Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 36.225-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante la actuación SIGEA n° 12034-831-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada en el despacho de importación temporaria n° 99 001 IT14 4001583 R.
2Imponer las costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-91791567-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Agosto de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente 36.225-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/16 se presenta la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA n° 3627/09, recaída en las actuaciones SIGEA n° 12034-831-2005, por la cual se condena en su carácter de garante de la obligación tributaria al pago de los tributos adeudados con respecto al DIT n° 99 001 IT14 4001583 R, más el ajuste del C.E.R e intereses establecidos por el art. 794 del C.A. Cuestiona la procedencia del reclamo y relata que el procedimiento sumarial de las actuaciones administrativas acarrea falencias, ya que se desarrolló en un plazo de casi 15 años desde el vencimiento del régimen de importación temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio. Plantea la prescripción en los términos del artículo 803 y concordantes del C.A. Aduce que su obligación como garante se limita a los tributos de importación y no comprende a todos los gravámenes que adicionalmente retiene el servicio aduanero (IVA adicional y ganancias), y es bajo este análisis que impugna la liquidación tributaria en relación con la alícuota de ganancias. De igual manera, plantea la improcedencia del derecho adicional. Sostiene que es necesario, como fundamento del reclamo, contar con la póliza afectada en la operación en trato, y aclara que la exigencia tributaria no puede exceder el límite económico de la garantía otorgada. Se agravia de la resolución, toda vez que entiende que la misma es arbitraria y resulta incompatible con el derecho al debido proceso. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 22/27 vta. la representación fiscal contesta el traslado conferido. Formula una negativa general respecto de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Agrega que los argumentos opuestos por la apelante no han podido desvirtuar la configuración de la infracción prescrita en el art. 970 del CA. Hace hincapié en la finalidad del seguro de caución. Cita el artículo 274 del C.A al que considera de aplicación al caso, y argumenta que el mencionado artículo establece que la mercadería sometida al régimen de importación temporaria se considerará importada para consumo cuando hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin que se hubiera cumplido con la obligación de reexportar o en el caso de no cumplirse las obligaciones impuestas como condición al otorgamiento del citado régimen. Afirma que la aseguradora debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que la obligación tributaria del tomador del seguro. Agrega que una de las características de esta figura infraccional es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporaria recae sobre la importadora. Es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Hace reserva de Caso Federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Que a fs. 50 se tiene por contestado el traslado conferido, se abre la causa a prueba y se intima a la representación fiscal a que acompañe la póliza n° 612363. A fs. 55 la actora solicita, en virtud de lo ordenado en el punto 3) de fs. 50, y atento a que no se puede ubicar al despachante de aduanas, se libre oficio a la DGA, DGI y/o la Cámara Nacional Electoral. A fs. 64/67 obra la contestación de oficio de la Aduana. A fs. 69/71 obra la contestación de oficio de la Cámara Nacional Electoral. A fs. 74 se intima a la actora, atento a las contestaciones de oficio, que libre oficio al despachante de aduana. A fs. 78/81 obra copia de la póliza involucrada en la causa. Con posterioridad, ante la falta de cumplimiento de la actora, se da por decaído el derecho a producir la prueba informativa ordenada en autos. A continuación, se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas n° 12034-831-2005 se inician con el acta de denuncia n° 2281/03, labrada el 22/03/2003, por la comisión prima facie de la infracción a los arts. 970/972 del C.A. respecto del DIT n° 00 001 IT14 001825V, con vencimiento el 24/03/2000. A fs. 3 obra en sobre contenedor el DIT involucrado en autos. A fs. 5 obra la clasificación arancelaria y valoración de la mercadería. A fs. 6 se agrega la liquidación de tributos y multa. A fs. 12 con fecha 28/03/2005 se instruye sumario por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. A fs. 29 con fecha 12/09/2007 se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora, en su carácter de garante del DIT 99 001 IT14 4001583 R. A fs. 7 obra el print de pantalla de consulta de empresas activas. A fs. 32 se notifica de la corrida de vista a la aseguradora el 18/09/2007. A fs. 46 se notifica a la importadora el 11/10/2007. A fs. 41/45 efectúa su defensa la aseguradora. A fs. 47 se declara la rebeldía de la importadora, se tiene por presentada a la aquí actora y por contestada la vista que le fuera conferida. Finalmente, a fs. 59/60, con fecha 16/06/2009, se dicta la Resolución DE PRLA n° 3627/09, aquí apelada.
V. Que en primer lugar, corresponde resolver en autos la prescripción opuesta por la actora respecto de la acción del fisco para percibir tributos.
Que la prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos está reglada en los arts. 803 y siguientes del CA.
Que, conforme al art. 803 del C.A.: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción. Que, de acuerdo al art. 805 inc. a) del C.A., la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se suspende: “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayera decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Que, en el caso bajo análisis, el vencimiento del DIT involucrado operó en fecha 24/03/2000, con lo cual el cómputo del plazo prescriptivo se inició el 01/01/2001, y de no constatarse causales interruptivas o suspensivas, el mismo, hubiese operado el 31/12/2005. El auto de apertura de sumario se dictó el 28/03/2005 – cuatro años tres meses y veintiocho días después – provocando la suspensión del plazo de la prescripción a partir del 29/03/2005.
Siguiendo los lineamientos del art. 805 inc a) del C.A., el hecho que permite reanudar el curso del plazo de la prescripción del Fisco para percibir tributos, en el caso de autos, es el pronunciamiento de la Resolución DE PLA n° 3627/09. Dicha resolución data del 16/06/2009, y su notificación se produjo el 25/06/2015, es decir, seis años y nueve días después de su dictado.
Conforme surge de la constancia asentada a fs. 65, recién el 25 de junio de 2015 fue efectivamente notificada a la firma ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A., aquí actora. De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, a esa fecha se encontraba ampliamente vencido el plazo quinquenal del art. 803 del C.A. Cabe agregar que, en el sumario administrativo, no se advierte la existencia de otro acto previo al dictado de la resolución apelada que conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo de la prescripción ni suspensivo de la misma en los términos de los arts. 805 y 806 del C.A.
Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto suspensivo del curso de la prescripción, la notificación de aquella no puede extenderse por fuera de dicho plazo. Ello, en razón de que a partir de dicho acto (la notificación), surtirá efecto el derecho del derecho de recurrir la resolución administrativa y ejercer así plenamente su defensa. Que, más aun, en relación a la sanción, dicha situación de dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
Que como consecuencia de todo lo expuesto corresponde declarar prescripta la acción del fisco para percibir tributos.
Que por la forma en que se resuelve, no corresponde tratar las demás cuestiones planteadas.
Por ello VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante la actuación SIGEA n° 12034-831-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada en el despacho de importación temporaria n° 99 001 IT14 4001583 R.
2. Imponer las costas a la DGA.
El Dr. Pablo Adrián Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto que antecede, en plena consonancia con la posición que he sustentado al voto la causa “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” EX2019-112544550 con fecha 3/2/2022, entre muchas otras. ASÍ LO VOTO .-
El Dr. Christian Marcelo Gonzalez Palazzo dijo:
I.-En primer lugar, por razones de economía procesal y celeridad práctica, hago propio el detalle de los hechos realizado por la Dra Sarquís así como también del relato de los elementos acollarados al expediente.
II.-En segundo, comparto que la Resolución aquí recurrida debe seguir la suerte propuesta por la Vocal preopinante más no por los fundamentos que utiliza al efecto.
Por ello, infra habré de desarrollar los argumentos –que han conformado el criterio innovador de esta Salaque darán razonabilidad a mi propuesta.
III. Dicho ello, a modo de introito de mi disidencia fundamental, estimo menester expresar que no comparto el desarrollo in extenso de lo sentado en el Considerando V de su voto -para fundar lo que propone en el punto 1 de la parte resolutiva- en razón –básicamente- de lo resuelto por la Alzada en el plenario “Hughes Tool C/ DGA” y, centralmente, lo sentenciado por nuestro tribunal Cimero en Wonderland (Fallos: 332:1109), pues entiendo que no se dan los presupuestos fácticos y normativos - establecidos en el código de fondo- para adoptar un temperamento extintivo como el propuesto por la Vocal preopinante al que se adhiere -aunque sustancialmente- el Dr. Garbarino.
No puede compartirse la particular interpretación de lo sentado en el art. 805 inc. a) del C.A. que realizan mis colegas para resolver la suerte de la pretensión tributaria del Fisco, en tanto la norma es clara en determinar como límite temporal del efecto suspensivo que dota a la apertura del sumario al dictado de la “ decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”
Lo dicho, evidencia que el criterio sostenido por la colega de grado va de bruces con la literalidad de la norma, pues - y es prístino para quien suscribe-, una decisión –o acto administrativo- recién deja habilitado el ejercicio de la acción –para su ejecución- cuando ésta adquiere la firmeza que solamente puede darse una vez transcurrido el plazo previsto en la norma para su cuestionamiento, que comienza a transcurrir desde su notificación al pretenso obligado.
Entiéndase, esa decisión administrativa -revestida de ropaje de sentencia- no puede ser ejecutada mientras no sea notificada ni temporáneamente cuestionada por aquél a quien se pretende exigir el cumplimiento de lo allí exigido, ergo, la suspensión prevista en la norma se encuentra en pleno vigor y por ello debe rechazarse el planteo prescriptivo con el fundamento esgrimido por la Dra. Sarquís.
IV. Ahora bien, como lo adelanté –Considerando II de este voto- no existe en nuestro ordenamiento jurídico norma ni razón alguna que autorice al Fisco a notificar una resolución administrativa más de SEIS AÑOS Y NUEVE DÍAS después de su dictado, en tanto dicho proceder resulta manifiestamente irracional y no puede ser cubierto con ningún argumento formal, pues el principio republicano (art. 1 de la Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos de gobierno.
Cualquier notificación que exceda para su materialización más de un (1) año es un acto que de ninguna manera pueda reputárselo como justificable y, en consecuencia, debe ser destacado para adoptar un temperamento señero con lo exigido por nuestra Constitución –debido proceso- y la Convención Interamericana de Derechos Humanos –garantías judiciales- que por disposición de lo establecido en el art.75 inc. 22 la integra.
Al respecto cabe destacar que no escapa al suscripto lo resuelto en fecha 26 de febrero de 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC 22-16, solicitada por la República de Panamá, empero, para quien suscribe, el control de convencionalidad por parte del Tribunal Fiscal de la Nación debe realizarse ante peticiones de personas de existencia visible en defensa de sus derechos cuando pudieren verse afectados por acción u omisión del Estado más allá del ropaje jurídico que enmarque a sus intereses.
Es claro que la limitación aludida no puede ser concebida restrictivamente al extremo de prescindir que las personas jurídicas contienen intereses de personas humanas y si éstos son - por acción u omisión – avasallados por un órgano del Estado, quedarán habilitados para hacer valer irrestrictamente su pretensión de justicia ante el sistema interamericano.
Si yo tengo mi capital invertido en una empresa y por acción de un funcionario del gobierno, esa empresa sufre una depreciación de su capital o su quiebra, claramente como accionista podré reclamar ante los organismos internacionales una eventual sanción al Estado nacional.
Como dije, es importante velar por la plena vigencia de la Convención, y para ello –en este caso- cabe, inevitablemente traer a colación al instituto del “plazo razonable”.
Más allá de todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial a partir de “MATTEI” (Fallos 272:188) y “BOSSI Y GARCIA” (http://www.saij.gob.ar/jurisprudencia/FA11000157-SUA0072453-bossi_dgafederal-2011.ht m), considero oportuno adunar, lo recientemente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa caratulada “Nuñez, Oscar Alejandro s/ falso testimonio” FRO 83000002/2006/TO1/3/RH2, en la sentencia de fecha 20/04/2023, adonde haciendo propios los fundamentos y conclusiones expresados en el Dictamen del Sr Procurador General de la Nación resuelve aplicar la doctrina del plazo razonable.
El Sr. Procurador Fiscal, en el Considerando V de su dictamen sostuvo que “…la propia naturaleza del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas impide determinar con precisión a partir de qué momento comenzaría a lesionarse, pues depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso y no puede, por ello, traducirse en un número de días, meses o años (conf., entre otros, considerando 8° del voto en disidencia de los jueces Fayt y Bossert en “Kipperband” -Fallos: 322:360- y dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema en “Acerbo” - Fallos: 330:3640-)…”
“Así con apoyo en los citados precedentes del Tribunal, en los que sostuvo que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8º, inciso 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe medirse con relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso”.
“En ese sentido, y como la ha desarrollado V.E. en su jurisprudencia en esta materia, el derecho en cuestión es independiente de los plazos generales que el legislador ordinario impone teniendo en mira clases de casos -como los términos de prescripción de la acción penal-. El plazo razonable que garantizan la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos ha de ser determinado judicialmente en cada litigio, tomando en consideración los rasgos particulares del caso concreto; y sea cual fuere el lapso que de ese modo se declare, su cumplimiento determinará la extinción de la pretensión punitiva a pesar de que los términos de prescripción dispuestos en la ley ordinaria indiquen lo contrario (cf., Fallos: 3 38:1538, punto IV del dictamen de la Procuración General de la Nación a cuyos fundamentos hizo remisión la sentencia del Tribunal, y sus citas)”
Que bajo los mencionados parámetros resulta determinante para resolver el resaltar que, en el presente caso el servicio aduanero demoró más de 6 años en notificar la resolución apelada, siendo que el proceso de notificación no puede ser considerado como un acto complejo en los términos de lo señalado por el Sr. Procurador General. Más aun siendo que la referida notificación fue cursada mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) implementada a fin de dotar de mayor celeridad y eficacia a las notificaciones electrónicas cursadas a los operadores del comercio exterior y demás usuarios del servicio aduanero, conforme surge de los Considerandos de la Resolución General 4966/2021 (B.O 16/04/2021).
Como lo dije no hay razón jurídica alguna que permita justificar como conforme a derecho una demora que exceda al menos un (1) año en materializarse y concretarse.
Por consiguiente, cabe concluir que es justo e imperativo inaplicar la norma que contiene un efecto suspensivo como el previsto en el art. 805 inc. a) del CA pues, las consecuencias que se derivarían de adoptar otro temperamento –en razón del excesivo plazo que insumió la simple notificación de la resolución en crisis- son repulsivas a toda concepción de derecho que pudiere sostener un operador jurisdiccional.
Por ello, la inaplicación de la norma en el caso concreto conlleva el efecto extintivo de la acción del Fisco para exigir tributos en tanto se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, y siendo ello así corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas Por último, para reforzar la tesis que hace a la custodia irrestricta que esta Sala realiza respecto del bloque de garantías convencionales, estimo pertinente señalar que, a esta altura, lo cierto es que lo que aquí se discute, teniendo en consideración las diferentes doctrinarias que existen sobre la naturaleza jurídica y el alcance de las facultades jurisdiccionales de esta magistratura tributaria, debiera tamizarse en plena conformidad con lo que he señalado al votar en el Fallo Plenario del 26/04/22, a la luz de un sistema jurisdiccional, en lo que hace al reconocimiento del bloque convencional, donde coexista un tribunal de naturaleza similar a la de este Tribunal Fiscal de la Nación, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México.
En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el fallo de Contradicción de Tesis 259/211 en el fallo 1ª./J.1822 (10a) ante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, del seis de junio de 2011, en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php), ha sostenido que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internaciones en materia de derechos humanos Para así decidir, el referido Tribunal Supremo tuvo en cuenta de que a partir de la reforma que otorga jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos, resulte irrelevante clasificar si la pretensión jurídica llevada a los órganos jurisdiccionales se funda en argumentos de constitucionalidad o no, pues con base a la reforma, los Jueces de ese país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Ello así, la Corte mexicana fue contundente al entender que el control de convencionalidad en tanto están facultadas para inaplicar una norma que devenga lesiva al derecho del administrado, se ejerce por los órganos jurisdiccionales federales (Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de procesos federales y Tribunales Administrativos) así como los órganos jurisdiccionales locales (judiciales, administrativos y electorales) conforme los Arts 1°, 104, 116 y 133 de la Constitución Mexicana, concluyendo que “este medio de control significa que los órganos jurisdiccionales ordinarios al resolver los asuntos sometidos a su competencia deben hacerlo respetando los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, interpretando y analizando las disposiciones en materia de derechos humanos a la par, o incluso, prefiriéndolos sobre el derecho interno, pues por mandato constitucional, en todo caso debe optarse por el ordenamiento que más favorezca a la persona” (Poder Judicial de la Federación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo Tomo 1, Diciembre 2012, México 2012.
IV. Por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, ponderando las normas en juego en razón de los principios y valores que gobiernan el decir derecho –y así evitar la injusticia extrema-, comparto que en el caso, corresponde declarar la inaplicabilidad al caso – en virtud de su inconvencionalidad – del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero (confr. art. 1165 del C.A.), en tanto el plazo prescriptivo –en razón del efecto suspensivo previsto en la norma-, por causas imputables exclusivamente al Estado –que demoró más de un lustro en notificar la resolución recurrida-, devino irrazonable y, consecuentemente, hacer lugar al planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir el pago de tributos formulado por la actora, en relación a la Destinación de Importación Temporal DIT 99001IT144001583R, con costas a la DGA. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante la actuación SIGEA n° 12034-831-2005 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada en el despacho de importación temporaria n° 99 001 IT14 4001583 R.
2. Imponer las costas a la DGA.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (vocal subrogante de la Vocalía de la XX Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítanse las actuaciones administrativas a la DGA, en la forma de estilo y, archívese.
Date: 2023.08.07 15:00:35 -03:00 Date: 2023.08.08 12:19:00 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.08.08 12:31:59 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.08 12:32:00 -03:00
Fin de la sentencia