Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa 38.686-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción planteada por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2Confirmar parcialmente el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6677/2017 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 06/09/2017, en la actuación Nº 13289-29133-2008, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 07073IT14002376Z, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 CVOS. (U$S 6.692,39) en concepto de tributos-sólo hasta el límite de la póliza N° 957746-suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado.
3Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-99667397-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 8 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”;
Expediente N° 38.686-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 6677/2017 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 06/09/2017, en la actuación Nº 13289-29133-2008, en cuanto condena a la firma BIMANVER ARGENTINA S.A. al pago de una multa equivalente a $ 22.084,88 y formula cargo en concepto de tributos adeudados, así como a la aquí actora, en su calidad de garante de la importadora por la suma de U$S 6.692,39 y $ 13.189,47 por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la destinación N° 07073IT14002376Z, con vencimiento el 11/11/2008.
II. Fundamentos del recurso: A fs. 12/14 la actora se presenta, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. Luego de relatar los hechos de la causa, desarrolla sus agravios. Inicialmente, opone la prescripción de los impuestos (IVA e Impuesto a las Ganancias), en los términos del art. 56 de la Ley N° 11.683. Cuestiona la tasa de interés contemplada en el art. 794 del C.A. Sostiene que resulta necesario contar con la póliza, como instrumento esencial del reclamo efectuado por parte de la DGA. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.
III. Contestación del traslado: A fs. 20/26 la representación fiscal contesta el traslado del recurso interpuesto por la actora y acompaña las actuaciones administrativas. Relata los antecedentes del caso y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Defiende la plena vigencia de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Efectúa una reseña de la normativa aplicable y analiza el contenido del tipo infraccional del 970 del C.A., así como del régimen de la importación temporal y la carga de la prueba. Cita jurisprudencia. Explica los alcances del seguro de caución y aclara que los límites de la cobertura se han convertido en un obstáculo para obtener en tiempo oportuno el resarcimiento que la normativa consagra en favor de la Aduana. Agrega que la actora no negó haber garantizado la obligación tributaria. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas a la recurrente.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-29133-2008 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 135/09. A fs. 5 se agrega el sobre original del despacho. A fs. 7/8 se efectúan el aforo de la mercadería y la liquidación tributaria. A fs. 15 y vta., en fecha 10/09/2012 se dispone correr vista de lo actuado, rectificada a fs. 16. A fs. 24/33, en fecha 13/02/2017 se presenta la actora y contesta vista. A fs. 36 se formula nueva liquidación de multa y tributos. A fs. 34 se declara rebelde a la importadora. A fs. 37 se agrega constancia del registro de infractores. A fs. 38/43 se dicta la resolución apelada. A fs. 46/47 la actora da cuenta del recurso interpuesto y adjunta formulario F4.
V. Que a fs. 29, en fecha 16/03/2018, se abrió la causa a prueba.
VI. Que por PV-2022-53889798-APN-VOCXXI#TFN se certificó la prueba producida. Por PV-2025- 54363524-APN-VOCXXI#TFN se declaró cerrado el período probatorio. Por PV-2025-65298678-APN- VOCXXI#TFN, en fecha 17/06/2025, se elevaron los autos a la Sala “G”. Mediante IF-2025-66394572- APN-VOCXXI#TFN se pusieron para alegar. En fecha 04/08/2025 pasaron a sentencia (IF-2025-
84901338-APN-VOCXXI#TFN).
VII. Que, preliminarmente, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por la actora en el escrito inicial.
Que, en relación a los tributos, el art. 803 del C.A. establece que: “Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que dicho plazo, según el art. 805 inc. a) del C.A., se suspende: “...desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión...”
Que razonablemente, para poder tener el referido efecto interruptivo y/o suspensivo, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumario- debe claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.
Que es el art. 1094 del C.A. el que establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario, y en este sentido dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”
Que, de la compulsa del auto de apertura del sumario (obrante a fs. 15 de las actuaciones administrativas) se advierte que cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye.
Que, en efecto, del cotejo de las actuaciones administrativas surge que se efectuó, en forma previa a su dictado, el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos (fs. 7/8).
Que, por lo expuesto, y siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 11/11/2008 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años tanto para imponer penas (conf. art. 934 del C.A.), como para perseguir el cobro de tributos por parte del Fisco (conf. art. 803 del C.A.) comenzó a correr a partir del 01/01/2009.
Que, en cuanto a la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir el cobro de los tributos, el plazo de la prescripción se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 10/09/2012, hasta ese momento habían transcurrido 3 años, 8 meses y 9 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 año, 3 meses y 22 días los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”.
Que teniendo en cuenta que desde el dictado de la resolución apelada (06/09/2017) hasta la notificación (27/11/2017) no transcurrió el plazo antes aludido.
Que, en orden a lo expresado corresponde rechazar el planteo de prescripción, sin costas, atento al tratamiento integrativo con el fondo.
VIII. Que corresponde resolver en autos si se encuentra ajustado a derecho el cargo formulado en la resolución aquí apelada, a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. como garante de la obligación tributaria de la firma importadora BIMANVER ARGENTINA S.A. respecto de la destinación de importación temporaria N° 07073IT14002376Z.
Que cabe precisar que la actora no cuestiona el incumplimiento por parte de la importadora de las obligaciones derivadas del régimen de importación temporal.
Que en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora, destaco, tal como lo ha sostenido esta Sala en numerosos precedentes, que en razón de tratarse en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre ese organismo y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los arts. 453 inc. a) del C.A., y no regulándose, tampoco, en dicho Código, específicamente la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor (salvo dos disposiciones relativas a la ejecución de la garantía, arts. 461 y 462 del C.A.), corresponde considerar a la mentada aseguradora como un “fiador” (garante), y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (la aduana asegurada) en el contexto de la regulación de la fianza en el Código Civil y Comercial, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor.
Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige el cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal. (conforme art. 1587 del Cód. Civil y Comercial de la Nación).
Queda claro, por lo tanto, que la mentada “responsabilidad” de la actora (fiadora-aseguradora) la colocan en cuanto a su obligación tributaria a la par de la importadora, respondiendo lisa y llanamente, en el caso, por la diferencia de tributos, cesando dicha responsabilidad frente a la aduana asegurada, si la importadora (deudor principal) pagara el total de lo debido (conf.: arts. 1580, 1590, 1591 del C.Civil y Comercial). Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de la póliza el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. Que, resulta claro que la DGA no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de la póliza (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor.
Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
IX. Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde tratar el agravio de la actora relativo a la inclusión en la liquidación tributaria de rubros que estima improcedentes. Al respecto, debe señalarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343- A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Que, justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Que, ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes exigidos en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 36 de las act. adm., sin incluir las percepciones de IVA y ganancias (conf. a la doctrina reseñada por la CSJN), conforme se detalla a continuación:
TOTAL TRIBUTOS ADEUDADOS POR EL ITEM 1 DE LA DIT 07073IT14002376Z SON U$S
6.692,39.
Que, así las cosas, corresponderá confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto fue materia de agravios, y delimitar la obligación tributaria respecto de la aseguradora al monto consignado en la póliza N° 957746, por $ 55.000 (cfr. fs. 37 del expediente principal).
X. Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 del C. Civil y Comercial), lo que así corresponde cuando –obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
Por lo tanto, los intereses corren, en el caso, para la aseguradora desde el 16/02/2017 (cfr. constancia de notificación de fs. 23 de las act. adm., en fecha 02/02/2017-importadora- y fecha de contestación por parte de la actora de la corrida de vista, a fs. 24/33, en fecha 13/02/2017), ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A.
Que respecto del pago de los accesorios no rige limitación o tope alguno para el garante en cuanto a su responsabilidad.
Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- RECHAZAR la excepción de prescripción planteada por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6677/2017 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 06/09/2017, en la actuación Nº 13289-29133-2008, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 07073IT14002376Z, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 CVOS. (U$S 6.692,39) en concepto de tributos-sólo hasta el límite de la póliza N° 957746-suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. 3).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Adhiero a las consideraciones realizadas en el voto preopinante, dejando a salvo mi opinión respecto de la prescripción de la acción del fisco para perseguir el cobro de multa y tributos, conforme la doctrina fijada en las causas 33.461-A "SPICER EJES PESADOS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación"; 37.816-A "ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación"; 32.061-A "COMPAÑÍA REGIONAL DE ACEROS FORJADOS MERCEDES S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación"; entre otras.
II. Asimismo, y en cuanto a la responsabilidad de la aseguradora formulada al referir a la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial, corresponde hacer la salvedad acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre las compañías que aseguran el cumplimiento de obligaciones de derecho público y el servicio aduanero.
Con respecto a esta cuestión, debo decir que no concibo la posibilidad de que el Estado tenga capacidad para entablar relaciones jurídicas que se desarrollen al amparo del derecho privado. En efecto, si bien el legislador tiene un cierto margen de discrecionalidad para hacer actuar a los órganos estatales bajo modalidades privadas, lo cierto es que esa opción regulatoria es meramente instrumental, en tanto por la naturaleza misma de las cosas, el Estado siempre está sometido a exigencias jurídicas que le son impuestas por las razones que justifican su existencia. En consecuencia, las eventuales normas de derecho privado que pudieran regir la actividad de la empresa aseguradora son meros accidentes de la sustancial relación jurídica entre el servicio aduanero y la aseguradora que voluntariamente decidió incursionar en una disciplina regida por las normas, principios y valores que rigen las cuestiones públicas. Si no se reconociera esta elemental cuestión, el problema se encontraría mal planteado y discurriría en un recuento de las cláusulas contractuales entre el asegurado y la compañía aseguradora. Encontrándose el quid del asunto en la sustantividad pública de la relación jurídica examinada, existe un hecho que se impone por sí mismo: la responsabilidad de la compañía aseguradora deberá determinarse en razón del régimen de derecho público aplicable, considerándose también que los mecanismos de tutela específicamente previstos para controlar la actividad administrativa se ajusten a derecho.
En tales condiciones, corresponde señalar que el art. 453 inc. c) del CA prevé que el seguro debe cubrir los eventuales tributos que correspondieren a la importación a consumo. A lo consignado, cabe agregar que el art. 255 del mismo cuerpo normativo indica que la garantía debe otorgarse a los fines de “asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone”, las que consisten en el aspecto tributario, es decir, el pago de los gravámenes aplicables al momento de la oficialización de la importación. Sentado lo anterior, es dable destacar que la finalidad del seguro de caución es la ejecutabilidad inmediata de la garantía, frente al incumplimiento del tomador (CNCom, Sala A, nov. 26, 1981, INDESA S.A. c/ APOLO CIA. DE SEGUROS, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; CNFed Civil y Com., Sala III, julio 14, 1998, EMPRESA FERROCARRILES ARG. c/AGENCIA ABRAXAS TURISMO S.R.L. Y OTRO, La Ley 1998-E, 549). El seguro de caución, es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado, hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del proponente con quien contrata, teniendo por finalidad el pago inmediato por parte de la aseguradora ante el mero incumplimiento del deudor (CNCom, Sala A, precedente citado).
En este sentido, en el seguro de caución los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso los derechos del asegurado frente al asegurador (CNCom, Sala B, julio 8-1996, ALBA CIA. DE SEGUROS c/ GIORGETTI, Alejandro H. y otro, La Ley 1997-E, 1011).
Asimismo, de las condiciones pactadas y de la naturaleza del seguro contratado surge que en el caso del seguro de caución el asegurador adquiere el carácter de pagador principal y fiador solidario, añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones por tratarse de una entidad aseguradora, perteneciendo este "tipo" de seguro a los contratos de garantia, cuyo objeto es la eliminación del riesgo de la mora (CNCom., Sala B, oct. 23. 1990, E.D. 142,479). El asegurador, además, tampoco goza del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento previo contra los bienes del deudor.
Sobre la base de lo expuesto y en esa comprensión del asunto, el importe que podrá exigirse a la aseguradora será el monto máximo garantizado por la póliza, convertido al tipo de cambio del día anterior al de la fecha de pago, o en su caso, el importe en concepto de tributos adeudados, si este último resultare inferior. Ello con más los intereses del art. 794 del CA.
Por lo expuesto, VOTO por:
1).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3º de la Resolución DE PRLA N°6677/2017 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 06/09/2017, en la actuación N°13289- 29133-2008, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 070731T14002376Z, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 CVOS. (U$S 6.692,39) en concepto de tributos -solo hasta el límite de la póliza N°957746- suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. 2).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63% a cargo de la actora y en un 37% a cargo del Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- RECHAZAR la excepción de prescripción planteada por la actora. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo de la causa.
2).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 3° de la Resolución DE PRLA N° 6677/2017 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 06/09/2017, en la actuación Nº 13289-29133-2008, en cuanto intima a la actora en su carácter de garante de la operación documentada por la DIT N° 07073IT14002376Z, declarando que la misma adeuda la suma de DÓLARES SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 39/100 CVOS. (U$S 6.692,39) en concepto de tributos-sólo hasta el límite de la póliza N° 957746-suma que deberá ser convertida a pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del pago, sin perjuicio de los intereses que se devenguen hasta el pago del total adeudado. 3).- Costas conforme a sus respectivos vencimientos (conf. art. 1163 del C.A.) las que resultan en un 63 % a cargo de la actora y en un 37 % a cargo del Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.09.08 14:42:13 ART Date: 2025.09.08 15:26:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Presidente Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Date: 2025.09.08 16:19:18 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.08 16:19:43 -03:00
Fin de la sentencia