Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 32.739-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6020/12 dictada en las actuaciones N° 12210-2532-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N°02 073 IT14 000603 C, sólo hasta el límite de la póliza, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCO CON 16/100 CVOS. ($ 11.105,16) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 30 % a cargo de la actora y en un 70 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-126439029-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 24 de Octubre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
Expediente N° 32.739-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6020/12, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 04/09/2012, en la Actuación Nº 12210-2532-2005, en cuanto por su artículo 3º se le formula cargo en concepto de tributos adeudados a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., en su calidad de garante de la importadora NAHUELCO S.A. por la suma de $ 36.562,31 con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 13/19 se presenta por apoderado ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Primeramente, efectúa una reseña de los hechos que originaron la presente causa. Asevera que la excesiva duración del sumario en sede aduanera implica la vulneración del derecho a ser oído y a la garantía del plazo razonable. A continuación, cuestiona la liquidación tributaria, por incluir conceptos no asegurados, tales como el IVA adicional, la percepción del Impuesto a las Ganancias y el Derecho Adicional. Cita jurisprudencia. Agrega que los impuestos internos, en tanto tienen sustento en la presunción de comercialización de la mercadería no reexportada, carecen de vinculación directa con el aludido incumplimiento. Aduce que la Dirección General de Aduanas carece de competencia para determinar cuestiones relativas a las percepciones reclamadas. En relación a la póliza, enfatiza que es necesario contar con dicho instrumento y que su falta de agregación permite concluir que fue devuelta, por encontrarse cancelada. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 30/36 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. A continuación, se expide en relación a las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria. Entiende que, en ese marco, la carga de la prueba recae sobre la importadora, que es quien debe acreditar de forma fehaciente y con la documentación adecuada el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a su cargo. Cita jurisprudencia. Se opone al planteo de prescripción opuesto por la actora. En relación a la liquidación cuestionada, sostiene que el servicio aduanero actuó conforme a derecho, aplicando la norma vigente, sin que ello implique la definición del hecho generador de la obligación tributaria. Explica que, al tiempo de garantizar, la aseguradora conocía el régimen tributario vigente y que, dado que se ha producido el siniestro, debe efectuar el pago correspondiente. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-2532-2005 se inician a fs. 1/18 con la solicitud de liberación de la garantía vinculada a la DIT N° 02 073 IT14 000603 C. A fs. 19 se encuentra el sobre contenedor del despacho. A fs. 20/22 obra el acta de denuncia N° 375/05. A fs. 24 se efectuó la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería. A fs. 24 vta. consta la liquidación de tributos. A fs. 28 se liquidaron nuevamente los tributos y la multa. A fs. 29 se encuentra la consulta de la garantía 0207300221B. A fs. 30, en fecha 21/09/2007, se dispuso instruir sumario y correr vista de todo lo actuado a efectos de que las partes ejerzan su derecho de defensa. A fs. 33/64 se presenta la importadora y contesta vista. A fs. 66/124 se agrega más documentación relacionada a la destinación en trato. A fs. 126 la Sección de Procedimientos Técnicos informa que no puede constatarse la reexportación de la mercadería. A fs. 135 obra cédula de notificación de la corrida de vista dirigida a la aseguradora. A fs. 136/139 se presenta la aseguradora y contesta vista. A fs. 146/149 luce la resolución apelada y las constancias de notificación (fs. 150/151). A fs. 153 la actora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 154)
V. Que a fs. 37, en fecha 31/05/2013, se declaró la causa como de puro derecho.
VI. Que en fecha 19/10/2023 se elevan los autos a la Sala “G” y en fecha 20/10/2023 pasan a sentencia.
VII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., como garante de la obligación tributaria de la firma importadora NAHUELCO S.A. respecto de la destinación de importación temporaria N° 02 073 IT14 000603 C.
VIII. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un "fiador" (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria.
En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, en efecto, tal como detallara, el importe nominal por el que, en el caso, debe responder la importadora ($ 36.562,31.-) es menor que el importe de la suma garantizada por la actora aseguradora (U$S 10.887,10, cfr. fs. 29 de las act. adm.) conforme lo señalado; por lo tanto, es (sólo) por este último importe que debe responder la actora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en la póliza por la suma de U$S 10.887,10.
IX. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307- 1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 28 de las actuaciones administrativas.
X. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria practicada por el servicio aduanero a fs. 28 de las actuaciones administrativas ha sido cuestionada en relación a los rubros que la integran (cfr. punto V.- y siguientes del recurso de apelación).
Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 28 de las act. adm, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, (conf., a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
BASE TRIBUTOS V.A 9.423,04 D.A 0% 0,00 D.I 15,5% 1.460,57 T.E 0,5% 47,12 BASE IVA 10.930,73 IVA 21% 2.295,45 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 3.803,14 TC 2,92 11.105,16 TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT N° 02 073 IT14 000603 C SON PESOS $ 11.105,16.
XI. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
En el caso de autos, toda vez que no surge constancia de notificación a la importadora de la corrida de vista, a los efectos del cómputo se tendrá en cuenta la fecha de contestación de la corrida de vista (fs. 33 de las act. adm., 26/11/2007).
Es decir que la importadora fue notificada con anterioridad a la fecha de notificación de la aseguradora (véase cédula de notificación de fs. 135, 26/06/2012).
Por lo tanto los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 10/12/2007, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6020/12 dictada en las actuaciones N° 12210-2532-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N°02 073 IT14 000603 C, sólo hasta el límite de la póliza, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCO CON 16/100 CVOS. ($ 11.105,16) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 30 % a cargo de la actora y en un 70 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante.
No obstante, en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora formulada en el considerando VIII, a lo referente a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora.
Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho. En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del C.A. prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación. Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/ AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23, 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados ($11.105,16), si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del C.A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6020/12 dictada en las actuaciones N° 12210-2532-2005, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por el DIT N°02 073 IT14 000603 C, sólo hasta el límite de la póliza, declarando que la misma adeuda por dicho concepto la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO CINCO CON 16/100 CVOS. ($ 11.105,16) en concepto de tributos más los intereses que correspondan a la fecha del efectivo pago (Art. 794 del C.A.)
2. Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 30 % a cargo de la actora y en un 70 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.10.24 17:49:00 ART Date: 2023.10.24 19:11:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.24 19:48:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.24 19:48:54 -03:00
Fin de la sentencia