Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo ADGA 605.819/2003 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT14 001784 S.
3Con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-129597247-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente N.º 23.275-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La aseguradora a fs. 208/213 interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 878/07 dictada en el expediente ADGA 605.819/2003, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma “ASHTON CHEMICAL S.A.”, al pago de la suma de $ 9.643,40 con más CER e intereses, en concepto de tributos adeudados por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T. N.º 97 001 IT14 001784 S. En primer lugar, sostiene que conforme surge de la documental acompañada, la totalidad de mercadería ingresada en forma temporaria fue reexportada por ASHTON CHEMICAL S.A. antes del plazo de vencimiento estipulado. Por esa razón, indica que dado que el siniestro no ocurrió, no está obligada a pagar el cargo formulado. Subsidiariamente, plantea la inaplicabilidad del C.E.R., debido a que la obligación tributaria reclamada por el fisco es anterior al dictado del Decreto 214/02, por ende, de corresponder liquidar los tributos se debe aplicar lo dispuesto en los arts. 637, 638 y 639 del C.A. Ofrece prueba, formula reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución impugnada por no ajustarse a derecho.
II. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 224/231. Luego de hacer una negativa genérica, en prieta síntesis manifiesta que, la actora no ha desvirtuado la configuración de la infracción dispuesta por el art. 970 del C.A., así como tampoco, la extinción de las obligaciones asumidas. Por otro lado, hace hincapié que los argumentos esgrimidos por la contraria y la aplicación del Código Civil en referencia al régimen general de responsabilidad, no puede ser opuesto frente a la pretensión de la DGA. En dicho contexto, indica que la liquidación de los tributos corresponde a la importación para consumo irregular de la mercadería en cuestión, por lo que, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Por último, sostiene que a la fecha de sanción del Decreto 214/02 las obligaciones derivadas de la póliza de caución estaban vigentes y no cumplidas, por lo tanto es procedente la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (C.E.R). Cita jurisprudencia. Ofrece prueba y solicita se confirme el fallo aduanero con expresa imposición de costas.
III. Actuación ADGA 605.819/2003: A fs. 1 obra el acta de denuncia con relación al D.I.T. 97 001 IT14 001784 S por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 3 se indica que la DIT en trato figura cancelada en el Sistema Maria pero no registra el documento cancelatorio. A fs. 6 se glosa la carpeta del DIT involucrado. A fs. 7 - el 29/12/2003- se dispone la instrucción (sin notificar). A fs. 8/9 se glosa el print de pantalla de consulta al Sistema de Juicios Universales en donde surge que la importadora se encuentra en concurso preventivo. A fs. 13 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería. A fs. 15 se practica liquidación de tributos y multa. A fs. 23/vta -27/04/2005- se corre vista de todo lo actuado (notificada, a la importadora a fs. 35/vta -el 02/06/2005- y a la aseguradora a fs. 36/vta- el 26/05/2005-). A fs. 30/34/vta la aseguradora contesta vista. A fs. 37 se provee el escrito acompañado, se tiene por presentada a la aseguradora y se declara la rebeldía de importadora “ASHTON CHEMICAL S.A.”. A fs. 47/50, el 07/03/2007, se dicta la Resolución 878/2007 apelada en autos, (notificada a la aseguradora a fs. 56/vta - el 11/07/2007- ).
IV. A fs. 235 se abre la causa a prueba, la que fue desistida a fs. 368 dado el resultado de las diligencias realizadas (ver contestaciones de oficios de fs. 239/245 y 359). Los antecedentes administrativos que corren por separado. A fs. 371 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G. A fs. 373 se ponen los autos para alegar. A fs. 377/382 obra el alegato de la actora. A fs. 384 se pasan los autos a sentencia.
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias del Expediente ADGA 605.819/2003, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/1999 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 29/12/2003 (v. fs. 7) y que se notificó recién de todo lo actuado el 27/04/2005 (notificada, a la importadora a fs. 35/vta -el 02/06/2005- y a la aseguradora a fs. 36/vta- el 26/05/2005-).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 29/12/2003 (ver fs. 7 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/1999 -en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 02/11/1998-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2003 (cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 07/03/2007 (notificada a la aseguradora a fs. 56/vta - el 11/07/2007-).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 06/11/1997 D.I.T. 97 001 IT14 001784 S Vencimiento DIT 02/11/1998 Acta de denuncia (fs. 1) 18/12/2003 Apertura de sumario 29/12/2003 (fs. 7 sin notificar)
Corrida de vista (fs. 23/vta) 27/04/2005 Importadora Notificación de corrida de vista -02/06/2005 (fs. 35/vta)- Aseguradora -26/05/2005 (fs. 36/vta)- Resolución apelada 07/03/2007 (fs. 47/50)
Notificación de la Resolución Aseguradora -11/07/2007 (fs. 56/vta)- 01/01/1999 Plazo de prescripción 31/12/2003 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, la notificación de la corrida de vista (ver fs. 23/vta de las act. adm.), fue realizada cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva del servicio aduanero en efectuar una notificación oportuna.
En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación al D.I.T. N.º 97 001 IT14 001784 S.
Segunda Cuestión VIII.- Sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, considero pertinente analizar si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del CA. Corresponde señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justifica su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros). Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente. Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaró específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizó de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizó la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”. (CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas ADGA 605.819/2003, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 29/12/2003 (ver fs. 7), en donde solo se reduce a disponer la instrucción de sumario sin más: “VISTO el acta denuncia de fs. 01 (Nro. 277/03) de la Comisión Causa 21.149, de dónde surge que la Firma Importadora ASHTON CHEMICAL S.A. habría incumplido con lo normado en el art. 250 subsiguientes y concordantes del Código Aduanero, al no haber reexportado ni convertido en importación definitiva - dentro del plazo otorgado- el total de la mercadería importada temporalmente mediante Despacho de Importación Temporal Nro. 97 001 IT14 001784 S, situación prevista y penada por el art. 970 del mismo texto legal, SE RESUELVE:
1. DISPONER LA APERTURA DEL SUMARIO en los términos del art. 1090 inc. “c” del Código Aduanero atento que en autos se habría configurado “prima facie” la infracción prevista y reprimida en el artículo 970 de dicho cuerpo legal. 2) Como medida de mejor proveer (art. 111 del C.A.) REMITASE nota de estilo a DIVISION VERIFICACION de la Aduana de Buenos Aires, Sección Ramo “B” para que dentro del perentorio plazo de cinco (5) días de recibido, por su intermedio o por quien corresponda, a fin de evitar traslados innecesarios - ello conforme lo establecido en el ap. 4 de la Instrucción General 002/99 D.G.A. – PROCEDA EN INFORMAR: 1) Si la mercadería en cuestión es de importación a consumo prohibida - 2) El valor en aduana y los tributos que gravan la importación a consumo de la misma – 3) En caso de resultar mercadería de importación prohibida, indicar además el valor en plaza de la misma, todo ello a la fecha del vencimiento de la/s tempora/les de autos, indicando la misma.”
Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos. Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Sentado lo que antecede, corresponde hacer hincapié que, el auto de apertura (ver fs. 7) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria, ni liquidó los presuntos tributos a abonar. Todo ello fue diferido en el tiempo a lo que resultase de lo actuado por la DIVISION VERIFICACION de la Aduana de Buenos Aires, Sección Ramo “B”. Así es que, se puede constatar que la clasificación y valoración de la mercadería se llevó a cabo a fs. 13, mientras que la liquidación de los tributos se efectuó a fs. 15 del expediente administrativo.
En ese marco, resulta claro que el actuar del servicio aduanero fue contrario a lo que preceptúa el art. 1094, en donde lo constriñe a determinar, clasificar, valorar la mercadería y liquidar los tributos en el mismo auto de apertura de sumario. Sobre la base de lo expuesto, queda en evidencia que la autoridad administrativa actuó fuera del marco de su competencia temporal, por lo que el acto administrativo es nulo de nulidad absoluta (art. 14 y 17 de la LNPA).
XIV. Atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo ADGA 605.819/2003 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT14 001784 S.
3. Con costas al Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo ADGA 605.819/2003 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT14 001784 S.
3. Con costas al Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.30 14:15:05 ART Date: 2023.10.30 18:06:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.31 14:26:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 14:26:42 -03:00
Fin de la sentencia