Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 39.639-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de prescripción opuesto por las coactora aseguradora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 16/10/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-931-2013 en cuanto condena a la coactora importadora EURO S.A. al pago de una multa la que se reduce a PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 27/100 CVOS. ($ 58.840,27) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 16.620 unidades de la mercadería importada temporalmente mediante la destinación N° 07001IT14001584H, con vencimiento el 03/03/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 86 % a cargo de la coactora importadora y en un 14 % a cargo del Fisco.
3Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 45/100 CVOS. (U$S 18.614,45), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 929920. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-36855746-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Abril de 2026 ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. y otro Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
Expediente N° 39.639-A y su acumulado “EURO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” Expediente N° 39.677-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 16/10/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-931-2013, en cuanto resuelve condenar a la coactora importadora al pago de una multa de $ 68.461,60 y formular cargo, conjuntamente a la citada en garantía, por tributos equivalentes a U$S 21.658,21 y $ 49.860,87, atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 07001IT14001584H, con vencimiento el 03/03/2008.
II. Fundamentos de las apelaciones:
*Coactora aseguradora: A fs. 8/13 se presenta, por apoderado, la coactora aseguradora e interpone recurso de apelación contra la resolución aludida. Opone la excepción de prescripción de la acción del Fisco para imponer el cobro de los tributos y la de los impuestos reclamados. Cuestiona la liquidación tributaria por contener rubros improcedentes, tales como las percepciones de IVA y del Impuesto a las Ganancias. Agrega que la forma en la que fueron calculados los intereses no se ajusta a derecho. Recuerda que el deber de responder debe circunscribirse al límite de la póliza. Finalmente, ofrece prueba formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
*Coactora importadora: A fs. 78/89 se presenta, por apoderado, la coactora importadora e interpone recurso de apelación contra la resolución aduanera. En primer lugar, relata los antecedentes del caso. A continuación, desarrolla sus agravios. Inicialmente, asevera que la duración del procedimiento sumarial carece de todo parámetro razonable, con la consiguiente afectación del derecho de defensa. Sostiene que la DIT fue debidamente descargada mediante los permisos de embarque cuyas constancias del sistema informático fueron acompañadas. Explica que, atento al tiempo transcurrido, pudo acompañar únicamente copias de algunos de los permisos de embarque y del CTC 1486. Puntualiza que, si bien no desconoce que la carga de la prueba pesa sobre los beneficiarios del régimen, no es menor que dicha exigencia debe ser razonable. En subsidio, peticiona la aplicación de lo previsto en el 898 del C.A. Cuestiona la liquidación tributaria por haber sido efectuada en moneda extranjera. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación de los traslados: A fs. 96/100 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y formula una negativa general. A continuación, explica la finalidad del seguro de caución y cita jurisprudencia. Aclara que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador. Explica que el contrato de garantía genera que, operado el siniestro, se deba responder conforme lo pactado. Defiende la legalidad del auto de apertura de sumario y de la liquidación tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
A fs. 110/117 la representación fiscal contesta el traslado conferido y formula una negativa general. Niega que se haya vulnerado la garantía de ser juzgado en “plazo razonable”. Argumenta que la firma importadora debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación pertinente que cumplió con sus obligaciones dentro del plazo. Defiende la liquidación tributaria y se opone a la aplicación del art. 898 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-931-2013 se inician a fs. 2 con el sobre original de la destinación de importación temporal. A fs. 3/4 obra el acta de denuncia N° 567/2013. A fs. 5/6 se encuentran el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 7/8 se agrega la póliza N° 929920. A fs. 9 se dispone la instrucción de sumario, en fecha 18/10/2013. A fs. 12 y vta. se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 15 y 16, en fecha 06/07/2018. A fs. 17/25 la aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 43/44 se emite el acto apelado, notificado a fs. 47/48. A fs. 50/53 las coactoras acompañan formularios F4 y dan cuenta de los recursos interpuestos.
V. Que a fs. 130 se abrió la causa a prueba. En fecha 02/02/2026 se certificó la prueba producida y en fecha 03/02/2026 se declaró cerrado el período probatorio y el 03/02/2026 se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2026-12049557-APN-VOCXXI#TFN). Por IF-2026-12124462-APN-VOCXXI#TFN se pusieron autos para alegar. En fecha 06/04/2026, pasaron a sentencia (IF-2026-3408-APN- VOCXXI#TFN).
VI. Que preliminarmente, corresponde tratar el planteo de prescripción formulado por la coactora aseguradora a fs. 9 del escrito de apelación (punto III 2.-).
Que, en relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos (ello en armonía con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. y de conformidad con lo sostenido jurisprudencialmente por el suscripto). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria (prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.) forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 03/03/2008 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2009.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 18/10/2013, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 9 meses y 17 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 2 meses y 14 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que reanudándose el plazo con el dictado de la resolución aduanera (16/10/2018) hasta la notificación (17/10/2018) no transcurrió el plazo pendiente para que se produzca la prescripción aludida, razón por la cual corresponde rechazar el planteo, sin costas, por su tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
VII. Que corresponde abordar el fondo de la cuestión de autos y determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. Que el Decreto N° 1330/04- a cuyo amparo se autorizó la operación en trato- establece que la mercadería “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6)
Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumo-producto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto...” (Art. 15)
IX. Que mediante la DIT bajo análisis (oficializada en fecha 01/03/2007) la firma EURO S.A. importó temporalmente 19.320 unidades de mercadería “De porcino. Tripas, vejigas y estómagos de animales”, bajo la P.A. 0504.00.13.
Corresponde analizar la documental obrante en las actuaciones administrativas y en el expediente principal a los fines de evaluar si la mercadería se encuentra en infracción.
Que no se encuentra controvertido que no existe ninguna constancia en las actuaciones administrativas de la causa que acrediten la reexportación de la mercadería. En efecto, de la denuncia surge que se inicia atento a no haberse presentado eventos cancelatorios (fs. 4).
Que se desprende de las constancias del expediente principal que la coactora importadora acompañócomo es reconocido en el recurso-las copias de algunos permisos de embarque (fs. 59/71), así como la del CTC aplicable (N° 1486).
De los permisos aludidos puede advertirse que la cantidad descargada es la siguiente:
07052EC03001406G (600 unidades) y 07052EC03001129X (2.100), totalizando 2.700 unidades en conjunto.
En cuanto al CTC N° 1486, la relación insumo/producto es 1/1 y fue citado debidamente en las respectivas hojas de descarga.
Sin perjuicio de lo afirmado por la actora en cuanto a la validez de las constancias del sistema informático que fueron agregadas a fs. 137/187 como resultado de la prueba producida en autos, ya he tenido oportunidad de expedirme respecto a que las mismas resultan insuficientes- por sí mismas- para efectuar la descarga.
Cabe concluir entonces que la cantidad de unidades en infracción equivalen a 16.620 y es respecto de ellas que corresponde recalcular la multa y los tributos, conforme a la siguiente liquidación: Al TC de la liquidación obrante a fs. 10 (3,161) SON $ 58.840,27.
X. Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del CA, y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C. Civil y Comercial).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la coactora aseguradora al monto consignado en la póliza N° 929920 (fs. 7/8 de las act. adm.) equivalente a $ 190.142.
XI. Que, previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias. Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 10 de las actuaciones administrativas, en proporción a la mercadería en infracción y sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, conforme se detalla a continuación:
TOTAL ADEUDADO POR TRIBUTOS EN VIRTUD DE LA DIT 07001IT14001584H SON U$S
18.614,45.
XII. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, para ambas coactoras desde el 23/07/2018 (cfr. constancias de notificación de fecha 06/07/2018 respecto de las coactoras, fs. 15 y 16 de las act. adm.), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por las coactora aseguradora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 16/10/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-931-2013 en cuanto condena a la coactora importadora EURO S.A. al pago de una multa la que se reduce a PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 27/100 CVOS. ($ 58.840,27) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 16.620 unidades de la mercadería importada temporalmente mediante la destinación N° 07001IT14001584H, con vencimiento el 03/03/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 86 % a cargo de la coactora importadora y en un 14 % a cargo del Fisco.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 45/100 CVOS. (U$S 18.614,45), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 929920. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 50 % a cargo de las coactoras y en un 50 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR el planteo de prescripción opuesto por las coactora aseguradora, sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 16/10/2018, en la actuación SIGEA N° 12197-931-2013 en cuanto condena a la coactora importadora EURO S.A. al pago de una multa la que se reduce a PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 27/100 CVOS. ($ 58.840,27) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, en relación a 16.620 unidades de la mercadería importada temporalmente mediante la destinación N° 07001IT14001584H, con vencimiento el 03/03/2008. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 86 % a cargo de la coactora importadora y en un 14 % a cargo del Fisco.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 7546/2013 declarando que las coactoras adeudan la suma de DÓLARES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 45/100 CVOS. (U$S 18.614,45), suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. Con respecto a la coactora aseguradora, deberá responder hasta el límite consignado en la póliza N° 929920. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 50 % a cargo de las coactoras y en un 50 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.04.10 17:18:39 ART Date: 2026.04.10 21:22:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.13 12:23:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.13 12:24:09 -03:00
Fin de la sentencia