Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.903-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente n° 12210-4841-2009 a continuación de la liquidación efectuada a fs. 39/40, comprendiendo, por lo tanto, la Resolución DE PRLA n° 1713/2017, aquí apelada.
2Costas al fisco.
3Rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105516677-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente n° 37.903-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 8/15 vta. la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. interpone recurso de apelación contra la Resolución de PRLA n° 1713/17 recaída en el expediente administrativo N° 12210- 4841-2009, en cuanto en su art. 1° dispone archivar sin más trámite el sumario en los términos de la Instrucción General n° 11/16, y en el art. 2° se formula cargo en concepto de tributos por la suma de USD 1.926,36 y por la suma de $3.552,16, en concepto de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Realiza una síntesis de lo acaecido en sede aduanera. Relata que el procedimiento sumarial de las actuaciones administrativas acarrea falencias, ya que se desarrolló en un plazo de más de nueve años desde el vencimiento del régimen de importación temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio. Plantea la prescripción en los términos del artículo 803 y concordantes del C.A. Aduce que su obligación como garante se limita a los tributos de importación y no comprende a todos los gravámenes que adicionalmente retiene el servicio aduanero (IVA adicional y ganancias) y es bajo este análisis, que impugna la liquidación tributaria en relación con la alícuota de ganancias. De igual manera, plantea la improcedencia del derecho adicional. Sostiene que es necesario, como fundamento del reclamo, contar con la póliza afectada en la operación en trato, y aclara que la exigencia tributaria no puede exceder el límite económico de la garantía otorgada. Se agravia de la resolución, toda vez que entiende que la misma es arbitraria y resulta incompatible con el derecho al debido proceso. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 23/36 vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido, formula una negativa general respecto de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Agrega que los argumentos opuestos por la apelante no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescrita en el art. 970 del CA. Hace hincapié en la finalidad del seguro de caución. Sostiene que su principal objetivo no es la defensa del patrimonio del asegurado sino la protección del damnificado. Afirma que, la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 37 se tiene por contestado el traslado. A fs. 41 se abre la causa a prueba, se intima a la representación fiscal para que acompañe la póliza N° 917309 y se tienen por acompañadas las act. adm. correspondientes a la presente causa. A fs. 59/62 la representación fiscal acompaña la póliza involucrada. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. Que la Actuación 12210-4841-2009 se inicia con el acta denuncia 423/06 DV REIM, formulada contra la importadora CÍA. MANUFACTURAS DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L, en relación a la destinación 06 073 IT14 003468 S, cuyo sobre contenedor se agrega a fs. 4. A fs. 6 obra la clasificación, valoración y aforo de la mercadería en presunta infracción. A fs. 7/10 se practica la liquidación tributaria. A fs. 29, con fecha 09/08/2012 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 36, con fecha 18/05/2016, se corre vista a la importadora y se cita en garantía a la aseguradora –sin obrar constancia de su notificación-. A fs. 41 se deja constancia que no existen antecedentes registrados computables para la firma M.M.A S.R.L. Finalmente, a fs. 42/43, con fecha 16/03/2017 se dicta la Resolución DE PRLA n° 1713/17, aquí apelada.
V. Que, en primer término, corresponde analizar si resulta válido el desarrollo del procedimiento sumarial llevado a cabo en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-4841-2009.
Que, si bien no escapa a la vista de la suscripta que la cuestión no fue planteada, ni introducida por la actora, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes; siendo este principio plasmado en el art. 1143 del C.A.
Es relevante señalar que de la compulsa de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12210-4841-2009, surge que todo el procedimiento administrativo tuvo por finalidad investigar si se había cometido la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero. Ello en razón de considerar el servicio aduanero el incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen de importación temporaria, en relación a la mercadería amparada de la Destinación Nº 06 073 IT14 003468 S.
Que el servicio aduanero al dictar la resolución apelada en autos ordenó el archivo de las actuaciones de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General 11/16 (DGA), reclamando el pago de tributos con relación a la destinación Nº 06 073 IT14 003468 S.
Que la mencionada Instrucción General 11/16 (DGA) fue dictada con el objeto de establecer las pautas procedimentales que habilitan a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro. Por consiguiente, determinó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de QUINCE MIL PESOS ($15.000), ello siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A., dentro de los últimos doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción.
A su vez mediante dicha instrucción se establecieron las áreas intervinientes que debían aplicar obligatoriamente la misma, el procedimiento a seguir por las referidas áreas y los requisitos que deben cumplirse para hacer efectivo lo dispuesto en la Instrucción, es decir, archivo provisorio de los sumarios. Que en razón de ello, el servicio aduanero dispuso en la resolución aquí apelada, el archivo de la denuncia por la presunta infracción en virtud de la liquidación efectuada a fs. 30 del expediente administrativo, que arrojo un monto de SEIS MIL VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($6.022,56) en concepto de multa mínima, ello con fundamento en que la firma importadora carecía de antecedentes que la inhiba de dicho tratamiento.
Que, en consecuencia, no cabe duda de que la resolución resultó condenatoria para la firma importadora y para la aseguradora, aquí recurrente, ello si se tiene en cuenta que se formuló cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274 del C.A.
Que el servicio aduanero si bien dispuso correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción, con inclusión de las obligaciones tributarias emergentes del DIT en cuestión, omitió notificar la misma, limitándose a dictar la resolución que se apela en la causa disponiendo el archivo del sumario en los términos de la Instrucción Gral. 11/16 y la formulación de cargo a la importadora y a la aquí recurrente por los tributos adeudados por el presunto incumplimiento del DIT 06 073 IT14 003468 S.
Que, el art. 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, se aperturó sumario a fs. 29, se dispuso la corrida vista e incluso se efectuó una nueva determinación de tributos y multa, no obstante ninguna intervención se le otorgó ni a la firma importadora ni a la aseguradora garante, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, no existió la oportunidad de acompañar, o en su caso solicitar, el agregado de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporal. Tal es así que, la aquí actora, recién toma conocimiento del sumario administrativo al notificarse del dictado de la Resolución DE PRLA 1713/2017 apelada en autos, sin que con anterioridad se la citara a tomar vista de los actuados a fin de poder esgrimir las defensas de que pudieran valerse, todo ello en abierta violación de lo establecido en el art. 1101 del C.A.
Que es importante recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual la recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado en el art. 18 de la C.N.
Que, en consecuencia, la demandada no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada y citando a la aseguradora por resultar, en su caso, garante de la obligación tributaria, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Que por su parte, la L.N.P.A., de aplicación supletoria a los procedimientos que se cumplen ante el servicio aduanero, establece en el art. 7°, inc. d), que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Es por ello que, no cabe duda que la omisión de notificar la corrida de vista en autos, desnaturaliza el procedimiento y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada. Que por todo lo expuesto, cabe concluir que la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del C.A, al no haber sido notificada en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la liquidación efectuada a fs. 30/40, esto es, en definitiva, la Resolución DE PRLA n° 1713/2017, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario.
Que es relevante destacar, que previo a disponer el archivo de la multa, correspondía que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el art 970 del C.A., que se le imputa a la importadora, que da lugar a la aplicación de la pretendida multa y a los tributos que ahora se pretenden exigir a la aseguradora, en su carácter de garante de la obligación tributaria. Que, en consecuencia, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como resultado de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en definitiva, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como expediente n° 12210-4841-2009, en relación a la aseguradora recurrente, a continuación del último acto relevante del sumario, es decir la liquidación de fs 39/40, siendo por ene nula la Resolución DE PRLA n° 1713/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
VI. Que, corresponde a continuación tratar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora. No se encuentra controvertido en autos que el vencimiento del DIT operó el 15/11/2007.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 803 y siguientes, el curso de la prescripción tributaria comenzó a correr el 1/1/2008.
Que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario de fecha 9/08/2012, conforme lo dispuesto en el art. 805 inc. a), del C.A., que establece que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora.
VII. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar los demás planteos de la actora.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente n° 12210-4841-2009 a continuación de la liquidación efectuada a fs. 39/40, comprendiendo, por lo tanto, la Resolución DE PRLA n° 1713/2017, aquí apelada.
2. Costas al fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
1. Que adhiero, en lo sustancial, a lo decidido en los Ptos. 1.- solamente en cuanto declara la nulidad de la Resolución apelada en autos, en relación a la formulación del cargo por tributos (art. 2°) 2 y 3.- de la parte resolutoria del voto de la Vocal preopinante.
2. Que, no obstante, considero apropiado efectuar algunas consideraciones, en torno al trámite de la cuestión analizada por este Tribunal, habida cuenta el particular modo en que la Vocalía de la 16° Nominación resuelve planteos sustancialmente análogos.
Bajo tales premisas, en cuanto al archivo del trámite de la presunta infracción objeto de autos corresponde recordar que de acuerdo a la opinión esbozada por el suscripto en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.840-A., del 2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente N° 24.553-A., del 3/12/2013, entre muchos otros, acerca de las potestades y límites jurisdiccionales de la Administración al momento de instruir los procedimientos infraccionales, la DGA carece de facultades para aplicar penas de este tipo, atento la singular naturaleza jurídica de la hipotética sanción debatida en la litis (multa), de indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros), aunque en el caso se tratara de infracciones y no de delitos, por lo que todo tipo de multa debiera ser impuesta por este Tribunal Fiscal (o, en su caso, por la Justicia Federal).
En consecuencia, toda condena debiera ser fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación y no por la Administración, en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, resultando dicho efecto compatible con los demás derechos fundamentales, al preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.
22 C.N.).
3. Que, asimismo, cabe destacar que in re “NUTRIBAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro. 36.507-A, del 6 de marzo de 2020, el suscripto declaró, en disidencia, la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal.
No obstante, en dichos pronunciamientos se puntualizó expresamente que el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de la Administración debía quedar limitado a una labor de investigación sumarial en la faz instructoria, aunque jamás decisoria.
Por último, el carácter eminentemente penal de las multas ha sido recientemente reafirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 7 de marzo del 2023, en los autos caratulados “Alpha Shipping S.A. c/ Provincia de T.D.F. A. e I.A.S. s/ contencioso administrativo”.
En efecto, la referida sanción es de carácter penal pues, “‘si bien puede existir en los casos de multas un interés de tipo fiscal en su percepción, esto no altera su naturaleza principalmente punitiva’, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios del derecho penal, según lo prescribe el art. 4° del Código Penal” (Fallos: 288:356). Cabe añadir que ello es así pues los principios y reglas del derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas, siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate, por lo que corresponde estar a las disposiciones de ese cuerpo normativo (arg. de Fallos: 335:1089).
4. Que, en tal orden de ideas, dentro de dichas facultades instructorias, que le acuerda tanto el Decreto Nro. 618/97 como la ley 22.415 y las normas dictadas en consecuencia, se encuentra la de desestimar la denuncia cuando no fuere verosímil, careciere de seriedad o bien cuando los hechos investigados no configuraren una infracción aduanera (confr. art. 1090, inc. b), del C.A.); como así también la de establecer con carácter general los límites para disponer el “archivo” de los casos de fiscalización, determinación de oficio, Iiquidación de deudas en gestión administrativa o judicial, aplicación de sanciones u otros conceptos o procedimientos a cargo del organismo, que en razón de su bajo monto o incobrabilidad no impliquen créditos de cierta, oportuna y económica concreción, en especial cuando esa decisión no causa agravio al particular, como sucede en el sub exámine, ni afecta el control aduanero.
5. Que, en efecto, las Instrucciones Generales 11/2016 (DGA) y 09/2017 (DGA) -al igual que sus antecesoras I.G. 02/2007 (DGA) y su ampliatoria I.G. 02/2008 (DGA)- dispusieron que los (mal denominados) jueces administrativos a cargo de las distintas áreas -previa evaluación de cada casodispondrán el archivo de las actuaciones que pueda importar la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras, cuyos bajos montos tornen antieconómico implementar o continuar medidas tendientes a lograr su cobro con los alcances que se determinan.
Y, entre la referidas sanciones, se incluyó expresamente las denuncias por infracción al artículo 970 de la ley 22.41, cuando el importe de la multa mínima no alcanzara, en el caso de la Instrucción General 11/2016 (DGA) involucrada en la litis, a la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados, por el tipo infraccional citado dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
6. Que, por lo tanto, toda vez que la presunta infracción sometida a análisis de este Tribunal se cometió en fecha 15/11/2007, cabe colegir que no surge de la litis que la firma importadora tuviera registrado antecedentes similares al 15 de noviembre de 2006, por lo que la Aduana no podrá proceder al “desarchivo” infraccional de las presentes actuaciones ni utilizar el presente Sumario en otro proceso aduanero donde intervenga la firma M.M.A. S.R.L. -quien no apeló en autos-, máxime cuando de las actuaciones administrativas que tengo a la vista NO se desprende que previo al dictado de la resolución apelada en autos existieran antecedentes en el sistema SUMARCHI de sumarios archivados en cabeza de la referida empresa (confr. fs. 41 act. adm.) que la inhiban del tratamiento previsto por la normativa de referencia, por lo que el archivo dispuesto en la causa por la DGA resulta definitivo, no causa agravios ni puede perjudicar en el futuro al particular.
7. Que, por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tales condiciones, la citada normativa de aplicación supletoria ahora contempla el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, que es regulada en los siguientes artículos: el criterio de oportunidad (art. 31), conversión de la acción (art. 33), conciliación (art. 34) y suspensión del proceso a prueba (art. 35), siendo que todos los referidos institutos figuran ahora en el código sustantivo en los artículos 59 inc. 5), 6) y 7) y art. 73 párr. 2º, que se incluyeron con posterioridad a la sanción del catálogo procesal nacional y constituyen un elenco “mínimo” de garantías que corresponde incorporar al procedimiento aduanero sancionador.
Por ende, uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos como el presente, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
8. Que, en definitiva, el archivo del Sumario implicó indudablemente una renuncia de la DGA a ejercer la potestad sancionatoria, por lo que ello impide ingresar en el examen de dicho agravio (confr. Sala I Contencioso Administrativo Federal in re “Denso Manufacturing Argentina S.A.”, del 11 de octubre de 2022), ni efectuar ninfún tipo de consideración adicional.
9. Que, sentado ello, y compartiendo sustancialmente lo postulado en el Considerando V del voto precedente -en relación a que la omisión en que incurrió el servicio aduanero al no notificar la corrida de vista de las actuaciones administrativas desnaturaliza el procedimiento previsto por el legislador, y que tal vicio no puede considerarse saneado ulteriormente con la notificación de la resolución apelada-, resulta ajustado a derecho declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución DE PRLA Nro. 1713/2017, de fecha 16 de marzo de 2017.
10. Que, por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada, considerando el marco fáctico de excepción que se desprende de la litis -por lo que no procede adoptar la presente solución de modo automático y sin merituar el contexto temporal propio de cada causa a otros procesos que tramitan por ante este Tribunal-, en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Que, conforme lo expuesto, RESUELVO:
1. Declarar la nulidad del artículo 2° de la Resolución n° 1713/17 (DE PRLA), de fecha 15 de marzo de 2017, recaída en el expediente SIGEA nº 12218-4841-2009;
2. Costas al fisco:
3. Rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas, atento compartirse de modo sustancial las consideraciones efectuadas por la Vocal preopinante sobre dicho agravio.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero, en lo sustancial, a la propuesta de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de lo actuado respecto de la actora Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. en el sumario que ha tramitado como expediente n° 12210-4841-2009 a continuación de la liquidación efectuada a fs. 39/40, comprendiendo, por lo tanto, la Resolución DE PRLA n° 1713/2017, aquí apelada.
2. Costas al fisco.
3. Rechazar el planteo de prescripción articulado por la actora, sin costas.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.09.07 16:34:45 -03:00 Date: 2023.09.07 18:38:53 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 20:09:51 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 20:09:52 -03:00
Fin de la sentencia