Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo N.° 12039-2145-2005 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT11 000009 F.
3Con costas al Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-126633333-APN-TFN#MEC CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 25 de Octubre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, expediente N.º 27.985-A:
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La aseguradora a fs. 15/22/vta interpone recurso de apelación contra la Resolución N.º 6738/09 dictada en las actuaciones N.º 12039-2145-2005, en cuanto la íntima, en su calidad de garante de la firma “BRAVE ENERGIA S.A.”, al pago de la suma de $ 31.687,64 en concepto de tributos más CER e intereses por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 el C.A. con relación al D.I.T N.º 97 001 IT11 000009 F. En primer lugar, señala que al estar la importadora en quiebra, la aduana debió cumplir con el procedimiento reglado por la Circular Interna N.° 38/94, Resolución 1645/94 (ANSD), la cual dispone que debe verificar la pretensión en el proceso falencial de la importadora como un crédito eventual, a fin de que, la División pertinente emita el certificado provisorio de deuda, dé intervención a la DGI para determinar lo que respecta a IVA y Ganancias, para ser finalmente remitido al Departamento de Concursos y Quiebras de la AFIP. En esa línea, manifiesta que se incumplió con el trámite establecido en la normativa, por lo que sostiene, la falta de competencia de la DGA para expedirse sobre las percepciones. Por otro lado, se agravia de la determinación tributaria dado que contiene conceptos no asegurados y cuestiona la procedencia de los intereses, cita jurisprudencia. Por último, indica que el reclamo se debe limitar al monto máximo asegurado por la póliza. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se resuelva conforme a los planteos formulados.
II. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 31/42. Luego de hacer la negativa genérica de rigor, manifiesta que según resulta de las constancias del expediente administrativo, la importadora no regularizó dentro del plazo concedido, la situación de la mercadería ingresada al amparo de la destinación en trato, por lo que ha quedado configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Bajo esa premisa, analiza la normativa aplicable, el tipo infraccional, la calidad de garante de la obligación tributaria de la aseguradora, la naturaleza jurídica del seguro de caución, la finalidad del contrato de garantía y las condiciones particulares de la póliza, haciendo hincapié en que, no habiendo el importador cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria, en su condición de garante, la aseguradora se comprometió a pagar a lo que resultara obligada la firma importadora, quedando constituida en mora de pleno derecho por el vencimiento del plazo, sin estar obligada a verificar el crédito en el proceso de quiebra de la importadora. En síntesis, arguye que el garante debe responder con los mismos alcances y en la misma medida en cuanto a la obligación tributaria del tomador del seguro. En ese contexto, concluye que el siniestro se produjo y que la aseguradora debe afrontar el pago de los tributos de la operación que garantizó dentro del marco legal vigente, cita jurisprudencia. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Actuaciones Administrativas N. º 12039-2145-2005: A fs. 1 obra el acta de denuncia con relación al D.I.T. 97 001 IT11 000009 F por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del C.A. A fs. 3 se glosa la carpeta del D.I.T. involucrado. A fs. 5, el 21/10/2004, se instruye sumario (sin notificar). A fs. 18 se establece la clasificación arancelaria y la valoración de la mercadería. A fs. 20 se liquida los tributos y la multa. A fs. 25/vta se corre vista de todo lo actuado (notificada, a la importadora a fs. 28/vta -el 02/07/2009- y a la aseguradora a fs. 29/vta - el 30/06/2009-). A fs. 35/39 la aseguradora contesta vista. A fs. 40 se provee la presentación efectuada y se declara rebelde a la importadora. A fs. 43/44 se agregan prints de pantalla de consulta al Registro de Infractores. A 45/49, el 09/10/2009, se dicta la Resolución N. º 6738/09 apelada en autos (notificada, a la importadora a fs. 53/vta el 02/06/2010 y a la aseguradora a fs. 54/vta el 17/05/2010).
IV. A fs. 44 se abre la causa a prueba, que obra agregada a fs. 56, fs. 58/65, fs. 73/74, fs. 77/79, fs. 93 y fs. 94/vta. Los antecedentes administrativos corren por separado. A fs. 101 se cierra el período probatorio y se elevan los autos a la sala G. A fs. 105 se ponen los autos para alegar. A fs. 109/113 y 114/117vta. obran los alegatos de la representación fiscal y de la actora, respectivamente. A fs. 119 se pasan los autos a sentencia.
Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros).
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones N.º 12039-2145-2005, surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2000 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 21/10/2004 (v. fs. 5) y que se notificó recién de todo lo actuado a fs. 25/vta el 05/05/2009 (notificada, a la importadora a fs. 28/vta -el 02/07/2009- y a la aseguradora a fs. 29/vta - el 30/06/2009-).
En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
En ese entendimiento del asunto, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos. En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
VII. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 21/10/2004 (ver fs. 5 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2000 -en tanto se trata de una importación temporaria cuya prorroga venció el 14/10/99-, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2004 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del C.A.), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 09/10/2009 (notificada, a la importadora a fs. 53/vta el 02/06/2010 y a la aseguradora a fs. 54/vta el 17/05/2010).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización D.I.T N.º 97 001 22/10/1997 IT11 000009 F Vencimiento DIT 19/10/1998 Prórroga 14/10/1999 Apertura de sumario (fs. 5, sin 21/10/2004 notificar)
Corrida de vista (fs. 25/vta) 05/05/2009 Aseguradora -30/06/2009 (fs. 29/vta)- Notificación de corrida de vista Importadora -02/07/2009 (fs. 28/vta)- Resolución apelada (fs. 45/49) 09/10/2009 Importadora -02/06/2010 (fs. 53/vta)- Notificación de la Resolución Aseguradora -17/05/2010 (fs. 54/vta)- 01/01/2000 Plazo de prescripción 31/12/2004 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, la notificación de la corrida de vista (ver fs. 25/vta de las act. adm.), fue realizada cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido, sin que se advierta en el expediente administrativo razones que justifiquen la demora excesiva del servicio aduanero en efectuar una notificación oportuna.
En virtud de los motivos señalados, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos con relación al D.I.T N.º 97 001 IT11 000009 F.
Segunda Cuestión VIII.- Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, consideró pertinente analizar si el auto de apertura de sumario reúne los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A. Concierne señalar que el art. 1094 del C.A. establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario en el procedimiento para las infracciones, precisa que el mismo “…determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá. a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario, b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma, c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presentaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesarios d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
IX. En lo que respecta a la hermenéutica a tener en cuenta con la finalidad de determinar el alcance de una disposición legal, la CSJN ha tenido oportunidad de resaltar que la primera regla de interpretación consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1754 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796), y cuando la norma no exija esfuerzo de interpretación, debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella (Fallos: 311:1042). Por otra parte, la CSJN ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que la leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).
X. El Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) ya tuvo oportunidad de manifestarse sobre el alcance de lo dispuesto por el art. 1094 del C.A., declarando nulo de nulidad absoluta el acto de apertura del sumario debido a que el mencionado acto administrativo ni siquiera había descripto los hechos constitutivos de la infracción invocada, elemento exigido por el art. 1094 del C.A (TFN, Sala E, 30/11/2010, Hamburg Sud Sucursal Argentina S.A., TF 27.525-A). Para justifica su decisión, haría mención a lo afirmado por la Comisión redactora de la Ley 22.415, en cuanto a la necesidad de determinar los mencionados hechos en el mismo acto de apertura. De esta manera, agregaría que, al estar viciada la causa, se encontrarían transgredidos los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordantes con la profusa jurisprudencia sentada por la CSJN, donde se tuvo oportunidad de entender que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho toda persona sometida a procedimientos penales – ora infraccionales (Fallos: 96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros). Recientemente, el TFN llegaría a la misma conclusión luego de haber afirmado, sobre la base de una interpretación textual del art. 1094 del C.A., que “[…] el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura del sumario, se encuentra obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan […]” (TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/ DGA s/recurso de apelación, TF 32.232-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Kimberly Clark Argentina S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.011-A; TFN, Sala G, 13/09/2022, Pilar Partes S.A. c/DGA s/recurso de apelación, TF 32.732-A).
XI. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (en adelante “Cámara” o “CNACAF”), por su parte, consideraría que el auto de apertura del sumario correspondiente debía ser reputado nulo, de nulidad absoluta, por no cumplir con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. (CNACAF, 18/03/2014, Agencia Marítima Tagsa S.A. c/DGA s/recurso directo de organismo externo, Expte. 40.306/13). En efecto, el citado acto administrativo no solo no determinaba con claridad los hechos constitutivos de la infracción, sino que tampoco contenía la liquidación de los tributos que pudieran corresponder. Así, la Cámara terminaría por aclarar que “[…] si bien el instituto de la prescripción es de aplicación restrictiva, razón por la cual en caso de duda, debe preferirse la solución que mantenga vivo el derecho (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 327:1629 y 329:1012, entre otros), la nulidad del acto administrativo por ausencia de alguno de sus requisitos esenciales es de carácter absoluto y no puede ser soslayada (art. 14, inc. b), LNPA), pues importaría afectar el derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución Nacional” (ibidem. Ver también: CNACAF, Sala IV, 11/06/2013, Agencia Marítima Tagsa S.A. (TF 27.435-A) c/DGA; CNACAF, Sala IV, Boston Compañía Argentina de seguros S.A. (TF 29422-A) y otro c/DGA; CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel SA c/AFIP DGA -Resol. 9315/99 s/ A.N.A.).
XII. Resulta interesante recordar en esta ocasión el ejercicio hermenéutico presentado por la Cámara, en el caso Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., con relación al alcance otorgado a los términos empleados en el art. 1094 del C.A. Efectivamente, en dicha oportunidad, se llegaría a afirmar que “[…] no asiste razón a la AFIP-DGA cuando sostiene que “la liquidación de los tributos que pudieren corresponder” tienen carácter “facultativo” cuando se dispone la apertura del sumario. En efecto, el art. 1094 utiliza el vocablo imperativo “dispondrá” y no una expresión facultativa como “podrá disponer”, no dejando así lugar a interpretación alguna que le otorgue carácter opcional al acto de disponer la liquidación tributaria correspondiente. Más aún, de ser “facultativo” dicho acto, perdería sentido la parte final del inc. c) del art. 1094, que incluye, en los contenidos de la apertura sumarial, la “recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario”. […] [S]i en dicho inciso la norma aclaro específicamente que ello debía realizarse “cuando lo considere necesario”, y al mismo tiempo utilizo de forma general el vocablo “dispondrá”, debe concluirse que la liquidación de los tributos correspondientes no tenía carácter facultativo pues no utilizo la expresión “cuando lo considere necesario”, sino que era una exigencia sustancial del acto de apertura sumarial” (CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
En este mismo sentido, la Cámara recordaría lo oportunamente afirmado con relación a la exigencia del inc. b) del art. 1094 del C.A.: “[la mencionada disposición] identifica los enunciados obligatorios con que debe contar el auto de apertura del sumario contencioso. Así, en el inc. b) del citado artículo se indica que debe disponer “la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado [...]”. De donde se sigue que es imperativo verificar la mercadería para luego correr vista de lo actuado, en especial por cuanto concierne al pago voluntario de la multa mínima (art. 930 C.A.). Con respecto a la citación efectiva del supuesto infractor, ella debe hacerse indefectiblemente y su falta deriva en la nulidad del acto”. (CNACAF, Sala I, 23/02/2010, Unisel S.A. c/ AFIP – DGA – Resol. 9315/99 s/ ANA, Expte. 20.634/00; CNACAF, Sala III, 06/06/2013, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF 28.836-A) c/DGA, Expte. 21.830/2012).
XIII. A la luz del estándar interpretativo comentado, surge del análisis de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12039-2145-2005, que el auto de apertura de sumario fue dictado el 21/10/2004 (ver fs. 5), en donde se reduce a disponer sin más: “VISTO la denuncia efectuada por la COMISION CAUSA 21.149 -creada por Disp. 93/03 DGA-, por lo que se da cuenta que la firma BRAVE ENERGIA S.A. (C.U.I.T. N.º 30-58406294-7) no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante Despacho de Importación Temporal N.º 98 001 IT11 000009 F (vencimiento: 14/10/99), lo cual configuraría “prima facie” la infracción prevista y tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, DISPONESE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO, en los términos del art. 1090 inc.
“c” del citado texto legal. Que previo a todo trámite, DESE intervención a la División Comprobación de Destino y/o a quien corresponda, a fin de que proceda a efectuar la INTERDICCION SIN DERECHO A USO de la mercadería en trato con la formalidades de rigor, nombrándose depositario fiel en los términos del art. 263 C.P.. Cumplido y con constancias, PASEN las actuaciones a la División Verificación - RAMO B, a efectos que tenga a bien, informar el valor en aduana de la mercadería, posición arancelaria y demás tributos que gravaren la importación para consumo. Asimismo, se solicita informe si la mercadería era de importación prohibida a la fecha indicada precedentemente, de conformidad con el régimen general.” Es que, en efecto, así como un acto administrativo debe ser notificado al interesado para modificar su situación jurídica frente a la autoridad administrativa, también es pertinente hacer notar que no cualquier declaración de voluntad del funcionario administrativo puede surtir efectos legales directos e inmediatos.
Es de rigor que la administración observe los requisitos dispuestos en la normativa por cuanto si carece de las condiciones exigidas por el legislador importaría un mero pronunciamiento administrativo carente de entidad para interrumpir o suspender el curso de la prescripción. Sentado lo que antecede, corresponde hacer hincapié que, el auto de apertura (ver fs. 5) no informó el valor en aduana de la mercadería, su posición arancelaria, ni liquidó los presuntos tributos a abonar. Todo ello fue diferido en el tiempo a lo que resultase de lo actuado por la DIVISION DE COMPROBACION DE DESTINO y LA DIVISION VERIFICACION RAMO B (ver fs. 6 y sgtes del expte. adm.). Asimismo, puede observarse que la liquidación (ver fs. 20) se practicó con posterioridad al acto de apertura sumarial.
En ese marco, es evidente que el accionar de la autoridad aduanera ha sido contrario a lo establecido en el artículo 1094 del C.A., el cual impone la obligación de determinar, clasificar, valorar la mercadería y liquidar los tributos en el mismo acto de apertura del sumario. La normativa es clara al respecto, ya que el legislador expresamente estableció que el administrador "determinará..." y "dispondrá...", lo que indica que los referidos elementos deben ser cumplidos de manera obligatoria por parte del servicio aduanero.
Sobre la base de lo expuesto, considero que el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta (crf. arts. 14 y 17 de la LNPA) por carecer de los elementos requeridos por el art. 1094 del C.A.
XIV. Atento la forma en que se resuelve el presente, torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo N.° 12039-2145-2005 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT11 000009 F.
3. Con costas al Fisco.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del auto de apertura del sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VIII en adelante.
2. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al expediente administrativo N.° 12039-2145-2005 en relación al D.I.T. N.º 97 001 IT11 000009 F.
3. Con costas al Fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2023.10.24 16:56:09 ART Date: 2023.10.24 19:47:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.25 10:04:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Presidente Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.25 10:05:04 -03:00
Fin de la sentencia