Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 21.326-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución N° 2304/05, recaída en el expediente N° 603.679/03) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- de la presente.
2Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en el expediente N° 603.679/03, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 6018-2/97, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-122983522-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Noviembre de 2022 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/D.G.A. s/Recurso de apelación”, Expediente N° 21.326-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 6/13vta. se presenta la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2304/05 dictada en el expediente N° 603.679/03, por medio de la cual se condenó a la firma GRUNBAUM, RICO Y DAUCORT SAICF por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., intimando a su parte al pago de $ 14.225,88, en concepto de tributos en su carácter de garante de la obligación tributaria. Despliega una serie de requisitos que deben cumplirse previamente a la formulación del cargo, por lo cual entiende que, no habiéndose cumplimentado con todos ellos, el mismo resulta improcedente. Expresa que conforme lo dispuesto por la ley 24.522 y debido al estado falencial en que se encuentra la importadora, los intereses deben suspenderse a la fecha de la presentación en concurso o declaración de quiebra del tomador. Dice, en relación al alcance de la responsabilidad del Asegurador frente a la Aduana, que tratándose de una obligación de derecho privado con causa fuente en el contrato de seguro, no resultaría deudor de una obligación de derecho público frente al Estado y en consecuencia no es responsable directo del pago de tributos. Solicita la aplicación de la Resolución Nº 1645/94 y la Circular Interna Nº 38/94. Precisa que el servicio aduanero debe seguir todos los pasos previstos por la ley 24.522 a fin de obtener la verificación de su crédito. Esgrime que la Aduana sólo podrá dirigir su acción contra la aseguradora cuando el título en su poder sea un certificado definitivo de deuda, por encontrarse firme el cargo, verificado en el concurso o quiebra del importador. Estima que no es liso, llano y principal pagador de los tributos como lo supone el organismo recaudador y que sólo debe responder en forma subsidiaria, en el supuesto de que el importador resulte responsable de la infracción imputada, con cargo firme como título ejecutivo y siempre y cuando éste no haga frente a la obligación tributaria. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se deje sin efecto el cargo formulado, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 30/38 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Sintetiza los antecedentes de la causa. Por imperativo procesal, niega cada uno de los hechos y la documentación aportada por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Aduce que importadora no cumplió con las obligaciones asumidas en el régimen, que en consecuencia, que se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A., y que resulta procedente la sanción impuesta y la consecuente responsabilidad tributaria. Resalta que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido con las obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Se refiere a la intervención de la compañía aseguradora y al régimen de garantía. Remite a los arts. 453, 455 y 461 del C.A. y a las disposiciones del Código Civil aplicables en la materia. Por último, apunta que la recurrente no cuestionó la liquidación de tributos efectuada en el expediente administrativo, y que a la fecha de confirmación de la exigencia tributaria debe tenerse presente las leyes 23.905 y 23.928. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 63 se abre la causa a prueba, a fs. 79 se deja constancia de que la prueba informativa ordenada no fue producida y se cierra el período probatorio. A fs. 82, se corre vista del expediente a las partes. A fs. 85 se elevan los autos a la Sala G y a fs. 86 se pasan a sentencia.
IV. Que el expediente N° 603.679/03 (Actuación N° 12039-2692-2005) se inicia con el acta denuncia contra la firma GRUNBAUM, RICO Y DAUCORT SAICF, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A, atento que no habría regularizado la situación de la mercadería importada temporalmente mediante el DIT N° 6018-2/97, cuyo vencimiento operó el 27/07/1998. A fs. 2 se agrega la carpeta del DIT involucrado con su documentación complementaria y a fs. 3/4 se glosan las Notas de fechas 30/07/2003 y 27/08/2003. A fs. 5, el 24/11/2003 se instruye sumario en los términos del art. 1090 del C.A. A fs. 6 la División Verificación informa el valor en aduana de la mercadería en infracción, posición arancelaria, tributos a la fecha de la infracción y que su importación resultaba permitida por el régimen general. A fs. 9 se practica liquidación de tributos y se determina el monto de la multa. A fs. 10/11 obra print de pantalla de consulta de juicios universales. A fs. 12/14 lucen prints de pantalla de consulta de empresas activas y consulta de garantías. A fs. 15 el 29/11/2004 se corre vista en los términos del art. 1101 del C.A. a la firma imputada y se cita a ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. en su carácter de garante de la obligación tributaria, quienes se notifican en fecha 02/12/2004, conforme constancias de fs. 29 y 17. A fs. 18/28 la garante presenta descargo. A fs. 30, atento la incomparecencia de la firma imputada, se declara su rebeldía en los términos del art. 1105 del C.A. A fs. 31/34 se agregan prints de consulta de antecedentes al registro general de infractores. A fs. 35 se tiene por presentada a la firma aseguradora y se provee la prueba ofrecida. A fs. 36/38, en fecha 12/07/2005 se dicta la Resolución DE PLA N° 2304/05, que se notifica a la aseguradora el 06/09/2005. A fs. 40, visto el estado falencial de la importadora, se ordena la confección de certificado provisorio de deuda. A fs. 45/46 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 6018-2/97, registrado por la firma importadora GRUNBAUM, RICO Y DAUCORT SAICF, ante la Aduana de Bs. As., el 25/07/1997, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 27/07/1998.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido. Que tanto el referido Decreto 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Decreto 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96). A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio”.
VII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, debo señalar, que de la compulsa de la actuaciones administrativas, surge que no procede la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante el DIT N° 6018-2/97 por encontrarse esta prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 5 de las act. adm.), y que sin bien la cuestión no fue planteada, ni introducida por las partes, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes principio que se encuentra plasmado en el art. 1143 del C.A., y asimismo, atento a la naturaleza material de las infracciones, no le resulta vedado al juzgador apreciarse de oficio en cuanto a la prescripción de la misma. Que cabe recordar que el art. 803 del C.A establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumariodebe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Que, dicha obligatoriedad ha sido querida por el legislador que dispuso que el administrador “determinará...” y “dispondrá...”, términos que no pueden sino interpretarse en el sentido de que resulta imperativo para el servicio aduanero cumplimentar con todos los requisitos allí determinados, reitero, en el mismo auto de apertura. Que a fs. 5 del sumario administrativo antecedente de estos autos (expediente N° 603.679/03) obra el auto de apertura del sumario de fecha 24/11/2003.
Que de su compulsa resulta claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la importadora, el mismo no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto.
Que, en efecto, en el auto de apertura de sumario se dispone: “…Visto la denuncia efectuada a fs. 1 contra la firma “GRUMBAUN, RICO & DAUCORT” (Reg. 672-3-6), por incumplimiento al Régimen del Art. 970 del C.A., con respecto a la mercadería ingresada a través del D.I.T. N° 6018-2/97, cuyo vencimiento habría operado con fecha el 27/07/98, INTRÚYESE SUMARIO en los términos del Artículo 1.090 del Código Aduanero. Previo a todo trámite pasen las actuaciones a la División Verificación (RAMO B) a fin que se sirvan informar el valor en aduana, derechos de importación, estadística, iva, iva adicional, ganancias y demás derechos de la mercadería en infracción a la fecha 27/07/98”.
Que corresponde resaltar que lo actuado en autos ha sido en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resulta evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan, circunstancias que tuvieron lugar con posterioridad a la instrucción.
Así las cosas, según las constancias cronológicas del expediente administrativo, la clasificación y valoración de la mercadería fue realizada entre el 20/01/2004 y el 22/03/2004 (ver fs. 5 y fs. 6 vta.) y a su vez, la liquidación de los tributos tuvo lugar entre el 01/11/2004 y 26/11/2004 (ver fs. 8, 9 y 10), es decir, con posterioridad a la instrucción del sumario.
Que la importancia del cumplimiento por parte del servicio aduanero de los requisitos establecidos en el artículo 1094 del C.A. radica en el hecho de que el administrado pueda conocer, con carácter previo a la presentación de su defensa, los hechos investigados, así como el resultado de la verificación, clasificación, valoración de la mercadería involucrada, así como también la liquidación de los tributos y las posibles medidas cautelares.
Que, conforme el criterio sostenido por el Dr. Segura en su voto en minoría, en la causa “CEARCA S.A., c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. Nº 25.681-A, de esta Sala (con una composición diferente a la actual), estimo que, por carecer de requisitos esenciales el acto de apertura de sumario de fecha 24/11/2003 -obrante a fs. 5 de las act. adm.-, el mismo es nulo de nulidad absoluta, en tanto violatorio de la ley, careciendo, por ende, de aptitud para suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805 inc. a) del C.A. Que por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 27/07/1998 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción es de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del fisco (conf. art. 803 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/1999, en los términos del art. 804 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2003, careciendo de aptitud suspensiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 24/11/2003, por las razones ya expresadas en el párrafo precedente.
Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de fs. 5 de las act. adm., atento a que ella se dispuso en fecha 29/11/2004 (ver a fs. 15 de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
Destaco que este mismo sentido se expidió la Sala “E” de este Tribunal, en la causa “Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A.”, expte. Nº 27.525-A, cuando, en una causa análoga a la de autos, expresó: “el auto de fecha 29.12.04 (v. fs. 18 ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario. Nótese que ni siquiera se han determinado los hechos constitutivos de la infracción, como exige el art. 1094 del C.A. En consecuencia, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.)...”. “Que, conforme lo expuesto, cabe declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas en lo que hace a la firma recurrente (conf. art. 946 del C.A.) puesto que, al no haber habido interrupción de la prescripción de la acción fiscal, la resolución DE PRLA Nº 8955/09 es extemporánea”.
Que, por otro lado, no podría afirmarse que la fulminación del acto declarado nulo constituya una declaración de nulidad por la nulidad misma “puesto que corresponde considerar el agravio que señala la recurrente, cual es el de la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas. Habiendo agravios concretos, la nulidad no se decreta ritualmente” (esto último, conforme la ya referida sentencia).
Siguiendo este mismo criterio en la causa caratulada “BOSTON COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SA Y ACUM.
c/ DGA s/ recurso de apelación.” Expte.:29.422-A. (17/04/2012). (Sala “E”) se dispuso: “...que el auto de apertura del sumario del 22/11/2005 (fs. 38 de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc. a) del CA, toda vez que no reúne los requisitos del art. 1094, inc. d), del CA en cuanto a la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni esos tributos habían sido liquidados con anterioridad. Que tampoco se corrió vista antes del 1°/01/2008, en la cual obrara la liquidación tributaria. De haberse corrido ese tipo de vista, con anterioridad a esa fecha, se hubiera subsanado la falencia del auto de apertura del sumario.”
Que cabe destacar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, en los autos: “Agencia Marítima TAGSA S.A. c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”. Expte.:40.306/13 (18/03/2014), señalo que para que el acto de apertura de sumario sea válido es necesario que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente, art. 1094 del C.A. En este sentido resolvió de acuerdo al criterio adoptado por la Sala IV, en los autos: “Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27435-A) c/ D.G.A.” del 11 de junio de 2.013 (sentencia que quedó firme, por haber sido declarado inadmisible por la C.S.J.N. el recurso extraordinario interpuesto por el Fisco, con fecha 4/02/2014)”. “...Señaló que para que el auto de apertura del sumario tuviera tal virtualidad, debía tratarse de un acto válido, siendo para ello necesario que reuniera los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente. Así, subrayó que el art. 1094 del C. A. identifica los enunciados obligatorios con que debe contar la resolución que dispone la apertura del sumario, e indica -en tal sentido- que “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
Concluyó que resulta imperativo cumplir con aquellos requisitos para luego correr vista de lo actuado y posibilitar al intimado de pago ejercer correctamente su defensa; por el contrario, la falta de alguno de ellos deriva indefectiblemente en la nulidad del acto (confr. también Sala IV in re: Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA” y en similar sentido, Sala I in re “Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.”, sentencia del 23/02/10)...”. Manteniendo, idéntico criterio en las causas: “YPF SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/4/17; 39183/17 “Gibaut Hnos. Manufacturas de Cuero SA c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 19/12/17; y 88231/2017 “Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 15/3/18, entre otras).
Finalmente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III, en la causa “Denso Manufacturing Argentina SA TF 28874-A C/ DGA S/Recurso Directo de Organismo Externo”, Expte. 55478/2019, se explayo acerca de la interpretación que la sala, le ha asignado al art. 1094 inc. d) del C.A.: “En efecto, ha sostenido que, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a), del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente vista al particular (…) y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas (conf. in re, “Arte Radiotelevisivo Argentino SA (TF28836-A) c/ DGA”, Expte. No. 21.830/2012, del 6/6/2013). (…) Por tal razón, la realización de la liquidación tributaria correspondiente, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento aduanero (esta Sala, causa “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.” citada).
Que, con fundamento en lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y en consecuencia, la prescripción de la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 6018-2/97, con costas a la DGA.
VIII. Que atento el punto precedente, deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas por la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución N° 2304/05, recaída en el expediente N° 603.679/03) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en el expediente N° 603.679/03, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 6018-2/97, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3. Costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura de sumario y de todo lo actuado en consecuencia (Resolución N° 2304/05, recaída en el expediente N° 603.679/03) en los términos de lo dispuesto en el Considerando VII.- de la presente.
2. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A., en el expediente N° 603.679/03, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 6018-2/97, conf. arts. 803 y conc. del C.A.
3. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.11.10 14:04:05 ART Date: 2022.11.14 19:33:10 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.14 19:36:14 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.14 19:36:46 -03:00
Fin de la sentencia