Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción opuesta por la coactora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente, con costas a la coactora aseguradora.
2Confirmar el art. 2° de la Resolución DE PRLA Nº 5671/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12197-14590-2005, la cual condena a la importadora S.K.F ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a cinco (5) veces el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 CVOS. ($ 270.356,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 3144 T, cuyo vencimiento operaba el 13/06/2004. Costas a la coactora importadora.
3Confirmar parcialmente el art. 5° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 91/100 CVOS. ($ 47.663,91.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren para la coactora aseguradora, desde el 9/03/2010, y para la coactora importadora, desde el 11/03/2010, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-67978871-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 13 de Junio de 2023 CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expte. Nº 30.623-A, y su acumulado “S.K.F. ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 30.638-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Determinar si la Resolución DE PRLA Nº 5671/2012 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el marco de la Actuación N° 12197-14590-2005, resulta ajustada a derecho en cuanto condena a la firma S.K.F. ARGENTINA S.A., al pago de una multa igual a cinco veces el importe de los tributos, la que asciende a la suma de $ 270.356,84 y formula cargo a la imputada y a la garante ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., por la suma de $ 210.067,26 en concepto de tributos adeudados, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 3144 T, cuyo vencimiento operaba el 13/06/2004 (prórroga). Mediante dicha resolución se dispuso asimismo absolver a la firma referida por la cantidad de 74.235 unidades del ítem 1.4 y 14.179 unidades del ítem 1.9 respecto de la mercadería importada temporalmente al amparo de la referida DIT, por haber sido regularizada en tiempo y forma mediante el permiso de embarque N° 04 001 EC04 150 Z.
II. Fundamentos de la apelación:
* Coactora importadora S.K.F. ARGENTINA S.A.: A fs. 33/36 se presenta por apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer término, efectúa una reseña de los hechos. A continuación, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho DIT N° 02 001 IT14 3144 T. En ese sentido, asevera que surge en forma palmaria de las descargas de los permisos de embarque detallados en la declaración jurada de cancelación la reexportación del 100% de los insumos importados. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
*Coactora aseguradora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.: A fs. 14/20 se presenta por medio de apoderado e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Efectúa una reseña de los hechos ocurridos que originaron la presente causa. En primer lugar, aduce que ha operado la prescripción de la acción en cabeza del fisco para perseguir el cobro de los tributos reclamados. Asimismo, se agravia de la resolución apelada, en tanto y en cuanto, no es cierto que no haya cumplido con el régimen de destinación suspensiva vinculado al despacho en cuestión. Afirma que el informe técnico obrante a fs. 79 de las actuaciones administrativas no logra desvirtuar la abundante documentación aportada por la firma. Cuestiona asimismo la liquidación tributaria argumentando que los rubros de I.V.A. adicional, anticipo del impuesto a las ganancias y derecho adicional no debían ser incluidos. También se agravia de la facultad de la Dirección General de Aduanas para expedirse sobre las percepciones y el I.V.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 53/56 la representación fiscal contesta el traslado del recurso. En primer lugar, efectúa un detalle de los antecedentes del caso. A continuación, niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Sostiene que la infracción endilgada ha quedado configurada toda vez que la actora no ha logrado revertir el informe técnico de fs. 79 de las actuaciones administrativas. Asimismo, se explaya sobre las características particulares del beneficio de la importación temporal y concluye que la recurrente incumplió las obligaciones derivadas del régimen legal, sin aportar prueba alguna que sustente lo contrario. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas.
IV. Que de las actuaciones administrativas Nº 12197-14590-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia de fecha 31/08/2005 (N° 1651/05) por la totalidad de la mercadería de la DIT en trato. A fs. 4 se agregó sobre contenedor de la destinación. A fs. 7 la División Verificación efectuó el aforo de la mercadería (30/09/2005). A fs. 8 obra la liquidación correspondiente y en fecha 17/11/2005 pasan las actuaciones a la Secretaría de Actuación N° 6. A fs. 10, en fecha 27/10/2006, se dispuso la instrucción de sumario. A fs. 11 luce nueva liquidación por multa y tributos. A fs. 13 se dispuso correr vista a la firma S.K.F. ARGENTINA S.A. y citar a la compañía aseguradora a los efectos de que ejerzan su derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren pertinentes. A fs. 67/69 y 70/73 la importadora y la aseguradora contestan la vista conferida. A fs. 79 se encuentra la Nota N° 3801/11 (SE PRTE) a través de la cual la Sección de Procedimientos Técnicos concluye que, salvo las unidades allí detalladas (del ítem 1.4 74.235 y del ítem 1.9 14.179) el resto de la mercadería se encontraría en infracción. A fs. 86 se adjuntó sobre con antecedentes infraccionales de la importadora. A fs. 87 y vta. se agregó liquidación por tributos y multa. A fs. 88/90 se encuentra la resolución aduanera apelada. A fs. 103 la firma S.K.F. ARGENTINA S.A. comunica la apelación ante este Tribunal y a fs. 102 luce el formulario F4.
V. Que a fs. 68 se abre la causa a prueba. A fs. 374 se cierra el periodo probatorio. A fs. 378, en fecha 13/04/2023(PV-2023-40629238-APN-VOCXXI#TFN) se eleva el expediente a la Sala “G”. A fs. 379 se ponen los autos para alegar y en fecha 8/06/2023 pasa a sentencia (PV-2023-65836404-APN- VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo análisis corresponde decidir acerca del planteo de prescripción efectuado por la coactora aseguradora en el punto III. 1 del escrito inicial.
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción se habría cometido el 13/06/2004 (fecha de vencimiento de la prórroga de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2005 y que el mismo vencía el 31/12/2009.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 27/10/2006 (ver fs. 10 de las act. adm.), hasta ese momento había transcurrido 1 año, 9 meses y 26 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años, 2 meses y cuatro días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 27/10/2006) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que la decisión a la que se hace allí literal referencia es la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” (la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.) es la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 5671 dictada el 25/08/2011.
Que, de este modo, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 27/10/2006 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 25/08/2011 (fecha del dictado de la resolución aduanera). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación. Que, conforme lo antes expuesto, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 26/08/2011. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 3 años, 2 meses y cuatro días que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que sin que haya operado el transcurso de dicho plazo se efectuó la notificación de la resolución aduanera (8/02/2012 y 9/02/2012) con los correspondientes efectos que la legislación le atribuye en materia interruptiva del plazo de prescripción (“... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.)
Es por ello que corresponde rechazar el planteo de prescripción opuesto por la coactora aseguradora, con costas.
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a parte de la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 02 001 IT14 3144 T., de la firma S.K.F. ARGENTINA S.A., registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 21/06/2002, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 13/06/2004.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que esta expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)”. (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
X. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que tanto de las actuaciones administrativas antecedentes de la causa como de la prueba producida no obran los correspondientes permisos de embarque que figuran en la declaración jurada de cancelación adjunta a fs. 85/91, resultando las impresiones de pantalla SIM (fs. 240/274 y 277/316) insuficientes toda vez que- por sí solas- no son aptas para efectuar la descarga de la temporal bajo análisis. Más aún, ante la carencia de dicha documentación esencial, tampoco pueden ser consideradas y, en consecuencias analizadas, las solicitudes de CTC y/o los certificados obrantes en las actuaciones.
En efecto, el único permiso cuyas constancias obran en las presentes es el N° 04 001 EC04 000150 Z que fue tenido a la vista y considerado por la Aduana a efectos de descargar parcialmente la mercadería y por lo cual se absolvió a la importadora (Cfr. Art. 1° de la resolución apelada).
Es por ello que no cabe más que concluir que no se encuentra debidamente acreditada la reexportación del resto de la mercadería ingresada temporariamente y, en consecuencia, corresponde confirmar en ese aspecto la resolución aduanera apelada.
XI. Que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la N° 02 001 031198H (ver a fs. 12 de las act. adm) extendida por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por la suma de U$S 56.901,40.- a favor de la aduana, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma S.K.F ARGENTINA S.A. mediante la DIT N° 02 001 IT14 3144 T.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial, Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
XII. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre los agravios vertidos sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas. Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero). Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 87 de las actuaciones administrativas.
XIII. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 87 de las actuaciones administrativas ha sido cuestionada en relación a diversos rubros que la integran.
Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 87 de las act.adm, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
BASE TRIBUTOS V.A 60.706,60 D.A 0% 0,00 D.I 4,0% 2.428,26 T.E 0,5% 303,53 BASE IVA 63.438,40 IVA 21% 13.322,06 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL US$ 16.053,86 TC 2,969 PESOS $ 47.663,91 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT N° 02 001 IT14 3144 T SON PESOS $ 47.663,91.
XIV. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Que, por lo tanto, los intereses corren, para la coactora aseguradora, desde el 9/03/2010, y para la coactora importadora, desde el 11/03/2010, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Que las sumas adeudadas en concepto de tributos se encuentran dentro del tope máximo asegurado mediante la póliza N° 02 001 031198H (ver a fs. 12 de las act. adm.) extendida por la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. respecto de la obligación tributaria de la DIT N° 02 001 IT14 3144 T.
XV. Que corresponde me refiera a la multa impuesta, que según resulta de la Resolución apelada, a los fines de determinar el quantum de la multa, se tuvo en cuenta las impresiones de pantallas del Registro General de Infractores obrantes en el sobre contenedor de fs. 86 de las actuaciones administrativas, de las que resultaría antecedentes infraccionales, (razón, por la cual se graduó la pena en 5 veces). Al respecto cabe destacar que, según resulta de las constancias, diversas resoluciones con condena han quedado firmes con anterioridad a la comisión de la infracción de autos. En efecto, de la constatación del contenido del sobre de fs. 86 se pueden advertir las siguientes resoluciones de condena, con sus respectivas fechas en las cuales han quedado firmes: Fallos 6868/01 (15/06/2002), 6957/01 (23/09/2002), 2641/98 (27/11/02) y 8602 (31/08/2001).
En tal situación, puede afirmarse que se configura la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero.
Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también en cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la conducta del responsable debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor. En este caso, la numerosa cantidad de antecedentes firmes que la importadora posee justifican debidamente la graduación de la sanción a aplicar de la forma que propone el servicio aduanero.
En consecuencia, corresponde confirmar la multa a fijarse en cinco veces el importe de los tributos. Que en cuanto a las costas corresponde imponerlas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.).
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. RECHAZAR la excepción de prescripción opuesta por la coactora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente, con costas a la coactora aseguradora.
2. CONFIRMAR el art. 2° de la Resolución DE PRLA Nº 5671/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12197-14590-2005, la cual condena a la importadora S.K.F ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a cinco (5) veces el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 CVOS. ($ 270.356,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 3144 T, cuyo vencimiento operaba el 13/06/2004. Costas a la coactora importadora.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 91/100 CVOS. ($ 47.663,91.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren para la coactora aseguradora, desde el 9/03/2010, y para la coactora importadora, desde el 11/03/2010, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo del fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. En primer termino cabe recordar que los jueces no estan obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan solo aquellos que estimen pertinentes para decidir la cuestion planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros).
Dicho lo que antecede, corresponde examinar si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086- APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 27/10/2006 (ver fs. 10 del expte. adm.), no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (cfme. arts. 934 a 937 y 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 25/08/2011, aprobada el 04/10/2011 y notificada el 08/02/2012 –SKF Argentina S.A.- y 09/02/2012 –Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.).
En adición a lo expuesto, cabe subrayar que el auto de corrida de vista de fs. 13 fue dictado el 10/12/2009, y notificado cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido (23/02/2010 y 26/02/2010). En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de relativos al DIT Nº 02 001 IT14 3144 T.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos en relación al D.I.T. Nº 02 001 IT14 3144 T. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. RECHAZAR la excepción de prescripción opuesta por la coactora ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. por los motivos expuestos en el considerando VI de la presente, con costas a la coactora aseguradora.
2. CONFIRMAR el art. 2° de la Resolución DE PRLA Nº 5671/2011, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12197-14590-2005, la cual condena a la importadora S.K.F ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a cinco (5) veces el importe de los tributos, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 84/100 CVOS. ($ 270.356,84.-). por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido, parte de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 02 001 IT14 3144 T, cuyo vencimiento operaba el 13/06/2004. Costas a la coactora importadora.
3. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 5° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XIII del presente, declarando que las coactoras adeudan la suma PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 91/100 CVOS. ($ 47.663,91.-), en concepto de tributos adeudados, con más los intereses que corren para la coactora aseguradora, desde el 9/03/2010, y para la coactora importadora, desde el 11/03/2010, ello así en razón de lo establecido por el art. 794 del C.A. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 23 % a cargo de las coactoras y en un 77 % a cargo del fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.06.13 11:28:28 ART Date: 2023.06.13 11:40:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.13 13:05:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.13 13:06:34 -03:00
Fin de la sentencia