Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.608-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de NULIDAD y PRESCRIPCIÓN opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar parcialmente el art. 3º de la Resolución DE PRLA N° 5551/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/11/2016, en la actuación SIGEA Nº 12210-1088-2011, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 08073IT14000547P, declarando que la misma adeuda-sólo hasta el límite de la póliza N° 977434- la suma de DÓLARES DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 CVOS. (U$S 2.979,25) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
3Costas conforme a sus respectivos vencimientos, las que resultan en un 21 % a cargo de la actora y en un 79 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-17465039-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 19 de Febrero de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
Expediente N° 39.608-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5551/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/11/2016, en la actuación SIGEA Nº 12210-1088-2011, en cuanto condena a la firma KIP FITNESS & HEALTH S.R.L. al pago de una multa equivalente a $ 37.976,47 y formularle cargo, conjuntamente a la aquí actora por tributos por la suma de U$S 7.028,28 y $25.597,34 en virtud de encontrarla responsable de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la DIT N° 08073IT14000547P, con vencimiento el 12/03/2009.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 8/14 se presenta ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los antecedentes de la causa. Opone la prescripción de los impuestos y de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Cuestiona la liquidación tributaria y la inclusión de percepciones que estima improcedentes e ilegítimas. Recuerda que el deber de responder debe quedar circunscripto al límite de la póliza. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 22/32 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la recurrente que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Defiende la vigencia de la acción para perseguir los tributos. Agrega que la actora garantizó por el “todo”, resultando improcedente pretender desligarse de su responsabilidad. Defiende la liquidación efectuada. Opina que cuando se trata de analizar los alcances de un seguro obligatorio, toda cláusula restrictiva debe ser interpretada estrictamente y declarada nula si contradice los estándares mínimos. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-1088-2011 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 54/11, de fecha 02/03/2011. A fs. 4 se encuentra el sobre original de la DIT. A fs. 6 y 7 se efectuaron el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 14 y vta. se dispone la instrucción de sumario y corrida de vista, en fecha 22/11/2011. A fs. 19 se agrega la notificación a la importadora, en fecha 09/09/2013. A fs. 28/29 obra la póliza N° 977434. A fs. 31 la actora se notifica de la corrida de vista, en fecha 13/09/2016. A fs. 32/40 la importadora contesta la vista conferida. A fs. 47/48 se emite la resolución apelada, notificada a fs. 51/52. A fs. 53/54 la actora acompaña formulario F4 e informa del recurso de apelación interpuesto.
V. Por PV-2026-12049759-APN-VOCXXI#TFN se elevó la causa a la Sala “G”. Finalmente, por IF- 2026-12125622-APN-VOCXXI#TFN, pasaron a sentencia.
VI. Que preliminarmente, corresponde tratar los planteos de nulidad y prescripción opuestos por la actora (en los términos de lo dispuesto a fs. 35 del expediente principal).
Que, con relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva. Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 12/03/2009 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2010.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 22/11/2011, hasta ese momento habían transcurrido 1 año, 10 meses y 21 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 años, 1 mes y 10 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que reanudándose el plazo con el dictado de la resolución aduanera hasta la notificación (01/10/2018) no transcurrió el plazo pendiente para que se produzca la prescripción aludida, razón por la cual corresponde rechazar el planteo, sin costas, por su tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
Que, en cuanto al planteo de nulidad, en su mayoría se vincula con el contenido de la liquidación tributaria, así que será analizado en el punto correspondiente.
En lo que hace al planteo de nulidad vinculado a la fecha de la providencia de autos a resolver (15/11/2016, fs. 46) y la de la resolución aduanera (14/11/2016) no posee entidad como para acarrear una declaración de nulidad, máxime cuando la actora no explica de qué forma esa circunstancia lesionó sus derechos o los perjuicios ocasionados. Decidir de otra forma, equivaldría a declarar la nulidad por la nulidad misma e ignorar principios sustanciales como los de conservación y presunción de legitimidad de los actos.
VII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. como garante de la obligación tributaria de la firma importadora KIP FITNESS & HEALTH S.R.L. respecto de la destinación de importación temporaria N° 08073IT14000547P.
VIII. Que cabe precisar que la actora no cuestiona el incumplimiento por parte de la importadora de las obligaciones derivadas del régimen de importación temporal.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del C.A., y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige el cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
IX. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, cabe recordar que la actora se agravia de la inclusión de rubros que estima improcedentes, tales como el IVA adicional y el Impuesto a las Ganancias (fs. 10/12 del recurso).
Que corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera reclamado en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas (fs. 12).
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional.
Ello así en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (Página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema “sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, Fallos, 307- 1094 y sus citas).
Que, en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 12 de las actuaciones administrativas.
X. Que también debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 12 de las act. adm., sin incluir las percepciones mencionadas (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN) ni el derecho adicional conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR LA DIT 08073IT14000547P SON U$S 2.979,25.
Que el deber de responder debe circunscribirse al límite de la póliza (N° 977434) expedida por $ 23.000 (cfr. surge de las constancias de fs. 29/30 de las actuaciones administrativas).
XI. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando -obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal(es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 23/09/2013 (cfr. constancias de notificación de fs. 19 y 31 de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR las excepciones de NULIDAD y PRESCRIPCIÓN opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3º de la Resolución DE PRLA N° 5551/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/11/2016, en la actuación SIGEA Nº 12210-1088-2011, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 08073IT14000547P, declarando que la misma adeuda-sólo hasta el límite de la póliza N° 977434- la suma de DÓLARES DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 CVOS. (U$S 2.979,25) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. 3).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos, las que resultan en un 21 % a cargo de la actora y en un 79 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR las excepciones de NULIDAD y PRESCRIPCIÓN opuestas por la actora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3º de la Resolución DE PRLA N° 5551/2016, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 14/11/2016, en la actuación SIGEA Nº 12210-1088-2011, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 08073IT14000547P, declarando que la misma adeuda-sólo hasta el límite de la póliza N° 977434- la suma de DÓLARES DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 25/100 CVOS. (U$S 2.979,25) suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. 3).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos, las que resultan en un 21 % a cargo de la actora y en un 79 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.02.19 11:16:08 ART Date: 2026.02.19 11:47:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.02.19 14:19:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.19 14:19:37 -03:00
Fin de la sentencia