Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 37.859-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción del Fisco para exigir tributos interpuesta por la recurrente “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, sin costas atento su tratamiento conjunto con el fondo.
2Confirmar, parcialmente (excepto en relación con la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional), la Resolución (DE PRLA) N° 3166, de fecha 25/07/16, en tanto exige el pago de tributos a la firma "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN dólares estadounidenses con 19 centavos de dólar (U$S 5.841,19) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses que correspondan liquidar en los términos del art. 794 del CA. desde el 30/05/16 hasta la fecha del efectivo pago teniendo en cuenta para ello que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL pesos ($48.000), más los intereses señalados.
3Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA en tanto exige el pago de percepción de impuesto a las ganancias e IVA Adicional de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Garbarino.
4Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 12% a cargo del Fisco y 88% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-86262763-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 18 de Agosto de 2022 En Buenos Aires reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo, y Cora M. Musso (Vocal Subrogante), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 37.859-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 18/25 se presenta, por apoderado, la firma denominada "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 3166, de fecha 25/07/16, dictada por el Jefe (Int.) de la División Secretaría nro. 4 del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N° 12197-5985-2005 por la que se le exigen tributos por la suma de U$S 5.841,19.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más la suma de $ 12.046,89.- en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, todo ello más intereses. Dicha suma se le atribuye en su condición de garante de la firma importadora “YOMA S.A”, a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. en virtud del presunto incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria llevada a cabo a través del despacho nro. 005 001 IT14 001672 D. Dice que la empresa importadora presentó un escrito, en sede aduanera, donde denunció los permisos de embarque y demás documentación mediante los cuales habría regularizado la destinación temporaria cuestionada y, además, habría solicitado la liberación de la garantía. Señala que años después de esa presentación el servicio aduanero formuló denuncia invocando la falta del Certificado de Tipificación y Clasificación. Menciona que la empresa se encuentra en quiebra desde el 2007. Entiende que aunque no se hubiera denunciado o presentado el Certificado de Tipificación y Clasificación de igual manera podía haberse calculado la cantidad de unidades exportadas y descargadas y, eventualmente, si hubiera existido alguna diferencia numérica entre las mismas cuestionar por el fisco solo la cantidad faltante.
Destaca que la tramitación sumarial presenta falencias procedimentales de gravedad. Estima que el transcurso de más de 10 años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme el precedente “LOSICER” (Fallos: 335:1126). Entiende aplicable doctrina sentada por la Sala “F” de este Tribunal Fiscal en los autos caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/DGA s/apelación” de fecha 17 de abril del 2018 (TFN Expte. N° 31.734-A) por lo que considera que debe prosperar la prescripción, en los términos del art. 803 y concordantes del Código Aduanero. Considera que ha operado la prescripción del impuesto a las ganancias y del IVA adicional.
Deja planteada la inconstitucionalidad de cualquier interpretación, que se hiciere de las normas, que permitiera que pueda admitirse que el instituto de la prescripción se vea totalmente desvirtuado al convalidarse la duración indefinida de un sumario aduanero.
Considera que se calculó erróneamente la percepción del impuesto a las ganancias. Agrega que no corresponde su exigencia cuando dicha percepción se reclama fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible. Manifiesta que no se encuentran acreditados los extremos previstos por la legislación para determinar la procedencia de las percepciones exigidas por lo que deben ser excluidas de la liquidación. Destaca que la DGA es incompetente para determinar las percepciones de ganancias e IVA.
Se agravia de que la tasa de interés contemplada en el art. 794 del C.A. es la misma sobre un capital en pesos que en dólares estadounidenses. En ese sentido, sostiene que la tasa de interés resarcitorio del treinta y seis por ciento (36%) anual para deudas en pesos, no puede ser aplicada en forma alguna a obligaciones en dólares. Cita jurisprudencia de la Excma. Cámara en la que se resolvió fijar una tasa de interés menor.
Manifiesta que es necesario contar con el instrumento de la póliza afectada a la operación en trato. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 35/47, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Realiza una negativa genérica de los hechos y el derecho invocado por la recurrente.
En primer lugar, afirma que en el caso no quedó acreditada la reexportación en sede aduanera y, por dicha razón, se tiene por producida la infracción, y por ocurrido el hecho imponible. Entiende que es la actora quien debe acreditar la cancelación de la destinación de importación temporaria.
Señala que la suspensión del plazo de prescripción del art. 805, inc. a) del Código Aduanero operó razón por la cual no se produjo la prescripción denunciada. Agrega que el instituto resulta de apreciación restrictiva y la ley es clara en cuanto a los plazos: si no se cumplen no hay prescripción. Considera que la prescripción del impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias se rigen por la normativa aduanera ya que se garantizó por régimen general “todo” en idénticas condiciones, Remarca que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede tratar la inconstitucionalidad porque lo tiene vedado amen de que en el caso el art. 1132 del C.A., le permite a la actora acudir al fuero contencioso administrativo. En cuanto al plazo razonable, menciona que del propio texto del Pacto de San José de Costa Rica surge que la protección del Sistema Interamericano le es acordada o garantizada al hombre, no a la empresa.
Explica que las pólizas de seguro de caución tienen un formato modelo establecido por resolución y que en sus condiciones particulares dice: “el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con las leyes o reglamentaciones aduaneras vigentes, causa eficiente del presente seguro, corresponda afectar total o parcialmente las garantías exigidas por las mismas.”.
En relación al IVA adicional e impuesto a las ganancias, destaca que, su mandante, es el agente de percepción de ambas retenciones que son efectivizables y/o exigibles con motivo de la importación definitiva (para consumo) independientemente de cómo ella se produzca o realice.
Afirma que por aplicación del art. 20 de la Ley 23905 el monto tributario se mantiene en dicha moneda ya que ni la ley de emergencia pública ni su reglamentación ha derogado o suspendido su aplicación; sin perjucio del rango de normas aplicables. Destaca que a pesar de la modificación de la ley 23.928 se ha mantenido al dólar estadounidense como moneda de curso legal no volviendo al régimen de cosas que tenía anteriormente. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-5985-2005 el servicio aduanero formula denuncia a fs. 26 contra la firma importadora “YOMA S.A.” por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. por el posible incumplimiento a las obligaciones inherentes a la destinación de importación temporaria nro. 05 001 IT14 001672 D cuyo vencimiento habría operado el 02/03/06 (v. sobre contenedor del DIT a fs. 27). A fs. 33 se efectúa la valoración y clasificación de la mercadería en presunta infracción. A fs. 37 obra la liquidación de tributos. Con fecha 7/12/11, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario. A fs. 40 obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 44 y vta., se corre vista a la firma importadora y, asimismo, se cita a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria. La primera se notificó en fecha 13/05/16 cuando la sindicatura tomó vista de las actuaciones mientras que la segunda lo hizo en fecha 12/05/16 (ver cédula a fs. 51 y vta.). A fs. 49/50 se presenta el síndico de la firma importadora y manifiesta que la misma se halla en quiebra por lo que solicita que se derive la carga de verificar el crédito reclamado en dicho proceso falencial. A fs. 52/61 la firma aseguradora contesta la vista conferida. A fs. 62 se provee la contestación de las firmas involucradas quedando la causa en estado de resolver. A fs. 67/72 obra la Resolución nro. 3166, de fecha 25/07/16, dictada por el Jefe (Int.) de la División Secretaría nro. 4 del Depto. de Procedimientos Legales Aduanero, que es ahora apelada en la especie.
IV. Que, en primer lugar, considero necesario referirme a los agravios de la recurrente en relación con que el proceso infraccional, iniciado por el servicio aduanero, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que corresponde destacar que la garantía convencional no puede ser aplicada en la especie tal como me expedido en los autos caratulados “ABB S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 13/5/19 -expte. N° 35.759-, criterio que he compartido en los autos caratulados “HTI CONO SUR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 2/12/19 -expte. Nº 38.908-A-, entre otros, que tramitaran por ante esta Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado”
En tal sentido, debe tenerse presente que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a Derechos Humanos (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39). Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina -sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos- del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Por lo demás, tampoco en la litis se verifica análogo o similar lapso de dilación del procedimiento aduanero que aquellos analizados en los precedentes de nuestra Corte Suprema que fueran expresamente citados por la recurrente en su líbelo inicial (”Losicer” y “Bossi y García S.A.”), y que, en supuestos excepcionales, permitirían apartarse de la referida restricción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, solamente en materia infraccional (pues en materia tributaria nunca lo ha hecho), en relación a la violación de la garantía del derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que el planteo de la firma actora deviene improcedente.
V. Que incumbe, en segundo lugar, entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la supuesta invalidez del auto de apertura de sumario y, como consecuencia de ello, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Que corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable.
Que la resolución por la que se dispone la apertura del sumario es un acto administrativo de suma importancia por medio del cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas Que el art. 1094 del Código Aduanero establece todas las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA N° 12197-5985-2005 surge que el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en fecha 7/12/11, es decir, antes de que opere el cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1/1/12 (atento a que la presunta comisión de la infracción aduanera acaeció en el año 2006).
Que la mentada instrucción de sumario da cumplimiento con la totalidad de los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A. atento a que, al momento de su apertura, el servicio aduanero contaba con la carpeta original de la DIT N° 05 001 IT14 001672D (v. fs. 27 de las act. adm.) que constituye la causa y antecedente de la obligación, como así también, a ese momento, ya había practicado la liquidación tributaria (v. fs. 37 de las act. adm.) con posterioridad a la clasificación y valoración de la mercadería (v. fs. 33 de las act. adm.). De ahí que, en la especie, el auto de apertura del sumario no ha sido dictado al solo efecto de suspender el transcurso del plazo de prescripción de la acción del fisco para exigir tributos.
Que, sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el art. 803 del C.A., que comenzó a correr el 1/01/07, en los términos del art. 804 inc. b), del C.A., (atento a que el hecho gravado, es decir, el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación de importación temporaria tuvo lugar en fecha 2 de marzo de 2006), debiendo haber operado el 1/01/2012, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que, en fecha 7/12/11, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/01/07, la cantidad de tiempo exacta de 4 (cuatro) años; 12 (doce) meses y 7 (siete) días. De acuerdo con el art. 805, inc. a), del C.A., el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 7/12/11 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a). Ahora bien, cuando el inc. a) del art. 805 del Código Aduanero expresa “...decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo” se refiere a la fecha de notificación de la Resolución aduanera. Ello es así, por cuanto con el simple dictado de la Resolución aduanera, el servicio aduanero no posee aún el ejercicio de la acción para percibir los tributos, es decir, no tiene abierta la vía ejecutiva, sino que, además, necesita notificar esa Resolución y esperar a que la misma quede firme para habilitar la acción. De allí que el art. 805, inc. a) del C.A., debe interpretarse en el sentido de que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario hasta que quede firme la Resolución aduanera, notificada, que pone fin al procedimiento. Que, en definitiva, el procedimiento infraccional, en sede aduanera, se ha desarrollado dentro del marco normativo y de acuerdo con los plazos allí establecidos. Por lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el agravio respecto de la invalidez del auto de apertura de sumario y la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, sin costas por su tratamiento conjunto con el fondo.
VI. Que el servicio aduanero mediante la Resolución nro. 3166 (ver fs. 7/17 de autos) entendió que correspondía condenar a la firma “YOMA S.A.” por la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el art. 970 del C.A., por no cumplir en tiempo y forma con la reexportación de la mercadería ingresada al amparo de la destinación de importación temporaria nros. 05 001 IT14 001672 D cuyo vencimiento operó en fecha 2/03/06 (ver carpeta de la DIT a fs. 27 de las act. adm.).
Que corresponde aclarar que en la especie se le exige a, la aquí recurrente, “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, la suma de U$S 5.841,19.- en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA, con más la suma de $ 12.046,89.- en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias, todo ello más intereses, en virtud de su condición de garante, de la firma importadora, en la mencionada destinación de importación temporaria.
Que la firma importadora no es la única que puede probar que se ha reexportado la totalidad de la mercadería, pues la aseguradora puede subrogarse en las defensas de la importadora, por lo que aquella también puede acreditar tal extremo mediante la documentación que acredite la descarga de la mercadería importada temporariamente.
VII. Que la firma “YOMA S.A.” importó temporariamente, en fecha 2/03/05 mediante la destinación nro. 05 001 IT14 001672 D, la cantidad de 200 (item 1), 380 (item 2) 3000 (item 3) y 800 (item 4) kilogramos de las mercaderías pertenecientes a la posiciones arancelarias 3402.19.00.900K, 3809.93.90.200G, 3906.90.19.900A y 3909.50.12.000X, respectivamente, de origen y procedencia Brasil.
Que dicha firma se presentó, en sede aduanera en fecha 29/05/05, a los fines de informar el cumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria al amparo de la destinación nro. 05 001 IT14 001672 D y solicitó, en el mismo acto, la cancelación y liberación de la garantía. A tal fin, adjuntó una declaración jurada por cada ítem (del 1 al 4) en la que se detallan los permisos de embarque correspondientes y los Certificados de Tipificación y Clasificación nros. 4360/8, 1086/96, 1944, 3396/97 y 1092/96 que se habrían utilizado para reexportar la mercadería importada temporariamente.
Que, no obstante la mencionada presentación, el servicio aduanero, mediante Acta nro. 38/09, formula denuncia contra la firma importadora “YOMA S.A.” por la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria tipificada en el art. 970 del C.A. En la misma acta se especifica que la denuncia se formula por la cantidad de 1380 kilogramos correspondientes al total del despacho de importación temporaria nro. 05 001 IT14 001672D, atento a que los Certificados de Tipificación y Clasificación no se habrían adjuntado a la actuación, y en el caso del Certificado nro. 1092/96 la posición arancelaria detallada no coincidiría con el insumo importado. Que sólo puede demostrarse la reexportación con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializados, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT en cuestión y con los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) que correspondan o en su defecto, con su solicitud para el supuesto de que la Secretaría no lo hubiera emitido por causas ajenas al importador. De modo tal que dicho mecanismo resulta ser el reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que, en efecto, se puede constatar que la recurrente no acompañó, en sede administrativa ni en estos autos, los permisos de embarque que descargarían la destinación de importación temporaria. Además, como bien indica el servicio aduanero en su denuncia, la recurrente no aportó los Certificados de Tipificación y Clasificación nros. 4360/8, 1086/96, 1944 y 3396/97. Y respecto del único Certificado de Tipificación y Clasificación acompañado (nro. 1092/96) se constata que no resulta válido a los fines de poder efectuar la descarga de la mercadería importada temporariamente toda vez que la posición arancelaria allí detallada no coincide con el insumo importado mediante la destinación nro. nro. 05 001 IT14 001672D.
Que en materia tributaria el onus probandi del cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporaria se encuentra a cargo del importador, en tanto significa dicho régimen un beneficio -ingreso de mercadería extranjera en plaza- sin la obligación correlativa de abonar los tributos a su ingreso al territorio aduanero.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación no constituye una mera formalidad requerida por la normativa sino que implica la emisión de un dictamen, por la autoridad científica y técnica, que determina una relación de cantidad y calidad entre el insumo importado temporariamente y el producto final a exportar. Por un lado, dicho documento permite cuantificar debidamente la incidencia de los elementos ingresados temporariamente en el producto elaborado para exportación, es decir, su correspondencia aritmética y, por el otro lado, determina una relación de calidad de insumo-producto, es decir, una correspondencia cualitativa entre la mercadería importada temporariamente y su aptitud para ser incorporada a un determinado proceso productivo.
Que las inconsistencias apuntadas anteriormente impiden evaluar, en el caso concreto que nos ocupa, qué cantidad de la mercadería importada mediante la destinación nro. 05 001 IT14 001672D fue utilizada en el proceso productivo y exportada por lo que cabe concluir que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la mercadería importada temporariamente.
VIII. Que incumbe referirse a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias que fueran exigidas por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada a fs. 37 de las actuaciones administrativas, que fuera expreso motivo de agravio por parte de la firma asegurado en el punto IV.1.- de su escrito recursivo (vide fs. 20 vta./21 vta.)
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
IX. Que la recurrente considera que el reclamo en dólares estadounidenses no es procedente por cuanto se trata de una moneda que no es de curso legal en nuestro país y por cuanto la liquidación suplementaria en una moneda fuerte, como ser dólares estadounidenses, es considerada un sistema de repotenciación de deudas proscripto por las leyes 23.928 y 25.561. En su favor, cita un reciente fallo de la Sala II de la Excma. Cám. Nac. en lo Cont. Adm. Fed., que se ha pronunciado en el sentido de que corresponde practicar la liquidación de los tributos en pesos, contrariamente a lo dispuesto por la Resolución nro. 3271/12 que determina y mantiene la deuda en dólares estadounidenses convirtiéndola a la moneda nacional de curso legal recién a la fecha de pago Que en relación al agravio expresado por la actora relativo a la aplicación al caso de autos de lo dispuesto en el artículo 20 de la ley Nº 23.905, cabe destacar, en plena conformidad con lo dictaminado, en fecha 12/2/19, por la Sra. Procuradora Fiscal en la causa caratulada “COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA SA C/ EN - DGA s/Dirección General de Aduana” expte. 629/2014, que tramitara por ante la Sala II de la Cam. Nac. en lo Cont. Adm. Fed., donde sostuvo que tal controversia resultaba sustancialmente análoga a la ya estudiada en los acápites IV y V del dictamen del 5 de julio de 2010, en la causa V.312, L.XLV, "Volkswagen Argentina S.A. (TF 22.179.A) el DGA, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia dictada el 23 de agosto de 2011, en el sentido de que dicha norma no fue dejada de lado por la ley 23.928; es decir, que resulta razonable considerar vigente lo dispuesto en el artículo 20 de le ley 23.905 en cuanto estableció que los derechos de importación y de exportación, así como los demás tributos que gravaren tales operaciones, “ se determinarán en dólares estadounidenses”, y el pagó podría efectuarse –entre otras opciones- en la moneda nacional, caso éste en que “la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”, tal como se establece en la nota externa nº 2/2004 emitida por la Dirección General de Aduanas y en la resolución general AFIP nº 3271/12.
X. Que, por otra parte, la recurrente impugna la aplicación de intereses de conformidad con la Resolución 314/2004 y la Resolución (MEyFP) 841/2010. Al respecto, expresa que la tasa de interés resarcitorio alcanza el tres por ciento mensual, es decir, el treinta y seis por ciento anual para deudas en pesos. Considera que dicha tasa no puede ser aplicada en forma alguna a obligaciones en dólares estadounidenses sin violentar los arts. 16 y 17 de la Constitución Nacional por lo que solicita que se aplique una tasa de interés acorde con esta última moneda. Que, bajo tales premisas, la Resolución General (AFIP) N° 3271/12 dispuso que al efectuar las liquidaciones de deudas por tributos aduaneros (derechos de importación y exportación entre otros) por hechos imponibles generados luego de la sanción de la ley 25.561, el monto del impuesto originariamente determinado en dólares estadounidenses debía mantenerse en dicha moneda hasta el día anterior a su cancelación. En síntesis, el capital de la obligación tributaria se mantiene “actualizada en dólares hasta su efectivo pago”. Asimismo, la mentada Resolución en cuanto a los intereses aplicables dispone que los mismos deberán ser calculados sobre el capital adeudado –en pesos- hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 794 y concordantes del Código Aduanero”.
Tanto en materia impositiva como aduanera la tasa y el mecanismo de aplicación de los intereses resarcitorios y punitorios son fijados con carácter general por la SECRETARÍA DE HACIENDA de conformidad con los arts. 37 y 52 de la ley 11.683, y los arts. 794 y 797 del Código Aduanero, respectivamente. Es en esos términos que en el año 2010 el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución N° 841 por la cual elevó la tasa aplicable a intereses resarcitorios al tres por ciento (3%) mensual y la tasa correspondiente a intereses punitorios al cuatro por ciento (4%) mensual manteniendo la tasa aplicable a los casos de repetición en el cincuenta centésimo por ciento (0,50%).
Que, por su parte, la Resolución 50/2019 (B.O. 8/2/19) dispuso modificar los arts. 1 y 2 de la resolución Nº 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción con vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de su publicación, es decir, desde del 1º de marzo de 2019. La mentada Resolución, en su lugar, dispuso que “…la tasa de interés resarcitorio mensual prevista en el artículo 37 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en los artículos 794, 845 y 924 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones), vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma dos (1,2) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre”. Y en su art. 2º dispone que “… la tasa de interés punitorio mensual prevista en el artículo 52 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y en el artículo 797 del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y sus modificaciones), vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual equivalente a uno coma cinco (1,5) veces la tasa nominal anual canal electrónico para depósitos a plazo fijo en pesos a ciento ochenta (180) días del Banco de la Nación Argentina vigente el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre.
Que la elevación de las tasas para los intereses resarcitorios y punitorios tuvo como objeto “…adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales...” (ver Considerandos de la Res. 50/2019). Hay que aclarar que nada se considera más lejos de la realidad que pensar que, en materia aduanera, la actual tasa vigente para los intereses resarcitorios y punitorios permite a los contribuyentes morosos financiarse con el Fisco Nacional lo que, en definitiva, no favorecería el cumplimiento en plazo de las obligaciones tributarias.
Que dicho discurrir podría operar en el ámbito de los tributos locales y nacionales pero con excepción de la materia aduanera donde, por la aplicación de esa resolución, sobre el capital en dólares -ya que el tipo de cambio para convertir las sumas de dólares en pesos es el vigente el día anterior al del efectivo pago- se aplica una tasa de interés anual de aproximadamente 44% y 55% para intereses resarcitorios y punitorios, respectivamente; sin que a tales efectos pueda tomarse el parámetro máximo dispuesto por el artículo 794 del Código Aduanero puesto que no existe tasa de interés de descuento de documentos comerciales para deudas en dólares estadounidenses. De allí que, en la especie, el Fisco Nacional (AFIP-DGA) pretende cobrar una deuda en moneda extranjera, aplicando intereses resarcitorios que resultan manifiestamente exorbitantes, y que no encuentran ningún parámetro o justificativo en la realidad social y económica de nuestro país.
Y si bien es cierto que la mora de los contribuyentes al deber social de contribuir al sostenimiento del Estado con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias concibe la posibilidad de fijar una tasa de interés elevada -la que no favorece a persona determinada sino a la sociedad toda-, ello no resulta adecuado ni conciliable con los irrenunciables principios de justicia, ética y equidad cuando esa tasa resulta ser manifiestamente desproporcionada, y termina afectando de modo palmario derechos constitucionales y convencionales de los contribuyentes.
En esos términos, una tasa que luzca desproporcionadamente alta no cumple con su verdadera función, cual sería resarcir la mora en el pago del tributo, sino que más bien constituye un enriquecimiento indebido del Estado en desmedro de los derechos del simple ciudadano; máxime cuando la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que “el poder estatal de crear impuestos no es omnímodo ni ilimitado, pues tiene un natural valladar en los preceptos constitucionales que requiere que las contribuciones sean razonables en cuanto no han de menoscabar con exceso el derecho de propiedad del contribuyente que debe soportarlas” (Fallos 235:883, 332:1571; entre muchos otros)
En similar sentido, destacada doctrina ha sostenido que “...la tasa de interés del 3% mensual aplicada sobre una divisa extranjera actualizada al día del pago por el tipo de cambio vigente (…) produce una confiscación al patrimonio del contribuyente, y convierte el monto de la deuda en una sanción encubierta a la falta de pago de la deuda originaria (lo que no siempre ocurre por causas imputables al contribuyente), pretendiendo el Estado obtener un enriquecimiento sin causa y no el resarcimiento por la carencia oportuna de los dineros públicos, provocando a su vez empobrecimiento del contribuyente.” (vide Bibiloni Mario, “Procedimiento improcedente y confiscatorio de las determinaciones tributarias aduaneras suplementarias, publicado en el diario “El Cronista, Sección Fiscal y Previsional, en fecha 22/12/14).
Por lo demás, la Sala “V” de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ha arribado a una conclusión similar en el expediente N° 28.208-A caratulado “Procesadora de Boratos Argentinos S.A.” donde sostuvo que “...la tasa de interés utilizada en la liquidación impugnada conduce a un resultado excesivo, ya que el monto resultante de aplicar las tasas previstas en las Resoluciones MEyP Nº 492/06 y 891/10, del 2% y 3%, respectivamente, ha excedido notablemente la razonable expectativa de conservación del patrimonio del Fisco y de la retribución correspondiente a la privación del uso del capital; lo cual deriva en un enriquecimiento sin causa para el acreedor, en tanto se aparta palmariamente del importe total de los intereses que hubiera devengado esa misma deuda, considerada en dólares estadounidenses.”.
Por lo tanto, por estrictas razones de equidad, tal como lo he expresado al sentenciar las causas "ALPEMAR S.R.L. c/DGA s/ recurso de apelación” del 21/12/18 -expte. N° 36.199-A-; y “COMPAÑIA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, del 26/06/19 -expte. N° 39.643-A-, entre otras, la deuda aduanera en cuestión debe fijarse en sus justos y éticos límites, máxime en el actual contexto social de inestabilidad y crisis económica y financiera Que, por ello, corresponde admitir el agravio formulado por la firma actora en ese sentido, morigerar la tasa de interés aplicada por la AFIP-DGA en la resolución cuestionada y ordenar que se practique una nueva liquidación aplicando la tasa de interés correspondiente a las obligaciones en dólares prevista en la Resolución ME N° 21/91 - a título referencial-, que era del uno por ciento (1%) mensual y hasta el 1/08/19, fecha en la que por imperio de la Resolución Nº 598/19 (B.O. 18/07/19), que derogó la Resolución Nº 314/2004, y sus modificatorias, entre las que se encuentra la Res. 50/2019 del ex Ministerio de Economía y Producción, comenzó a regir la nueva tasa para intereses resarcitorios del 0,83% nominal mensual en aquellas obligaciones nominadas en dólares estadounidenses.
Que cabe aclarar que la Resolución nro. 598/19 determina que sus disposiciones surten efecto a partir del 1° de agosto de 2019, es decir, hacia adelante, siendo que, hacia atrás, es decir, para la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes de la fecha de entrada en vigencia de esa resolución, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos que éstos alcancen. La Resolución MH Nº 598/19 que surte efectos a partir del 1/08/19 fija la tasa de los intereses resarcitorios en el 0,83% nominal mensual para aquellas obligaciones expresadas en dólares estadounidenses o que deban abonarse de acuerdo con el monto de categoría su otros conceptos similares vigentes a la fecha de su efectivo pago (arts. 794, 845 y 924 del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones (ver González Seoane, Martín, “Modificaciones recientes a las tasas de interés en materia tributaria”, Derecho Público Integral (DPI), diario digital, Suplemento Tribunales Fiscales Nº 4, de fecha 29/08/19).
XI. Que es menester expedirse sobre el límite máximo garantizado por la recurrente.
Que la suma total de los tributos nominados en dólares estadounidenses asciende a la suma de U$S 5.841,19.-. mientras que en pesos asciende a la suma de $12.046,89.-. Ahora bien la póliza en virtud de la cual la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora está garantizada por la suma máxima de $ 48.000 (ver la póliza N° 842521, que obra agregada a fs. 58/59 de autos, que fue extendida por “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.” a favor de la aduana en su condición de garante de la importación temporaria ). Ello así el importe que el servicio aduanero tendría derecho a cobrar en virtud del incumplimiento al régimen de destinación suspensiva de importación temporaria excede el importe máximo asegurado por la firma recurrente, por lo que dicho organismo fiscal sólo debe limitarse a reclamar dicho monto inferior y no más, pues en dicho caso operaría un enriquecimiento sin causa a favor del Fisco Nacional.
Que, por lo expuesto, la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el límite máximo asegurado en la póliza que totaliza la suma, en concepto de capital, de cuarenta y ocho mil pesos $ 48.000, con más los intereses del art. 794 del C.A. calculados conforme lo señalado en el Considerando X del presente voto, desde el 2/02/18 hasta la fecha del efectivo pago.
Por ello voto por:
1. Rechazar la excepción de la prescripción de la acción del fisco para exigir tributos opuesta por la firma importadora, sin costas, atento su tratamiento conjunto con el fondo.
2. Confirmar, parcialmente (excepto en relación con la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional), la Resolución (DE PRLA) N° 3166, de fecha 25/07/16, en tanto exige el pago de tributos a la firma "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN dólares estadounidenses con 19 centavos de dólar (U$S 5.841,19) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA más los intereses calculados de conformidad con lo señalado en el Considerando X del presente voto desde el 30/05/16 hasta la fecha del efectivo pago. La responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma $ 48.000- monto al que deberán adicionársele los intereses del art. 794 del C.A. calculados del modo ya señalado.
3. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 12% a cargo del Fisco y 88% a cargo de la actora.
El Dr. Christian González Palazzo:
I. Que comparto la propuesta realizada por el Dr. Garbarino para dar solución al entuerto traído a debate, excepto en cuanto al alcance del considerando IX que se cristaliza en el punto 2° de la parte resolutiva de su voto, en tanto fija discrecionalmente la tasa de interés que deberá aplicar el fisco para exigir el pago de la acreencia que por esta sentencia se reconoce.
II. Amén de lo dicho precedentemente, también estimo pertinente dejar sentado que, habida cuenta lo expuesto en el discurrir de su voto, en relación a los sujetos alcanzados por la Convención Americana de Derechos Humanos entiendo que, si bien la CIDH se ha expedido en el marco de OPINIÓN CONSULTIVA OC-22/16 DE 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de PANAMÁ en el marco de la discusión respecto de la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos (interpretación y alcance del artículo 1.2, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13 , 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 8.1.a y b del protocolo de San Salvador, que las personas jurídicas no son titulares de derechos convencionales, por lo que no pueden ser consideradas como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano (Considerando 70), no menos cierto es que también dejó sentado que “los Estados, al adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos, lo deben hacer también con respecto de personas jurídicas que se encuentren bajo su jurisdicción, a fin de evitar que eventuales acciones de ellas puedan comprometer su responsabilidad internacional en esta materia. De modo que las personas jurídicas están, en todo caso, obligadas a respetar, en el correspondiente orden interno o nacional, los derechos humanos y, en el evento de que ello no acontezca, los pertinentes Estados pueden ver comprometida su responsabilidad internacional en la medida que no garanticen su libre y pleno ejercicio por toda persona natural sujeta a su jurisdicción” (Considerando 31).
Si bien la CIDH –hasta ahora sólo en una OC- refrenda una restricción en tanto “quienes” son los sujetos pasibles de la preservación convencional –persona humana o natural-, subsiste la obligación de los operadores judiciales –en su interpretación funcional más amplia que la estrictamente orgánica- de preservar la responsabilidad internacional de la República ante los eventuales reclamos que quienes conforman las personas jurídicas en el legítimo uso de su derecho pudieren incoar ante la Comisión Interamericana de DDHH derivándose en hipotéticas condenas que hubieren de recaer por la inobservancia de lo establecido en la Convención.
El conflicto que sugiere la OC 22-16 se devela a la luz de nuestra Carta Magna, pues las garantías judiciales de la Convención, son un “corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art.18 de la Constitución Nacional el cual es de aplicación a todas las personas sujetas al ordenamiento jurídico argentino sin distinciones”, por lo que, en definitiva las disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica deben entenderse complementarias de los derechos y garantías reconocidas en nuestra Carta Magna, no pudiendo restringirlos o alterarlos (art.75 inc.22 CN), por consiguiente no puede invocarse dicha convención para restringir los derechos del contribuyente.( Palma Patetta y Macchi SH C/ DGA S/ Recurso directo de organismo externo, Expte 56559/2015, Sala V CNCAF, Rta 27/4/2017).
En síntesis, velar por el cumplimiento de la Convención y hacer efectivo sus preceptos, implica –en todos los supuestos- cumplir con la Carta Magna preservando el interés del Estado, blindando con legalidad y eficiencia de las disfuncionalidades y yerros de quienes lo integrándolo orgánicamente lo exponen a reclamos que, a la larga, habrá de afrontar, con su Tesoro, toda la Nación.-
Dicho lo anterior, y como bien desarrolla el Dr. Garbarino a lo largo de su voto, el plazo que insumió la sustanciación del proceso y el contexto fáctico que lo enmarcó, difieren sustancialmente con sustrato fáctico verificado en “Zurich Argentina Cia Argentina de Seguros S.A. C/ DGA” (Rta.01/02/16) de esta Sala, por lo que - en definitiva- cabe rechazar el agravio esbozado en el sentido impetrado.
III. En cuanto a la solución expuesta en razón de la responsabilidad tributaria de la recurrente, he de adelantar que tampoco advierto razones que habiliten a quien suscribe a establecer pautas para morigerar o modificar tasa de interés alguna, por cuanto considero que ello implica arrogarse una función que no es propia de la misión jurisdiccional, máxime cuando en autos no se ha siquiera intentado demostrar empíricamente lesividad concreta que la norma en crisis genere a sus derechos, por lo que en definitiva “no se justifica una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, si no media debate y declaración de inconstitucionalidad” (“Provincia de Santa Cruz” Fallos 316:42).-
Centralmente sobre el agravio receptado en los considerandos del voto preopinante, si bien comparto sustancialmente sus cuestionamientos, no comparto la solución jurídica que allí propone, y para ello habré de remitirme a lo oportunamente resuelto por el Máximo Tribunal en “Neumáticos Goodyear S.A.” en tanto señalara que “Uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su coherencia con el resto del sistema del que forma parte es la consideración de sus consecuencias” (Fallos 323:3412).
Justamente, la Corte fue contundente en “Orazio Arcana” al señalar que “resulta obvio el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la comunidad toda” (Fallos 308:284) criterio ratificado en adonde sentó que “Se justifica que las leyes impositivas contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad porque gravitan en la percepción de la renta pública; con ese propósito se justifica la aplicación de tasas de interés más elevadas” (Fallos 316:42).
El criterio cimero ha sido recientemente ratificado en “Desarrollos al Costo C/ Buenos Aires, Provincia de S/ Acción declarativa de inconstitucionalidad” (CSJ 311/2013 Rta.02/05/19), adonde refiriéndose a la citada doctrina destacó que “los réditos deben ser liquidados de conformidad con las tasas fijadas en las resoluciones dictadas al efecto por el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía”
Concretamente, el Fisco deberá oportunamente ceñir la liquidación de sus acreencias aplicando la normativa vigente según la resolución que determina las tasas correspondientes dictadas por las autoridades competentes, pues así fue la voluntad del legislador plasmada en lo normado en los arts. 37 y 52 de la Ley 11.683 y en los arts.794 y 797 del Código Aduanero (Ley 22415) máxime cuando su validez no ha sido tachada por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ponerlo en crisis por la vía propuesta implicaría socavar indebidamente la estanqueidad divisoria de los poderes que el constituyente plasmó en nuestra Carta Magna y a cuya custodia nos conmina a todos los operadores judiciales de la República. (CSJN, Fallos: 155:248; 272:231; 273:418; 310:112; 311:2580)
Lo dicho encuentra eco en lo resuelto por la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo Federal en “Procesadora de Boratos C/ DGA” (Expte. 21840/2012, TF 28.181-A) adonde con meridiana claridad expone que “acceder a esta altura de la causa, sin mediar producción de prueba idónea, a la descalificación de las tasas de interés fijada por las Resoluciones 492/06 (MEyP) y 841/10 (MEyFP), a aplicar una tasa no vigente (v. gr: la tasa prevista en la Resolución ME 21/91), implicaría sustituir a la Administración en su ámbito de discrecionalidad sin sustento fáctico y jurídico suficiente. En efecto la fijación de la tasa de interés aplicable a los créditos tributarios es llevada a cabo en base a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia que nos son susceptibles de revisión judicial, y sólo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas, no estando facultados para sustituirse a ellas en la valoración de las circunstancias ajenas al campo de lo jurídico (CSJN; FALLOS 308:2246 y sus citas 311:2128; 321:1252, espc. Consid. VII y sus citas)…” concluir sentando que “resulta razonable que los intereses superiores a aquellos por los cuales puedan los particulares obtener créditos en el mercado financiero, ya que “de no ser así, los contribuyentes podrían contemplar la alternativa –claramente perniciosa para el bien común- de obtener un financiamiento por la vía de dejar de cumplir puntualmente sus obligaciones tributarias..” dando pautas claras y contundentes de la improcedencia e inconveniencia de lo propuesto por el vocal preopinante.-
En el caso traído a debate no se verifica una injustificada e irrazonable demora del aparato estatal en la resolución de una cuestión que no presenta significativa complejidad, ni omisión o acción actual y concreta por parte de quienes lo integran que permitiera identificar el cercenamiento de garantías constitucionales –ora convencionalescon el juego sistémico normativo en crisis, motivo por el cual me encuentro convencido de que no se colige razonabilidad jurídica suficiente que permitan a este Tribunal de justicia receptar de modo alguno el agravio de la actora.
Por lo dicho voto por:
1. Rechazar la excepción de prescripción del Fisco para exigir tributos interpuesta por la recurrente “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, sin costas atento su tratamiento conjunto con el fondo.
2. Confirmar, parcialmente (excepto en relación con la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional), la Resolución (DE PRLA) N° 3166, de fecha 25/07/16, en tanto exige el pago de tributos a la firma "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN dólares estadounidenses con 19 centavos de dólar (U$S 5.841,19) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses que correspondan liquidar en los términos del art. 794 del CA. desde el 30/05/16 hasta la fecha del efectivo pago teniendo en cuenta para ello que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL pesos ($48.000), más los intereses señalados.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA en tanto exige el pago de percepción de impuesto a las ganancias e IVA Adicional de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Garbarino.
4. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 12% a cargo del Fisco y 88% a cargo de la actora.
La Dra. Cora M. Musso dijo:
En mi carácter de Vocal subrogante en la Vocalía de la 18ª. Nominación, debo expedirme sólo con relación a la tasa de interés aplicable al caso de autos, aspecto en el que no existe acuerdo en los votos de los Dres. Garbarino y González Palazzo. Con relación a la cuestión, adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. En virtud del acuerdo que antecede, se RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción del Fisco para exigir tributos interpuesta por la recurrente “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.”, sin costas atento su tratamiento conjunto con el fondo.
2. Confirmar, parcialmente (excepto en relación con la percepción de impuesto a las ganancias e IVA adicional), la Resolución (DE PRLA) N° 3166, de fecha 25/07/16, en tanto exige el pago de tributos a la firma "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN dólares estadounidenses con 19 centavos de dólar (U$S 5.841,19) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses que correspondan liquidar en los términos del art. 794 del CA. desde el 30/05/16 hasta la fecha del efectivo pago teniendo en cuenta para ello que la responsabilidad de la firma aseguradora queda circunscripta por el capital al límite máximo de la cobertura que asciende a la suma de CUARENTA Y OCHO MIL pesos ($48.000), más los intereses señalados.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA en tanto exige el pago de percepción de impuesto a las ganancias e IVA Adicional de conformidad con lo señalado en el Considerando VIII del voto del Dr. Garbarino.
4. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 12% a cargo del Fisco y 88% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. María Celeste Arias (27-29903841-1) y al Dr. Jorge Luis Peluffo (20-08426456- 4). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.18 16:43:26 -03:00 Date: 2022.08.18 17:13:58 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Cora Marcela Musso Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.18 19:07:50 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.18 19:07:51 -03:00
Fin de la sentencia