Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 34.113-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) nro. 959/13, con excepción del Derecho adicional y las percepciones del impuesto a las ganancias e IVA adicional, en cuanto exige a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de diez mil novecientos quince pesos con noventa y siete centavos ($ 10.915,97.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 24/07/09 y hasta la fecha de efectivo pago.
2Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 59% a cargo del Fisco y 41% a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-105369181-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 3 de Octubre de 2022 Reunidos los Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 34.113-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/16 y vta., se presenta, por apoderado, la firma denominada "ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A." e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 959, de fecha 6/03/13, dictada por el Jefe (Int.) del Dpto. de Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA N° 12197- 12308-2005, mediante la que se le exigen tributos por la suma de $ 26.721,98.- en concepto de tributos, todo ello más intereses. Dicha suma se le atribuye en su condición de garante de la firma importadora “Multicor S.A., a la que se le endilgó la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA. en virtud del presunto incumplimiento a la obligación asumida en la importación temporaria N° 03 001 IT16 000070 R.
En primer lugar, menciona que el servicio aduanero entendió que la temporal en trato no se encuentra regularizada con fundamento en el informe técnico que luce a fs. 114. Dice que el fallo aduanero declara la existencia de la infracción y del hecho imponible de la importación a consumo exclusivamente sobre la base del citado dictamen. Agrega que resulta evidente que dicho criterio adolece de un más que excesivo rigor formal, porque en un caso no se desconoce que se trata del mismo producto y, en el otro, la documentación fue tramitada en dichas condiciones, por lo que mal puede cuestionarse ahora.
Dice que la tramitación sumarial presenta falencias procedimentales de gravedad. Estima que el transcurso de casi 10 años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conforme el precedente “LOSICER” (Fallos: 335:1126). Entiende aplicable doctrina sentada por la Sala “F” de este Tribunal Fiscal en los autos caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/DGA s/apelación” de fecha 17 de abril del 2018 (TFN Expte. N° 31.734-A) por lo que considera que debe prosperar la prescripción, en los términos del art. 803 y concordantes del Código Aduanero.
Señala que la instrucción de sumario debe cumplir con los requisitos necesarios exigidos en el art. 1094 del C.A., para poder producir la interrupción y suspensión de la prescripción. Afirma que ha operado la prescripción del reclamo referido a las percepciones de ganancias e IVA. Deja planteada la inconstitucionalidad de cualquier interpretación, que se hiciere de las normas, que permitiera que pueda admitirse que el instituto de la prescripción se vea totalmente desvirtuado al convalidarse la duración indefinida de un sumario aduanero.
Considera que se calculó erróneamente la percepción del impuesto a las ganancias. Agrega que no corresponde su exigencia cuando dicha percepción se reclama fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible. Entiende que no corresponde en supuestos como el de autos el reclamo del derecho adicional. Manifiesta que no se encuentran acreditados los extremos previstos por la legislación para determinar la procedencia de las percepciones exigidas por lo que deben ser excluidas de la liquidación. Destaca que la DGA es incompetente para determinar las percepciones de ganancias e IVA Manifiesta que es necesario contar con el instrumento de la póliza afectada a la operación en trato. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 26/30, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Realiza una negativa genérica de los hechos y el derecho invocado por la recurrente.
Señala que según surge de las constancias del expediente, informe de fs. 114, efectuado por la Sección Procedimientos Técnicos surge que no se ha descargado la mercadería ingresada. Explica las características de la figura infraccional en trato por las cuales la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Agrega que es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido total y acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo otorgado lo cual no lo hizo en la actuaciones administrativas en trato. Considera que el servicio aduanero liquidó los tributos como correspondientes a la importación para consumo de la mercadería en cuestión, y por ende, con aplicación del régimen tributario vigente en la documental en trato. Agrega que la garantía otorgada por la firma aseguradora a favor del servicio aduanero cubre la totalidad de los tributos que gravan la importación para consumo. Aclara que lo que se aseguró no es un monto definitivo y determinado de antemano. Dice que de la sola confrontación con la documental que se arrima surge que ésta sí ha garantizado el derecho adicional del que se queja, por lo cual va contra sus propios actos.
Destaca, en cuanto al límite de la póliza, que lo que se asegura es un monto “eventual” que se transformará en cierto al momento de producirse la importación a consumo (hecho imponible – siniestro) por ende sí le corresponde a la aseguradora aunque expresamente no hubiese garantizado el rubro. En su apoyo, invoca jurisprudencia de la Excma. Cámara.
Menciona que la importadora no cumplió con sus obligaciones por lo merece sin lugar a dudas reproche infraccional en los términos imputados. Concluye que el fallo aduanero en cuestión es claro y contundente, fundamentado en la legislación vigente, desvirtuando todo argumento esgrimido por la recurrente. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-12308-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia N° 1299/05, labrada por el servicio aduanero, en contra de la firma importadora “Multicor S.A.” por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. por el posible incumplimiento a las obligaciones inherente a la destinación de importación temporaria N° 03 001 IT16 000070 R cuyo vencimiento habría operado el 24/01/04 (v. sobre contenedor del DIT a fs. 9). A fs. 6 se efectúa la valoración y clasificación de la mercadería en presunta infracción. Con fecha 2/05/08, el servicio aduanero dispone la apertura de sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 12 obra la liquidación de tributos y multa en pesos utilizando, para convertir los primeros a pesos, un tipo de cambio por dólar de $ 2,895. En fecha 21/04/09 el servicio aduanero dispone correr vista a la firma importadora y cita a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.” en su carácter de garante de la obligación tributaria. Como dan cuenta el aviso de recibo y la cédula que lucen a fs. 26 y 112, respectivamente, las firmas importadora y aseguradora se notificaron de la corrida de vista en fecha 03/09/09 y 08/07/09, respectivamente. A fs. 18/25 la firma aseguradora contesta la vista conferida y a fs. 27/48 hace lo propio la firma importadora adjuntado documental que luce a fs. 49/111. A fs. 113 se provee la contestación de las firmas importadora y aseguradora y, se remiten las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a los efectos de que se sirva informar si la documentación agregada cancela la DIT denunciada. A fs. 114 la Sección Procedimientos Técnicos informa que “...falta el CTC declarado en la hoja de descarga de los permisos de embarque involucrados en el proceso de transformación del insumo importador, el CTC de la DDJJ es distinto al de los permisos de embarque por lo que el total de la mercadería se encontraría en presunta infracción.”. A fs. 119/120 y vta., obra la Resolución N° 959, de fecha 6/03/13, dictada por el Jefe (Int.) del Depto. de Procedimientos Legales Aduanero, que es ahora apelada en la especie.
IV. Que, en primer lugar, considero necesario referirme a los agravios de la recurrente con relación a que el proceso, iniciado por el servicio aduanero, ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional con franca violación a la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 C.N.) y al art. 8° inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada al art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
Que corresponde destacar que dicha garantía convencional no puede ser aplicada en la especie tal como me expedido en los autos caratulados “ABB S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 13/5/19 -expte. N° 35.759-, criterio que he compartido en los autos caratulados “HTI CONO SUR S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” de fecha 2/12/19 -expte. Nº 38.908-A-, entre otros, que tramitaran por ante esta Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), toda vez que con fecha 26 de febrero de 2016 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, donde sostuvo que “El artículo 1.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo consagra derechos a favor de personas físicas, por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho Tratado” En tal sentido, debe tenerse presente que la jurisdicción consultiva fue establecida por el artículo 64 como "un servicio que la Corte está en capacidad de prestar a todos los integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus compromisos internacionales referentes a Derechos Humanos (Corte I.D.H., "Otros tratados" objeto de la función consultiva de la Corte (art. 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-l/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no 39). Además, como el referido Tribunal lo ha señalado en otra oportunidad, el proceso consultivo está "destinado a ayudar a los Estados y órganos a cumplir y a aplicar tratados en materia de derechos humanos, sin someterlos al formalismo y al sistema de sanciones que caracteriza el proceso contencioso" (Corte I.D.H., Restricciones a la pena de muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. no. 43). (párr. 19, OC-4/84).
Y si bien es cierto que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que sus Opiniones Consultivas “…no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa en el artículo 68 de la Convención…” (Opinión Consultiva, OC-1/82, párr. 51), no lo es menos que poseen “…efectos jurídicos innegables…” (Opinión Consultiva, OC-15/97, del 14 de noviembre de 1997, Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Art. 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Serie A: Fallos y Opiniones, N° 15, párr. 26) para todo el modelo regional y usualmente son acatadas por los Estados miembros, sin reparos; máxime cuando la OC en cuestión ha sido firmada por los actuales integrantes de dicha Corte Internacional, por lo que corresponde que este Tribunal Fiscal aplique dicha doctrina -sin perjuicio de la opinión personal del suscripto en cuanto al amplio alcance del ámbito de protección de la Convención Americana de Derechos Humanos- del mismo modo en que lo hace respecto de las sentencias del referido Tribunal internacional.
Por lo demás, tampoco en la litis se verifica análogo o similar lapso de dilación del procedimiento aduanero que aquellos analizados en los precedentes de nuestra Corte Suprema que fueran expresamente citados por la recurrente en su líbelo inicial (”Losicer” y “Bossi y García S.A.”), y que, en supuestos excepcionales, permitirían apartarse de la referida restricción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la doctrina de nuestro Tribunal Cimero, solamente en materia infraccional (pues en materia tributaria nunca lo ha hecho), en relación a la violación de la garantía del derecho de defensa en juicio consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, por lo que el planteo de la firma actora deviene improcedente.
V. Que incumbe, en segundo lugar, entender en el planteo impetrado por la recurrente respecto de la supuesta invalidez del auto de apertura de sumario y, como consecuencia de ello, la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos.
Que corresponde aclarar que la declaración de nulidad en sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación de este, siempre y cuando se trate de un vicio subsanable.
Que la resolución por la que se dispone la apertura del sumario es un acto administrativo de suma importancia por medio del cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas Que el art. 1094 del Código Aduanero establece las exigencias que debe cumplir la resolución que dispone la apertura del sumario y, en este sentido, dispone que el mismo “...determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando se lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.
Que de la compulsa de los antecedentes administrativos SIGEA N° 12197-12308-2005 surge que el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario en fecha 02/05/08, es decir, antes de que opere el cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1/1/10 (atento a que la presunta comisión de la infracción aduanera acaeció en el año 2004).
Que la mentada instrucción de sumario da cumplimiento con las exigencias exigidas en el art. 1094 del C.A. atento a que, al momento de su apertura, el servicio aduanero contaba con la carpeta original de la DIT N° 03 001 IT16 000070 R (v. fs. 9 de las act. adm.) que constituye la causa y antecedente de la obligación, como así también, a ese momento, ya había clasificado y valorado de la mercadería (v. fs. 6 de las act. Adm.) y practicado la correspondiente liquidación tributaria (v. fs. 7 de las act. Adm.).
Que se puede afirmar que, en la especie, el auto de apertura del sumario no ha sido dictado al solo efecto de suspender el transcurso del plazo de prescripción de la acción del fisco para exigir tributos. Sobre esa base, corresponde destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años que prescribe el art. 803 del C.A., que comenzó a correr el 1/01/05, en los términos del art. 804 inc. b), del C.A., (atento a que el hecho gravado, es decir, el vencimiento del plazo de permanencia de la destinación de importación temporaria tuvo lugar en fecha 24 de enero de 2004), debiendo haber operado el 1/01/2010, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que, en fecha 02/05/08, el servicio aduanero dispuso instruir el sumario habiendo transcurrido hasta ese momento, desde el 1/01/05, la cantidad de tiempo exacta de 3 (tres) años; 5 (cinco) meses y 2 (dos) días. De acuerdo con el art. 805, inc. a), del C.A., el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió desde la apertura de sumario, es decir, desde el 02/05/08 "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805 inc. a). En fecha 6/03/13 se dicta la resolución apelada notificada a la recurrente en fecha 26/11/13 (ver cédula que luce a fs. 125vta).
Que, en definitiva, el procedimiento infraccional, en sede aduanera, se ha desarrollado dentro del marco normativo y de acuerdo con los plazos allí establecidos. Por lo expuesto, entiendo que corresponde rechazar el agravio respecto de la invalidez del auto de apertura de sumario y la prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, sin costas por su tratamiento conjunto con el fondo.
VI. Que corresponde ahora expedirse en relación con el fondo del asunto pues la recurrente considera que el servicio aduanero ha incurrido en un excesivo rigor formal al declarar la existencia de la infracción y del hecho imponible de la importación a consumo exclusivamente sobre la base del dictamen elaborado a fs. 114 de las actuaciones administrativas por la Sección Procedimientos Técnicos.
Que la firma “MULTICOR S.A.” oficializó en fecha 28/01/03 la destinación de importación temporaria nro. 03 001 IT16 000070 R mediante la cual ingresó al territorio aduanero la cantidad de 5000 kilogramos de la mercadería perteneciente a la posición arancelaria 3907.30.28.000M, con origen y procedencia de la República de Corea.
Que la importadora se presentó a contestar la vista, en sede aduanera, en fecha 16/09/09 (ver fs. 27/28 de las actuaciones administrativas) y allí expresó que habría cumplido con las obligaciones a su cargo antes de operado el vencimiento al haber reexportado la mercadería de las destinaciones de importación temporaria, en tiempo y forma. En ese sentido, adjuntó copias de los permisos de embarque y la Solicitud del Certificado de Tipificación y Clasificación nro. 061-010107/2001 que demostraría la descarga de la destinación (ver fs. 49/63 de las act. adm.). Que atento lo manifestado por la recurrente en la contestación de vista y la copia adjunta con el detalle de los permisos de embarque y la Solicitud del Certificado de Tipificación y Clasificación acompañado que presuntamente descargarían la destinación, el servicio aduanero remitió las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos a los fines de que informara si se había cancelado en tiempo y forma la destinación 03 001 IT16 000070 R.
Que, en respuesta a la remisión efectuada, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros emitió la Nota nro. 6369, en fecha 30/11/12, en la que informó “...falta el CTC declarado en la hoja de descarga de los permisos de embarque involucrados en el proceso de transformación del insumo importador, el CTC de la DDJJ es distinto al de los permisos de embarque por lo que el total de la mercadería se encontraría en presunta infracción.”. En base a esas conclusiones, el Jefe (Int.) del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires en fecha 6/03/13 resolvió condenar a la firma importadora y exigir tanto a dicha firma como a su garante el pago de los tributos correspondientes.
Que de la compulsa de la documentación acompañada por la firma importadora en sede aduanera se puede constatar, tal como afirma el servicio aduanero, que la Solicitud del Certificado de Tipificación y Clasificación nro. 061-010107/2001 es distinta a la que luce en los permisos de embarque que descargarían la mercadería importada temporariamente. Adviértase que en los permisos de embarque se observan las Solicitudes de los Certificados de Tipificación y Clasificación nros. 06101106201 y 01106201 P pero dichas solicitudes no fueron acompañadas a estos autos a efectos de demostrar la reexportación de la temporal. Por ello no asiste razón a la recurrente cuando afirma que la resolución aduanera peca de excesivo rigor formal pues se ha constatado que se ha dictado con arreglo a la documentación acompañada en sede aduanera.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación no constituye una mera formalidad requerida por la normativa sino que implica la emisión de un dictamen, por la autoridad científica y técnica, que determina una relación de cantidad y calidad entre el insumo importado temporariamente y el producto final a exportar. Por un lado, dicho documento permite cuantificar debidamente la incidencia de los elementos ingresados temporariamente en el producto elaborado para exportación, es decir, su correspondencia aritmética y, por el otro lado, determina una relación de calidad de insumo-producto, es decir, una correspondencia cualitativa entre la mercadería importada temporariamente y su aptitud para ser incorporada a un determinado proceso productivo.
Que sólo puede demostrarse la reexportación con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializados, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT en cuestión y con los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) que correspondan o en su defecto, con su solicitud para el supuesto de que la Secretaría no lo hubiera emitido por causas ajenas al importador. De modo tal que dicho mecanismo resulta ser el reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que la falta de agregación en autos de la solicitud del Certificado de Tipificación y Clasificación nro. 06101106201 y 01106201 P torna imposible realizar la descarga pues no se puede cotejar la mercadería que habría sido reexportada con la relación insumo producto que obra en el CTC. La inconsistencia apuntada anteriormente, entonces, impide evaluar, en el caso concreto que nos ocupa, qué cantidad de la mercadería importada mediante la destinación nro. 03 001 IT16 000070 R fue utilizada en el proceso productivo y exportada por lo que cabe concluir que se encuentran, en autos, suficientes elementos que avalan lo manifestado por el servicio aduanero respecto de la no reexportación de la mercadería importada temporariamente.
VII. Que incumbe referirse a las percepciones de IVA adicional y del impuesto a las ganancias que fueran exigidas por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada a fs. 12 de las actuaciones administrativas que fuera expreso motivo de agravio por parte de la firma aseguradora en el punto V.1. de su escrito recursivo (vide fs. 13/14 y vta.).
Que resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anti cipos.
VIII. Que corresponde referirse al derecho adicional exigido en autos y por el que se agravia la recurrente. Cabe destacar que el mismo resulta improcedente por expresa aplicación de la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “FRISHER SRL (TF 16236-A) c/ A.N.A.” e “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ D.G.A.”, ambos del 14/08/2013; sin perjuicio de señalar que he declarado la inconstitucionalidad de dicha norma al votar con fecha 31/07/13 la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ D:G.A. S/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 13a Nominación (Sala “E”).
IX. Que la recurrente considera necesario que el servicio aduanero cuente con el instrumento de la póliza afectada a la operación en trato toda vez que la misma constituiría el título que fundamenta el reclamo contra su mandante.
Que las pólizas en virtud de las cuales la aduana funda su exigencia a la firma aseguradora son las nros. 766936 y 766540 que obran agregadas a fs. 50/51 y vta., y 53/53 y vta. de autos (ver impresiones de pantalla de las consultas de garantías N° 03 001 002439 E y 03 001 002373 B de fs. 48 y 49, respectivamente, de autos) y que fue extendida por “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” a favor de la Dirección General de Aduanas, respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma “MULTICOR S.A. ARGENTINA” mediante la destinación nro. 03 001 IT16 000070 R y ello por la suma de $700 y $30.000, respectivamente, que cubrió el importe total de los tributos liquidados -a “garantizar”- en la referida destinación. En consecuencia, debe entenderse que la recurrente es la garante de la destinación en vista.
X. Que en razón de lo expuesto en los Considerandos VI y VIII y teniendo en cuenta las pautas de la liquidación de fs. 12 de las act. adm. SIGEA N° 12197-12308-2005, la reformulo de la manera siguiente:
VALOR EN ADUANA USD 9.342,50 DERECHOS DE IMPORTACIÓN (15,5%) USD 1.448,09 TASA DE ESTADÍSTICA (0,5%) USD 46,71 BASE IVA USD 10.837,3 IVA (21%) USD 2.275,83 TOTAL TRIBUTOS USD 3.770,63 T/C 2,895 $10.915,97
Conforme lo expuesto en los Considerandos que anteceden, VOTO por:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) nro. 959/13, con excepción del Derecho adicional y las percepciones del impuesto a las ganancias e IVA adicional, en cuanto exige a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de diez mil novecientos quince pesos con noventa y siete centavos ($ 10.915,97.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 24/07/09 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 59% a cargo del Fisco y 41% a cargo de la actora.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Garbarino.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar, parcialmente, la Resolución (DE PRLA) nro. 959/13, con excepción del Derecho adicional y las percepciones del impuesto a las ganancias e IVA adicional, en cuanto exige a la firma “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A.”, el pago de tributos que ascienden a la suma de diez mil novecientos quince pesos con noventa y siete centavos ($ 10.915,97.-), más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 24/07/09 y hasta la fecha de efectivo pago.
2. Costas conforme los mutuos vencimientos que se estiman en un 59% a cargo del Fisco y 41% a cargo de la actora.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y Dr. Jorge Luis Peluffo (20-08426456-4). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese. Suscriben la presente los Dres. Pablo Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2022.10.03 15:42:39 -03:00 Date: 2022.10.03 17:16:34 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.03 17:16:35 -03:00
Fin de la sentencia