por tributos formulado en el artículo 3 de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA) dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-6002-2005, respecto de las pólizas N° 705292 y 703707, con costas por su orden.
2Rechazar el planteo de prescripción de la acción tributaria opuesto por la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., sin costas.
3Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), declarando que el monto de tributos adeudados por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. asciende a la suma de $ 1.598,99 (PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 99/100), con más la actualización por CER y los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas.
4Revocar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), en relación a la exigencia del Derecho Adicional y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden conforme lo dispuesto en el Considerando IX del voto del Dr. González Palazzo.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-37882077-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 15 de Abril de 2026 DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo, Pablo A. Garbarino y Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía 18a), para dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de apelación” expediente N° 32.419-A y su acumulado “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ Apelación”, expediente N° 32.432-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que a fs. 11/17 se presenta, por apoderado, la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2987/2008, dictada el 23/05/2008 por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, recaída en la actuación SIGEA N° 12197-6002-2005, mediante el cual se la condenó al pago de tributos en su carácter de garante de la Destinación de Importación Temporal N° 01 001 IT15 001363 T, documentada por la firma CONFOR GUIAS S.A., como consecuencia de la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A. En primer término, realiza un breve relato de los hechos que dieron lugar al dictado de la resolución apelada. Alega la invalidez de la exigencia tributaria y la afectación de su derecho de defensa por el paso del tiempo. Plantea la prescripción de las acciones del Fisco. Adicionalmente cuestiona la liquidación tributaria por contener conceptos no asegurados. En particular, ataca el reclamo del Derecho Adicional, IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Plantea la improcedencia de la aplicación del CER a las percepciones –por cuanto, sostiene, deben ser liquidadas en pesos desde su origen– y la incompetencia de la DGA para expedirse sobre ciertos conceptos de la liquidación tributaria. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada en autos.
II. A fs. 72/80 se presenta la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2987/2008, dictada el 23/05/2008 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, recaída en la actuación SIGEA N° 12197- 6002-2005, mediante el cual se la condenó al pago de tributos en virtud de imputarlo como garante de las Destinaciones de Importación Temporal N° 00 001 IT15 001037 R y 00 001 IT15 000549 B, documentadas por la firma CONFOR GUIAS S.A., por la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 970 del C.A. En primer lugar, explica que la misma no garantizó las destinaciones mencionadas ni emitió las pólizas N° 705292 y 703707 cuya autoría se le endilga. Informa sobre la existencia de una causa penal por estafa, refiriendo al expediente N° 68.634/2003, inicialmente caratulado “TALLERES GRÁFICOS CONFORTI S.A. Y OTROS S/ ESTAFA” y luego recaratulado como “TALLERES GRÁFICOS CONFORTI S.A. S/ INFRACCIÓN LEY 22.415”. Opone la falta de legitimación pasiva en virtud de la falsedad de las pólizas que alega y en relación a la DIT N° 01 001 IT15 001363 T por corresponder a la firma co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
Subsidiariamente, cuestiona el tipo de cambio aplicable a la liquidación tributaria y la actualización de la misma por CER. Asimismo, se agravia de la moneda en la que se liquidaron los conceptos IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, solicitando su liquidación en pesos. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se deje sin efecto la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 95/103 se presenta el Fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho esgrimidas por la firma mencionada que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Se opone a la falta de legitimación pasiva alegada por la firma, remitiéndose a las constancias de las pólizas N° 705292 y 703707 agregadas a las actuaciones administrativas. Se refiere a la responsabilidad de la compañía aseguradora y cita jurisprudencia al respecto. Sostiene la procedencia del cargo formulado a la compañía y el incumplimiento del régimen de admisión temporal en relación a las destinaciones objeto de autos. Se refiere a la procedencia del ajuste por CER y solicita su confirmación. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
IV. A fs. 106/110 se presenta nuevamente el Fisco y contesta el traslado del recurso interpuesto por ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. Por imperativo procesal, niega todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho esgrimidas por la actora que no fueren objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa una breve reseña de lo actuado en sede administrativa y contesta los agravios de la actora. Sostiene la procedencia del cargo formulado a la compañía y el incumplimiento del régimen de admisión temporal en relación a las destinaciones objeto de autos.
Se refiere a la carga de la prueba y a las obligaciones asumidas por el importador, cuyo cumplimiento fuera garantizado por la aseguradora. Sostiene la exigibilidad del cargo a la actora, en su calidad de garante de la operación. Rechaza el planteo de prescripción de la acción para el cobro de tributos y defiende la procedencia del Derecho de Importación Adicional y de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita se confirme el decisorio apelado, con costas.
V. A fs. 118/118 vta. se agregan por cuerda las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-6002-2005 y se resuelve abrir la causa a prueba. A fs. 349 se clausura el período probatorio. A fs. 366 se elevan los autos a la Sala "F" y se ponen los mismos para alegar. A fs. 370/374 obra el alegato presentado por la coactora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. A fs. 375 se deja constancia que la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. y el Fisco Nacional no hicieron uso del derecho a alegar. A fs. 379 queda la causa en estado de dictar sentencia.
VI. Las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-6002-2005 tienen su origen en la Denuncia N° 20/2002 obrante a fs. 1, en lo que aquí interesa, en relación a las Destinación de Importación Temporal N° 00 001 IT15 001363 T, 00 001 IT15 001037 R y 00 001 IT15 000549 B por presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A. A fs. 44, 47, 49 se practica el aforo, clasificación y valoración de la mercadería y se liquidan los importes de multa y tributos correspondientes -lo que se realiza nuevamente a fs. 92/96-. A fs. 61/63 se agregan los sobres contenedores de las destinaciones en trato. A fs. 67 se dispone la instrucción de sumario. A fs. 123 se corre vista de todo lo actuado a la firma CONFOR GUÍAS S.A. y se cita a las compañías aseguradoras ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. y ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CÍA. DE SEGUROS. A fs. 144/148 la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. presenta su descargo y a fs. 149 y 161 se declara la rebeldía de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CÍA. DE SEGUROS y de la firma importadora, respectivamente. A fs. 171/175, se dicta la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), apelada en autos.
VII. Que, en primer lugar, corresponde expedirse sobre el planteo de la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, en cuanto sostiene que no ha emitido las pólizas por las cuales se garantizaron dos de las destinaciones involucradas en autos. Al respecto, corresponde señalar lo siguiente:
La Aduana funda su exigencia a la firma co-actora en base a las Pólizas N° 705292 y 703707 extendidas respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma CONFOR GUÍAS S.A. mediante las Destinaciones N° 00 001 IT15 001037 R y 00 001 IT15 000549 B.
A fs. 186/187 de estos actuados obran el original de la póliza N° 703707 y copia de la póliza N° 705292, que fueran remitidos por el Sr. Juez Pablo Yadarola a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Secretaría N° 3, en respuesta al oficio librado en esta causa.
En el margen inferior derecho de dichos instrumentos se observa una firma ológrafa, advirtiéndose en la póliza N° 703707 un sello aclaratorio que dice “ANTONIO de VEDIA APODERADO”.
En virtud del desconocimiento de dichos documentos efectuado por la recurrente, a fs. 302/313, el perito calígrafo designado por este Tribunal, Marcelo Iglesias, presentó el informe encomendado, expresando, en lo que aquí interesa, que “(…) De acuerdo con los estudios, exámenes, análisis y cotejos realizados sobre las firmas dubitadas, con las signaturas INDUBITADAS ofrecidas como base de cotejo y a las evidencias que se desprenden de la documentación gráfica adjunta, dictamina: QUE LAS FIRMAS INSERTAS EN LOS EJEMPLARES DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN PARA GARNTÍAS ADUANERAS N° 703.707 (ORIGINAL) Y N° 705.292 (FOTOCOPIA), NO HAN SIDO EMITIDAS DE PUÑO Y LETRA POR EL SEÑOR ANTONIO DE VEDIA” (el destacado pertenece al original).
Asimismo, a fs. 314/321 presentó su informe María Inés Litardo De Latour, en su carácter de consultor técnico de parte, afirmando que “(…) LA SUSCRIPTA INFIERE QUE LAS FIRMAS DE LAS POLIZAS N° 703.707 EMITIDA EN BUENOS AIRES EL 17 DE MARZO DE 2000 POR LA SUMA DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES U$S 12.800 NO EMANA DEL PUÑO Y LETRA DEL SR ANTONIO DE VEDIA POR LO QUE LA MISMA ES CONSIDERADA APÓCRIFA.
DEL MISMO MODO LA FIRMA DE LA POLIZA N° 705.292 EMITIDA EL 18 DE MAYO DEL 2000 POR LA SUMA DE U$S 13.000 CON LAS RESERVAS DEL CASO POR SER COPIA FOTOESTATICA NO TIENE COINCIDENCIA GRAFICA CON LOS ELEMENTOS GENUINOS DEL SR ANTONIO DE VEDIA POR LO QUE TAMBIEN ES CONSIDERADA APOCRIFA”.
Que también obra en autos el informe pericial contable suscripto por el Contador Marcelo García Arango (fs. 213/214), en la cual el profesional expresó: “De la documentación que me fue exhibida durante la compulsa relativa a los meses de marzo y mayo del 2000 no surgen pólizas emitidas bajo las numeraciones 705292 y 703707 a nombre de Conforguías SA”. Asimismo, en dicho informe se da cuenta que en los registros de la compañía aseguradora existen pólizas emitidas con números idénticos a las involucradas en autos, pero expedidas recién en el año 2008 y a favor de tomadores y asegurados distintos a los que se consignan en los documentos de fs. 186/187.
Por lo tanto, considerando la prueba rendida en autos, cabe concluir que las Pólizas N° 705292 y 703707 no resultan título válido susceptible de generar obligaciones respecto de la firma ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CÍA. DE SEGUROS, al no haber sido emitidas por la misma.
Corresponde así, exclusivamente con relación a la co-actora mencionada en el párrafo anterior, revocar el cargo formulado en concepto de tributos en el artículo 3 de la resolución apelada, resultando innecesario el tratamiento de las demás cuestiones planteadas en su recurso.
Respecto a la imposición de costas, considero que las mismas deben ser soportadas por su orden, atento la incomparecencia de la firma ante el emplazamiento a efectuar su descargo en sede administrativa y por cuanto la decisión adoptada se basa en la prueba producida ante esta instancia (art. 1163 del C.A.).
VIII. Despejado lo anterior, corresponde adentrarse en el análisis de las defensas opuestas por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., a quien se la imputa en su carácter de garante de la Destinación de Importación Temporal N° 01 001 IT15 001363 T (cuyo sobre contenedor obra agregado a fs. 61 de las actuaciones administrativas) y en virtud de la Póliza N° 667784 (agregada en original, mediante oficio, a fs. 152 de los presentes).
Dicha firma alega la prescripción de las acciones del Fisco para el cobro de tributos, con fundamento en la extensión de los plazos del procedimiento y en los términos del artículo 803 y concordantes del C.A. Al respecto, cabe señalar que en materia aduanera el legislador estableció el plazo de cinco años para la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, el que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión e interrupción de dicho plazo, según el caso.
Ahora bien, teniendo presente el vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería documentada mediante la destinación en cuestión (24/06/2001), cabe señalar que el cómputo del plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2002, la apertura del sumario –si bien no se distingue del sello con total claridad– se puede presumir que se materializó el 22/05/2003, lo que es corroborado con lo expuesto en el recurso de apelación de la firma, y la resolución recurrida ante estos estrados data del 23/05/2008. Ahora bien, para dar solución al planteo en análisis, es útil recordar que el artículo 805 inc. a) del C.A. establece que la prescripción de la acción tributaria se suspende “(...) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión (...)”.
En este orden de ideas, el plazo prescriptivo empezó a correr en fecha 01/01/2002 y fue suspendido el 22/05/2003, con el dictado del acto de apertura de sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del C.A. Siendo menester agregar que dicha suspensión se mantiene al día de la fecha, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal, para el efecto suspensivo asignado al acto de apertura del sumario, a la existencia de una “decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo”. Es prístino, para quien suscribe, que una decisión –o acto administrativo– recién deja habilitado el ejercicio de la acción –para su ejecución– cuando ésta adquiere firmeza, lo que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, lo que, a su vez, comienza a computarse desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa –revestida de ropaje de sentencia– no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni temporáneamente cuestionada por aquél a quien se pretende exigir el cumplimiento de lo allí exigido, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor.
En virtud de lo expuesto, cabe declarar que la acción del Fisco para percibir tributos se encuentra suspendida desde el dictado del auto de instrucción del sumario.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo incoado por la recurrente respecto de la excepción de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, sin costas.
IX. Sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia del Derecho Adicional, así como también de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, conceptos que conforman la exigencia tributaria de la resolución en crisis.
Respecto al Derecho Adicional, cabe señalar que no resulta procedente el reclamo del mismo, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”.
Asimismo, en relación a las percepciones de IVA Adicional y Ganancias, atento lo dispuesto en el precedente “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01 s/ Dirección General de Aduanas” corresponde declarar que en el caso de autos se dan los presupuestos de hecho y de derecho analizados por nuestro Máximo Tribunal, por lo que considero que tampoco corresponde la exigencia de las percepciones en cuestión.
Por lo expuesto, corresponde revocar la exigencia del Derecho Adicional y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
Respecto a la imposición de costas, en la medida en que los precedentes antes referidos fueron dictados con posterioridad al trámite de estos autos, resulta razonable que las costas del proceso se distribuyan, en este punto, en el orden causado (conf. CNACAF, Sala V en autos “DU PONT ARGENTINA SRL (TF 38483-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, expediente N° 1461/2025, sentencia del 30/09/2025).
X. En virtud de lo expresado en los considerandos precedentes, se procede a practicar liquidación de los tributos adeudados, resultando de aplicación lo dispuesto por el Decreto N° 214/2002, por tratarse de una obligación expresada en dólares estadounidenses existente con anterioridad a la sanción de la Ley N° 25.561.
Liquidación de tributos:
DIT 01 001 IT15 001363 T
Fecha de vencimiento: 24/06/2001 Valor en aduana de la mercadería en infracción:
25.212 kg.
U$S 14.683,11
Derechos de Importación (8,5 %)
$ 1.248,06 Estadística (0,5 %)
$ 73,42 Base imponible I.V.A.
$ 1.321,48 I.V.A. (21%)
$ 277,51 Total tributos: $ 1.598,99, más CER e intereses a la fecha del efectivo pago.
XI. Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la co-actora por los tributos que se confirman y en el orden causado en relación a lo resuelto en el considerando IX.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar, respecto de la co-actora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, el cargo por tributos formulado en el artículo 3 de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA) dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-6002-2005, respecto de las pólizas N° 705292 y 703707, con costas por su orden.
2. Rechazar el planteo de prescripción de la acción tributaria opuesto por la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., sin costas.
3. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), declarando que el monto de tributos adeudados por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
asciende a la suma de $ 1.598,99 (PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 99/100), con más la actualización por CER y los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas.
4. Revocar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), en relación a la exigencia del Derecho Adicional y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden conforme lo dispuesto en el Considerando IX.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
I. Que adhiero a lo esbozado en los Considerandos I a VII del voto que antecede.
II. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco para exigir tributos.
Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 23 de mayo de 2008 y notificada recién el 22 de octubre del año 2012, por lo que más allá de los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva, la presente causa encuentra adecuada respuesta en el voto emitido por el suscripto in re “EX-2019- 112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF- 2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
III. Que, en tales condiciones, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero, que comenzó a correr el 24/6/2001, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 29 de diciembre del año 2007), debiendo haber fenecido el 1/1/2007, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el 22 de mayo de 2003 en que se dispuso la apertura del sumario, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
IV. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal orden de ideas, cabe colegir que si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario (22/5/2003) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 23 de mayo de 2008- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la recurrente el 22 de octubre de 2012 (confr. fs. 189 act. adm.), es decir, 4 años y 5 meses después de su dictado - constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que, en efecto, toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante-. Que el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
V. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, en la actualidad sólo opera hasta el décimo día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar (debido a la modificación suscitada por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -Ley 27.742-), reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
VI. Que, asimismo, también corresponde precisar que el inciso a) del artículo 806 del CÓDIGO Aduanero expresa que “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se interrumpe por: a) la notificación de la liquidación tributaria aduanera...”, que en la práctica dicho acto se corresponde con la notificación de la corrida de vista, contemplada en el artículo 1101 del citado cuerpo normativo.
En tal sentido, el propio artículo 1103 del citado cuerpo normativo enfatiza que “La vista contemplada en el artículo 1101 tendrá los efectos de la notificación de la liquidación de los tributos a que alude el artículo 1094, inciso d)”.
VII. Que, no obstante, y sin perjuicio que la Corte Suprema de justicia de la Nación ha destacado que el instituto de la prescripción tiene que ser interpretado restrictivamente en cuanto tiende a la pérdida de las acciones, y por ello, ante la duda, debe estarse por la existencia de interrupción (Fallos: 323:192, "Andrili de Cúneo Libarona"; 326:742, "Garbellini; 329:1012, "Randazzo"; entre otros), en la especie su análisis carece de finalidad práctica, toda vez que dicha causal de interrupción se encuentra subsumida dentro de la causal de suspensión de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera contemplada en el inciso a) del artículo 805 del CÓDIGO Aduanero, habida cuenta que ella empezó a correr en primer lugar, precisamente desde el auto de apertura del Sumario objeto de autos (23/5/2003), mientras que la corrida de vista es del día 7 de abril de 2008, y su notificación a la interesada se produjo en esa misma fecha (confr. fs. 132 act. adm.), cuando el curso de la prescripción ya se encontraba suspendido.
VIII. Que, por ende, cabe concluir que la acción del Fisco Nacional para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar al planteo de prescripción articulado por la firma actora, con expresa imposición de costas; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución con la consiguiente incertidumbre, en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto consitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
IX. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
X. Que ello es así, en virtud de que las normas específicas que rigen toda cuestión litigiosa deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:146; 302:813.
Y si bien resulta cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482; 295:1001).
XI. Que, por último, no debe jamás olvidarse que la función específica de los magistrados exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de unos u otros no se compadece con la misión -SUBLIME- de administrar justicia (doctr. Fallos: 234:482; entre muchos otros).
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. en las presentes actuaciones.
2. Imponer las costas del pleito a la demandada vencida.
ASÍ LO VOTO.-
El Dr. Soria dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. Así lo voto.-
En virtud del acuerdo que antecede, POR MAYORÍA SE RESUELVE:
1. Revocar, respecto de la co-actora ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, el cargo por tributos formulado en el artículo 3 de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA) dictada en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12197-6002-2005, respecto de las pólizas N° 705292 y 703707, con costas por su orden.
2. Rechazar el planteo de prescripción de la acción tributaria opuesto por la co-actora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., sin costas.
3. Confirmar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), declarando que el monto de tributos adeudados por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. asciende a la suma de $ 1.598,99 (PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 99/100), con más la actualización por CER y los intereses correspondientes de conformidad con lo previsto por el art. 794 C.A., con costas.
4. Revocar parcialmente el artículo 3° de la Resolución N° 2987/2008 (DE PRLA), en relación a la exigencia del Derecho Adicional y las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden conforme lo dispuesto en el Considerando IX del voto del Dr. González Palazzo.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Titular de la Vocalía 17°), Pablo A. Garbarino (Titular de la Vocalía 16°) y Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía 18°). Date: 2026.04.13 12:20:04 -03:00 Digitally signed by Juan Manuel Soria Date: 2026.04.13 14:05:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.15 12:02:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.15 12:03:45 -03:00
Fin de la sentencia