Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.225-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución 3627 de fecha 16/06/2009, recaída en las actuaciones administrativas 12034831-2005, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 99001IT141583 R, los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($12.156) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más CER, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 02-10-2007 hasta la fecha del total y efectivo pago y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2Imponer las costas por su vencimiento las que corresponden en un 41% a la actora y en un 59% al fisco.
3Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $23.000, pesos más CER garantizado con la póliza 612363. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-62620202-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 10 de Junio de 2025 En Buenos Aires, se reúnen los Señores vocales miembros de la Sala “F” Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 36.225-A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Que con fecha 4 de febrero de 2025 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la sentencia apelada en autos dictada por este Tribunal en fecha 08/08/2023, obrante en los presentes actuados a fs. 94/97 vta., y ordenó su reenvío a efectos de pronunciarse nuevamente de conformidad a lo indicado en el último párrafo apartado 1) de la sentencia obrante a fs. 129/130.
II. Que, en consecuencia, corresponde analizar el fondo; esto es si resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en cuanto le formula a la aquí actora en su carácter de garante de la firma MARQUIE VAPLAS SA , en concepto de tributos adeudados por la suma de $ 29.091,07, ajustada más CER, con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación 99 001 IT14 1583 R, con vencimiento el 24/10/2000.
III. Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, no se encuentra controvertido en autos que la firma MARQUIE VAPLAS SA., importó mediante la destinación mencionada ut-supra, oficializada el 29-03-99, con vencimiento 24-10-00, mercadería en forma temporaria de “..Sin carga Los demás-Polietileno de densidad inferior a 0,94 POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS…” autorizados en los términos del DTO. 1439/96, por un plazo de 360 días.
IV. Que el art. 970 del CA sanciona con una multa al que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de importación temporaria (arts. 250 y sgtes. del CA) y el pago de los tributos resulta de lo dispuesto en el art. 274 del CA que establece: “La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la obligación de reexportar” el apartado 2 dispone “...quien hubiere importado temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere”.
Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de la firma importadora o en su caso de la aseguradora -única apelante en autos- probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial.
Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la descarga de los DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la importación para consumo de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del plazo establecido por la norma.
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce la inversión de la carga de la prueba.
V. Que la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual. La mercadería importada de acuerdo a este régimen, no paga los tributos que gravan la importación para consumo ni la tasa de estadística, con excepción de las demás tasas retributivas de servicios.
Que, para acceder a dicho beneficio, se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación –“CTC”- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que, al respecto, el art. 14 del Decreto 1439/96 establece que: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través de él, la Aduana pueda conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que la relación insumo/producto establecida por el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que detalla dicho documento. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA.', sentencia del 01/10/91)
VI. Que, sentado lo expuesto, y en lo que aquí interesa, no obran agregados ni en esta instancia ni en sede aduanera copia de los P.E. ni de los DI a consumo, que permitan acreditar la regularización del régimen de importación temporaria escogido por la importadora; por lo que corresponde tener por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
VII. Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación para consumo irregular de la mercadería documentada con el despacho de importación 99 001 IT14 1583 R y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia de la mercadería, momento que establece el art. 638 inc. e) del Código Aduanero.
VIII. Que, la aquí actora se agravia de la liquidación tributaria efectuada por el servicio aduanero en cuanto le exige los rubros de derecho adicional, IVA Adicional y Ganancias con más el CER.
Que, con relación al agravio relativo a la exigencia del derecho adicional establecido por el decreto 1439/96 -a cuyo amparo se registró el DIT- corresponde aplicar el criterio sentado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA” en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “IEF Latinoamericana S.A.(TF 16.912-A) c/ DGA” y, en consecuencia, no corresponde incluir el dicho adicional al monto reclamado en concepto de tributos.
Que, respecto de las percepciones de IVA adicional y de ganancias, cabe señalar que en virtud de lo resuelto por la Corte Suprema en la causa "CLADD ITA S.A. (T.F. 22.343-A) c/En-DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas", al encontrarse vencido el plazo para presentar la declaración jurada de los tributos, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de aquéllas.
IX. Que, ello así, corresponde ahora analizar el agravio de la actora vinculado a la aplicación del CER a la deuda tributaria.
Que en los términos de los arts. 274, ap. 1, inc. a), 638, inc. e), y 639 del C.A., la deuda se originó el 24/10/00, ello es al vencimiento del plazo de permanencia acordado para la mercadería ingresada por el régimen de importación temporaria, fecha en la que se debieron pagar los tributos correspondientes a la importación irregular para consumo, como ya se dijo.
Que, a su vez, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905, la deuda tributaria nació en dólares estadounidenses. Que el decreto 214/02, en su artículo 8, dispone: “Las obligaciones de dar sumas de dinero, expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán en razón de un DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1), aplicándose a ellas lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto”. El artículo 4, al que dicha norma remite establece que a dichas deudas “se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”.
Que tratándose, la de autos, de una deuda u obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 -importación para consumo irregular de fecha 29/03/1999, cuyo vencimiento operó el 24/03/2000- esa suma debió liquidarse conforme el art. 20 de la ley 23.905, en dólares (U$S). En el caso, el importe exigido en la corrida de vista de fs. 29 en fecha 12/09/2007 (notificada a la aseguradora el 18/09/2007), fue expresados en pesos, cuando ya $ y U$S no eran equivalentes (pues se había derogado la ley 23.928 no encontrándose vigente la paridad cambiaria $ 1 - U$S 1), y se efectuó después del Decreto 214/02. La deuda tributaria quedó así “pesificada” por el Decreto 214/02 (con la paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada -por la Aduana- antes de dicho decreto). Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sent. del 12/08/2008, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sent. del 17/04/2007, en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Dec. 214/02 el CER es inescindible del capital adeudado.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del DI en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
X. Que por lo expuesto precedentemente corresponde reliquidar los tributos exigidos en relación a la mercadería en infracción, teniendo en consideración la liquidación practicada por el servicio aduanero en las actuaciones administrativas TRIBUTOS:
DIT 99 001 IT14 001583 R ITEM 1 VALOR EN ADUANA $ 28.823,02
Derechos de importación 17% 4.899,91 Tasa estadística 0.5% 144,12 BASE IVA 33.867,05 IVA 21% 7.112,08 TOTAL TRIBUTOS: $12.156, más CER.
XI. Que, con relación a la responsabilidad de la actora, conforme surge de la póliza 612363 que luce a fs. 80 de los presentes actuados, la misma garantizó el pago de los tributos correspondientes a la importación temporaria referida hasta la suma de U$d 23.000 -emitida el 26-03-99-; sin perjuicio de los intereses devengados. Que el seguro de caución aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro (Fallos 315:1406); es una fianza y no un seguro, ya que pertenece a los contratos de garantía cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora, pues cumple con las mismas funciones económicas que las garantías que un determinado deudor otorga a favor de su acreedor para asegurarle el cumplimiento de una futura obligación pecuniaria (Cfme. C.N.Com. Sala B del 11-3-97 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA c/ De los Electrónica SA y otros”). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado que el seguro de caución es un contrato de garantía cuya finalidad es garantizar a favor del tomador, y ello de manera expeditiva, habida cuenta del origen de esta figura, que aparece como sustituto de una caución real en poder del comitente (fallos 321:3334) (Cfme. C.N.A.C.A.F Sala III “Aseguradora de Créditos y Garantías SA” sent. del 14-12-01). Que de la naturaleza jurídica del seguro de caución y de las condiciones generales de la póliza 612363 resulta que una vez formulado el cargo o existiendo resolución firme que establezca la responsabilidad el Tomador y el monto, la AFIP-DGA tendrá derecho a requerir del Tomador o del Asegurador el pago pertinente (art. 3). Los derechos que corresponde a la AFIP contra el Tomador, en razón del siniestro cubierto por la póliza, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización pagado por éste (art. 4). La Aduana en su carácter de asegurado frente al incumplimiento de la obligación por parte del tomador del seguro tiene acción directa contra el asegurador, por lo que en el caso la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. es responsable de la obligación tributaria relativa a la mercadería no regularizada hasta la suma de U$d 23.000 que es el límite de la responsabilidad establecida por su póliza, con más intereses -art. 1122 del C.A.-
XII. Que, no escapa a la vista del suscripto que la garantía fue emitida con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 25.561.
Que, ello así, en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 23.000), en la relación U$S 1 = $ 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02, por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
XIII. Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
XIV. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma. Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes.
Que el importe nominal de los tributos asciende a la suma de $12.156 con más el CER determinado en el Considerando X.- el que queda comprendido dentro del límite garantizado (U$S 23.000), a razón $ 23.000 con más el CER; por lo que es por ese importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
XV. Que los intereses adeudados por la aseguradora son los devengados a partir del vencimiento del plazo de diez días desde la notificación de la corrida de vista del sumario de fecha 18-09-2007, por lo cual los intereses deben computarse a partir del 02-10-2007 hasta la fecha del total y efectivo pago.
XIX. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución aduanera, en relación a los rubros derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A, con más el CER y los intereses devengados desde el 02-10- 2007 hasta la fecha de total y efectivo pago (art. 794 del C.A.).
Por ello, voto por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 3627 de fecha 16/06/2009, recaída en las actuaciones administrativas 12034831-2005, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 99001IT141583 R, los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($12.156) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más CER, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 02-10-2007 hasta la fecha del total y efectivo pago y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Imponer las costas por su vencimiento las que corresponden en un 41% a la actora y en un 59% al fisco.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $23.000, pesos más CER garantizado con la póliza 612363. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Soria.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Vocal preopinante.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución 3627 de fecha 16/06/2009, recaída en las actuaciones administrativas 12034831-2005, respecto de la actora, en cuanto le exige el pago de los tributos emergentes del DIT 99001IT141583 R, los que ascienden a la suma de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($12.156) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, más CER, con más los intereses del art. 794 del C.A, los que deberán computarse desde el 02-10-2007 hasta la fecha del total y efectivo pago y revocar parcialmente la resolución apelada, en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
2. Imponer las costas por su vencimiento las que corresponden en un 41% a la actora y en un 59% al fisco.
3. Declarar que el monto máximo que se le podrá exigir a la actora es el de $23.000, pesos más CER garantizado con la póliza 612363. Ello sin perjuicio de los intereses devengados.
Regístrese, notifíquese y una vez firme, devuélvanse las actuaciones administrativas por Secretaría General de Asuntos Aduaneros y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Actora: Peluffo 20-08426456-4 Fisco: Vetere 20-14557145-7 Date: 2025.06.06 17:25:42 ART Date: 2025.06.10 11:24:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.10 13:08:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.10 13:09:19 -03:00
Fin de la sentencia